Enrique Buendia Cuautle

Expediente 547/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
547/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
02/06/2021

Partes del expediente

  • Enrique Buendia Cuautle

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    El presente asunto ha causado estado, archívese; consecuentemente es susceptible de depuración.

  2. Principal

    Visto el estado procesal del expediente en que se actúa se advierte que en el presente juicio de amparo promovido por *, los actos reclamados y las autoridades responsables son las siguientes: A la Agente del Ministerio Público, Supervisor Titular de la Unidad de Investigación Tres, sin Detenido de la Agencia C, de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana La omisión de contestar escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte. A la Agente del Ministerio Público, Supervisor Titular de la Unidad de Investigación Tres, sin Detenido de la Agencia C, de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana y a la Agente del Ministerio Público Responsable de la Agencia C de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Ciudadana. La falta de determinación de la carpeta de investigación *, por el delito de despojo, que se siguen en contra del aquí quejoso. Quienes rindieron sus respectivos informes justificados. En ese tenor, mediante proveído de veintiséis de abril del año en curso se tuvo por recibido oficio de la Agente del Ministerio Público, Supervisor Titular de la Unidad de Investigación Tres, sin Detenido de la Agencia C, de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, mediante el cual, remitió copia autentica de la acuerdo de doce de febrero de dos mil veintiuno, con el que determinó el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, e informó a este órgano de control constitucional, que remitió la carpeta *, a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del C. Procurador, para su estudio y en su caso la aprobación del mismo (fojas 66 - 119). Atento a lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 62 de la ley reglamentaria en relación con los preceptos 103 y 107 constitucionales impone el deber de analizar de oficio la improcedencia del juicio de amparo, por lo que atento a esa directriz, este órgano de control constitucional advierte, de oficio, la actualización de las causales relativas, que impiden el escrutinio de fondo del asunto. En ese sentido, el suscrito juzgador advierte oficiosamente que, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de contestar escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, por ser el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Máximo Tribunal Constitucional del país ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió. En caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Ahora bien, en el caso concreto, aun cuando subsiste la omisión de contestar el escrito de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual el impetrante de amparo solicita copias certificadas, de diversas constancias que obran en la carpeta de investigación *, se advierte que el doce de febrero del año en curso, la autoridad ministerial responsable, remitió la indagatoria materia del acto reclamado a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del C. Procurador, a fin de que esta última apruebe la propuesta de la determinación del no ejercicio de la acción penal, en favor de *. La cual se acredita con la copia autentica de la determinación de doce de febrero de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta de investigación *. Lo anterior, hace patente el obstáculo para el enjuiciamiento constitucional del acto reclamado, habida cuenta que para el hipotético caso de concluirse que éstos adolecen de constitucionalidad, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de sus derechos violados, toda vez que la autoridad responsable no cuenta con las constancias que integran la indagatoria en comento. Por los motivos anteriores, es válido sostener que aun cuando existe el acto reclamado, no puede surtir efectos legales o materiales, dado que al haber sido remitida la indagatoria materia del acto reclamado a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del C. Procurador, la indagatoria *, de donde derivan los actos reclamados, evidencia la imposibilidad de abordar el análisis de la constitucionalidad o no de éstos, dado que se afectaría la nueva situación jurídica creada; por tanto, no serán motivo de análisis a la luz de los conceptos de violación, pues, como ya se indicó, a ningún fin práctico conllevaría una eventual concesión del amparo solicitado. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo conducente es sobreseer el juicio, con respecto del acto consistente en la omisión de contestar escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, con apoyo en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Asimismo, respecto del acto reclamado consistente en la falta de determinación de la carpeta de investigación *, por el delito de despojo, que se siguen en contra del aquí quejoso. Este órgano de control constitucional considera, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Hipótesis legal que, conforme a su interpretación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se actualiza no sólo cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto combatido, sino cuando aún sin hacerlo, destruye todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndolo hecho no hubiere dejado ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Lo anterior es así, toda vez que la falta de determinación de la carpeta de investigación, dejó de surtir su efectos al pronunciar, la propuesta del no ejercicio de la acción penal; resultando innecesario estudiar actos cuyas consecuencias ya no inciden en la esfera jurídica del quejoso, puesto que mediante auto de doce de febrero de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta judicial *, se integró la citada indagatoria. En las anotadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en relación en el acto reclamado consistente en la falta de determinación de la carpeta de investigación *, por el delito de despojo, que se siguen en contra del aquí quejoso; con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la citada Ley de Amparo. Así, al actualizarse las causales notorias y manifiestas en relación con los actos reclamados, resulta procedente SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, en términos de los artículos 1°, 61, fracciones XXI y XXII, 63, fracción V, 73 a 79, 117, 124 y 215 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, y vista la certificación de cuenta, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso *, a través del cual solicita que este juzgado federal requiera a la autoridad ministerial responsable a efecto de que remita la totalidad de las constancias que obran en la carpeta de investigación *; en atención a lo anterior, indíquesele al promovente que las constancias que obran en autos son aptas y suficientes para resolver el presente asunto.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación Tres Sin Detenido de la Agencia del Ministerio Público "C" Área de Despojos de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, a través del cual cumple con el requerimiento inmerso en acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno y remite copia autentificada de la determinación de No Ejercicio de la Acción Penal de doce de febrero de dos mil veintiuno, misma que fue acordada dentro de la carpeta de investigación número *. En consecuencia, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de ocho días para los efectos legales a que haya lugar. Con sustento en el referido numeral y el diverso 119 del citado ordenamiento, se tienen como pruebas documentales de dicha autoridad las copias autentificadas que acompaña a su ocurso, mismas que se desahogan en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Por último, hágase del conocimiento de la autoridad remitente que se deja sin efectos el apercibimiento inserto en acuerdo de veinte de abril citado.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

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