Enrique Bravo Román

Expediente 1722/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1722/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
19/12/2018

Partes del expediente

  • Enrique Bravo Román

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este juzgado federal el siete de noviembre del año en curso, la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa (fojas 102 a 103). En relación con lo anterior, por acuerdo de ocho de noviembre de la presente anualidad, se le requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente devolviera a la secretaría financiera la cantidad pagada en exceso a su favor; sin embargo, a la fecha en que se actúa no ha informado si se ha efectuado la devolución de referencia, no obstante de encontrarse debidamente notificada para ello (foja 109). Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia emitida dentro del presente sumario constitucional, el veinte de septiembre del año en curso (fojas 59 a 83), se determinó conceder a Enrique Bravo Román, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: " [.] a) Los los artículos 23, fracción VIII, 12, 13 y 14 de la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit, para los ejercicios fiscales dos mil dieciséis a dos mil diecisiete, así como los numerales 23, fracción VIII, 11, 12 y 13 para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución bancaria Banorte, en la cuenta con referencia 29991, realizado el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente [.]". De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: a) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y b) Devolver la contribución erogada, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse incluir la actualización fiscal correspondiente. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado el siete de noviembre del año en curso, la Delegada del Recaudado de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia de la transferencia bancaria a nombre del quejoso ***** y del que se advierte que devolvió la cantidad de $20,148.34 pesos, que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva (fojas 102 y 103). Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $19,843.68 pesos, menos la comisión bancaria de $3.00 pesos, da como resultado un total de $19,840.68 pesos, cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho y el cinco de noviembre del año en curso, se efectuó la devolución mediante transferencia bancaria a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio al mes de octubre, ambos de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado). Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de julio de la presente anualidad entre el índice para el mes de octubre del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio del año en curso fue de 99.909; y para el mes de octubre del año en curso 101.440. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.01532. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $19,840.68 pesos, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $20,144.63 pesos; luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $19,840.68 pesos, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $303.95 pesos. Así de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió al promovente del amparo $20,148.34 pesos; es decir, en exceso $3.71 pesos, pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo por un lado, se sobreseyó y por el otro, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por la tercera interesada *, mediante el cual pretende promover incidente de nulidad de actuaciones; sin embargo, no es clara contra qué actuación en específico lo promueve; por tanto, de conformidad con lo establecido por el artículo 297, fracción II de la Ley Adjetiva Civil Federal, aplicada de forma supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo su numeral 2°, requiérase a dicha parte procesal, por conducto del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, aclare cuál determinación es la que pretende combatir mediante el incidente de referencia; ello, para estar en condiciones de proveer respecto a su petición; bajo apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, se tendrá por no promovido el mencionado incidente.

  3. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta suscrito por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con domicilio en esta ciudad y anexos, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el dieciocho de octubre del año en curso, en el amparo en revisión 1158/2017 del numerario del órgano colegiado oficiante, relativo al presente sumario constitucional, en la que se aprecia que confirmó la sentencia impugnada y, por tanto, se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo a partir de la foja que obre en original; asimismo, ténganse por recibido un legajo de pruebas que se adjunta. Acúsese el recibo de estilo. Por otro lado, tomando en consideración que con motivo de la ejecutoria citada quedó firme la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo y toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se sobreseyó, no contiene documentos originales y carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es destruible. Por otra parte, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, los cuadernos incidentales derivados de este juicio son destruibles, debido a que la medida cautelar se negó respecto de todos los actos reclamados; por ende, déjese por separado el duplicado del incidente de suspensión respectivo y una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. En tanto que el cuaderno original, es susceptible de destrucción una vez que transcurran más de cinco años. Finalmente, devuélvanse al Director General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en la Ciudad de México, un legajo de constancias relativas al juicio de origen, dado que resulta innecesaria la retención del mismo. **

  4. TEPIC, NAYARIT, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el proveído de once de octubre del año en curso (foja 466), se advierte que se tuvo a la Juez y Secretaria de Acuerdos, ambas del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Ahuacatlán, Nayarit, informando el cumplimiento al fallo protecto, para lo cual adjuntó copia certificada del auto de siete de agosto de dos mil dieciocho, del que se advierte que dejó insubsistente el proveído de treinta de septiembre de dos mil trece, en el juicio ejecutivo mercantil número 207/2013 y por consiguiente dejo sin efecto todo lo actuado y practicado con posterioridad al citado auto, incluyendo la sentencia definitiva y demás actos de ejecución; además, giró oficio al Jefe del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en Ixtlán del Río, Nayarit, para que cancelara el gravamen respecto del bien inmueble que había sido embargado a la aquí quejosa; sin embargo, se advierte que no remitió constancia de la cancelación de dicho gravamen. En ese sentido, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Juzgado de referencia, para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, remita la cancelación que realizó el Jefe del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en Ixtlán del Río, Nayarit, respecto del bien materia del acto reclamado. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, con apoyo en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Además, se les hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multa que proceda; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevén los artículos 193 y 269 de la ley citada.

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