Enrique Borbolla García

Expediente 1626/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1626/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
28/03/2017

Partes del expediente

  • Enrique Borbolla García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta proveniente del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria dictada por dicho tribunal, con motivo de la revisión interpuesta contra la sentencia emitida en el presente juicio; además, devuelve los autos del juicio de amparo 1626/2016, que se remitió para la resolución del referido medio de impugnación. En consecuencia, acúsese recibo; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; glósese el cuaderno de antecedentes que se formó; asimismo, estese a lo resuelto por la Superioridad, que a través de la ejecutoria de que se trata confirma la resolución recurrida, quedando al tenor de los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados por el quejoso ******, en el juicio de amparo 1626/2016, precisados en el resultando segundo de esta ejecutoria, en términos indicados en la resolución que se revisa." Hágase esta circunstancia del conocimiento de las demás partes para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Asimismo, al haberse negado la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, se determina que el original del cuaderno correspondiente es susceptible de destrucción en el lapso de cinco años a que se refiere ese apartado; por lo que deberá glosarse al cuaderno principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo; debiendo hacerse igualmente la anotación en la carátula tanto del cuaderno principal como del incidente. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General. Dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, a través del cual acusa recibo del diverso por el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo del que deriva el cuaderno en el que se actúa, e informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto; bajo el consecutivo que refiere en la misiva de cuenta. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito que suscribe el quejoso; atento a su contenido, como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, 84, 86, 88, 89 y relativos de la Ley de Amparo, téngase a dicha parte procesal interponiendo recurso de revisión contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Por lo anterior, distribúyanse entre las demás partes copia del escrito de expresión de agravios exhibido, y dentro del término legal remítanse los autos del juicio en que se actúa, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, que corresponda, para la substanciación del mencionado recurso,en la inteligencia de que la entrega recepción de los autos al Tribunal de Alzada, podrá realizarse incluso en horas inhábiles, dado de que sólo se trata de una cuestión administrativa con el objeto de observar la oportunidad en la remisión del recurso que nos ocupa. Con este acuerdo, escritos de expresión de agravios y constancias que se estimen necesarias por separado fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, se agregaron los informes justificados de las autoridades responsables, así como los anexos que remitieron como apoyo a sus informes. Ahora, del contenido de las constancias que remitió la Fiscal de Acusación Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, se advierte que dentro de la Averiguación Previa AESP/4/2016 dictó la resolución de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, en la que concluyó el no ejercicio de la acción penal y civil reparadora del daño, remitiendo dicha averiguación a consulta de archivo; mientras que de las diversas que remitió el Fiscal Analista se advierte la constancia de notificación en la que informan que cuenta con un plazo de quince días hábiles, para interponer recurso de inconformidad ante el Fiscal General del Estado de Querétaro, contra la solicitud de autorización de consulta del no ejercicio de la acción penal de la averiguación previa citada. Documentales a la cuales se les confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Cabe precisar que en el presente juicio de amparo la parte quejosa reclama la resolución emitida por el Fiscal de Acusación Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, en la que determinó el no ejercicio de la acción penal y como consecuencia solicitó la consulta del archivo de la averiguación previa AESP/4/2016; de igual forma, a la Fiscalía Analista de la Fiscalía General del Estado de Querétaro le reclama la aprobación de tales decisiones que imputó. De lo anterior, respecto de los actos reclamados asentados en el párrafo precedente, se hace patente la actualización de una causa de improcedencia del juicio de amparo, tal como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, pues se advierte que actualiza el supuesto previsto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) La reproducción que antecede pone de manifiesto que para estar en condiciones de instar con eficacia el juicio de amparo es necesario que el acto de autoridad reclamado tenga el carácter de definitorio, esto es, que sea la última y definitiva determinación ordinaria que provenga de la autoridad administrativa; lo anterior, en razón de que el juicio de amparo tiene como fundamento esencial su carácter extraordinario, esto es, que ante la autoridad de control constitucional sólo se deban analizar aquellos actos respecto de los que ya no exista la posibilidad jurídica procesal de modificarse o revocarse, en otras palabras, que el acto materia de la violación sea de carácter definitorio. En armonía con lo dicho se precisa que los medios de defensa ordinarios son instituidos en las leyes para que los gobernados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener una resolución favorable a sus intereses existe la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que lo es el juicio de amparo, de lo contrario el juicio constitucional se convertiría en un medio ordinario de defensa; apoya lo considerado la Jurisprudencia número 115/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448 del tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)"; de igual modo robustece lo considerado la Jurisprudencia 116/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 447 del tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)". Para lograr lo anterior, el gobernado tendrá -como carga procesal- la obligación de agotar todos los mecanismos de impugnación y defensa que al efecto estén a su disposición por mandato del marco normativo ordinario que regule el acto que afecte su esfera jurídica, así como la de esperarse a que cobre existencia tal tipo de decisión cuando su revisión sea oficiosa como satisfacción del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo como presupuesto procesal de la acción constitucional. En ese sentido, el acto de autoridad reclamado debe tener el carácter de definitorio, esto es, que sea la última y final determinación ordinaria que provenga de la autoridad de la que emana el acto que agravia al particular; lo anterior, en razón de que el juicio de amparo tiene como fundamento esencial su carácter de medio de defensa extraordinario, esto es, que ante la autoridad de control constitucional sólo se deben analizar aquellos actos respecto de los que ya no hay posibilidad jurídica procesal de que puedan cambiar, en otras palabras, que el acto materia de la violación de derechos fundamentales sea el pronunciamiento y decisión final de la autoridad responsable. En seguimiento de lo anterior, es también necesario precisar cuál es la norma en que se prevé la procedencia oficiosa de revisión que se traduce en la espera por parte del particular a que la autoridad que le compete la emisión de tal decisión la produzca, y para ello, a su vez, cabe reiterar que la determinación normativa que prevé la posibilidad de emisión de la decisión última vía su revisión o autorización oficiosa la establece el precepto 253 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Querétaro, que disponen lo siguiente: De acuerdo a las letras reproducidas se pone de manifiesto que el legislador estatal estableció que en relación a la decisión del representante social investigador en cuanto a no ejercer acción penal y las consecuencias que de ello derive, verbigracia, su archivo, ello no constituye la decisión definitiva o última de la autoridad administrativo-penal, ya que se previó que tal decisión debe ser autorizada en forma definitiva por el superior, esto es, por el Fiscal General antes Procurador General de Justicia del Estado de Querétaro, y que concomitantemente el agraviado con ella podrá, esto es, potestativamente, acudir igualmente ante dicho superior vía un escrito de inconformidad; como se precisó, del precepto reproducido se advierte con claridad y literalidad que la decisión del representante social en cuanto al no ejercicio de la acción penal y sus consecuencias no constituye la decisión final o definitiva, pues ello debe ser autorizado por el Fiscal General antes Procurador General de Justicia del Estado de Querétaro, como autorización de no ejercer acción penal emitida o proveniente de la única autoridad administrativo-penal que tiene la facultad o potestad última de no ejercer acción penal antes del órgano de justicia mediante el diverso recurso de revisión previsto en el precepto 338-A del Código de Procedimientos Penales del Estado de Querétaro, por lo que debe concluirse que al no constituir los actos reclamados en tal decisión, ello produce que se actualice de modo notorio y manifiesto la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo. Máxime, que el sentido de la anterior determinación, atiende al criterio sostenido por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, contenido en la sentencia adoptada el veinte de octubre de dos mil dieciséis, al resolver el amparo en revisión penal 517/2016 de su índice, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto contra el fallo dictado en el juicio de amparo 167/2016 de la estadística de este órgano jurisdiccional, en que se aludieron a similares razones por las que sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo; pues en el caso de la ejecutoria en cuestión, el aludido Tribunal determinó que la sola propuesta de no ejercicio de la acción penal no constituye un acto definitivo, ya que el titular de la institución, es el encargado de resolver en definitiva el particular; además concomitante con ella el agraviado puede acudir ante el Fiscal General vía un escrito manifestando su inconformidad, máxime que contra dicha determinación del no ejercicio de la acción penal dictada por el Fiscal General antes Procurador General de Justicia del Estado procede el recurso de revisión ante el Juez revisor competente, pues al efecto expreso los siguientes argumentos que se trascribe: "[.] De lo anterior se sigue que la sola propuesta de no ejercicio de la acción penal no constituye un acto definitivo, ya que el titular de la institución (Procurador o quien éste designe), es el encargado de resolver en definitiva el particular, en uso de un arbitrio regulado por las disposiciones constitucionales y legales aplicables, no encontrándose supeditado a la propuesta ministerial, la que resta ser sólo una opinión que el titular de la representación social puede o no seguir; además concomitante con ella el agraviado puede acudir ante el Procurador vía un escrito manifestando su inconformidad, quien resolverá sobre el ejercicio o no de la acción penal. Además, contra la determinación del no ejercicio de la acción penal dictada por el Procurador General de Justicia del Estado procede el recurso de revisión ante el Juez revisor competente. Consecuentemente, si como se estableció en consideraciones previas, el juicio de amparo es procedente contra la resolución que decida en definitiva el control judicial del no ejercicio de la acción penal y en el caso el acto reclamado, no constituye dicha resolución sino que se versa sobre la sola propuesta de no ejercicio de la acción penal, ergo, el juicio de amparo que nos ocupa es improcedente pues no se trata de un acto definitivo, pues este debe ser autorizado por el Procurador General de Justicia del Estado de Querétaro y luego agotar el recurso de revisión referido, de ahí que se actualice, la cuas de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. [.]". Por las razones asentadas es que se estima que el criterio descrito es aplicable al caso concreto. Por lo expuesto, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia y, que conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). AEn las relatadas circunstancias, al haberse actualizado en la especie la aludida causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario SOBRESEER el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XX y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se dejan sin efecto las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil dieciséis, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables.

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