Enrique Borbolla García
Expediente 1211/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1211/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/09/2017
Partes del expediente
- Enrique Borbolla García
Actuaciones
- Principal
- V I S T A la certificación secretarial de cuenta, de la que se desprende . . . se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO . . . archívese el presente asunto como concluido . . .
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la ciudad de México y otra autoridad, fórmese cuaderno respectivo y, regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito con el número 1211/2017-VI, que es el que le corresponde. Como lo prevé el artículo 113, de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del juzgador de examinar el escrito de demanda y si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia ésta se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la ley de la materia, en especial, con los citados en el artículo 61, de dicho ordenamiento legal, pues dicho dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio, se procede al análisis de tales aspectos. Del estudio integral efectuado a la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia consisten en: La emisión y aplicación de cualquier acto administrativo tendiente a embargar, inmovilizar, asegurar, incautar, congelar, bloquear y extraer los depósitos de la cuenta bancaria número 2933495868, a nombre del quejoso ********************, ante la Institución Bancaria denominada BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancomer, y las ordenes posteriores tendientes a disponer del dinero inmovilizado, sin que exista un crédito fiscal notificado. . . .. En esas condiciones, este órgano jurisdiccional estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" El precepto legal referido, consigna la causa de improcedencia derivada de la falta de acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, en virtud de que si bien es cierto el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, también lo es que antes de acudir a él, es menester agotar en primer término la jurisdicción ordinaria, por virtud de la cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa. Bajo esa premisa, resulta pertinente traer a colación el artículo 3, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dispone: "ARTÍCULO 3. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; [.]" . Ahora bien, cabe precisar que los actos que por esta vía se impugnan consisten en: la emisión y aplicación de cualquier acto administrativo tendiente a embargar, inmovilizar, asegurar, incautar, congelar, bloquear y extraer los depósitos de la cuenta bancaria número 2933495868, a nombre del quejoso ********************, ante la Institución Bancaria denominada BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancomer, y las ordenes posteriores tendientes a disponer del dinero inmovilizado, sin que exista un crédito fiscal notificado. No obstante, como se desprende de los artículos 3 fracción V de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el aquí quejoso debió promover en contra de la emisión y aplicación de cualquier acto administrativo tendiente a embargar, inmovilizar, asegurar, incautar, congelar, bloquear y extraer los depósitos de la cuenta bancaria número 2933495868, a nombre del quejoso ********************, ante la Institución Bancaria denominada BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancomer, y las ordenes posteriores tendientes a disponer del dinero inmovilizado, sin que exista un crédito fiscal notificado, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues dichos preceptos legales establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 3. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; [.]" . "ARTÍCULO 16. Cuando se alegue que la resolución administrativa no fue notificada o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de las impugnables en el juicio contencioso administrativo federal, se estará a las reglas siguientes: I. Si el demandante afirma conocer la resolución administrativa, los conceptos de impugnación contra su notificación y contra la resolución misma, deberán hacerse valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que la conoció. II. Si el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, mismas que el actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda. III. El Tribunal estudiará los conceptos de impugnación expresados contra la notificación, en forma previa al examen de los agravios expresados en contra de la resolución administrativa. Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que el actor fue sabedor de la resolución administrativa desde la fecha en que manifestó conocerla o en la que se le dio a conocer, según se trate, quedando sin efectos todo lo actuado en base a dicha notificación, y procederá al estudio de la impugnación que se hubiese formulado contra la resolución. Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello la demanda fue presentada extemporáneamente, sobreseerá el juicio en relación con la resolución administrativa combatida." Lo anterior es así, en virtud de que en términos de los artículos 3 fracción V de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se establece la procedencia del juicio de nulidad en contra de actos de las autoridades de la Administración Pública Federal, que causen agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores del artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como acontece con la emisión del citado oficio. . .. . -. Ahora bien, de conformidad con el artículo 1º, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ésta se divide en Central, Desconcentrada y Paraestatal, y las Secretarías que la integran, forman parte de la Administración Pública Centralizada. Con base en lo expuesto, conviene puntualizar que las responsables en el presente juicio de amparo son el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la ciudad de México y BBVA Bancomer S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANCOMER, mismas que son órganos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual forma parte de la Administración Pública Centralizada Federal. En ese orden de ideas, en la especie, la parte justiciable se duele de la emisión y aplicación de cualquier acto administrativo tendiente a embargar, inmovilizar, asegurar, incautar, congelar, bloquear y extraer los depósitos de la cuenta bancaria número 2933495868, a nombre del quejoso ********************, ante la Institución Bancaria denominada BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancomer, y las ordenes posteriores tendientes a disponer del dinero inmovilizado, sin que exista un crédito fiscal notificado, acto que debe ser combatido a través del juicio de nulidad, en términos de los numerales 14, fracción IV, y 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal, previo a la promoción del juicio de amparo, a efecto de cumplir con el principio de definitividad que rige esta materia. Lo anterior es así, habida cuenta de que la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa prevé la suspensión de los efectos del acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en el artículo 128, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Federal, para otorgar la suspensión definitiva de los actos, por lo cual, resulta inconcuso que la parte quejosa previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar dicho medio de defensa, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo, por lo que no queda más que desechar por improcedente la demanda de amparo que se intenta. Aunado a que posterior a los recursos ordinarios, que en su caso procedan, de no satisfacer las pretensiones del quejoso, puede interponer el juicio de amparo correspondiente, y en él, hacer valer los motivos de inconstitucionalidad que por esta vía combate. Atento a lo anterior, este juzgado federal estima que el referido acto de autoridad, previamente a impugnarlo en la presente instancia constitucional, debe combatirse a través del juicio de nulidad en términos de los citados artículos 3 fracción V de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia VI.3o.A. J/5 (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en la página 1470, libro XXIII, tomo 3, agosto de dos mil trece, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, cuyo contenido es: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO, EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011). Con la redacción del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, los actos impugnables en el juicio contencioso administrativo eran susceptibles de atacarse vía juicio de amparo, sin necesidad de agotar previamente aquél. Sin embargo, a partir del 10 de marzo de 2011 en que entró en vigor esa modificación, dicho numeral ya no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de 2013, para suspender la ejecución de los actos impugnados, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, que conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, comprenden no sólo el depósito en efectivo y el embargo, sino también la prenda, hipoteca, fianza y la obligación solidaria asumida por un tercero, entre otros; además, se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar, por lo que previo a la promoción del amparo indirecto, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio de definitividad." Bajo esa connotación, este órgano jurisdiccional concluye que si los actos que se reclaman pueden ser combatidos mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Adminstrativa, en términos de la ley que rige a dicho tribunal, y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, resulta inconcuso que la parte quejosa previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar el juicio de nulidad, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo, por lo que no queda más que desechar por improcedente la demanda de amparo que se intenta. Además, porque en el caso no se surten las excepciones previstas en la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, es decir, no es obstáculo que la parte quejosa aduzca violaciones directas a la Constitución, toda vez que ello por sí mismo no hace procedente el juicio de amparo, pues de ser así, se dejaría a su arbitrio el tramitar la instancia constitucional o el medio ordinario de defensa, ya que bastaría que únicamente se refirieran en la demanda la contravención a preceptos constitucionales para hacer procedente el juicio. En orden de ideas, aun cuando los argumentos expuestos por la parte justiciable haga énfasis sobre violaciones a los artículos 14 y 16, constitucionales, en lo relativo a su derecho a una adecuada defensa, dado el propio contenido de los actos que combate en esta instancia, obligaría a examinar aspectos de legalidad pues en su propios argumentos refiere violaciones a los artículos 38, 151, 152, 153, 154, 155, 156 y 156 bis del código fiscal de la Federación, que pueden ser materia de análisis en sede ordinaria de defensa, por lo que esta circunstancia no puede tomarse como excepción al principio de definitividad, toda vez que la parte impetrante puede ser oída con la amplitud respecto de los derechos fundamentales que persigue; además de que también ataca violaciones de legalidad. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, 175-180 Tercera Parte, página 119, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Así también, resulta aplicable a lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia VI.2o.C. J/239, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 765, tomo XVIII, correspondiente a noviembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, novena época, cuyo criterio es del tenor siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y la jurisprudencia número XXI.2º.J/6, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 87, tomo 83, Noviembre de 1994, octava época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- En tratándose del juicio de garantías promovido por violaciones directas a la Constitución, no es suficiente que el quejoso sostenga lisa y llanamente que es por carencia de fundamentación y motivación, acogiéndose al caso de excepción contenido en el párrafo segundo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si de la pieza de autos aparece que el amparista acompañó a su escrito de demanda los documentos en que se contiene el acto reclamado (avalúo, acuerdo de notificación y liquidación del impuesto predial); de ahí que el quejoso no pueda aducir desconocimiento al contenido del acto que reclama, si en los documentos de que se trata se invocan no solamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sino también las razones y fundamentos que dieron lugar al avalúo cuestionado, citándose al quejoso para ser oído en defensa de sus intereses ante las autoridades responsables. Luego entonces, existe la obligación legal de agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley de Catastro y Código Fiscal Municipales del Estado de Guerrero, previo al ejercicio de la acción constitucional." Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido para este juzgado que el quejoso refiera que a la fecha no se le han notificado conforme a las formalidades esenciales del procedimiento la orden de embargo, inmovilización, aseguramiento, incautación, congelamiento, bloqueo y extraer los depósitos de la cuenta bancaria número 2933495868, a nombre del quejoso ********************, ante la Institución Bancaria denominada BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancomer, y las ordenes posteriores tendientes a disponer del dinero inmovilizado, sin que exista un crédito fiscal notificado, ni la resolución determinante respectiva, de modo que desconoce su contenido, sin embargo, ello no es motivo para considerar al agraviado como extraño al procedimiento, pues ante el desconocimiento de la determinación administrativa que ordenó la inmovilización de sus cuentas bancarias, el quejoso válidamente puede promover el juicio de nulidad en términos del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; del que se advierten las reglas para el caso en que en el juicio contencioso administrativo se alegue que no se conoce la resolución administrativa que se pretende impugnar; para lo cual, quedará a cargo de la autoridad demandada la obligación de probar, con las constancias respectivas, que notificó a la parte actora la resolución administrativa impugnada y, a su vez, la parte actora tendrá oportunidad de combatir lo que manifieste dicha autoridad mediante ampliación de demanda. Adoptar una postura distinta, esto es, por ese solo hecho hacer procedente el juicio de amparo, se estaría contraviniendo la naturaleza de este medio extraordinario de defensa, pues el propio inconforme reconoce que el juicio constitucional es el recurso judicial efectivo para determinar si ha habido o no una violación de derechos fundamentales en su contra a la luz de la Constitución y de los Tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, de manera que, en el caso concreto, el juicio constitucional no puede promoverse con la finalidad de conocer qué autoridad fue la realmente emisora del acto de autoridad. Sin que sea óbice a lo anterior, que los actos reclamados hayan tenido como consecuencia la inmovilización de la cuenta bancaria del aquí quejoso, acto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto que se traduce en un acto de imposible reparación, en términos de la jurisprudencia número 2a./J. 133/2010, consultable en la página 104, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, que dispone lo siguiente: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. AUNQUE SE TRATE DE UN ACTO FUERA DE JUICIO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El citado precepto prevé que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, siendo actos de esa naturaleza los que causan una afectación en los derechos sustantivos de una persona. En ese tenor, el embargo de cuentas bancarias decretado en el procedimiento administrativo de ejecución constituye un acto de imposible reparación, porque imposibilita al particular afectado para disponer materialmente de sus recursos económicos, con lo que se le impide utilizarlos para realizar sus fines, pues esa indisponibilidad afecta su desarrollo económico, al provocar el incumplimiento de sus obligaciones, de ahí que sea un acto fuera de juicio que afecta de manera inmediata sus derechos sustantivos. Por tanto, en su contra procede el juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo." Sin embargo, tal criterio lo sostuvo la citada Sala, con anterioridad a la reforma de diez de diciembre de dos mil diez, al artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, motivo por el cual no resulta aplicable al presente juicio; máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un nuevo análisis, sostuvo que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado y, al respecto, valoró que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, con el fin de generar su modificación, revocación o nulidad, de modo tal que la observancia del citado presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto es entonces un mandato constitucional de estricta observancia que exige la exclusión de interpretaciones contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa. Por lo tanto, resolvió que el hecho de que el acto reclamado en el amparo indirecto sea de imposible reparación, no determina por sí mismo, una excepción a las exigencias de procedencia del juicio de amparo, por lo cual, todo órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. En otras palabras, sostuvo que no es suficiente para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto que se reclame un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe constatarse que la parte solicitante de la protección constitucional haya agotado el recurso ordinario de defensa que, de ser el caso, esté previsto en la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo, máxime que ante la posibilidad de suspender el acto reclamado a través del medio ordinario de defensa a través del juicio contencioso administrativo, sin mayores requisitos que los que establece la Ley de Amparo, cualquier clase de embargo o inmovilización de cuentas bancarias encuentra reparabilidad por ese medio. Criterio que se contiene en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia número 2a./J. 18/2015 de la Décima Época, Materia Común Administrativa, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 109/2005 de la Novena Época, Materia Administrativa emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Noviembre de 2005, visible en la Página 48, del texto siguiente: "EJECUCIÓN EN MATERIA FISCAL. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD. Conforme al artículo 120 del Código Fiscal de la Federación, la interposición del recurso de revocación en contra de los actos dictados en el procedimiento administrativo de ejecución es optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahora bien, de la interpretación armónica del citado precepto con los artículos 116, 117, fracción II, inciso b), 127 del Código Fiscal de la Federación y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se advierte que los actos a que se refiere el aludido procedimiento pueden impugnarse válidamente a través del recurso de revocación o, en su caso, mediante el juicio de nulidad ante dicho Tribunal, dado que no se encuentran regidos por el principio de definitividad, sino por el contrario, la fracción II, inciso b) antes citada, expresamente otorga al contribuyente tal beneficio; de ahí que los actos que vayan suscitándose durante la tramitación del procedimiento de referencia podrán impugnarse a través del juicio de nulidad ante el Tribunal mencionado cuando se considere que no están ajustados a la ley." Asimismo, tiene aplicación a lo anterior, la tesis número I.5o.A.94 A, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1126, tomo XXXIII, mayo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; cuyos rubro y texto indican: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. PUEDE IMPUGNARSE DE MANERA AUTÓNOMA MEDIANTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN O EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 69/2010, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 51/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 429, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. TRATÁNDOSE DE EMBARGOS, SÓLO PROCEDE CUANDO EL DEUDOR ALEGUE QUE RECAYERON SOBRE BIENES INEMBARGABLES, CONFORME AL ARTÍCULO 127, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.", estableció que la regla general que impide impugnar indiscriminadamente cualquier acto dictado dentro del procedimiento administrativo de ejecución previamente a la publicación de la convocatoria de remate, admite diversas excepciones en razón del sujeto que promueva el recurso o de las características del acto que se reclame, de lo que se sigue que esa acotación respecto de la procedencia de los medios ordinarios de defensa se refiere a aquellos actos en los que se embargan bienes susceptibles de remate. Por otra parte, tratándose del embargo de cuentas bancarias, conforme al artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación vigente en 2008, luego de que la autoridad hacendaria recabe la información de los fondos contenidos en aquéllas y que el crédito se encuentre firme, ordenará su aplicación al crédito fiscal por el importe de éste. En estas condiciones, como en la indicada hipótesis no se llevan a cabo las etapas de avalúo y remate, dicho embargo puede impugnarse de manera autónoma mediante el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo federal, pues el contribuyente no puede controvertir de otra forma la transferencia de su dinero, al no existir publicación de convocatoria previa que lo permita, como en el caso de bienes susceptibles de remate." Máxime que tampoco reclama la inconstitucionalidad de alguna ley, no se está en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni se encuentra acreditado algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad, que se señala en la tesis número 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; visible en la página 156, tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Por lo tanto, al quedar demostrado que en el supuesto analizado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 113, de la propia ley, lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por ********************, en contra de actos del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la ciudad de México y otra autoridad; determinación que se toma en cumplimiento al derecho fundamental de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17, constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio y por el contrario, ello permite a la parte quejosa acudir oportunamente a la instancia correspondiente a defender sus intereses. Al respecto, conviene citar el criterio jurisprudencial I.13o.A. J/6, aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XX, septiembre de mil cuatro, página 1631, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." En otro contexto, téngase como domicilio procesal el que refiere en su escrito, y por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que señala en el mismo. Finalmente, con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales que se ordenen en este asunto. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. Finalmente de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como el artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente.
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO A LA PARTE QUEJOSA EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ DENTRO DEL CITATORIO DE 13/09/2017, QUE CONTIENE EL AUTO DE 11/09/2017 Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEIDO DE ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ".VISTA LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR ****, CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y OTRA AUTORIDAD, FÓRMESE CUADERNO RESPECTIVO Y, REGÍSTRESE EN EL LIBRO QUE PARA TAL EFECTO SE LLEVA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO CON EL NÚMERO 1211/2017-VI, QUE ES EL QUE LE CORRESPONDE. COMO LO PREVÉ EL ARTÍCULO 113, DE LA LEY DE AMPARO, A TRAVÉS DEL CUAL SE ESTABLECE LA NECESIDAD POR PARTE DEL JUZGADOR DE EXAMINAR EL ESCRITO DE DEMANDA Y SI EXISTE MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA ÉSTA SE DESECHARÁ DE PLANO, SIN SUSPENDER EL ACTO RECLAMADO, MOTIVOS QUE EN PRINCIPIO SE ENCUENTRAN VINCULADOS CON LOS SUPUESTOS DE IMPROCEDENCIA PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA, EN ESPECIAL, CON LOS CITADOS EN EL ARTÍCULO 61, DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL, PUES DICHO DISPOSITIVO ES EL QUE REGULA ESPECÍFICAMENTE LAS HIPÓTESIS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, SE PROCEDE AL ANÁLISIS DE TALES ASPECTOS. DEL ESTUDIO INTEGRAL EFECTUADO A LA DEMANDA DE AMPARO, SE ADVIERTE QUE EL ACTO RECLAMADO EN LA PRESENTE INSTANCIA CONSISTEN EN: LA EMISIÓN Y APLICACIÓN DE CUALQUIER ACTO ADMINISTRATIVO TENDIENTE A EMBARGAR, INMOVILIZAR, ASEGURAR, INCAUTAR, CONGELAR, BLOQUEAR Y EXTRAER LOS DEPÓSITOS DE LA CUENTA BANCARIA NÚMERO ***, A NOMBRE DEL QUEJOSO ***, ANTE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DENOMINADA ***, Y LAS ORDENES POSTERIORES TENDIENTES A DISPONER DEL DINERO INMOVILIZADO, SIN QUE EXISTA UN CRÉDITO FISCAL NOTIFICADO. EN ESAS CONDICIONES, ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL ESTIMA QUE EN EL CASO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE AMPARO. POR LO TANTO, AL QUEDAR DEMOSTRADO QUE EN EL SUPUESTO ANALIZADO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE AMPARO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 113, DE LA PROPIA LEY, LO PROCEDENTE ES DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR ***, EN CONTRA DE ACTOS DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y OTRA AUTORIDAD; DETERMINACIÓN QUE SE TOMA EN CUMPLIMIENTO AL DERECHO FUNDAMENTAL DE PRONTITUD EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17, CONSTITUCIONAL, PUES LOS MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDOS NO PODRÁN DESVIRTUARSE CON EL MATERIAL PROBATORIO QUE SE APORTE AL JUICIO Y POR EL CONTRARIO, ELLO PERMITE A LA PARTE QUEJOSA ACUDIR OPORTUNAMENTE A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE A DEFENDER SUS INTERESES." POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN DICHO AUTO, ANTE SU OMISIÓN DE COMPARECER A NOTIFICARSE PREVIO CITATORIO QUE SE LE DEJÓ.
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