Enrique Bonilla Rodríguez

Expediente 875/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
875/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
31/10/2019

Partes del expediente

  • Enrique Bonilla Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio del Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual remite copia certificada de la resolución de once de octubre de dos mil diecinueve, dictada en autos del recurso de queja 201/2019. Acúsese recibo. De la resolución emitida por el órgano en mención se advierte que declaró infundado el recurso de queja. Por lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Agréguese el oficio proveniente de la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por medio del cual envía sin diligenciar el exhorto 586/2019, número de orden 592/2019, del índice de este órgano de control constitucional, librado a efecto de notificar el acuerdo de quince de julio de dos mil diecinueve, al quejoso..., de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En consecuencia, notifíquese dicha determinación al quejoso, mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado, así como las subsecuentes notificaciones que le resulten de carácter personal. Háganse las anotaciones en el libro de comunicaciones oficiales respectivo. Ahora bien, no es necesario remitir el acuse de recibo en la vía tradicional dado que la constancia que se obtiene del Sistema Integral de Seguimiento a expedientes (SISE) al devolver la comunicación oficial, hace las veces del acuse respectivo; aunado a que no lo solicita el homólogo remitente. Por otra parte, agréguese el escrito de la autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, personalidad que se le reconoce al tener registrada su cédula de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado el quince de los corrientes. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, en virtud de que hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse sobre la presentación del recurso, ríndase el informe expresando que es cierto que este Juzgado Federal dictó el auto de quince de julio del año en curso, acompañando el original y copia del escrito de agravios, así como copia certificada de todo lo actuado. SÍNTESIS DEL AUTO DE QUINCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE: "...Vista la demanda promovida por...; regístrese bajo el número 875/2019-III. ACTO RECLAMADO De la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama del Juzgado Tercero de lo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México: - El auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 338/2007, por medio del cual lo requiere para que haga pago de las pensiones alimenticias vencidas y, en caso de no hacerlo, se embarguen bienes de su propiedad para garantizar la obligación. DESECHAMIENTO Este juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último analizado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no es la última resolución dictada dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Dichas porciones normativas en estudio señalan en su conjunto que el juicio de amparo es improcedente cuando no se trate de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendiéndose ésta como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Esto es así, ya que el juicio de amparo no debe constituir un recurso que pudiera utilizarse arbitrariamente con el fin de retardar la ejecución de la sentencia dictada en el procedimiento de origen, en virtud que éste tiene como finalidad directa e inmediata hacer exigible la cosa juzgada, es decir, la verdad legal ya establecida. En el caso concreto, el auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve tiene como finalidad directa e inmediata la ejecución de la interlocutoria de doce de noviembre de dos mil quince dictada en el expediente natural, pues en ésta se determinó requerir al quejoso el pago de las pensiones alimenticias vencidas, que no cubrió, y a que tiene derecho la acreedora alimentaria, las cuales fueron determinadas con motivo de la obligación nacida de la sentencia definitiva dictada el veintisiete de noviembre de dos mil ocho. De lo anterior se advierte lógicamente que el acto reclamado no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, en la que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, la que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordene el archivo definitivo del expediente; ya que requiere el pago de la cuantificación de las pensiones vencidas y, en caso de que no se haga, el embargo de bienes del deudor alimentario, con el fin de cumplimentar la sentencia definitiva. Ante ello, es improcedente la acción constitucional intentada pues con ésta se pretende impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, tomando en consideración que desde el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente se consumaron de forma irreparable, es decir, en el momento en que se dictó la sentencia definitiva y que ésta quedó firme, se reconoció la obligación del deudor alimentario -aquí quejoso- de proveer lo alimentos correspondientes. Siendo que en el caso concreto, se insiste, el acto reclamado únicamente tiene la finalidad de requerir el pago de la cuantificación de las pensiones alimenticias vencidas, es decir, tiene como objetivo directo e inmediato el cumplimiento de la sentencia definitiva ejecutoriada, por ser en ésta en la que se determinó la obligación. Por tanto, no es dable analizar en el presente sumario la constitucionalidad del acto reclamado ya que, en su caso, dicha transgresión deberá hacerse valer como violación cometida durante el procedimiento (en caso de que lo haya dejado sin defensa y haya trascendido al resultado de la resolución), vía conceptos de violación que se formulen contra la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, conforme lo dispone la última parte del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. No se desatiende que el numeral 107 antes indicado, en sus fracciones V y VI, señalen que procede el juicio de amparo contra actos de imposible reparación y cuando afecten a personas extrañas al procedimiento de origen, es decir, establecen excepciones al motivo de improcedencia antes señalado. Sin embargo, el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al procedimiento de origen, en virtud a que es la parte demandada en el mismo. Además, el acto reclamado no es de imposible reparación ya que no afecta materialmente derechos sustantivos ajenos a la obligación de pagar alimentos nacida de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, pues dicha vulneración a su esfera jurídica es consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; de ahí que el acto tildado de inconstitucional no goce de autonomía respecto a la transgresión de prerrogativas constitucionales. Sustenta lo anterior la jurisprudencia I.3o.C.51 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, visible a página 1588, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN CUANDO AFECTEN DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA..." En consecuencia, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XXIII, y éste a su vez con el diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por ser manifiesta y notoriamente improcedente. Apoya lo anterior la tesis III.4o.(III Región) 8 C (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, visible a página 1647, del rubro y texto: "EMBARGO DE BIENES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO QUE LA PARTE DEMANDADA PROMUEVE EN SU CONTRA, CUANDO AQUÉL TIENDE A GARANTIZAR LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO..." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en los artículos 24, 26, 27, fracción II y III de la Ley de Amparo, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atenta comunicación oficial vía electrónica al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, para que en auxilio y por comisión de las labores de este órgano jurisdiccional, tenga a bien notificar al quejoso..., en el domicilio ubicado en... y le corra traslado con copia de la presente determinación. Además, lo requiera para que en el término de tres días legalmente computados, señale domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), o en su defecto dentro de la zona conurbada de este juzgado (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), en el entendido que en caso de ser omiso se tendrán las listas que se fijan en los estrados de este juzgado de Distrito, aun para las notificaciones de tipo personal. Dada la naturaleza de la comunicación oficial enviada vía electrónica, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se solicita que la devolución de las constancias respectivas se realice mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así, en términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Asimismo, se faculta al juez que reciba la presente comunicación oficial para que ordene y desahogue todas las diligencias necesarias a fin de llevar a cabo la antes señalada. Asimismo, se tienen como autorizadas a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente..."

  3. Principal

    "...Notifíquese mediante comunicación oficial a la parte quejosa..."

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