Enrique Beltrán Espinosa

Expediente 1607/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1607/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
21/01/2019

Partes del expediente

  • Enrique Beltrán Espinosa

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de la secretaria de este juzgado, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley; en consecuencia, con fundamento en el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por no presentada la presente demanda de amparo, ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en el se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    se notifica por lista al quejoso:Vista la certificación puesta por la secretaria de este juzgado, en el sentido de que han transcurrido los cinco días concedidos al promovente en auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, a efecto de que aclarara su demanda de amparo aunado a que el escrito con el que se pretendió desahogar dicho requerimiento, se tuvo por no presentado en el párrafo que antecede, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo a que este expediente se refiere. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente al promovente.

  3. Principal

    Se notifica por lista al quejoso Torreón, Coahuila, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Por recibida la demanda de amparo promovida por Enrique Beltrán Espinosa, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, con sede en Saltillo y otras autoridades, al efecto fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 1607/2018-VII, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, vista la demanda de amparo en comento, de la cual se advierte que los actos de los que se duele el quejoso consisten en: La negativa por parte de la autoridad responsable de recibir su solicitud de permiso municipal para la venta de pólvora. La posible orden de detención decretada en su contra. Bajo esas consideraciones, es preciso destacar que la Ley de Amparo no regula expresamente el incidente de separación de autos; sin embargo, deberá de interpretarse a contrario sensu el artículo 72, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación hará del más nuevo al más antiguo. (.)" En efecto, la separación de juicios será posible en todos aquellos casos cuando se advierte, ya sea durante el trámite y hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, la existencia de los supuestos para esa separación, los que se deducen a contrario sensu de lo que establece el precepto legal citado, como en el caso de actos reclamados en la misma demanda de amparo, desvinculados entre sí. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 118, tomo VI, septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuyos rubro y contenido son los siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Como se precisó en párrafos precedentes, en el presente juicio de amparo se reclama: La negativa por parte de la autoridad responsable de recibir su solicitud de permiso municipal para la venta de pólvora. La posible orden de detención decretada en su contra. Lo que lleva a esta juzgadora a concluir que dichos actos se encuentran desvinculados entre sí; en esas circunstancias, no es posible resolver respecto de los dos actos reclamados en un solo procedimiento. Ilustra lo anterior, el criterio I.3º.C.72 K (10ª.), relativo a los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2356, Libro 18, Mayo de 2015, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. AUN CUANDO DICHA FIGURA JURÍDICA NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NO HAY IMPEDIMENTO PARA DECRETARLA CUANDO LOS JUICIOS NO GUARDAN RELACIÓN ENTRE SÍ. La figura de la separación de juicios de amparo fue instaurada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 76/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 118, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA.", a partir de una institución jurídica distinta, como es la acumulación de los procedimientos constitucionales, establecida en el artículo 57 de la Ley de Amparo abrogada; figura que no prevé la vigente. No obstante, ello no impide que conforme a este último ordenamiento se decrete la separación de los juicios de amparo cuando el quejoso reclame actos distintos atribuidos a autoridades diferentes. Lo anterior, porque aun cuando la figura de la acumulación no tenga sustento en la Ley de Amparo, sí lo tiene en el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente (artículo 72, primer párrafo). En este sentido, la regla contenida en dicho numeral, leída en sentido negativo, consiste en que cuando dos o más juicios no tienen una relación jurídica derivada en todo o en parte del mismo hecho, no existe justificación para tramitarlos conjuntamente; en consecuencia, debe decretarse su separación, porque, aun cuando en la ley de la materia, publicada el 2 de abril de 2013, no se encuentre expresamente prevista la figura de la acumulación de juicios, ello no puede llevar a concluir que dos juicios constitucionales derivados de actos reclamados atribuidos a autoridades diferentes deban sustanciarse en un mismo procedimiento, cuando no guardan relación entre sí". Bajo ese contexto fáctico y legal, es claro de que se trata de actos distintos y desvinculados entre sí; en tal virtud, al deducirse a contrario sensu lo dispuesto por el ya trascrito artículo 72, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y con base en lo previsto por el artículo 217 de la propia ley de la materia, que prevé la obligatoriedad de la jurisprudencia de los tribunales federales, como en el caso el criterio invocado en párrafos precedentes de rubro "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA"; lo que procede es la separación de autos. Para ello, la substanciación del presente juicio de amparo deberá continuarse únicamente por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en la orden de detención y su ejecución. En ese sentido se ordena la separación de autos por lo que respecta al diverso consistente en: La negativa por parte de la autoridad responsable de recibir su solicitud de permiso municipal para la venta de pólvora. En tales condiciones, remítase copia certificada de la demanda de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, para que se le otorgue el número de registro y se turne al Juzgado de Distrito que corresponda. Resulta aplicable el caso que nos ocupa la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 118, tomo VI, septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena época, que establece: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. La separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. El trámite deberá ser incidental, aplicando, en lo pertinente, los preceptos legales de la Ley de Amparo relativos a la acumulación, en sentido contrario, con suspensión del procedimiento principal, como lo establece el artículo 62 de dicha ley, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación. El Juez, en esta etapa, podrá hacer los requerimientos necesarios a las partes, aplicando por analogía lo dispuesto en el artículo 78 de la ley de la materia, para conocimiento pleno de lo que resolverá". Asimismo, resulta aplicable por las razones que informa la tesis visible en la página 1387, tomo XVI, agosto de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL TRIBUNAL REVISOR PUEDE ORDENARLA DECRETANDO LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SI FUE OMISO EL A QUO EN EFECTUARLA. Técnicamente no resulta válido que en un solo juicio de amparo puedan ser analizados y resueltos actos reclamados pertenecientes a dos tipos de juicios autónomos y distintos entre sí, en acatamiento obligatorio a la jurisprudencia por contradicción número 77/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 118, Tomo VI, septiembre de 1997, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.", toda vez que el tribunal superior, que en el recurso de revisión asume la jurisdicción original en el juicio de amparo indirecto, debe ordenar que se subsane la violación a las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, tal y como lo prevé el artículo 91, fracción IV, de la ley de la materia y ordenar la separación del procedimiento para tal efecto". Ahora bien, vista la demanda en comento y a fin de proveer lo que corresponda respecto de su admisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el numeral 108, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, aclare su escrito de demanda en los siguientes términos: Precise el nombre de las personas que refiere pretenden ser detenidas y si promueve la demanda por sí y en representación de éstas, de ser así, deberá acreditar tal carácter con documento idóneo. En la inteligencia que al cumplir con el requerimiento formulado con anterioridad, deberá acompañar copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a todas las partes que intervienen en el juicio. Bajo apercibimiento, que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término que para tal efecto se le concede, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo que regula la tramitación del presente expediente, se tendrá por no presentada la demanda de amparo a que este expediente se refiere. Apercibido también, que de declarar falsamente ante esta autoridad lo solicitado por la misma, se tendrá a lo dispuesto por el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales(.)". Como lo solicita el promovente, se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Juan Cardiel de Santiago, toda vez que su cédula se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, y en términos del párrafo segundo última parte del citado numeral a Denniss Adriana Sharaid Nájar Pérez; asimismo, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en la demanda de amparo. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordenan los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21 la Ley de Amparo, para el caso de que en el juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales al promovente, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario de la adscripción pueda efectuarlas. En cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase al promovente que las resoluciones y la sentencia que se dicten en el presente asunto, constituye información pública una vez que se emitan y causen estado, de acuerdo con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para aplicación de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil cuatro, con las excepciones previstas en el artículo 110 de la propia ley.

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