Enrique Bejarano González
Expediente 869/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 869/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/03/2022
Partes del expediente
- Enrique Bejarano González
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que la parte quejosa no se inconformó en contra del proveído mediante el cual se tuvo por no presentada su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. En acatamiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, éste órgano judicial determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, dado que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA: Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el escrito de cuenta que vía electrónica remite FRANCISCO JOSÉ GARCÍA BARBOZA, en su carácter de autorizado de MIGUEL ÁNGEL PULIDO VILLASEÑOR, parte quejosa en el presente juicio, y documental que acompaña, a través del cual desahoga la vista que se le dio por auto de cinco de noviembre de la presente anualidad, al realizar manifestaciones respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic. Luego, tomando en consideración que en el presente juicio de garantías se concedió al quejoso MIGUEL ÁNGEL PULIDO VILLASEÑOR, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, proveyera de inmediato sobre la ejecución del laudo dictado el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho y actuara de conformidad con lo dispuesto por los preceptos legales que establecen los mecanismos coercitivos para sancionar el incumplimiento por parte del demandado. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado el siete de noviembre de dos mil diecinueve, el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, remitió constancia del auto de siete de noviembre de dos mil diecinueve que emitió en el juicio laboral 127/2015, en el que declaró firme el laudo emitido el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho y en consecuencia despachó ejecución comisionando al actuario adscrito para que asociado del actor se constituyera cualquier día y hora en el domicilio del demandado ?Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit? a efecto de llevar a cabo la reinstalación de Miguel Ángel Pulido Villaseñor en el puesto de base como auxiliar administrativo que venía desempeñando, apercibiendo al Ayuntamiento demandado que en caso de no dar cumplimiento se haría acreedor a una multa por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional). De igual forma señaló fecha para que se llevara a cabo la sesión plenaria para resolver el incidente de liquidación planteado por la actora, dando vista a la contraria para que manifestara lo que a su derecho conviniera (fojas 65 y 66). Posteriormente, por oficio presentado el quince de enero de dos mil veinte, el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, remitió copia certificada de la resolución incidental de liquidación emitida el nueve de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 73 a 82); y por diverso oficio presentado el cinco de marzo de dos mil veinte la autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias de notificación a las partes de la referida resolución interlocutoria (fojas 91 a 93). Asimismo, mediante oficio presentado el nueve de octubre de dos mil veinte el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, remitió constancia del auto de ocho de octubre de dos mil veinte, en el que señaló día y hora a efecto de que el actuario de su adscripción se constituyera en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Tepic, Nayarit, a efecto de dar cumplimiento al laudo sobre la cantidad liquidada y se reinstalara a Miguel Ángel Pulido Villaseñor, con el apercibimiento de multa por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional). Igualmente, el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, mediante oficio 1282/20-A, recibido en este Juzgado de Distrito el cuatro de noviembre de dos mil veinte, remitió copia certificada de las constancias de notificación del acuerdo de ocho de octubre de dos mil veinte; asimismo, remitió copia certificada del auto de ejecución, en el que señaló las trece horas del veintiuno de octubre de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la diligencia de requerimiento de pago y reinstalación en el domicilio del Ayuntamiento demandado; diligencia que acreditó haber notificado a dicho enjuiciado con toda oportunidad a efecto de que estuviera en aptitud de preparar lo necesario para el cumplimiento del laudo. Las precisiones anteriores permiten advertir que en acatamiento al fallo protector el Presidente Árbitro Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic: a) Ha estado proveyendo sobre la ejecución del laudo dictado el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho en el juicio laboral de origen. b) Resolvió el incidente de liquidación planteado por la actora y notificó la sentencia interlocutoria respectiva. c) Ha requerido al Ayuntamiento demandado el cumplimiento del laudo apercibiendo con la imposición de una multa, esto es, ha actuado de conformidad con los preceptos legales que establecen los mecanismos coercitivos para sancionar el incumplimiento por parte del demandado; restituyendo de esa manera a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. d) Ha notificado oportunamente al Ayuntamiento demandado las fechas de las diligencias de requerimiento de pago y reinstalación que ha ordenado. En ese orden de ideas, la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio se declara cumplida conforme a los lineamientos indicados. No obsta a lo anteriormente considerado, las manifestaciones vertidas por FRANCISCO JOSÉ GARCÍA BARBOZA, en su carácter de autorizado de MIGUEL ÁNGEL PULIDO VILLASEÑOR, en su escrito de cuenta, recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el trece de noviembre de dos mil veinte, en el sentido de que no se ha logrado ejecutar en su totalidad el fallo reclamado toda vez que los efectos del fallo protector fueron únicamente para que la autoridad responsable proveyera sobre la ejecución del laudo haciendo uso de los mecanismos coercitivos para sancionar el incumplimiento por parte del demandado, no así para que realizara todas las actuaciones subsecuentes hasta lograr el total cumplimiento de lo laudado. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, y carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído, procédase a su depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes, el ocurso de cuenta signado por Ricardo Castellanos Becerra autorizado del quejoso Cuauhtèmoc Sànchez Lòpez, por medio del cual hace manifestaciones respecto de la falta de cumplimiento por parte de la autoridad vinculada para el cumplimiento al fallo protector emitido en el presente asunto, Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit, solicitando se vincule para efectos del cumplimiento a las autoridades que refiere en su escrito de cuenta; sin embargo, en cuanto a ello, dígasele que deberá estarse a lo acordado en auto de siete de octubre del año en curso. En cuanto a lo diverso que solicita, dígasele que una vez que obre constancia en autos de que la citada autoridad municipal vinculada recibió el oficio 4089-III de siete de octubre del año en curso, se acordarà lo que en derecho proceda. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA:Vista la demanda de amparo presentada por ENRIQUE BEJARANO GONZÁLEZ, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO y ECOLOGÍA, CON SEDE EN COMPOSTELA, NAYARIT y otras autoridades. Regístrese la demanda de amparo en el Libro de Gobierno correspondiente, con el número 869/2020. A fin de estar en aptitud de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, en relación con el numeral 108, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que dentro del improrrogable plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley de Amparo, aclare su demanda en los términos siguientes:Precise de manera clara y concisa el acto que reclama, ya que en el apartado correspondiente de su demanda de amparo refiere reclamar la orden de clausura de la obra en el terreno que dice es de su propiedad, ubicado en calle Alma del Consuelo sin número, colonia Lomas del Alma, en la Peñita de Jaltemba, Municipio de Compostela, Nayarit, y su ejecución; y asimismo, de otra parte de su escrito se aprecia que se duele de la negativa de que se le otorgue la licencia de construcción. Precise los efectos para los cuales solicita le sea concedida la medida cautelar peticionada en el presente juicio de amparo. Aclaración que resulta necesaria a efecto de estar en posibilidad de proveer respecto de la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo en estudio, precisar la litis constitucional y, en su caso, estar en oportunidad de requerir a las autoridades responsables del informe de ley. Toda vez que el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, la demanda de garantías tiene que contener específicamente la norma general, o acto u omisión que de cada autoridad se reclame; ello es así, a fin que: a) Esté debidamente fijada la litis en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 74, fracción I del ordenamiento legal invocado. b) La responsable pueda estar en aptitud de justificar el acto concreto que se le reclama. c) Pueda realizarse un correcto estudio de los actos impugnados en la sentencia que en su momento se dicte. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XX.57 K, Materia Común, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, Marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Igualmente, cobra aplicación la Jurisprudencia IV. 3º.A. J/18 (9ª), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página tres mil setecientos nueve, Tomo V, Diciembre de dos mil once, Décima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis dice: "REVISIÓN EN EL AMPARO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU DEMANDA CUANDO ÉSTA ES OSCURA E IMPRECISA AL SEÑALAR EL ACTO RECLAMADO, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE LA FALTA. A fin de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo, es menester que el quejoso señale el acto reclamado con claridad y precisión, pues sólo así podrá el juzgador fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto; por tanto, si la demanda de garantías es oscura e imprecisa al señalar el acto cuya inconstitucionalidad alega, el Juez de Distrito está obligado a requerir al promovente en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo para que la aclare y, en caso de no hacerlo, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión debe ordenar la reposición del procedimiento para que se formule el requerimiento de mérito, pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente y es obligación del órgano revisor velar por que se satisfaga tal extremo." En la inteligencia que el promovente deberá acompañar las copias necesarias de su escrito aclaratorio para emplazar a las partes, toda vez que éste forma parte integral de su demanda; apercibida que de no cumplir con todo lo anterior, se procederá en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo.Resulta pertinente señalar que el cumplimiento que al efecto dé la parte quejosa, deberá realizarse "bajo protesta de decir verdad", y que en caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados, incurrirá en la comisión del delito previsto por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y ." Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado Andador Juan de la Barrera número 195, colonia Emilio M. González, de esta Ciudad, y como autorizados para tal efecto a Eduardo Ramírez Herrera y a Alfredo Daniel Corona Tiznado, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, y en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación con el párrafo segundo del arábigo 24 de la legislación de referencia, a las restantes personas que señala, toda vez que dichas personas no tienen inscrita cédula alguna en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que los faculte para ejercer la profesión de Abogados o Licenciados en Derecho. Por otra parte, respecto a la cuenta de correo electrónico que también señala para efectos de que se le practiquen notificaciones; dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que no proporcionó clave de usuario, cuyo registro puede realizarlo vía internet ingresando a la página www.serviciosenlinea.pfj.gob.mx (Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación); por tanto, se le tiene dicho medio únicamente para establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes, que pueden manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. En aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto.
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