Enrique Basabe Odriozola
Expediente 450/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 450/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 31/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Enrique Basabe Odriozola
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito A Este Juzgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Acapulco, Guerrero; treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió el acuerdo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción lI, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero; ocho de agosto de dos mil diecisiete.Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído inmediato anterior, se tuvo al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Zihuatanejo, Guerrero, por remitiendo copias certificadas de la audiencia de veintinueve de junio pasado, en la cual se declaró desierta la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada Distribuidora de Acapulco, Sociedad Anónima de Capital Variable, con cargo a David Gerardo Sánchez Mora, Jennifer González Gaona y Alberto Cruz Mendoza; a estas documentales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se analizan las consecuencias jurídicas de la emisión de la citada determinación.En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se analizan las consecuencias jurídicas que acarrea la emisión de la constancia que la autoridad responsable antes citada remitió. Ahora bien, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama el auto de veinticinco de abril pasado, por el cual la junta responsable señalo como fecha para el desahogo de la citada prueba testimonial el ocho de agosto del año en curso. Una vez precisado lo anterior, se estima que en el caso se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia, prevista en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77º, fracción II de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario los cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley. Por su parte, el artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que cuando se reclamen actos negativos, entendiéndose por estos, aquellos que implican un no actuar de la autoridad (omisión o abstención de hacer), el efecto de la sentencia que se dicte, será para que la autoridad responsable, respecto el derecho que tiene la parte quejosa y a cumplir lo que el mismo señale. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número I.3o.C. J/6 , emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada a página 2895, tomo IV, Enero de 2014, Decima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: "SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El citado artículo regula los efectos de la concesión del amparo, distinguiendo entre los actos reclamados de carácter positivo y negativo. Cuando sean de carácter positivo, el efecto es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo que implica que la autoridad responsable deje insubsistente su acto que fue declarado inconstitucional. Cuando se trate de un acto de carácter negativo o que implique una omisión, el efecto será el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trata y a cumplir, lo que éste exija. Sin embargo, cuando el acto es judicial y se trata de una cuestión litigiosa, por la naturaleza del asunto, no puede dejar de resolverse, en acatamiento a las garantías de debido proceso y acceso pleno a la administración de justicia que establecen los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, la autoridad judicial siempre deberá dictar una sentencia en la que atienda a la declaración de inconstitucionalidad y subsane ese vicio, con las consecuencias jurídicas procesales y sustantivas que implique. " Por otro lado, de las constancias remitidas por la junta responsable mediante proveído inmediato anterior de la audiencia de veintinueve de junio del presente año, se advierte que hizo efectivo el apercibimiento a la parte demandada realizado en el diverso acuerdo de veinticuatro de mayo del año en curso, dictado en el juicio laboral 162/2015 y declaró desierta la prueba testimonial ofrecida por dicha parte procesal con cargo a David Gerardo Sánchez Mora, Jennifer González Gaona y Alberto Cruz Mendoza, lo cual se corrobora con las documentales exhibidas, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese contexto, aun cuando se concediera la protección constitucional al quejoso, para que la junta responsable señalara una nueva fecha para el desahogo de la prueba testimonial aludida, en términos de lo dispuesto por el artículo 884 de la Ley Federal del Trabajo, es inconcuso que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, debido a que de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, lo cual contravendría lo dispuesto por el invocado numeral 77 fracción II de la Ley de Amparo, pues habría imposibilidad material, para dar cumplimiento a la misma, al haber declarado desierta dicha prueba la junta responsable. Resulta aplicable la jurisprudencia número 90/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de mil novecientos noventa y siete, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Por lo tanto, al sobrevenir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, da lugar a decretar en este juicio el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será en el mismo sentido. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional.
- Principal
Acapulco, Guerrero; siete de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Zihuatanejo, Guerrero, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de trece de julio anterior, y al efecto remite las constancias solicitadas en el acuerdo de referencia, las cuales se tienen como complemento de su informe justificado, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional.
- Principal
Acapulco, Guerrero; catorce de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído inmediato anterior se requirió vía telegráfica a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para que en copia certificada informe el resultado de la audiencia de desahogo de la prueba prueba testimonial ofrecida por la parte demandada Distribuidora de Acapulco, Sociedad Anónima de Capital Variable, con cargo a David Gerardo Sánchez Mora, Jennifer González Gaona y Alberto Cruz Mendoza dentro de los autos del juicio laboral 162/2015, señalada para el veintinueve de junio de dos mil diecisiete;por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE.
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