Enrique Barrios Román

Expediente 86/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
86/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
11/02/2022

Partes del expediente

  • Enrique Barrios Román

Actuaciones

  1. Principal

    pral.86/2022 mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de febrero de dos mil veintidós. Firmeza de resolución. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, ha fenecido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso *** interpusiera recurso de queja contra la resolución de treinta y uno de enero de este año, por la cual se tuvo por no presentada su demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo de expediente. En virtud que en proveído de treinta y uno de enero del año en curso se tuvo por no presentada la demanda de amparo, y toda vez que en esta fecha queda firme tal determinación, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso b), y 24 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. Instrucción a Secretaría. Finalmente, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese mediante de lista de acuerdos a la parte quejosa.

  2. Principal

    pral.86/2022 mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. 1. Fenece plazo para cumplir prevención. Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de cinco días concedido al quejoso *** en el proveído de diecinueve del mes en curso, a efecto de que cumpliera con la prevención formulada, sin que lo hiciera, no obstante su notificación el veinte de este mes. 2. Por no presentada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en ese acuerdo y, ante el incumplimiento de la parte quejosa a la prevención formulada, que repercute determinantemente en la acción de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese mediante lista de acuerdos a la parte quejosa.

  3. Principal

    pral 86/2022 mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo depositada el dieciocho de este mes en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada a este Juzgado el mismo día, promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y de otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso con el registro 86/2022. 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Prevención. Antes de proveer lo concerniente a la admisión de la demanda de que se trata, es factible establecer que el artículo 114 de la Ley de Amparo dispone que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente para que aclare el escrito de demanda cuando haya alguna irregularidad en la misma, cuando se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de dicha ley, no se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente, no se haya expresado con precisión el acto reclamado, o no se hubieran exhibido las copias necesarias de la demanda. 3.1. Prevención sobre omisión de requisito. En relación con lo anterior, el artículo 110 de la Ley de Amparo establece la carga procesal de la parte quejosa de exhibir con su demanda copias suficientes de ésta para el traslado a cada una de las partes, dentro de las cuales indefectiblemente se encuentra el agente del Ministerio Público Federal, en términos del artículo 5, fracción IV, de dicha ley; exceptuándose de esa carga cuando se presenta vía electrónica o en los supuestos que prevé el segundo párrafo del citado artículo 110. En el caso, no se aprecia que dichas excepciones se actualicen, y la parte quejosa únicamente exhibió once copias de la demanda para el traslado, siendo necesarias, al menos, doce para el trámite correspondiente (una para cada una de las once autoridades responsables y una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita). En tales condiciones, con fundamento en el invocado numeral 114, fracción V, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa a fin de que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, regularice su demanda de la siguiente manera: PRIMERO. Exhiba una copia más de la demanda de amparo; o, en su defecto, precise si se ubica en alguno de los supuestos de excepción para ello. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 66/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. LA EXHIBICIÓN DE COPIAS DE ÉSTA PARA EL TRASLADO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, NO CONSTITUYE UN FORMALISMO SIN SENTIDO O UN OBSTÁCULO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA. De los artículos 120 y 167 de la Ley de Amparo se advierte la obligación del promovente del amparo, ya sea en la vía directa o indirecta, de exhibir con su demanda copias suficientes de ésta para el traslado a cada una de las partes, dentro de las cuales se encuentra el agente del Ministerio Público Federal, en términos del artículo 5o., fracción IV, de dicha ley. El incumplimiento de ese requisito lleva al juzgador a prevenir al quejoso para que lo cumpla, y en caso de omisión, debe tenerse por no interpuesta la demanda, salvo los amparos en materia penal en los que la ley hace una excepción sobre el particular. Por tanto, el requisito formal referido no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta, no corresponden a la actuación caprichosa del Constituyente de dotar al legislador ordinario con un poder arbitrario. Por el contrario, responde a la intención de aquél de facultar a éste para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el juicio, a fin de garantizar el respeto a las garantías de seguridad jurídica y dentro de éstas, a las de legalidad e igualdad en los procedimientos. Además, los órganos jurisdiccionales no son los únicos con el deber de ajustarse a los mecanismos jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional, en virtud de que los gobernados deben acatarlos al pretender ejercer aquel derecho, pues cuando quieren hacer uso del derecho de acceso a la justicia, deben someterse a las formas previstas por el legislador. [Novena Época, registro: 163651, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 2010, Tomo XXXII, Materia(s): Común, página: 43]. 3.2. Prevención sobre irregularidades en la demanda. Por otra parte, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: De quienes reclama: Como se ve, en el capítulo de actos reclamados la parte quejosa realiza un señalamiento genérico hacia todas las autoridades señaladas como responsables, relacionado con la omisión de velar por un medio ambiente sano; pero de esa forma no se satisfacen los extremos para considerar cada uno de los señalamientos como actos reclamados destacados, porque en ellos no se evidencia con claridad la conducta activa o pasiva de las autoridades que le causa perjuicio, ya que el quejoso realiza una conclusión o valoración respecto de la juridicidad de alguna conducta que no precisa; de ahí que, en todo caso, podrían estimarse como "conceptos de violación". Así, resulta indispensable que precise los actos reclamados, señalando con claridad qué acción u omisión es la que de manera concreta atribuye a cada una de las autoridades, además de aclarar los antecedentes de cada acto, para que éstas se encuentren en condiciones de rendir sus informes justificados de manera puntual, y puedan defender la constitucionalidad de su actuación, en caso de admitirse la demanda. Además, la claridad del acto reclamado es necesaria para determinar si el juicio de amparo es procedente o, en su caso, si se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, la parte quejosa debe señalar con claridad la acción u omisión que estima violatoria de sus derechos humanos, debiendo prescindir de calificativos o aspectos circunstanciales que no participan de la naturaleza propia del acto. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo VII, enero de 1991, registro 223603, de rubro: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN". Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 114, fracción IV, y 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito y bajo protesta de decir verdad, con las copias necesarias para el traslado a las partes -salvo el caso de actualizarse alguna hipótesis de excepción para ello-, aclare la demanda de amparo en los términos siguientes: 1° Indique con precisión cuál o cuáles son los actos que reclama a cada una de las autoridades señaladas como responsables; es decir, deberá precisar en qué consiste cada omisión o acción que les atribuye. Sobre este punto, sirve de apoyo la tesis de rubro y texto siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA. La concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o actos de autoridad; así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad" 2° En relación con el punto anterior, deberá indicar a qué autoridad o autoridades les atribuye cada uno de los actos que precise. 3° Narre de manera completa y coherente los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto o actos reclamados, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Lo anterior, debido a que en la demanda únicamente refirió en términos generales, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: Ahora, como se aprecia en la imagen inserta, en los puntos 3 y 4 de los hechos, el promovente señala que existe una planta de tratamiento de aguas residuales en desuso y que algunos de los principales contaminantes del Río Grande son diez establecimientos identificados que ofrecen el servicio de baños públicos, que conectan sus descargas a la red de drenaje que desemboca en dicho Río; ante lo cual, en vía de antecedentes de los actos reclamados, y una vez que haya precisado los mismos: 4° Deberá aclarar si ha hecho del conocimiento de alguna autoridad competente esas circunstancias; esto es, si ha realizado alguna gestión ante autoridad competente para requerir la atención de la planta de tratamiento de aguas residuales o de los establecimientos contaminantes. 5° En caso de que así sea, deberá decir al menos, A qué autoridad dio a conocer la situación. Si su planteamiento fue por escrito, cuándo lo realizó y si le dieron contestación alguna; en cuyo caso, de estar dentro de sus posibilidades, deberá anexar el acuse de recibo del escrito. En el supuesto de que la(s) autoridad(es) haya(n) sido omisa(s) en dar contestación a su gestión, dirá si también señala como acto reclamado esa omisión y, por ende, a qué autoridad le atribuye dicho acto. En el entendido que de tratarse de una nueva autoridad y un nuevo acto reclamado, deberá atender todos y cada uno de los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo. Precisiones que son necesarias, porque este órgano jurisdiccional se encuentra impedido jurídicamente para aclarar tales circunstancias, ya que ello debe realizarlo la parte promovente del amparo, a fin de que se integre la litis de manera correcta y, en su momento, las autoridades al emitir su informe justificado defiendan la constitucionalidad del acto que se les atribuye, en observancia al principio de equidad procesal. 3.3. Apercibimiento. En el entendido que de no cumplir con el requerimiento formulado dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. 3.4. Hechos falsos. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que la Ley de Amparo, en su artículo 261, fracción I, sanciona la afirmación de hechos falsos en relación con el acto reclamado, esto es, aportar datos que no le conste con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida; motivo por el cual se le exhorta que, al cumplir con la prevención antes formulada, se conduzca con verdad. 4. Suspensión solicitada por la parte quejosa. No ha lugar a decretar la suspensión de oficio y de plano de los actos que se señalan como reclamados, pues, por su naturaleza, no se ubican dentro de las hipótesis que prevé el artículo 126, en relación con el 15, ambos de la Ley de Amparo, en la medida de que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el diverso numeral 22, párrafo primero, de la Constitución Federal. 5. Precisión. Hágase del conocimiento de las partes procesales que respecto a las cuestiones relativas a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales y oficialía de partes, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberán estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 6. Autorizados y forma de efectuar notificaciones. 6.1. Autorizados. Como lo solicita el quejoso, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Gildardo Inocente Hernández, con número de cédula profesional 6951368, por encontrarse registro de su cédula en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales; y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos del numeral 24 de la Ley de Amparo, a las demás personas que indica, ante la solicitud expresa de la parte promovente. 6.2. Notificación por lista de acuerdos. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa no señala domicilio para recibir notificaciones; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones que deriven de este juicio, aun las que tengan el carácter de personal, se realicen a la parte quejosa mediante lista; hasta en tanto designe domicilio para tales efectos. 6.3. Canal de comunicación. En términos del artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene a la parte quejosa proporcionando un número telefónico, el cual se podrá emplear para entablar comunicación no procesales y atender la pronta administración de justicia, con el único propósito de poder brindar atención mediante esa herramienta tecnológica; en el entendido que sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; con la precisión que tratándose de la resolución que se llegue a dictar, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 8. Medios electrónicos. Como lo solicita la parte quejosa, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza el uso de aparatos electrónicos para obtener la toma de acuerdos y captura de constancias; con la precisión de que sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte ocursante, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, y se hace del conocimiento de la parte quejosa que este Juzgado podrá restringir el uso de dichos medios cuando se trate de documentos que tengan información reservada o confidencial, por lo que, ante este supuesto, las constancias no podrán ser transmitidas, copiadas, fotografiadas, escaneadas o reproducidas por cualquier medio. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 26/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Por ello, se indica al actuario que cuando se lleve a cabo la utilización de los aparatos electrónicos de referencia por la referida parte quejosa, solicitará la identificación de la persona respectiva y asentará razón del nombre y de las constancias que se capturarán. 9. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 10. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 11. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano