Enrique Baranda Castilla

Expediente 624/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
624/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
10/03/2021

Partes del expediente

  • Enrique Baranda Castilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, a diez de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que, mediante proveído de dos de marzo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que, en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó a la parte quejosa el tres de marzo del presente año, sin que a la fecha hubiese realizado manifestación alguna. En consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia dictada el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, se concedió al quejoso ********************, el amparo y protección de la Justicia Federal respecto a la autoridad responsable Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para los siguientes efectos: Que la encargada de despacho de la Delegación en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, de manera inmediata recabe el recurso de revisión marcado con el número de folio ********************, relativo a la calificación registral negativa recaída al trámite SEDATU-04-015 de la solicitud ********************, a través de los conductos que estime conducentes, y hecho ello, culmine con el procedimiento y/o trámite de dicho folio y en breve término lo remita a su superior jerárquico para la resolución del recurso de revisión. Posteriormente, por auto de dieciocho de febrero del presente año, causó ejecutoria la referida sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. A fin de acreditar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante oficio RAN/YUC/SR/DJ/0504/2021, recibido en la Oficialía de Partes Común el veinticinco de febrero del año actual, realizó manifestaciones al respecto, informando lo siguiente: Por un lado, con el oficio RAN/YUC/SR/0153/2021 dirigido al Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, se enviaron las copias simples del recurso de revisión que se interpuso en contra de la calificación registral negativa recaída a la solicitud ********************, a fin de que emita la resolución correspondiente; oficio al que adjuntó la copia simple de la guía de mensajería con número ********************, así como del correo electrónico institucional de veinticinco de febrero del año en curso; documentales que adjuntó la autoridad responsable a su citado informe, en copia certificada. Por otro lado, el escrito con número de folio ******************** fue turnado al área emisora del acto recurrido, es decir, a la Dirección General de Registro y Control Documental, con sede en la ciudad de México, para que se proceda a su resolución en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que la referida autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitió, ya que atendió cabalmente los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que LA SENTENCIA PROTECTORA HA QUEDADO CUMPLIDA. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, a dos de marzo de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, el oficio RAN/YUC/SR/DJ/0504/2021, suscrito por la encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, con los anexos que acompaña, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio, al que fue requerida en auto de dieciocho de febrero del año en curso. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable, por el plazo de tres días hábiles siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, éste Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiocho de enero del presente año. En tal virtud, con apoyo en los numerales 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de aquella, se declara que la referida sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable Delegación en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 fracción II del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, 00/100 moneda nacional) y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Enrique Baranda Castilla, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de seis de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su respectivo informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Tribunal. TERCERO. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid 19. En veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, partiendo de las mejores prácticas sanitarias frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, emitió la Circular CAP/3/2020, en la que adoptó diversas medidas preventivas, entre ellas, la suspensión de la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, determinando el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; lo que también implicó que no corrieran plazos procesales; motivo por el cual no pudo verificarse la audiencia constitucional en la fecha que se estableció para ello. CUARTO. Reanudación del procedimiento. Por auto de doce de enero de dos mil veintiuno, de conformidad con lo establecido en el punto 17 de la citada Circular, en relación con la diversa número SECNO/1/2021, de fecha ocho de enero del año en curso, dictada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, punto II, y los artículos 2°, fracción I, y 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se determinó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales, anteriormente decretada. Por tal motivo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia Constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar de las nombradas autoridades: La omisión de dar respuesta al escrito presentado en la oficialía de partes de la citada Delegación, con fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, con número de registro o folio 7552, en el que se promueve recurso de revisión en contra de la calificación registral denegatoria de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, que recayera al trámite de adopción de dominio pleno con número de trámite 31160003349, de treinta de marzo de dos mil dieciséis, respecto de la parcela colectiva 71 Z1 P3, del ejido de Ucú, Yucatán; recurso que debe resolver la Dirección que se señala como responsable. TERCERO. Inexistencia del Acto Reclamado. El Director de lo Contencioso del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, compareciendo en suplencia por ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos y por el Director General de Registro y Control Documental de dicho desconcentrado, con sede en la Ciudad de México, negó los actos que se le reclaman. Lo anterior, bajo los argumentos de que la solicitud cuya omisión se reclama no ha sido presentada ante su potestad, sino ante el Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad, circunstancia que incluso fue corroborada con lo expuesto por la encargada del Despacho de la citada dependencia al rendir su informe justificado. Por lo anterior, y al no advertir este Juzgador omisión alguna de la autoridad responsable en cita de dar contestación a la petición del quejoso, procede como se mencionó, sobreseer respecto de los actos que le fueron reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia bajo el rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y contenido es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." (Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Quinta Época, Materia Común, Tomo II, página 830, registro 1002815. Tesis identificada con el número 749). QUINTO. Inexistencia de causales de improcedencia. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por las partes, ni advertirse de oficio la existencia de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, y además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa son fundados y suficientes para otorgarle el amparo y protección de la Justicia Federal por los motivos que se explicarán más adelante. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007 de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". El principio de justicia pronta, se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. Luego, la omisión de la autoridad responsable de tramitar y remitir a su superior jerárquico el recurso de revisión interpuesto por el quejoso en contra de la calificación registral denegatoria de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, relativa al trámite de adopción de dominio pleno número 31160003349, de treinta de marzo de dos mil dieciséis, de la parcela 71 Z1 P3 del Ejido de Ucú, Municipio de Ucú, Yucatán, para su debida resoculción, vulnera su derecho a recibir justicia pronta tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones que se dan a continuación. Los artículos 83, 85, 86, y 91 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, disponen que los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia, o resuelvan un expediente, pueden interponer recurso de revisión, cuyo plazo para su interposición, será de quince días contados a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra. También establecen los requisitos que debe contener el escrito de interposición de recurso, y que la autoridad encargada de resolverlo, podrá desecharlo por improcedente o sobreseerlo, confirmar el acto impugnado, o bien declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado o revocarlo total o parcialmente; y modificar u ordenar la modificación del acto impugnado o dictar u ordenar expedir uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente. Por otra parte, no obstante que en la referida Ley Federal de Procedimiento Administrativo no se contempla un término para el dictado de la resolución relativa al recurso de revisión, en su artículo 32, dispone que para lo no previsto en la misma, el término no excederá de diez días. De ese modo, resulta palmaria la violación a los derechos contenidos en el artículo 17 de la Carta Magna, toda vez que, de lo informado por la encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, se advierte que la parte agraviada desde el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, interpuso recurso de revisión en términos del artículo 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ante la Delegación en Yucatán del Registro Agrario Nacional. Sin embargo, del informe justificado rendido por la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por conducto de la encargada del Despacho, se desprende lo siguiente: "Es cierto el acto reclamado, toda vez que la Solicitud del Recurso de Revisión, ingresado en esta delegación con el número de folio 007552 el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, interpuesto en contra de la calificación registral negativa de la solicitud número 31160003349 relativo al trámite SEDATU-04-015, aún no se ha concluido. - - - No obstante, al ser un trámite ingresado con anterioridad a la fecha en que inicié funciones como encargada del Despacho de la Delegación, ordené que se realizara una búsqueda exhaustiva en la bóveda del Departamento de Dominio Pleno de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, en la cual se verificó que el recurso de revisión marcado con el número de folio 007552, relativo a la calificación registral negativa recaída al trámite SEDATU-04-015 de la solicitud 31160003349, no se encuentra físicamente en el expediente." Por lo que libró el oficio RAN/YUC/SR/2042/2020 a la Directora de Normatividad Registral del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, a fin de que informara a la Dirección General de Registro y Control Documental, con sede en la ciudad de México, y a su vez a la Delegación en Yucatán, si cuenta con algún registro de Recurso de Revisión antes aludido, y en su caso el estado que guarde dicho trámite. Posteriormente, mediante oficio DGAJ/5706/2020 remitido por el Director de lo Contencioso del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, compareciendo en suplencia por ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos y por el Director General de Registro y Control Documental de dicho desconcentrado, con sede en la Ciudad de México, informó a este órgano jurisdiccional que mediante oficio DGRCD/3080/2020 de fecha ocho de octubre de dos mil veinte, el Director General de Registro y Control Documental de dicho órgano, le informó: "Al respecto me permito informar que, al realizar una búsqueda en los registros de esta Dirección General, no se pudo localizar dicho recurso aludido", adjuntando el original de dicho oficio, al que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 2020 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo. Así las cosas, tomando en consideración que la encargada del despacho de la Delegación en Yucatán del Registro Agrario Nacional, informó que el recurso de revisión no se encuentra físicamente en el expediente, así como que el Director de lo Contencioso del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, compareciendo en suplencia por ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos y por el Director General de Registro y Control Documental de dicho desconcentrado, con sede en la Ciudad de México, refirió que no se localizó en dicha oficina el recurso de revisión de que se trata. Es evidente que subsiste la denegación que reclama la parte quejosa, pues el trámite no se ha concluido, por lo que su petición de atender el recurso de revisión presentado el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, sigue sin tener respuesta; lo que evidencia la certeza de los actos impugnados. Sin que obste a lo anterior, lo señalado por la responsable con sede en esta entidad, en su informe justificado, en cuanto a que éste órgano jurisdiccional solicitara al quejoso el recurso de revisión, que extraviaron; cuando que esa es una obligación que a dicha autoridad le atañe exclusivamente, y no como lo pretende, que sea a través de este juzgado que se lleven a cabo gestiones ajenas a su jurisdicción. En ese tenor, al no encontrarse acreditado en autos que la autoridad responsable, Delegación en Yucatán del Registro Agrario Nacional, hubiere hecho lo propio para recabar el citado recurso de revisión, y hecho ello, darle el trámite correspondiente y remitirlo a su superior jerárquico, como es su obligación, para que éste a su vez en el plazo que establece el artículo 32 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dictara la resolución respectiva; se concluye que el acto reclamado es violatorio del derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional. Es aplicable al caso que nos ocupa, por igualdad de razón la tesis 1a. LIII/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 513, tomo XIX, del mes de mayo de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto es del tenor literal siguiente, 172759, que dice: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos". Así como la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materias(s): Constitucional, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: Tomo XXVI, Octubre de 2007, Tesis: 2a./J. 192/2007, Página: 209 y Registro digital: 171257, que indica: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". En consecuencia, procede conceder a Enrique Baranda Castilla, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la encargada de despacho de la Delegación en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, de manera inmediata recabe el recurso de referencia a través de los conductos que estime conducentes, y hecho ello, culmine con el procedimiento y/o trámite del folio 7552, y en breve término lo remita a su superior jerárquico para la resolución del recurso de revisión. SÉPTIMO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ENRIQUE BARANDA CASTILLA, por los motivos y la autoridad expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ENRIQUE BARANDA CASTILLA, en contra del acto reclamado a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; por los motivos y para los efectos señalados en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano