Enrique Barajas Flores

Expediente 1120/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1120/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
01/07/2019

Partes del expediente

  • Enrique Barajas Flores
  • Jose Luis Barajas Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    se declara que el proveído en el que se desechó la demanda de amparo ha causado estado para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, archívese este expediente por estar concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción, Asimismo, este asunto se considera no relevante.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADO, LA RESOLUCION DE TRES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN SINTESIS DICE.- ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE QUE EN SINTESIS DICE: Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, mediante el cual, adjunta el escrito signado en el que cumplen con la prevención formulada en proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve; por consiguiente, téngase por recibida la demanda de amparo. A continuación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede analizar si de conformidad con lo establecido por el precepto legal invocado, se encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora bien, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, debe decirse que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA .- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y contenido: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación.". En acatamiento a tal precepto, en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 , en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuyo análisis es preferente por ser una cuestión de orden público.Así es, de conformidad con el numeral 107, fracción V , de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, se refiere a aquellos actos que realizados durante la secuela del juicio afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales previstas en la Carta Magna.En este orden de ideas, se evidencia que existen otro tipo de actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, pero no de imposible reparación que hagan procedente el amparo indirecto en su contra de modo inmediato.En efecto, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de manera excepcional procede el amparo indirecto tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales. Los promoventes señalaron como actos reclamados, los siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- (.) el reconocer al tercero interesado como Albacea de nuestro padre mediante auto de fecha 09 nueve de Abril del año 2019 dos mil diecinueve, dentro de las actuaciones del Expediente , dentro del cual se ventila la sucesión intestamentaria a bienes de nuestros Abuelos Paternos. En síntesis, se advierte que el acto que por esta vía constitucional se reclama, se hace consistir en: el acuerdo de nueve de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 505/2018 del índice del Juzgado responsable, en el cual se le reconoce como albacea . Ahora bien, es evidente que el referido acto reclamado tal como lo señala la propia quejosa en su escrito aclaratorio fue dictado en la etapa y/o sección correspondiente a la declaración de herederos, sin que a la fecha se haya dictado la resolución definitiva que concluya o decida esa etapa; por lo que dicho acto no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esa sección, será reclamable en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que la concluya y decida en cuanto al fondo. Por tanto, al no constituir una sentencia definitiva ni resolución que hubiese puesto fin al juicio de origen, mucho menos aún que afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental del promovente del amparo, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otros, protegidos por las garantías individuales previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, tal como lo establece categóricamente la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, a la cual se encuentra supeditada la procedencia del amparo bi-instancial, en tratándose de actos dentro del juicio. De ahí que resulta notorio y manifiesto que dichos actos no afectan de manera y clara derecho alguno de la parte quejosa, esto es, no son actos en el procedimiento de origen que sean de imposible reparación. No escapa a la atención de este Juzgado, el hecho de que existen actos intraprocesales que excepcionalmente pueden ser reclamables inmediatamente en el amparo bi-instancial, siempre y cuando ocasionen realmente una repercusión en los derechos sustantivos que tutela la Carta Magna, lo que en el caso en particular no acontece, pues, los actos reclamados, como ya se dijo, tienen una afectación directa que vulnere su defensa en sus derechos sustantivos una vez que se dicte la resolución definitiva que la concluya y decida respecto a declaración de herederos en un juicio sucesorio intestamentario. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/316, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Primera Parte, Diciembre de 2009, página 1311, que establece: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo.". También, tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 37/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Julio de 2009, página: 264, que dice: "JUICIO SUCESORIO. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NO APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PARTICIÓN DE LOS BIENES DE LA HERENCIA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La resolución que confirma la no aprobación del proyecto de partición de los bienes de la herencia dictada en la cuarta sección del juicio sucesorio es impugnable a través del juicio de amparo indirecto, porque no es de aquellas que pongan fin al juicio o lo den por concluido, toda vez que la consecuencia de que no se apruebe dicho proyecto consiste en que no pueda dictarse la sentencia de adjudicación hasta que se elabore otro proyecto que cumpla con los lineamientos precisados en el juicio sucesorio. Luego entonces, se trata de una resolución intermedia, mientras que en ese juicio solamente la sentencia de adjudicación es la que tiene el carácter de definitiva en términos del criterio sustentado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1186, del Tomo XXVII, Mayo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos.". En el entendido de que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, en términos del Sexto Transitorio de la Lev de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril del año en curso, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página mil ciento sesenta y siete, Libro VI, Marzo de dos mil doce, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, integrada conforme a Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril en curso, porque no se contrapone con el nuevo sistema creado a raíz de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para ¡a admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.". En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en la fracción V, del artículo 107, la Ley de Amparo, ya que el acto que en esta instancia constitucional se reclama no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación. Es aplicable al caso, la tesis 2a.VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución.". Lo manifiesto e indudable, es que aun cuando se admitiera a trámite la presente demanda de amparo, continuaría subsistiendo dicho motivo de improcedencia.

  4. Principal

    Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en el presente cuaderno incidental no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo, por estar totalmente concluido. Tomando en consideración que en las constancias que integran el presente expediente, no obra ningún documento original ni billete de depósito, y dado que se negó por una parte la suspensión definitiva y por otra se concedió, se considera susceptible de destrucción el duplicado del incidente de suspensión en que se actúa, en tanto que el original es susceptible de depuración.

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