Enrique Arreola Herrera

Expediente 518/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
518/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
21/10/2021

Partes del expediente

  • Enrique Arreola Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el escrito signado por el quejoso ***; en atención a lo que solicita respecto a que se le expidan copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio, requiérasele para que proporcione un correo electrónico, a fin de que se le puedan remitir por esa vía; lo anterior, toda vez que por la situación que actualmente guarda el país, es importante resguardar la integridad del personal que pudiera intervenir en la entrega de dichas constancias. En el entendido de que también podrá proporcionar firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e. firma antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), para autorizarle la consulta del expediente electrónico y que esté en condiciones de imprimir las actuaciones que estime necesarias. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    CITATORIO PARTE QUEJOSA ACUERDO DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el escrito signado por el quejoso ***; en atención a lo que solicita respecto a que se le expidan copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio, requiérasele para que proporcione un correo electrónico, a fin de que se le puedan remitir por esa vía; lo anterior, toda vez que por la situación que actualmente guarda el país, es importante resguardar la integridad del personal que pudiera intervenir en la entrega de dichas constancias. En el entendido de que también podrá proporcionar firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e. firma antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), para autorizarle la consulta del expediente electrónico y que esté en condiciones de imprimir las actuaciones que estime necesarias. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido el auto por el cual se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, por lo que con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2 del aludido manual, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    I. Estado de autos. a) Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, el doce de mayo del año en curso, remitido, por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, Enrique Arreola Herrera, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la Presidenta Municipal de Nazas, Durango, por los actos que hizo consistir en la omisión o negativa de darle contestación al escrito que le presentó el ocho de septiembre de dos mil veinte, en el cual solicitaba se definiera su situación laboral como elemento de Seguridad Pública Municipal. b) Una vez admitida la demanda, por oficio la citada Presidenta Municipal de Nazas, Durango, manifestó que este órgano jurisdiccional era incompetente para seguir conociendo del presente juicio, debido a que de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el competente era un Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza. c) En proveído de veinticuatro de junio del presente año, se le dijo que no había lugar a declarar la incompetencia solicitada, habida cuenta que si bien la autoridad responsable tiene residencia en el ámbito territorial donde ejercen competencia los Juzgados de Distrito en la Laguna, también lo es que las cuestiones referentes a ese tema se encuentran previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual, en lo que interesa, establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, si el acto reclamado no se trata de un acto positivo que requiera una ejecución material, dado que únicamente se habla de una omisión simple, esto es, de una abstención, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito formal, puesto que únicamente se traduce en una omisión simple, que carece de efectos positivos, al margen de que conllevaba que mientras la autoridad responsable persistiera en la abstención impugnada, el quejoso continuaba resintiendo una afectación en su derecho de acceso pleno y eficaz a la justicia, ya que con independencia del sentido del actuar que pudiera llevar a cabo la autoridad, la materia del juicio de amparo es su omisión, no los actos que pudiera desplegar dicha autoridad responsable; de ahí que si el acto omisivo no tenía ejecución material, ni efectos positivos, el Juez de Distrito que debía seguir conociendo del amparo es aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Fundándose lo anterior, por analogía, en las jurisprudencia y tesis de rubro siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE HACER CUMPLIR EL LAUDO Y ACORDAR PETICIONES, ASÍ COMO LA ABSTENCIÓN DE ACATARLO. AL SER ACTOS QUE NO REQUIEREN DE EJECUCIÓN MATERIAL, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA" y "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE EMPLAZAR A LA DEMANDADA EN EL JUICIO LABORAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA, AL TRATARSE DE UN ACTO QUE CARECE DE EJECUCIÓN MATERIAL". Asimismo, se volvió a requerir a la responsable por su informe justificado. d) Posteriormente, por acuerdo de diecisiete de agosto del año en curso, se tuvo a la referida autoridad responsable rindiendo su respectivo informe, por el que, hizo del conocimiento que el uno de junio del presente año, dio contestación a la petición del aquí quejoso, en la cual asentó lo siguiente: Que mediante oficios SSP/SSO/CMN/T.I.No.061/2020 y SSP/SSO/CMN/T.I.No.063/2020, ambos de veintiocho de febrero de dos mil veinte, el Jefe del Grupo de la Policía Municipal y el Director de Seguridad Pública de Nazas, Durango, le comunicaron que el ahora impetrante abandonó el servicio y entregó sus armas; igualmente, le entregaron la lista de asistencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de la misma fecha, donde se advierte que el citado sólo registró hora de entrada y no se salida; asimismo, el Director de Enlace, informó que el justiciable dejó de prestar sus servicios como jefe de grupo, siendo el motivo, abandono de servicio. De ahí que le comunicó al quejoso que en ningún momento fue despedido, sino que fue él quien abandonó su cargo y, por tal razón, se le dio de baja. De igual forma, la mencionada autoridad responsable, hizo saber que el trece de agosto de dos mil veintiuno, se acudió nuevamente a realizar la notificación correspondiente al referido impetrante, en virtud de no haberlo encontrado en reiteradas ocasiones; sin embargo, en dicha diligencia se negó a recibir la respuesta y firmar la notificación. II. Sobresee fuera de audiencia. De la revisión de las constancias que obran en autos, se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de garantías. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de garantías que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, el acto reclamado consiste esencialmente en la negativa por parte de la autoridad responsable de darle contestación al escrito que presentó el ocho de septiembre de dos mil veinte, en el cual solicitaba que se definiera su situación laboral como elemento de Seguridad Pública Municipal de Nazas, Durango. Luego, del informe justificado rendido por la responsable y las constancias que acompañó a su oficio, se desprende que han cesado los efectos del acto reclamado, dado que a la fecha ya se dio contestación a su solicitud. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado en virtud de que, como se estableció, el acto de que se duele el impetrante en su demanda de garantías, dejó de existir con la contestación que se le dio a su escrito. Además, resulta innecesario darle vista para que manifieste si desea ampliar su demanda contra la contestación dada, debido a que por economía procesal, al tener dicha respuesta una ejecución material, ahora si se actualizaría el supuesto contemplado en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que autoridad competente para conocer de ella será un Juez de Distrito con residencia en la Laguna, ante el cual deberá presentar su demanda en caso de estar inconforme con dicha contestación. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo ese contexto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia. III. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

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