Enrique Arcos Nava

Expediente 68/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
68/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
12/05/2021

Partes del expediente

  • Enrique Arcos Nava

Actuaciones

  1. Principal

    QUEDA FIRME el auto en el cual se desechó la presente demanda de amparo. En virtud de lo anterior se ordena el archivo del presente expediente, se ordena la devolución de las constancias.

  2. Principal

    AVISO. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: QUEDA FIRME el auto en el cual se desechó la presente demanda de amparo. En virtud de lo anterior se ordena el archivo del presente expediente, se ordena la devolución de las constancias.

  3. Principal

    SIN QUE SE HAYA PRESENTADO LA PARTE QUEJOSA A EFECTO DE NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL ACUERDO DE VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN AQUÉL Y SE LE HACE LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, LA DETERMINACIÓN QUE DICE: "...Fórmese el expediente de amparo correspondiente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. Desechamiento. En ese sentido, se procede a examinar el escrito de demanda, a fin de determinar la procedencia o en su caso, improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la transcripción del artículo 113 citado, se aprecia que impone la obligación al Juez de Distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro1 , por indudable, aquello que no puede ponerse en duda, esto es, que se tenga certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia2 . Debe señalarse que el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia, deben ser examinadas de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Asimismo, el artículo 113 de la Ley de Amparo citado, establece que el juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Atento a lo dispuesto en los numerales 62 y 113 de la ley de la materia, se procede al estudio de las causas de improcedencia, con el objeto de dilucidar si existe alguna que sea manifiesta e indudable, ya que de ser así, se procederá al desechamiento de plano de la demanda de amparo. De la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa señala de manera destacada el acto y autoridad siguiente: Autoridad responsable: 1.- Comisión Federal de Electricidad y/o Comisión Federal 1 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (www.rae.es) 2 de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos. Acto reclamado: "DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y/O COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, lo es el corte de suministro de energía en el inmueble ubicado en *******. Análisis que se formula atendiendo a la naturaleza propia del acto reclamado y no a los calificativos que en su enunciación formula la parte promovente. En consecuencia, de oficio el suscrito, advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado, ya que tal acto no puede ser considerado como un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo. ... Del análisis conjunto de dichos preceptos, se deduce que la procedencia del juicio de amparo requiere que a través de éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose como tal, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, no establece una definición clara de autoridad responsable para efecto del juicio de amparo; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció diversos precedentes con el fin de dilucidar ese concepto y estableció que es aquélla que con fundamento en una ley de orden público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí, ante sí y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. Por lo tanto, para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo debe atenderse a lo siguiente: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, la que se lleva a cabo entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. b) Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. De esta manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control de constitucionalidad, en vía de amparo, se ubica dentro de tales relaciones, es decir, de supra a subordinación, la cual tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. . En ese sentido, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, siempre y cuando éstos no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo vigente, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente. Ahora bien, para estar en posibilidad de establecer si se actualiza o no la causal de improcedencia invocada, es necesario tomar en consideración que la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, estableció una modificación entre la naturaleza que se había discutido sobre los actos emitidos o imputables a la Comisión Federal de Electricidad. Ello con sustento en los artículos 25, párrafos cuarto y último 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de cuya lectura se advierte que la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, son actividades exclusivas de la Nación respecto de las cuales no se otorgarán concesiones; sin embargo, podrán celebrarse contratos con los particulares para que participen en las demás actividades de la industria eléctrica. Así queda evidenciado que la reforma constitucional mencionada dispuso la transformación de la Comisión Federal de Electricidad de organismo público descentralizado a empresa productiva del Estado, así como la participación de los particulares en las actividades de la industria eléctrica distintas a la planeación y control del sistema eléctrico nacional y al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, las que desarrollará exclusivamente la Nación. La reforma fue reglamentada en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, así como en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y su Reglamento, normatividad que determina la naturaleza de los actos que emita o resulten imputables a la Comisión Federal de Electricidad. Tales actos, en términos de la citada normatividad son: a) Actos consistentes en las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, compuesto por la red nacional de transmisión, redes generales de distribución, centrales eléctricas que entreguen energía eléctrica a las anteriores y equipos e instalaciones del Centro Nacional de Control de Energía, adquieren la naturaleza de administrativos. De esa manera, las actividades precisadas deben sujetarse a las obligaciones del servicio público que consisten en: a) otorgar acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución en términos no indebidamente discriminatorios; b) ofrecer y prestar el Suministro Eléctrico a todo aquél que lo solicite, cuando ello sea técnicamente factible, en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad; c) cumplir con las disposiciones de impacto social y desarrollo sustentable, d) contribuir al Fondo de Servicio Universal Eléctrico, e) cumplir con las obligaciones en materia de Energías Limpias y reducción de emisiones contaminantes que al efecto se establezcan en las disposiciones aplicables, y ofrecer energía eléctrica, potencia y Servicios Conexos al Mercado Eléctrico Mayorista basado en los costos de producción conforme a las Reglas del Mercado y entregar dichos productos al Sistema Eléctrico Nacional cuando sea técnicamente factible. Sin embargo, también se dispone como excepción que en lo no previsto en la Ley de la Industria Eléctrica, es decir, los actos diversos a las actividades enumeradas con anterioridad, deben considerarse mercantiles y se regirán por el Código de Comercio y supletoriamente por el Código Civil Federal. En esas condiciones, la Ley de Comisión Federal de Electricidad, prevé que a los actos que emita, les son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza. Excepcionalmente, los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa. Por tal motivo, sólo los actos administrativos son impugnables a través del juicio de nulidad y, en su caso, en vía de amparo. El resto de los conflictos nacionales en que participe dicha empresa, incluidos los derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos merced a un procedimiento administrativo, serán resueltos en vía mercantil o civil por los tribunales federales competentes en la materia, o bien, a través de los mecanismos de solución de conflictos, tales como el arbitraje, que pacten las partes. En resumen, por determinación del legislador, se estableció que las controversias en las que se involucre a la Comisión Federal de Electricidad tienen naturaleza mercantil; por lo tanto, no puede afirmarse que la relación entre el aquí quejoso Enrique Arcos Nava, y la Comisión Federal de Electricidad corresponde a la de supra a subordinación, ya que en realidad se trata de una relación de coordinación. Esto es así, porque la celebración del contrato de suministro de energía eléctrica, en cualquiera de sus formas, ya sea verbal escrito o por un acuerdo de voluntades tácito, implica que la Comisión Federal de Electricidad y el particular tienen obligaciones y derechos recíprocos, lo que evidencia que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de una autoridad y un gobernado, sino a una relación de coordinación y correspondencia entre el interés del organismo subsidiario y el particular usuario del servicio. En virtud de lo anterior, la causa de improcedencia se actualiza, ello porque los actos reclamados consistentes en el procedimiento administrativo, las órdenes de verificación y sus consecuencias, tales como son el corte de suministro de energía eléctrica, tienen su origen en un acuerdo de voluntades inherente a la prestación del servicio de energía eléctrica, de tal manera que el vínculo existente entre la parte quejosa y la Comisión Federal de Electricidad, verdaderamente se originó con motivo de una relación de coordinación a propósito del acuerdo de voluntades de suministro de energía eléctrica; lo cual se infiere en el presente asunto, pues no existe controversia respecto a que la aquí parte quejosa recibe el servicio de suministro de energía eléctrica a cambio de una contraprestación pecuniaria a favor de la Comisión Federal de Electricidad. Lo expuesto se corrobora, con la interpretación armónica de lo previsto en el artículo 1049, en relación con el 75, fracciones V y XXV, ambos del Código de Comercio, en el caso del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares debe entenderse que el mismo es de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del acuerdo de voluntades de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. De ahí que es incuestionable, que los actos reclamados de referencia, no constituyen actos de autoridad para efectos del presente amparo, pues deriva de una relación contractual que la parte quejosa, tiene con la Comisión Federal de Electricidad, la cual es una empresa productiva del Estado. También, . En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5º y 113 de la Ley de Amparo."

  4. Principal

    Se desecha la demanda de amparo en términos de lo precisado en los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el 5 de la ley de amparo.

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