Enrique Arce Medina
Expediente 889/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 889/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Enrique Arce Medina
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Se agrega a los autos los oficios signados por la Directora de Amparos, en suplencia de la Coordinadora General de Administración, y por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto, todos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio de los cuales, en atención al requerimiento de veintiocho de julio del año en curso, la primera, informa que mediante oficio FGJCDMX/SGJDH/DGJCISJP/DA/SAA/22864/21-08 de doce de los presentes, requirió al Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la citada dependencia, que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo; y el segundo, hace del conocimiento que se encuentra realizando las gestiones realizadas; tomando conocimiento de su contenido. En mérito de lo anterior, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, toda vez que lo ordenado en éste es cosa juzgada y no admite oposición alguna, en tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley citada, se REQUIERE POR ÚLTIMA OCASIÓN al Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como autoridad vinculada al cumplimiento, para que en el término de DIEZ DÍAS, otorgue la suficiencia presupuestal a favor de la quejosa Lorena Valladares Negrete, por la cantidad bruta de $952,773.20 (novecientos cincuenta y dos mil setecientos setenta y tres pesos 20/100 moneda nacional), y neta de $733,063.70 (setecientos treinta y tres mil sesenta y tres pesos 70/100 moneda nacional), por concepto de profesionalización, disponibilidad y perseverancia en el servicio por el periodo del uno de junio de dos mil dos al treinta abril de dos mil diecinueve. En adición a lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 297, fracción I del citado código, 21, fracción VII, inciso a) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), y tercero transitorio, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, REQUIÉRASE POR ÚLTIMA OCASIÓN al Coordinador General de Administración (antes Oficial Mayor) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como superior jerárquico del Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la citada Fiscalía, lo conmine a cumplir con el fallo protector y dentro del término de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, remita a este órgano jurisdiccional, las constancias con las que acredite haber ordenado a la responsable al cumplimiento del presente requerimiento, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidas la totalidad de las autoridades requeridas, que en caso de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se impondrá a las personas físicas que ostentan los cargos referidos, una multa por cien días la unidad de medida actualizada vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta suscrito conjuntamente por el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos y Apoderado General de la autoridad responsable y Subdirector de lo Contencioso, en representación de la Dirección General de Servicios a Usuarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, en atención al requerimiento formulado en proveído de seis de julio y posterior prórroga de quince del citado mes, exhibe la constancias con las que aduce el acatamiento del fallo protector; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, tomando conocimiento de su contenido. En ese sentido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia de la promoción de cuenta y respectivo anexo, dése vista a la pate quejosa, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante de haber acatado la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de omisión de su parte, se realizará el respectivo estudio de cumplimiento con las constancias aportadas por las autoridades obligadas al acatamiento del fallo protector que obren en autos. TRÁMITE Notifíquese personalmente al quejoso
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la circular SECNO/10/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la prolongación del periodo de contingencia sanitaria, que se tiene como hecho notorio, se advierte a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, por lo que los asuntos tramitados a partir de esa fecha, se regirán por los lineamientos contenidos en el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19". En ese sentido, vista la demanda de garantías promovida por Enrique Arce Medina, por propio derecho, contra actos de la Comisión Federal de Energía Valle de México Centro (CFE), a través de su representante en la Ciudad de México, Julio Cesar Báez Flores apoderado especial de CFE y otras, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 889/2021-VIII. En ese sentido, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de garantías en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Lo anterior tiene apoyo en la tesis 2a. LXXI/2002, de rubro y datos de identificación siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. (Registro 186605; Novena Época, Segunda Sala de la ?? Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002; página: 448). En ese sentido, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 3°, de la ley de la materia, artículos que consagran la improcedencia del juicio de amparo, contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5°, de la Ley de Amparo y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Por su parte, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter del quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese sentido, cabe precisar que el artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, quien expidió los Acuerdos Generales 1/2013 y 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, del que se advierte, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), contenida en un documento electrónico, es la que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico, y que produce los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de actuar dentro del expediente; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Aunado a lo anterior, dicho numeral dispone que las promociones se deberán presentar por escrito y que siempre deberán de contar con firma electrónica o autógrafa; disposición de la que se obtiene que la firma resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico y/o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su ?? esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. En el caso en particular, resulta necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 6°, del Acuerdo General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el cual refiere lo siguiente: "Las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto. En el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente. Las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los asuntos respectivos mediante el uso del certificado digital de firma electrónica que les fue asignado, siempre y cuando, mediante proveído judicial dictado en el expediente respectivo, previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin. Cuando mediante resolución judicial se tenga por revocado el acto del que derive la capacidad procesal de las personas indicadas en el párrafo segundo de este Punto, el Sistema Electrónico no les permitirá ingresar con su certificado digital de firma electrónica al expediente electrónico respectivo." (Lo destacado es propio). Ahora bien, el escrito de demanda que se atiende, se presentó de manera electrónica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo; sin embargo, dicho escrito carece de la firma de Enrique Arce Medina, quien aduce actúa por propio derecho; pues si bien es cierto se tramitado vía electrónica, el mismo carece de la firma electrónica, por consiguiente, no se le puede dar valor probatorio alguno por haber sido presentada sin la firma electrónica (evidencia criptográfica) de la persona física quien la promueve, aunado a que los actos reclamados en la demanda de amparo no se encuentran en alguno de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en razón de que las promociones que carecen de firma, en este caso, del promovente, no pueden expresar la voluntad de Enrique Arce Medina, y ante tal omisión, dicho escrito no tiene ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del promovente, o como en el presente caso, a través de la firma electrónica correspondiente y en esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. En ese orden de ideas, se concluye que ante la falta de firma electrónica de Enrique Arce Medina, quien dice actuar por propio derecho, no puede decirse que exista voluntad de ejercer la acción de amparo. Ello, en razón de que no puede considerarse que se cumplió con el requisito de externar la voluntad pues se requiere la firma electrónica de la persona física Enrique Arce Medina, por lo que una vez que tramite su firma podrá promover la demanda de amparo en representación de la persona moral. En consecuencia, al ser considerada la firma electrónica, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, su ausencia implica el no ejercicio de la acción constitucional. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 62, 113, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 3, de la ley de la materia. Robustecen lo anterior, las jurisprudencias P./J. 8/2019 y P./J. 32/2018, de rubro y datos de localización siguientes: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. (Registro: 2019715, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 79). DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. (Registro: 2018943, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, página 5). Con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 citado, se tienen por ofrecidos los correos electrónicos y el número telefónico que proporciona, únicamente en caso de que sea conveniente entablar alguna comunicación no procesal. En relación con su petición de que se le permita consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "HmoralesDo", toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se autorizan en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Hugo Morales Domínguez y Alma Evelia Hernández García, quienes tienen inscritas sus cédulas profesionales en el registro correspondiente, y téngase por autorizados para oír y recibir notificaciones y documentos a Armando Muñoz Pérez, Josué Elías Avendaño Rangel, Sinhue Elisea Ávila y Flavio Morales Moreno, limitación que se les establece hasta en tanto los citados profesionistas registren su cédula profesional que los acredite como licenciados en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y hecho lo anterior, lo hagan del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. Ahora bien, se hace del conocimiento del promovente que toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a ellos o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del? Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza su uso en el presente sumario, se autoriza a la totalidad de las partes, su uso en el presente sumario, en el entendido de que ello será posible una vez que cumplan los requisitos previstos en el artículo 2, fracción VII, 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020 en cita. Asimismo, con fundamento en el artículo 3, del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Por otra parte, en términos del artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 citado; se exhorta al promovente; para que: 1) de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberá proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indiquen. O bien, deberá especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia.? Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de notificar las determinaciones que deban ser de carácter personal en el presente expediente, se habilitan días y horas inhábiles durante todo el procedimiento. Notifíquese personalmente al quejoso
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