Enrique Antonio Paul
Expediente 33/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 33/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Enrique Antonio Paul
- Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el auto de quince de enero de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda no fue recurrido por los promoventes, y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo segundo de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, lo cual se llevará a cabo con posterioridad al VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Enrique Antonio Paul, Yesenia Lara Gutiérrez, Rosalía Sánchez Dorantes y Salatiel Tadeo Sánchez, ex presidente Municipal, ex Síndica única y ex regidores Primero y segundo respectivamente, del Ayuntamiento Municipal de Texistepec, Veracruz, contra actos de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 33/2019. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P. /J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." ; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". ACTO RECLAMADO. Dentro del capítulo correspondiente a la demanda de amparo, el promovente señaló lo siguiente: "Le reclamamos a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz la Reolución emitida con fecha 30 de noviembre del año 2018 dictado dentro del toca número 83/2018 formado con motivo del recurso de queja presentado por GUADALUPE HERNÁNDEZ PÉREZ, en contra de la determinación de NO ejercicio de acción penal dictado por el fiscal Segundo especializado en delitos relacionados con hechos de corrupción y cometidos por servidores públicos de Xalapa, Enríquez, Veracruz, en la investigación ministerial FESP/186/2015/II - 09, NOTIFICADO EL DÍA CINCO DE DICIEMBRE DEL 2018. RESOLUCIÓN DE LA CUAL NOS ENTERAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO PRÓXIMO PASADO Y AL C. FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN Y COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS, le reclamamos la regularización del procedimiento dentro de la investigación ministerial antes citada desde su inicio." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De lo anterior, se advierte que Enrique Antonio Paul, Yesenia Lara Gutiérrez, Rosalía Sánchez Dorantes y Salatiel Tadeo Sánchez, señalan como acto reclamado la resolución de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, dictada dentro de los autos del toca 83/2018, del índice de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante la cual revoca el no ejercicio de la acción penal por parte del Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, con sede en esta ciudad, para el efecto de regular el procedimiento en sus respectivos términos. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, a letra disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I . 1o . A . J/4, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Este órgano de control constitucional advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a contrario sensu, en relación con los diversos 5, fracción I, primer párrafo y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que disponen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; " . Ley de Amparo: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ( . ) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" De la anterior transcripción, se desprende que uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es que éste debe promoverse a instancia de parte agraviada, es decir, que la persona que demanda el amparo y protección de la justicia, debe ser el titular del derecho subjetivo transgredido, o quien tenga el interés legítimo, ya sea individual o colectivo, del derecho que está siendo violado por una norma general, acto u omisión de cierta autoridad. De ahí que, la afectación real y actual a la esfera jurídica de quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o tiene el interés legítimo en éste, resulta ser un elemento indispensable para que el juicio de amparo cumpla con el principio de instancia de parte agraviada, pues de no existir perjuicios en los derechos subjetivos del promovente, el acto que se reclama no podría ser materia de estudio y análisis constitucional. En ese tenor, se desprende el segundo de los principios fundamentales del juicio de amparo, es el relacionado con la existencia del agravio personal y directo sobre los derechos humanos y fundamentales del promovente, que genera el acto reclamado; entendiendo como agravio en el juicio de amparo a la privación de los derechos subjetivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales que México ha suscrito, prevean. Ahora, a contrario sensu de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 107 constitucional, si el promovente del juicio de amparo aduce ser el titular de un derecho subjetivo o interés legítimo, individual o colectivo, pero el acto que reclama no transgrede su esfera jurídica, es decir, no viola los derechos fundamentales y humanos reconocidos por los diversos ordenamientos y por tanto no le genera perjuicio alguno sobre éstos, se desprende que no se cumple con los principios de parte agraviada y la existencia de un agravio personal y directo sobre el promovente. Asimismo, el carácter de quejoso no se le puede reconocer al promovente que a pesar de ser titular de derechos subjetivos o tener interés legítimo en éstos, al momento de acudir al juicio de amparo carece de violaciones a algún derecho previsto en el artículo primero de la Ley de Amparo, pues se encuentra reclamando en la vía constitucional, actos que no generan agravios en su esfera jurídica. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo no es procedente contra actos que no generan agravios dentro de la esfera jurídica del promovente, es decir, cuando los intereses jurídicos o legítimos, ya sean individuales o colectivos no son afectados por el acto reclamado. De ahí que, previo al estudio de los demás requisitos para que una demanda de amparo sea procedente, es indispensable advertir si el promovente de la vía constitucional, además de ser el titular del derecho subjetivo o interés legítimo, está siendo vulnerado dentro de su esfera jurídica por actos previstos en el artículo primero de la Ley en materia. Ahora, en atención al caso en concreto, se advierte que los promoventes Enrique Antonio Paul, Yesenia Lara Gutiérrez, Rosalía Sánchez Dorantes y Salatiel Tadeo Sánchez, en su carácter de ex presidente Municipal, ex Síndica única y ex regidores Primero y segundo respectivamente, del Ayuntamiento Municipal de Texistepec, Veracruz, aducen que el acto reclamado antes precisado, les genera agravios a los derechos fundamentales constituidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; no obstante a ello, en la jurisprudencia XVII . 2o . P.A. J/2 ( 10a ) , el Máximo Tribunal Constitucional del país determinó que la revocación de la determinación fiscal de no ejercicio a la acción penal, para el efecto de que sea regularizada la investigación, no genera afectaciones a la esfera jurídica de los imputados, como se analiza en la siguiente transcripción: "RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE REVOCA LA DETERMINACIÓN MINISTERIAL DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, LA DEJA SIN EFECTOS Y ORDENA LA CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR EL IMPUTADO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando el Ministerio Público determina, entre otros, el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido del delito podrá impugnarla ante el Juez de Control, quien en una audiencia decidirá en definitiva; por lo que, en caso de que dicho juzgador revoque esa determinación ministerial, dejándola sin efectos para que se siga con la investigación respectiva, esa resolución judicial no causa perjuicio al imputado por no afectar su interés jurídico, ya que tiene como único efecto que la Representación Social continúe con su investigación de los posibles hechos delictuosos, sin que exista legislación o mandato constitucional que otorgue al imputado el derecho a oponerse a la continuación de una investigación, porque ello implicaría anteponer el interés particular y se afectaría una cuestión de orden público; máxime que no se le estaría privando del derecho a demostrar que esos hechos no constituyen delito alguno, ni sus efectos son de imposible reparación, por lo que una vez integrada la carpeta correspondiente, la Representación Social podría estimar que no existen datos de prueba suficientes para solicitar una posible orden de aprehensión en su contra, o bien, para formular la imputación respectiva. De ahí que el juicio de amparo indirecto es improcedente por falta de interés jurídico, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o , fracción I, ambos de la Ley de Amparo." (Lo subrayado es propio). En ese tenor, los promoventes del juicio de amparo acuden a la vía constitucional sin que el acto reclamado les genere alguna afectación a su esfera jurídica, pues la revocación que dictó la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para el efecto de dejar sin efectos el no ejercicio de la acción penal, tiene como único efecto que se regularice la investigación ministerial por los posibles hechos delictuosos. Aunado a ello, es necesario especificar que la Constitución no establece algún derecho que los imputados puedan hacer valer en contra de la continuación de la investigación ministerial realizada por el representante de la sociedad, ya que ésta constituye un servicio a la sociedad en cuanto a la impartición de justicia, y preponer el interés de los indiciados sobre el común, conllevaría a trasgredir los principios generales del derecho, y reconocer afectaciones materiales que no se prevén en los derechos fundamentales y humanos que el juicio de amparo protege. Ahora, la revocación al no ejercicio de la acción penal, acto que en esta vía constitucional se reclama, no produce una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés jurídico o legítimo), esto es, no afecta algún derecho humano consagrado en la Norma Fundamental o instrumento internacional en el que el Estado Mexicano sea parte, en virtud de que la continuación de la investigación es una labor fundamental de la autoridad ministerial que no debe tener impedimento legal ni material para desarrollarse. En ese orden de ideas, de acuerdo a lo manifestado por los promoventes dentro del capítulo de antecedentes, el efecto que tuvo el acto reclamado se constituye en regularizar el procedimiento de la investigación ministerial, para que la fiscalía cumpla con la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, no puede ser considerado como un acto de imposible reparación, porque estos producen una afectación material a derechos sustantivos e impiden su ejercicio. Por lo tanto, si el acto reclamado no impide el ejercicio de algún derecho sustantivo, es inconcuso que a pesar de que los promoventes, tentativamente tienen el carácter de indiciados dentro de la carpeta de investigación FESP/186/2015/II - 09, del índice de la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, no les causa perjuicio que los legitime para promover el juicio de amparo, que de estimarlo en sentido contrario, significaría anteponer el interés de la sociedad sobre el particular. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 1a. /J. 87/2008, que a la letra dice: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA. Conforme al artículo 73, fracción V, en relación con el numeral 4o c, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico. Ahora bien, si se toma en cuenta que la comprobación de dicho interés requiere demostrar que el acto reclamado lesiona la esfera jurídica del gobernado, resulta evidente que el indiciado carece de interés jurídico y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto que promueva contra la determinación del Procurador General de Justicia por la que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena la devolución de la causa a la representación social para que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Además, la determinación de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica." Luego entonces, tras haber realizado un análisis de los preceptos tanto constitucionales como de la Ley en Materia sobre el interés jurídico, legítimo y la afectación a la esfera jurídica de los promoventes, en relación a los principios fundamentales del juicio de amparo sobre la instancia de parte agraviada y agravio personal y directo, así como de las interpretaciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado sobre las consecuencias de la revocación al no ejercicio de la acción penal sobre los derechos sustantivos del indiciado, y ponderando lo manifestado por los promoventes, se concluye que el acto reclamado que en esta vía constitucional se señala, no afecta la esfera jurídica de los gobernados y por tanto éstos no poseen interés jurídico para promover juicio de amparo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso artículo 1, fracción 5, fracción I, este último, aplicados en sentido contrario, ambos de la precitada Ley de Amparo; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. No se soslaya a lo anterior, la existencia de la Jurisprudencia 54/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO"; misma que establece que por regla general en el auto de inicial de trámite de una demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, dado que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de autoridad para efectos del juicio constitucional; sin embargo, el citado criterio no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a la regla general. Resulta aplicable por su contenido jurídico la jurisprudencia PC. III .L . J/5 L ( 10a ), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página mil doscientos veinticuatro, libro once, octubre dos mil catorce, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 ( 10a. ) ] . " COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizado con las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Roberto Valentín Sinforoso, toda vez que no aparece su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, máxime que la parte quejosa no acredita que éste cuente con el documento oficial que lo faculte para ejercer la licenciatura en derecho. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional e incidental, se realicen en el presente asunto a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional e incidental no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional e incidental, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional e incidental, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el actuario judicial, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1° , 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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