Enrique Antonio Marenco Sanchez
Expediente 495/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 495/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Enrique Antonio Marenco Sanchez
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio 3410, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de resolución pronunciada en la queja 100/2021, formado con motivo del recurso interpuesto por ENRIQUE ANTONIO MARENCO SÁNCHEZ, contra el auto de veinticinco de marzo del año en curso en el que se desechó de plano la demanda de amparo; de la que aparece que la citada Superioridad en su único punto resolutivo declaró infundado el recurso de queja. Acúsese recibo vía interconexión. En consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se desechó el presente juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.
- Principal
Agréguese a este expediente de antecedentes para que obre como corresponda, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que acusa recibo del juicio de amparo 495/2021-IV, que fue enviado por este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte promovente, contra el auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno; asimismo, informa que se admitió a trámite el mencionado recurso, el cual quedó registrado con el número 100/2021.
- Principal
Agréguese a estos autos el oficio remitido por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que informa que el quejoso Enrique Antonio Marenco Sánchez, interpuso ante el Tribunal de Alzada, el recurso de queja contra el auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dictado en este asunto; por lo que se formó el número de queja 100/2021, asimismo, ordenó remitir el escrito de agravios original junto con una copia, a fin de que se diera cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 100 y 101, de la Ley de Amparo. Al respecto y en acatamiento a lo solicitado por el Tribunal Colegiado de este Circuito, se tiene al quejoso Enrique Antonio Marenco Sánchez, interponiendo recurso de queja contra el auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dictado en este asunto. Por tal motivo, ríndase el informe solicitado vía interconexión en los siguientes términos: Con apoyo en lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del artículo 97 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad, manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR LA RECURRENTE, toda vez que en el referido proveído se desechó la demanda intentada por Enrique Antonio Marenco Sánchez al estimar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, por las consideraciones que a continuación se transcriben: "Esta causa de improcedencia se explica por la necesidad de proteger la estabilidad y seguridad jurídica de las sentencias, porque éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo, las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstas, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo. En el caso en particular, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda de amparo promovida por Enrique Antonio Marenco Sánchez, se desprende que el acto reclamado consiste en: La orden de desalojo respecto de los locales marcados con el número tres, cuatro, y cinco, del predio marcado con el número cuatrocientos veinticuatro de la calle sesenta y cinco, de esta ciudad, y su ejecución material. La cual se materializó el once de marzo del año que transcurre, según lo manifestado por el quejoso, en la demanda de amparo que nos ocupa. Al respecto, de la certificación de cuenta, se aprecia que en este Juzgado Federal se encuentra registrado el juicio de amparo 932/2019, promovido por MARIA ISABEL CACERES MENÉNDEZ, en el que el acto reclamado constituyó en la orden de desalojo de los locales marcados con los números tres, cuatro y cinco, del predio marcado con el número cuatrocientos veinticuatro, de la calle sesenta y cinco, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, misma que atribuyó a la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado del Estado de Yucatán, Actuario de su adscripción, Gobernador Constitucional del Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado, todos con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán. De lo que se aprecia, que el acto reclamado y las autoridades responsables, son los mismos que se reclama en este asunto. El expediente de referencia, se tiene a la vista como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, sin necesidad de ordenar que se agreguen constancias correspondientes, dado el actual esquema de trabajo, por lo que se ordena dar acceso electrónico de dicho expediente, para los efectos legales conducentes. Con apoyo en la Jurisprudencia 7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 804, del Tomo XVIII, Octubre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN", así como la diversa "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE En efecto, en ese diverso juicio de amparo (932/2019-IV), el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se dictó la sentencia respectiva, en la cual se concedió a María Isabel Cáceres Menéndez, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad: Dejara sin efecto la diligencia de lanzamiento de ocho de julio de dos mil diecinueve, y sus consecuencias jurídicas, en el juicio extraordinario de arrendamiento 764/2017; y; Emitiera un nuevo acuerdo, en el que previa desocupación del inmueble, ordene al actuario de su adscripción poner en posesión material a la quejosa María Isabel Caceres Menéndez, de los locales tres, cuatro y cinco, del predio número cuatrocientos veinticuatro, de la calle sesenta y cinco, del Centro, de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Concesión que se hizo extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos al Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, Gobernador Constitucional del Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado, todos con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, ya que al haber resultado violatorio de derechos fundamentales el desalojo ordenado en el juicio de origen, lo eran, por ende, sus consecuencias jurídicas. Determinación que causó ejecutoria en auto de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que se requirió a las responsables dieran cumplimiento al fallo protector. Asimismo, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que mediante oficio SSP/DJ/8477/2021, el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, informó que el once de marzo del año en curso, se llevó a cabo la fuerza pública solicitada por la Jueza Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, por oficio 968/2020, de nueve de noviembre de dos mil veinte, el cual se emitió en cumplimiento a la presente ejecutoria de amparo, en autos del juicio 764/2017. Sin que se soslaye que en el acta levantada con motivo de dicha fuerza pública, se advierte que se puso en posesión material de los locales tres, cuatro y cinco del predio cuatrocientos veinticuatro, a Víctor Manuel Cáceres Menéndez, persona con la que al parecer celebró un contrato de arrendamiento desde el ocho de julio de dos mil diecinueve, según refiere el aquí quejoso Marenco Sánchez, cuestión que en todo caso, será materia de análisis en el cumplimiento de dicho juicio de amparo. En ese orden, lo antes narrado pone en evidencia que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, consistente en la orden de desalojo de los marcados con los números tres, cuatro, y cinco, del predio marcado con el número cuatrocientos veinticuatro, de la calle sesenta y cinco, de esta ciudad, llevada a cabo el once de marzo del año en curso; deriva del cumplimiento ordenado en el diverso 932/2019-IV, pues como se reitera, el acto que MARIA ISABEL CACERES MENÉNDEZ, reclamó de la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado del Estado de Yucatán, Actuario de su adscripción, Gobernador Constitucional del Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado, todos con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, consistía en la orden de desalojo de los locales marcados con los números tres, cuatro y cinco, del predio marcado con el número cuatrocientos veinticuatro, de la calle sesenta y cinco, de esta ciudad de Mérida, Yucatán; orden que fue emitida en el juicio extraordinario de arrendamiento 764/2017, promovido por Víctor Manuel Cáceres Menéndez en contra de Antonio de Jesús Rubio Escalante. Así, por razones de legalidad y seguridad jurídica en las resoluciones de los tribunales de amparo, es improcedente el presente juicio constitucional, pues de no ser así, ello implicaría desconocer la decisión adoptada en el primer juicio de amparo 932/2019, en el que esta Juzgadora, ordenó poner en posesión a la quejosa María Isabel Caceres Menendez, y con ello, entorpecer la ejecución de dicha sentencia de amparo, cuestión que no es dable a través de un nuevo juicio de amparo, en tanto que su cumplimiento es de orden público. De ahí que, admitir un nuevo amparo contra esa orden de desalojo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica entre las partes del referido juicio de amparo 932/2019, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, antes ponderadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1391, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. El artículo citado, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primero Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 256, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: AMPARO IMPROCEDENTE AL SEÑALARSE COMO ACTO RECLAMADO UNA RESOLUCION EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA.Si el acto reclamado fue emitido en cumplimiento de una ejecutoria y en éste la autoridad responsable se limitó a acatar los lineamientos ordenados por el órgano de control constitucional, esto es, actuando sin plenitud de jurisdicción, es incuestionable que la autoridad responsable al emitir la resolución que se reclama, se encontraba vinculada totalmente a la sentencia de amparo; de ahí que los conceptos de violación aducidos no pueden ser objeto de estudio, mediante el juicio constitucional, precisamente porque se quebrantaría la estabilidad jurídica que tienen todos los procesos, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en lo dispuesto en la fracción III del artículo 74 de la citada Ley. Aunado a lo anterior, debe decirse que esta Juzgadora, se encuentra impedida para analizar la legalidad del acto que por esta vía reclama el impetrante de amparo, en tanto que al haberse emitido una sentencia concesoria en el citado amparo, del índice del Juzgado a mi cargo, la suscrita fue quien ordenó al Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, diera cumplimiento a la misma, esto es, que ordenara al actuario de su adscripción poner en posesión material a la quejosa María Isabel Caceres Menéndez, de los locales tres, cuatro y cinco, del predio número cuatrocientos veinticuatro, de la calle sesenta y cinco, del Centro, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, de lo que se sigue que en el caso, no es factible ser parte y autoridad responsable, al mismo tiempo. Así las cosas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en examen, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, promovida por Enrique Antonio Marenco Sánchez, contra los actos que reclama del Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado del Estado de Yucatán, Actuario de su adscripción, Gobernador Constitucional del Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado, todos con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En tal virtud, con apoyo en el esquema de trabajo a que se refiere el artículo 281 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, una vez notificado el presente acuerdo a la parte quejosa, remítase el informe de queja, vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito; asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal de Alzada, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente incidente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico.
- Principal
Visto el escrito de demanda promovido por *******, contra un acto del Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y de otras autoridades, se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 495/2021-IV. Ahora bien, el promovente solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: -De la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, reclama la orden de desalojo respecto de los locales marcados con el número tres, cuatro, y cinco del predio marcado con el número cuatrocientos veinticuatro, de la calle sesenta y cinco, de esta ciudad; - Del Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, la ejecución de la orden de desalojo respecto de los locales marcados con el número tres, cuatro, y cinco del predio marcado con el número cuatrocientos veinticuatro, de la calle sesenta y cinco, de esta ciudad; - Del Gobernador Constitucional del Estado, reclamo la ejecución de la orden de desalojo respecto de los locales marcados con el número tres, cuatro, y cinco del predio marcado con el número cuatrocientos veinticuatro, de la calle sesenta y cinco, de esta ciudad; - Del Secretario de Seguridad Pública del Estado, reclamo la ejecución de la orden de desalojo respecto de los locales marcados con el número tres, cuatro, y cinco del predio marcado con el número cuatrocientos veinticuatro, de la calle sesenta y cinco, de esta ciudad. Mismo desalojo, que refiere el impetrante del amparo, fue llevado a cabo el once de marzo de dos mil veintiuno. Ahora bien, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, y lectura integral del libelo constitucional, se advierte que procede desecharla de plano. En principio, cabe precisar que para desechar de plano una demanda de amparo, es requisito indispensable que desde su presentación, se demuestre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio protector de derechos fundamentales, entendiéndose por lo primero, lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, por lo segundo, que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Este órgano constitucional considera se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, porque el acto aquí reclamado ya fue materia de otro juicio. El precepto en cita, en su parte conducente, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.)." Esta causa de improcedencia se explica por la necesidad de proteger la estabilidad y seguridad jurídica de las sentencias, porque éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo, las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstas, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo. En el caso en particular, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda de amparo promovida por Enrique Antonio Marenco Sánchez, se desprende que el acto reclamado consiste en: La orden de desalojo respecto de los locales marcados con el número tres, cuatro, y cinco, del predio marcado con el número cuatrocientos veinticuatro de la calle sesenta y cinco, de esta ciudad, y su ejecución material. La cual se materializó el once de marzo del año que transcurre, según lo manifestado por el quejoso, en la demanda de amparo que nos ocupa. Al respecto, de la certificación de cuenta, se aprecia que en este Juzgado Federal se encuentra registrado el juicio de amparo 932/2019, promovido por MARIA ISABEL CACERES MENÉNDEZ, en el que el acto reclamado constituyó en la orden de desalojo de los locales marcados con los números tres, cuatro y cinco, del predio marcado con el número cuatrocientos veinticuatro, de la calle sesenta y cinco, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, misma que atribuyó a la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado del Estado de Yucatán, Actuario de su adscripción, Gobernador Constitucional del Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado, todos con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán. De lo que se aprecia, que el acto reclamado y las autoridades responsables, son los mismos que se reclama en este asunto. El expediente de referencia, se tiene a la vista como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, sin necesidad de ordenar que se agreguen constancias correspondientes, dado el actual esquema de trabajo, por lo que se ordena dar acceso electrónico de dicho expediente, para los efectos legales conducentes. Con apoyo en la Jurisprudencia 7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 804, del Tomo XVIII, Octubre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN", así como la diversa "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE En efecto, en ese diverso juicio de amparo (932/2019-IV), el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se dictó la sentencia respectiva, en la cual se concedió a María Isabel Cáceres Menéndez, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad: Dejara sin efecto la diligencia de lanzamiento de ocho de julio de dos mil diecinueve, y sus consecuencias jurídicas, en el juicio extraordinario de arrendamiento 764/2017; y; Emitiera un nuevo acuerdo, en el que previa desocupación del inmueble, ordene al actuario de su adscripción poner en posesión material a la quejosa María Isabel Caceres Menéndez, de los locales tres, cuatro y cinco, del predio número cuatrocientos veinticuatro, de la calle sesenta y cinco, del Centro, de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Concesión que se hizo extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos al Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, Gobernador Constitucional del Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado, todos con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, ya que al haber resultado violatorio de derechos fundamentales el desalojo ordenado en el juicio de origen, lo eran, por ende, sus consecuencias jurídicas. Determinación que causó ejecutoria en auto de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que se requirió a las responsables dieran cumplimiento al fallo protector. Asimismo, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que mediante oficio SSP/DJ/8477/2021, el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, informó que el once de marzo del año en curso, se llevó a cabo la fuerza pública solicitada por la Jueza Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, por oficio 968/2020, de nueve de noviembre de dos mil veinte, el cual se emitió en cumplimiento a la presente ejecutoria de amparo, en autos del juicio 764/2017. Sin que se soslaye que en el acta levantada con motivo de dicha fuerza pública, se advierte que se puso en posesión material de los locales tres, cuatro y cinco del predio cuatrocientos veinticuatro, a Víctor Manuel Cáceres Menéndez, persona con la que al parecer celebró un contrato de arrendamiento desde el ocho de julio de dos mil diecinueve, según refiere el aquí quejoso Marenco Sánchez, cuestión que en todo caso, será materia de análisis en el cumplimiento de dicho juicio de amparo. En ese orden, lo antes narrado pone en evidencia que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, consistente en la orden de desalojo de los marcados con los números tres, cuatro, y cinco, del predio marcado con el número cuatrocientos veinticuatro, de la calle sesenta y cinco, de esta ciudad, llevada a cabo el once de marzo del año en curso; deriva del cumplimiento ordenado en el diverso 932/2019-IV, pues como se reitera, el acto que MARIA ISABEL CACERES MENÉNDEZ, reclamó de la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado del Estado de Yucatán, Actuario de su adscripción, Gobernador Constitucional del Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado, todos con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, consistía en la orden de desalojo de los locales marcados con los números tres, cuatro y cinco, del predio marcado con el número cuatrocientos veinticuatro, de la calle sesenta y cinco, de esta ciudad de Mérida, Yucatán; orden que fue emitida en el juicio extraordinario de arrendamiento 764/2017, promovido por Víctor Manuel Cáceres Menéndez en contra de Antonio de Jesús Rubio Escalante. Así, por razones de legalidad y seguridad jurídica en las resoluciones de los tribunales de amparo, es improcedente el presente juicio constitucional, pues de no ser así, ello implicaría desconocer la decisión adoptada en el primer juicio de amparo 932/2019, en el que esta Juzgadora, ordenó poner en posesión a la quejosa María Isabel Caceres Menendez, y con ello, entorpecer la ejecución de dicha sentencia de amparo, cuestión que no es dable a través de un nuevo juicio de amparo, en tanto que su cumplimiento es de orden público. De ahí que, admitir un nuevo amparo contra esa orden de desalojo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica entre las partes del referido juicio de amparo 932/2019, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, antes ponderadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1391, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. El artículo citado, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primero Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 256, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE AL SEÑALARSE COMO ACTO RECLAMADO UNA RESOLUCION EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA.Si el acto reclamado fue emitido en cumplimiento de una ejecutoria y en éste la autoridad responsable se limitó a acatar los lineamientos ordenados por el órgano de control constitucional, esto es, actuando sin plenitud de jurisdicción, es incuestionable que la autoridad responsable al emitir la resolución que se reclama, se encontraba vinculada totalmente a la sentencia de amparo; de ahí que los conceptos de violación aducidos no pueden ser objeto de estudio, mediante el juicio constitucional, precisamente porque se quebrantaría la estabilidad jurídica que tienen todos los procesos, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en lo dispuesto en la fracción III del artículo 74 de la citada Ley." Aunado a lo anterior, debe decirse que esta Juzgadora, se encuentra impedida para analizar la legalidad del acto que por esta vía reclama el impetrante de amparo, en tanto que al haberse emitido una sentencia concesoria en el citado amparo, del índice del Juzgado a mi cargo, la suscrita fue quien ordenó al Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, diera cumplimiento a la misma, esto es, que ordenara al actuario de su adscripción poner en posesión material a la quejosa María Isabel Caceres Menéndez, de los locales tres, cuatro y cinco, del predio número cuatrocientos veinticuatro, de la calle sesenta y cinco, del Centro, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, de lo que se sigue que en el caso, no es factible ser parte y autoridad responsable, al mismo tiempo. Así las cosas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en examen, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, promovida por Enrique Antonio Marenco Sánchez, contra los actos que reclama del Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado del Estado de Yucatán, Actuario de su adscripción, Gobernador Constitucional del Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado, todos con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, en el predio que señala en su demanda de amparo, y como autorizado para tal fin, a Gabriel Eduardo Valladares Bermont, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; asimismo, se le autoriza para utilizar medios electrónicos con el objeto de reproducir las diversas promociones y acuerdos del presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para realizar todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal, dada la carga de trabajo que prevalece en este Órgano Jurisdiccional, a fin de no retardar la tramitación del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el artículo 2, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea".
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