Enrique Antonio Jiménez Peralta

Expediente 145/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
145/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
27/02/2019

Partes del expediente

  • Enrique Antonio Jiménez Peralta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera, sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo, sin que oportunamente desahogara la vista; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en relación con el artículo Tercero Transitorio de la propia Ley de Amparo, procede al análisis de oficio de dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el juicio ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que el siete de junio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia constitucional, y en la misma fecha se dictó la sentencia correspondiente (fojas 72 a 78), en la que en su único resolutivo, se estableció lo siguiente: "ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a **************, en contra del acto y autoridad precisados en el resultando primero y considerando segundo, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. En síntesis, el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para el efecto de que las autoridades responsables realicen lo siguiente: dentro del plazo improrrogable de tres días, contados a partir que cause ejecutoria el presente fallo, acuerdo (sic) lo conducente y señale un nueva (sic) fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro de los quince días siguientes que establece el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo; provea las diligencias necesarias, dentro del ámbito de sus funciones, para lograr el emplazamiento de la parte demandada *********, ******** Y ***********; y prosiga con el trámite del juicio de conformidad con los plazos y términos que indica la Ley Federal del Trabajo, hasta la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones del juicio laboral en cuestión, pues sólo de esa manera, podrá respetar y cumplir lo que la garantía de impartición de justicia pronta exige y resarcir a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. En auto de doce de julio de dos mil dieciocho, la sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió a las autoridades responsables, para que dieran cumplimiento con la sentencia concesoria de amparo (foja 92). Atento a lo anterior, el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche -por sí y en representación del Actuario de su adscripción-, mediante oficios 1265/2018, de veintiuno de junio de dos mil dieciocho y S.A./522/2019, de treinta de enero del año en curso, informó en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo al efecto copias certificadas de diversas constancias derivadas del juicio laboral 384/2014, de su índice. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. Ahora bien, del análisis de las documentales antes mencionadas, se advierte lo siguiente: En acuerdo de veinte de junio de dos mil dieciocho, la Junta responsable fijó las trece horas del nueve de julio de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, otorgándole el término de tres días al actor ********** -aquí quejoso-, para que señalara domicilio en el cual se pudiera emplazar a la parte demandada "***********", ********** y ************, en el juicio laboral de origen, apercibiéndolo que de no hacerlo se tendría por no interpuesta la demanda contra esta; en consecuencia, ordenó al actuario de su adscripción notificar personalmente dicho acuerdo al aquí quejoso (foja 86). El ocho de enero de dos mil diecinueve, comparecieron ante las instalaciones de la Junta responsable, la parte actora ********* y ************, en representación de la parte demandada "*********", **********, mismas que manifestaron haber llegado a un acuerdo conciliatorio consistente en el pago, al aquí quejoso, de la cantidad de $80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), exhibida en un cheque con folio 1622, expedido por BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO, con el cual, la parte actora se dio por pagada de las prestaciones reclamadas en su escrito inicial y, en virtud de esto, se desistió ampliamente de la demanda en contra de la parte demandada dentro del juicio laboral de origen; razón por la cual, la autoridad responsable ordenó el archivo definitivo del expediente laboral 384/2014, de su índice (fojas 129 a 131). En tales circunstancias, se concluye la imposibilidad jurídica de tener por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, en virtud del convenio al que llegaron las partes en el juicio laboral de origen, por lo que, este órgano de control constitucional declara SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR CONCEDIDO a ****************. Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis 2a. CXXIV/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 586, del tomo X, Octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado resulta que cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y que por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente debe declararse sin materia, como acontece cuando la protección constitucional se otorga para que la autoridad responsable notifique un acuerdo que admite a trámite un recurso interpuesto por el quejoso, pero resulta que dicha autoridad, en lugar de notificar el acuerdo de referencia, procede a dictar la resolución correspondiente al recurso intentado, por lo que es evidente que en este supuesto se actualiza un cambio en la situación jurídica que prevalecía al momento en que se concedió al agraviado la protección federal y, por ende, existe imposibilidad jurídica para cumplir con la obligación exigida, pues resulta evidente que ningún caso tendría conminar a la responsable a que notifique el acuerdo de admisión del recurso, si a la fecha concluyó la instancia que en él se ordena iniciar; y, además, la resolución definitiva fue favorable al quejoso.". Asimismo, la tesis P. XCV/97, de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 165, del tomo V, Junio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA SU CUMPLIMIENTO. SÓLO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE AMPARO ES PROCEDENTE PARA OBTENERLO Y NO LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XVI, CONSTITUCIONAL. De la exposición de motivos de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el siete de enero de mil novecientos ochenta, que trajeron como consecuencia la posibilidad del cumplimiento sustituto de las sentencias protectoras, se advierte que la razón para introducir el incidente de daños y perjuicios en el cumplimiento de sentencias de amparo fue la existencia de múltiples ejecutorias del Poder Judicial de la Federación que no habían podido ser cumplidas por diversas causas, dentro de las que destacan la imposibilidad material o jurídica; por consiguiente, para que no permanecieran incumplidas se otorgó al quejoso la posibilidad de solicitar el cambio de la obligación de hacer de la autoridad, por la obligación de dar. Esta razón se reitera en la exposición de motivos de la reforma a la Ley de Amparo, publicada el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro en el Diario Oficial de la Federación, en la cual se menciona que cuando el interesado solicite el pago de daños y perjuicios para dar por cumplida una sentencia de amparo cuya ejecución no se ha logrado, el Juez de Distrito señalará el monto de los mismos. Por tanto, si el legislador hubiere pretendido que, en todo caso, se aplicaran las sanciones constitucionales a las autoridades responsables que no obedecieren las sentencias de amparo, sin importar si el cumplimiento era posible material o jurídicamente, así lo habría prescrito en el procedimiento de que se trata, pero sucede lo contrario, es decir, que consciente el legislador de la realidad, introdujo la figura del cumplimiento sustituto y, más aún, al reformarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 107, fracción XVI, facultó al alto tribunal para obtener el cumplimiento a través de los daños y perjuicios, de oficio, cuando lo considerara conveniente, extremo este que si bien aún no entra en vigor, sí permite inferir la necesidad de que las autoridades puedan demostrar si les es posible jurídica o materialmente acatar el fallo protector, dado que si los obstáculos resultan insuperables, no deben aplicarse las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI, constitucional, sino que el quejoso debe optar por el cumplimiento sustituto o la reserva del asunto hasta en tanto cambie la situación jurídica del mismo, o entren en vigor las reformas del multimencionado artículo 107, fracción XVI, constitucional, pues pretender que se constriña a la autoridad a cumplir con la sentencia, en sus términos, cuando existe imposibilidad material o jurídica para ello, u ordenar la separación de su cargo y su consignación, significaría desatender la finalidad primordial perseguida por el legislador al instaurar el procedimiento en comento, que es la de evitar la desobediencia de las ejecutorias, y no se evita ordenando la separación del cargo de una autoridad y su consignación, cuando existe imposibilidad material o jurídica para el cumplimiento.". De igual manera, la tesis P. XCIV/97, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 167, del tomo V, Junio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TIENEN DERECHO A DEMOSTRAR LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación lógica sistemática de los artículos 104 a 112 de la Ley de Amparo, que consagran el procedimiento mediante el cual la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, pueden constreñir a las autoridades responsables al cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, se advierte que el legislador estableció dicho procedimiento obedeciendo a un principio unitario, con propósitos definidos, con espíritu de coordinación y enlace, como lo es el que se acaten los fallos protectores y no, primordialmente, la aplicación de las sanciones a las autoridades remisas; lo que se corrobora con la obligación que establece la ley a cargo de los Jueces de Distrito, o Tribunales Colegiados de Circuito, de hacer cumplir, por sí o por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública, si es necesario, la sentencia constitucional, cuando ello sea jurídicamente posible; con el hecho de la intervención de los superiores jerárquicos, quienes también son responsables del cumplimiento aun cuando no hayan sido señalados como tales en la demanda de amparo, cuya injerencia persigue el propósito de facilitar, por la presión que dicha intervención implica, la ejecución del fallo en los plazos determinados por el legislador; así como del deber de las autoridades sustitutas de las destituidas para cumplir con la ejecutoria; y, por último, con el establecimiento del procedimiento incidental de cumplimiento sustituto de la sentencia. Por consiguiente, si una autoridad, responsable del cumplimiento de una sentencia protectora, manifiesta la imposibilidad material o jurídica del mismo, tiene derecho a que se le dé oportunidad de demostrarlo en forma fehaciente, pues si ello es así el Tribunal Pleno no podría imponer las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que con la separación y consignación de la autoridad, no podría el Juez del conocimiento hacer cumplir la sentencia, ni tampoco lo podría hacer la autoridad sustituta y el único camino a seguir sería, a petición del quejoso, mientras no se reglamente el artículo 107, fracción XVI, constitucional reformado, el pago de daños y perjuicios, o el que el expediente se fuera a reserva, hasta en tanto cambiaran las condiciones o la situación jurídica en el asunto.". En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado; que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera, sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo, sin que oportunamente desahogara la vista; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en relación con el artículo Tercero Transitorio de la propia Ley de Amparo, procede al análisis de oficio de dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que el siete de junio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia constitucional, y en la misma fecha se dictó la sentencia correspondiente (fojas 72 a 78), en la que en su único resolutivo, se estableció lo siguiente: "ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a **************, en contra del acto y autoridad precisados en el resultando primero y considerando segundo, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. En síntesis, el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para el efecto de que las autoridades responsables realicen lo siguiente: ".dentro del plazo improrrogable de tres días, contados a partir que cause ejecutoria el presente fallo, acuerdo (sic) lo conducente y señale un nueva (sic) fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro de los quince días siguientes que establece el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo; provea las diligencias necesarias, dentro del ámbito de sus funciones, para lograr el emplazamiento de la parte demandada *********, ******** Y ***********; y prosiga con el trámite del juicio de conformidad con los plazos y términos que indica la Ley Federal del Trabajo, hasta la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones del juicio laboral en cuestión, pues sólo de esa manera, podrá respetar y cumplir lo que la garantía de impartición de justicia pronta exige y resarcir a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. En auto de doce de julio de dos mil dieciocho, la sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió a las autoridades responsables, para que dieran cumplimiento con la sentencia concesoria de amparo (foja 92). Atento a lo anterior, el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche -por sí y en representación del Actuario de su adscripción-, mediante oficios 1265/2018, de veintiuno de junio de dos mil dieciocho y S.A./522/2019, de treinta de enero del año en curso, informó en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo al efecto copias certificadas de diversas constancias derivadas del juicio laboral 384/2014, de su índice. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. Ahora bien, del análisis de las documentales antes mencionadas, se advierte lo siguiente: En acuerdo de veinte de junio de dos mil dieciocho, la Junta responsable fijó las trece horas del nueve de julio de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, otorgándole el término de tres días al actor ********** -aquí quejoso-, para que señalara domicilio en el cual se pudiera emplazar a la parte demandada "***********", ********** y ************, en el juicio laboral de origen, apercibiéndolo que de no hacerlo se tendría por no interpuesta la demanda contra esta; en consecuencia, ordenó al actuario de su adscripción notificar personalmente dicho acuerdo al aquí quejoso (foja 86). El ocho de enero de dos mil diecinueve, comparecieron ante las instalaciones de la Junta responsable, la parte actora ********* y ************, en representación de la parte demandada "*********", **********, mismas que manifestaron haber llegado a un acuerdo conciliatorio consistente en el pago, al aquí quejoso, de la cantidad de $80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), exhibida en un cheque con folio 1622, expedido por BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO, con el cual, la parte actora se dio por pagada de las prestaciones reclamadas en su escrito inicial y, en virtud de esto, se desistió ampliamente de la demanda en contra de la parte demandada dentro del juicio laboral de origen; razón por la cual, la autoridad responsable ordenó el archivo definitivo del expediente laboral 384/2014, de su índice (fojas 129 a 131). En tales circunstancias, se concluye la imposibilidad jurídica de tener por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, en virtud del convenio al que llegaron las partes en el juicio laboral de origen, por lo que, este órgano de control constitucional declara SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR CONCEDIDO a ****************. Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis 2a. CXXIV/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 586, del tomo X, Octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado resulta que cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y que por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente debe declararse sin materia, como acontece cuando la protección constitucional se otorga para que la autoridad responsable notifique un acuerdo que admite a trámite un recurso interpuesto por el quejoso, pero resulta que dicha autoridad, en lugar de notificar el acuerdo de referencia, procede a dictar la resolución correspondiente al recurso intentado, por lo que es evidente que en este supuesto se actualiza un cambio en la situación jurídica que prevalecía al momento en que se concedió al agraviado la protección federal y, por ende, existe imposibilidad jurídica para cumplir con la obligación exigida, pues resulta evidente que ningún caso tendría conminar a la responsable a que notifique el acuerdo de admisión del recurso, si a la fecha concluyó la instancia que en él se ordena iniciar; y, además, la resolución definitiva fue favorable al quejoso.". Asimismo, la tesis P. XCV/97, de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 165, del tomo V, Junio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA SU CUMPLIMIENTO. SÓLO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE AMPARO ES PROCEDENTE PARA OBTENERLO Y NO LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XVI, CONSTITUCIONAL. De la exposición de motivos de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el siete de enero de mil novecientos ochenta, que trajeron como consecuencia la posibilidad del cumplimiento sustituto de las sentencias protectoras, se advierte que la razón para introducir el incidente de daños y perjuicios en el cumplimiento de sentencias de amparo fue la existencia de múltiples ejecutorias del Poder Judicial de la Federación que no habían podido ser cumplidas por diversas causas, dentro de las que destacan la imposibilidad material o jurídica; por consiguiente, para que no permanecieran incumplidas se otorgó al quejoso la posibilidad de solicitar el cambio de la obligación de hacer de la autoridad, por la obligación de dar. Esta razón se reitera en la exposición de motivos de la reforma a la Ley de Amparo, publicada el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro en el Diario Oficial de la Federación, en la cual se menciona que cuando el interesado solicite el pago de daños y perjuicios para dar por cumplida una sentencia de amparo cuya ejecución no se ha logrado, el Juez de Distrito señalará el monto de los mismos. Por tanto, si el legislador hubiere pretendido que, en todo caso, se aplicaran las sanciones constitucionales a las autoridades responsables que no obedecieren las sentencias de amparo, sin importar si el cumplimiento era posible material o jurídicamente, así lo habría prescrito en el procedimiento de que se trata, pero sucede lo contrario, es decir, que consciente el legislador de la realidad, introdujo la figura del cumplimiento sustituto y, más aún, al reformarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 107, fracción XVI, facultó al alto tribunal para obtener el cumplimiento a través de los daños y perjuicios, de oficio, cuando lo considerara conveniente, extremo este que si bien aún no entra en vigor, sí permite inferir la necesidad de que las autoridades puedan demostrar si les es posible jurídica o materialmente acatar el fallo protector, dado que si los obstáculos resultan insuperables, no deben aplicarse las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI, constitucional, sino que el quejoso debe optar por el cumplimiento sustituto o la reserva del asunto hasta en tanto cambie la situación jurídica del mismo, o entren en vigor las reformas del multimencionado artículo 107, fracción XVI, constitucional, pues pretender que se constriña a la autoridad a cumplir con la sentencia, en sus términos, cuando existe imposibilidad material o jurídica para ello, u ordenar la separación de su cargo y su consignación, significaría desatender la finalidad primordial perseguida por el legislador al instaurar el procedimiento en comento, que es la de evitar la desobediencia de las ejecutorias, y no se evita ordenando la separación del cargo de una autoridad y su consignación, cuando existe imposibilidad material o jurídica para el cumplimiento.". De igual manera, la tesis P. XCIV/97, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 167, del tomo V, Junio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TIENEN DERECHO A DEMOSTRAR LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación lógica sistemática de los artículos 104 a 112 de la Ley de Amparo, que consagran el procedimiento mediante el cual la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, pueden constreñir a las autoridades responsables al cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, se advierte que el legislador estableció dicho procedimiento obedeciendo a un principio unitario, con propósitos definidos, con espíritu de coordinación y enlace, como lo es el que se acaten los fallos protectores y no, primordialmente, la aplicación de las sanciones a las autoridades remisas; lo que se corrobora con la obligación que establece la ley a cargo de los Jueces de Distrito, o Tribunales Colegiados de Circuito, de hacer cumplir, por sí o por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública, si es necesario, la sentencia constitucional, cuando ello sea jurídicamente posible; con el hecho de la intervención de los superiores jerárquicos, quienes también son responsables del cumplimiento aun cuando no hayan sido señalados como tales en la demanda de amparo, cuya injerencia persigue el propósito de facilitar, por la presión que dicha intervención implica, la ejecución del fallo en los plazos determinados por el legislador; así como del deber de las autoridades sustitutas de las destituidas para cumplir con la ejecutoria; y, por último, con el establecimiento del procedimiento incidental de cumplimiento sustituto de la sentencia. Por consiguiente, si una autoridad, responsable del cumplimiento de una sentencia protectora, manifiesta la imposibilidad material o jurídica del mismo, tiene derecho a que se le dé oportunidad de demostrarlo en forma fehaciente, pues si ello es así el Tribunal Pleno no podría imponer las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que con la separación y consignación de la autoridad, no podría el Juez del conocimiento hacer cumplir la sentencia, ni tampoco lo podría hacer la autoridad sustituta y el único camino a seguir sería, a petición del quejoso, mientras no se reglamente el artículo 107, fracción XVI, constitucional reformado, el pago de daños y perjuicios, o el que el expediente se fuera a reserva, hasta en tanto cambiaran las condiciones o la situación jurídica en el asunto.". En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado; que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.- Agréguense a los presentes autos los oficios y anexo de cuenta, signados por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, -en representación de dicho Órgano Colegiado-, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche y Actuario de su adscripción; por medio del cual informan respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de garantías; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, con el informe rendido por la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga, y una vez transcurrido dicho término este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que en auto de diez de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo en vías de cumplimiento a las autoridades responsables, sin que a la fecha hayan dado cabal cumplimiento a la sentencia concesora de amparo; en consecuencia, requiérase a las citadas autoridades responsables, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente en que sea legalmente notificada del presente proveído, de cumplimiento a la concesión del amparo otorgada en la ejecutoria de referencia e informe a este Juzgado de Distrito de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, remitiendo las constancias que acrediten fehacientemente dicho cumplimiento en forma íntegra, bajo el apercibimiento que de ser omisa al respecto, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

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