Enrique Antonio Hoil Canul

Expediente 949/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
949/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
03/12/2018

Partes del expediente

  • Enrique Antonio Hoil Canul
  • Enrique Antonio Hoil Canul y Otros.
  • Miriam Darma Canul Canul y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 3873/2018 suscrito por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con el que acusa recibo del oficio 21273/2018, con el que se le devolvió las copias certificadas que en su oportunidad remitió dicha autoridad como justificación de sus actos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con la fracción III del artículo Vigésimo y la fracción III del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; el presente incidente de suspensión en original y duplicado es susceptible de destrucción, toda vez que por acuerdo de veintidós de agosto de dos mil dieciocho y por resolución de veintinueve de agosto del mismo año, se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, respectivamente. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la aludida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Asimismo, devuélvanse las copias certificadas que en apoyo a su informe justificado remitió la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, solicitando acusar de recibo correspondiente. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las once horas con cuarenta minutos del veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 949/2018-V, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable. El Juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes. A continuación la secretaría hizo relación de las constancias que obran en el expediente entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, acuerdo de veintidós de agosto del año que transcurre, en el que se admitió a trámite la demanda de amparo, constancias de notificación y emplazamientos realizadas a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, a las autoridades responsables y a los terceros interesados en los presentes autos e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Acto seguido, el Juez acuerda: se tiene por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas la secretaría da cuenta con las documentales, instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana que la parte quejosa ofreció en su escrito inicial de demanda y con las remitidas por las autoridades responsables en el presente juicio de amparo, mismas que adjuntaron a su informe justificado. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo aplicable, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas de mérito, para ser consideradas conforme al valor que legalmente merezcan al momento del dictado de la sentencia; con lo anterior se da por terminado el señalado período. Seguidamente, se abre la etapa de alegatos, en el que la secretaría da cuenta con que las partes no hicieron manifestación alguna; con lo cual se cierra este período. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar y al encontrarse integrado este expediente se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para pronunciar la sentencia en los autos del juicio de amparo 949/2018-V promovido por Enrique Antonio Hoil Canul, contra actos del Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, Coordinador y Actuario, ambos de la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, Gobernador Constitucional y Secretario de Seguridad Pública del Estado, por violación a los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Enrique Antonio Hoil Canul solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, Coordinador y Actuario, ambos de la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, Gobernador Constitucional y Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado. Segundo. Admisión demanda. Por auto de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este juzgado federal tiene competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013 pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, al reclamarse actos que tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio lo procedente es determinar cuáles son los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de amparo. Así, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar: - La falta de emplazamiento al juicio ordinario civil 394/2016, radicado en el Juzgado Segundo Civil del Departamento Judicial del Estado. - Todas y cada una de las actuaciones, dictadas y derivadas del expediente 394/2016, radicado en el Juzgado Segundo Civil del Departamento Judicial del Estado de Yucatán. - La orden de despojo, desalojo y entrega de posesión con el auxilio de la fuerza pública emitida por el Juez Segundo Civil del Departamento Judicial del Estado de Yucatán en el expediente 394/2016 del predio número treinta y ocho, de la calle veintitrés, por cuatro letra A y seis, de la localidad y comisaria de Caucel, en Mérida, Yucatán. Tercero. Actos existentes. Al rendir su respectivo informe justificado el Encargado Provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación del titular de la dependencia y el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado en su carácter de representante del Gobernador, admitieron los actos reclamados que a cada uno se le reclaman, por lo tanto, se tiene como existentes los mismos. Por su parte, la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, el Coordinador y la Actuaria adscrita, ambos de la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, autoridades señaladas como responsables en el presente asunto, negaron expresamente los actos que se les atribuyen; sin embargo de la lectura de las mismos y constancias remitidas, se advierte la certeza de dichos actos; por lo tanto, se tiene como existentes los actos reclamados de estas autoridades. Cuarto. Análisis oficioso de las causales de improcedencia. En principio, debe examinarse si surge en el caso en particular alguna causal de improcedencia haciendo uso el que resuelve de la facultad que le otorga el artículo 62 de la Ley de Amparo, pues de resultar fundada alguna de ellas, haría imposible el estudio de la litis en el presente juicio. En el caso en particular, se considera que respecto del acto que reclama la quejosa, consistente en la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil 394/2016 del índice Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y todas las actuaciones realizadas en dicho juicio como consecuencia, entre éstas la valoración realizada a las pruebas ofrecidas por las partes en dicho juicio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 en relación con los numerales 5, fracción I, párrafo primero y 6, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." Por su parte el artículo 6 y el párrafo primero de la fracción I del artículo 5, ambos del ordenamiento legal antes mencionado, disponen: "Artículo 6. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". Ahora bien, se dice que se surte la casual de improcedencia establecida, ya que en primer término el quejoso carece de interés para reclamar la falta de emplazamiento al juicio civil de origen y todo lo actuado en el mismo, ya que no le causa ninguna afectación porque el juicio de origen no fue seguido en su contra. En efecto, como es de explorado derecho, tratándose del juicio de amparo, el interés jurídico como noción fundamental presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Asimismo, de acuerdo con el artículo 6° de la ley de la materia, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o, en su caso, por la ley. Pues bien, de las copias certificadas del juicio ordinario civil en ejercicio de la acción plenaria de propiedad y posesión 394/2016 del índice Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, se advierte que éste fue promovido por Miriam Darma Canul Canul, en contra de Ileana Elizabeth Canul Canul; en donde con fecha once de mayo de dos mil dieciséis, se ordenó emplazar a la parte demandada para que dentro del término de cinco días comparezca ante ese juzgado a dar contestación a la demanda instaurada en su contra y por sentencia de ocho de febrero de dos mil diecisiete, se condenó a la misma a desocupar y a entregar completamente desocupado a la parte actora Miriam Darma Canul Canul, el predio número treinta y ocho, de la calle veintitrés de la comisaria de Caucel, Municipio de Mérida, Yucatán. Por tanto, al no haber sido señalado el ahora peticionario del amparo Enrique Antonio Hoil Canul, como demandado, ni haberse seguido la litis natural en su contra, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de tal acto; pues las partes en ese juicio son las únicas facultadas, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, para acudir ante el órgano jurisdiccional federal demandando el cese de esa violación. Se cita en apoyo de lo anterior, por identidad, la Jurisprudencia emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1513, del Tomo XXII, Agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL.- El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo". De igual forma, es aplicable en lo conducente la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 72 Sexta Parte, página 133, que señala: "AUTO DE EXEQUENDO. CUANDO DEBE SOBRESEERSE.- Como el auto de exequendo, que un tercero extraño reclama con el embargo de bienes que dice son de su propiedad, se decreta para que se requiera de pago al demandado y en caso de no efectuarlo se le embarguen bienes bastantes a cubrir las prestaciones reclamadas, refiriéndose tal orden a bienes propiedad del demandado y no del quejoso que no es parte en el juicio generador de los actos reclamados, aun cuando el embargo deriva de ese acuerdo, es claro que al no estar dictado en contra del amparista, dicho auto de exequendo por sí mismo no afecta su interés jurídico. En tal concepto, al quedar configurada la causal de improcedencia prevista por la fracción V, del artículo 73, de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74, de la propia ley, debe sobreseerse el juicio de garantías respecto a esa resolución." Ahora bien, en relación con los diversos actos reclamados, señalados como la orden de despojo, desalojo y entrega de posesión con el auxilio de la fuerza pública emitida por la Juez Segundo Civil del Departamento Judicial del Estado de Yucatán en el expediente 394/2016 del predio número treinta y ocho, de la calle veintitrés, por cuatro letra A y seis, de la localidad y comisaria de Caucel, en Mérida, Yucatán, cuya ejecución se atribuye al Gobernador y Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado, el juicio de amparo también resulta improcedente. Efectivamente, de oficio este resolutor de amparo advierte que en relación con dichos actos reclamados, también se actualiza la causa de improcedencia que prevé la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción I, de la propia ley. Los preceptos que prevén la invocada causal, disponen lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." De los citados numerales se puede advertir que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. En tal contexto cabe indicar que el artículo 14 de la Constitución Federal dispone que nadie podrá ser privado de sus posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; por ello, a fin de proteger cualquier derecho que resulte afectado sin las garantías de audiencia y defensa que en él se consagran, procede el juicio de amparo. Sin embargo, para que la acción de amparo prospere, tal afectación debe comprobarse, y de manera fehaciente, pues la misma no puede inferirse por indicios. En tal virtud, atendiendo al reclamo de la parte quejosa, se procede a establecer si el impetrante tiene interés jurídico para instar la protección federal, puesto que acude a este juzgado federal a reclamar la orden de despojo, desalojo y entrega de posesión con el auxilio de la fuerza pública emitida por la Juez Segundo Civil del Departamento Judicial del Estado de Yucatán en el expediente 394/2016 del predio número treinta y ocho, de la calle veintitrés, por cuatro letra A y seis, de la localidad y comisaria de Caucel, en Mérida, Yucatán. Ahora, en cuanto a la condición de la parte quejosa con relación al bien inmueble materia de la litis, para determinar si el acto que reclama le puede ocasionar un perjuicio en sus derechos sustantivos, debe decirse que si bien es cierto se ostenta como poseedor y ocupante del predio que defiende, esa afirmación debe ser probada de manera plena dentro de la presente instancia constitucional, por recaer en la parte quejosa la carga de la prueba desde el momento de la presentación de la demanda. Lo anterior encuentra sustento por analogía en la jurisprudencia 1/2002, que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, tomo XV, febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." En efecto, si la parte quejosa invoca un derecho sustantivo, pues se ostenta poseedora y propietaria de un bien inmueble, resulta evidente que por disposición expresa del cuarto párrafo del numeral 5 de la Ley de Amparo, debe analizarse si le asiste un interés jurídico para instar la protección constitucional. Es aplicable en lo que interesa, la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Materia(s): Común, registro 2004501, página 1854, que dispone lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." De conformidad con lo anterior, se advierte que el gobernado tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo a fin de combatir un acto de autoridad, en la medida que sea titular de un derecho subjetivo afectado con la actuación del poder público. Esa afectación puede ocurrir de dos formas, a saber: I. Que se afecte la esfera jurídica del demandante en abstracto, imponiendo una obligación que antes no se tenía; o, II. Que se afecte un derecho subjetivo en particular, ya sea eliminándolo o restringiéndolo. En el caso, Enrique Antonio Hoil Canul se ostenta poseedor y ocupante del bien inmueble descrito en líneas que preceden, y para acreditar su interés jurídico en este juicio de amparo, exhibió con la demanda de amparo las documentales siguientes: 1. Copia certificada del acta de matrimonio del promovente con la demandada en el juicio de origen Ileana Elizabeth Canul Canul, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Yucatán (foja 20). 2. Copia certificada del acta de nacimiento del promovente, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Yucatán (foja 21). 3. Copia simple de la credencial para votar del propio quejoso, expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector número HLCNEN69081531H100 (foja 22). 4. Copia simple de la cedula de inscripción al Registro de Población Municipal en la que aparece el nombre del aquí quejoso y de su esposa (demandada en el juicio natural) y como su domicilio el ubicado en el predio número treinta y ocho, de la calle veintitrés, por cuatro letra A y seis, de la localidad y comisaria de Caucel, en Mérida, Yucatán (foja 23). 5. Copia simple de la cédula profesional de su autorizada Yazmín Abigail Campos Escamilla (foja 24). En relación con las documentales exhibidas en copia simple (pruebas 3, 4 y 5), cabe señalar que respecto al valor probatorio de las copias fotostáticas, el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2o., establece lo siguiente: "Artículo 217. El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial. Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquiera especie, deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial." Asimismo, resulta atinente citar lo dispuesto por la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, publicada en el Tomo I, Primera Parte-1, enero-junio de 1988, página 183, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del texto literal siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE LAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por tanto, esta Sala en ejercicio de dicho arbitrio, considera que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho o derecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado, que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." También la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Tomo VII, abril de mil novecientos noventa y ocho, página doscientos trece del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." Así, de las tesis anteriores, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la Ley de Amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Esto es, las copias de esa naturaleza que se presentan en el juicio de amparo, carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sea bastante, cuando no se encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho o derecho que se pretende demostrar. Lo anterior, tomando en cuenta que las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos, por lo que existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, que no correspondan a documentos realmente existentes, sino a unos prefabricados que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. En el caso, el quejoso acompañó a su demanda las copias fotostáticas simples ya precisadas anteriormente, documentos de los cuales, al no contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron elaboradas, así como que corresponde a lo representado en ella, carecen de valor probatorio pleno, siendo que en el juicio de amparo, el interés jurídico debe probarse plenamente. Además, no se soslayan los criterios emitidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que las documentales simples son indicios; sin embargo, para que ese indicio pueda generar la convicción, es necesario que la copia fotostática se encuentre adminiculada con otros elementos probatorios para que por su enlace lógico y natural, formaran la convicción del hecho pretendido. Y si bien es cierto que el solicitante de amparo también presentó dos documentos originales, relacionados con los números 1 y 2, que corresponden a las copias certificadas del acta de nacimiento y de matrimonio del aquí quejoso; del contenido de tales constancias solamente se advierte el nombre, la fecha y el lugar de nacimiento del aquí quejoso, así como el nombre de sus padres y que éste contrajo matrimonio con la demandada en el juicio de origen; de ahí que tampoco cuenten con valor probatorio suficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso, al no corresponder de ninguna forma al título generador de la propiedad o posesión del bien inmueble que pretende defender el quejoso. Por lo tanto, si la parte quejosa no justifica en este juicio, la causa legal generadora de la posesión que ostenta, debe concluirse que carece de legitimación, por no ser el titular de ese derecho. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1341, del Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR. Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal". También es aplicable al caso la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 1299, del Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. El interés jurídico plasmado en el numeral 73, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, es considerado como uno de los presupuestos procesales para la procedencia del juicio de garantías, y debe ser entendido bajo dos elementos: el acreditamiento y la afectación. Tales aspectos necesariamente deben conjugarse para cumplir con el presupuesto de procedencia de la causa constitucional por excelencia referida. Esto es, de faltar alguno, se está indefectiblemente en el supuesto de improcedencia descrito. Lo anterior porque es factible ostentarse titular de determinado derecho, pero éste no verse afectado por los órganos del Estado o, en su caso, estar disfrutando de ese derecho sí afectado por la autoridad y no tener el respaldo legítimo y legal sobre él, ya que en este último tópico se estaría en el caso de un interés simple. Por ello, es requisito sine qua non (sin el cual no), se reúnan ambos supuestos". Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho de que se haya acreditado la certeza de la orden de despojo, desalojo y entrega de posesión, pues el sólo hecho de la existencia de los actos reclamados no legitima al quejoso a instar la protección constitucional si no acredita tener título posesorio al momento de emitirse los actos reclamados. Es aplicable al caso la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1583, del Tomo XXX, Octubre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Novena Época, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. NO LO ACREDITA LA ACEPTACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO ÉSTE SE HACE CONSISTIR EN EL LANZAMIENTO DECRETADO EN LA CAUSA DE ORIGEN RESPECTO DE LA CUAL EL QUEJOSO ES TERCERO EXTRAÑO. El hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado acepte la existencia del acto reclamado, cuando éste se hace consistir en el lanzamiento decretado en la causa de origen, respecto de la cual el quejoso es tercero extraño, no implica que la acción constitucional ejercida sea procedente, ya que tal reconocimiento no demuestra su interés jurídico para promover el juicio de amparo, pues aun con esa aceptación no se acredita que dicho inconforme efectivamente esté en posesión del inmueble objeto de la referida desocupación". En ese contexto, es claro que el quejoso no acreditó de manera fehaciente su interés jurídico, como es necesario para acudir a esta instancia constitucional. Sustenta la consideración anterior, la jurisprudencia XX. J/14, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, enero de 1996, página 148, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ACREDITARSE EN FORMA FEHACIENTE EL. En el juicio de amparo, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no tratar de demostrarlo a base de presunciones." En consecuencia, al no acreditarse el interés jurídico respecto de los actos consistentes en la orden de despojo, desalojo y entrega de posesión del predio señalado, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la hipótesis de improcedencia inmersa en el numeral 61, fracción XII, de la propia ley, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, según lo dispone la tesis de jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 335 del Tomo VI, Materia Común, del apéndice 1917-1995, que indica: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." El sobreseimiento decretado se hace extensivo a las restantes autoridades ejecutoras, en razón de que los actos de ejecución no puede ser examinados respecto de su constitucionalidad o inconstitucionalidad, ya que no se combaten por vicios propios; esto, de conformidad con la tesis 516, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 339, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio promovido por Enrique Antonio Hoil Canul, en contra de los actos que reclama a las autoridades señaladas como responsables en los presentes autos, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Óscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

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