Enrique Antonio González Malerva

Expediente 751/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 39 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
751/2021
Año
2021
Actuaciones
39
Última actuación
04/11/2022

Partes del expediente

  • Enrique Antonio González Malerva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal del juicio en que se actúa, se advierte que se encuentra concluido y obran agregadas las constancias de notificación; por tanto, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; lo anterior, en atención a que se sobreseyó en este juicio de amparo. Es depurable el original del incidente de suspensión, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue negada y concedida. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además, este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. En cumplimento a lo establecido en el Acuerdo General, requiérase a las partes para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que en su caso hayan exhibido en el presente asunto, bajo apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se procederá a su glose y tendrá el mismo destino del presente asunto, es decir su destrucción junto con el expediente. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia del treinta de noviembre del año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas; glósense a estos autos los relativos al incidente de suspensión. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo acordó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4063/2021, del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo Federal, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy Fe.

  3. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito del quejoso **********, atento a su contenido, se provee: Téngase por autorizada a la persona que menciona, para los efectos que precisa. Por otra parte, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de lo que solicita, previa comparecencia y firma que por su recibo obre en autos, en el entendido de que quien se presente a recibirlas deberá exhibir copia simple de su identificación oficial para que sea glosada como constancia. En el entendido de que dicha entrega se realizará únicamente los días viernes, dentro del horario establecido a este órgano jurisdiccional, y previa cita en términos del acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo tendrá que llevar a cabo las medidas sanitarias necesarias para la pandemia que prevalece, para lo cual se informa que el secretario encargado del presente expediente es Martin Peñaloza Contreras y su número de celular es 7221609445, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    VI. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las doce horas con treinta y seis minutos del treinta de noviembre de dos mil veintiuno, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 751/2021-VI, promovido por ***********, por derecho propio, ante la presencia de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario hace relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el presente expediente; asimismo, hace constar que la autoridad responsable Director del Diario Oficial de la Federación, fue omiso en rendir su informe justificado a pesar de estar debidamente notificado para ello, como se advierte de la constancia que obra en autos. Acto continuo se acuerda: téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendidos los informes justificados que obran en autos y respecto de la autoridad omisa, acuérdese lo conducente al momento de resolver este asunto. Periodo de pruebas. Abierto el periodo probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales que obran en autos. Periodo de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que ninguna de las parte los formuló. Se cierra este periodo. Sin diligencias pendientes por practicar, se da por concluida la presente audiencia constitucional, de la que se levanta el acta para constancia legal. A continuación se procede a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 751/2021-VI; y, R E S U L T A N D O I. El tres de agosto de dos mil veintiuno, se ingresó al buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el escrito de demanda promovido por *********, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, el cual fue turnado a este juzgado el cuatro siguiente. II. Previo desahogo a la prevención formulada en proveído del cinco de agosto de dos mil veintiuno, el diecisiete siguiente se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 751/2021-VI; dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo y 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que el auto reclamado se atribuye a un tribunal administrativo con residencia en la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en la demanda de amparo, se hace consistir en: - El congelamiento de la cuenta bancaria 60599341538, en Banco Santander (México) sociedad anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, ordenada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. - La Ley del Seguro Social. - Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. - La discusión y aprobación del Código Fiscal de la Federación y su reglamento. - La discusión y aprobación de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. - Ley del Sistema de Administración Distribución Tributaria. TERCERO. El Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, Secretario de Hacienda y Crédito Público, Tesorería de la Federación, Comisión Nacional Bancaria y Valores, Delegado Regional del Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social y Banco Santander México, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, por conducto de sus representantes, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen en cuanto a sus atribuciones. El Director del Diario Oficial de la Federación, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante encontrarse debidamente notificado para tal efecto; motivos por los que se tiene por cierto el acto reclamado que se le atribuye. CUARTO. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Para poder determinar en qué supuestos se actualiza la causal prevista por dicho numeral, es necesario acudir a los artículos 17 y 18 del mismo ordenamiento vigente, que precisan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Así, la causal de improcedencia en comento está fundada jurídicamente porque así lo exige el principio general de derecho de seguridad jurídica, pues sería absurdo que procediera el juicio de amparo después de que la parte quejosa, por su propia voluntad, omite promover el juicio dentro del término que establece la ley para tal fin. Se dice lo anterior, porque una de las formas que ha contemplado nuestra legislación y que denotan el consentimiento tácito del acto reclamado, es la no promoción del juicio dentro del término establecido por la ley. En ese orden, el término general para promover una demanda de amparo es de quince días, el cual se cuenta desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Sin embargo, existen excepciones a dichos términos, los cuales son: 1. Cuando se reclama la constitucionalidad de una ley, con motivo de su entrada o vigencia, el término será de treinta días; 2. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, el plazo será de hasta ocho años; 3. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, será de siete años; y, 4. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en cualquier tiempo. Ahora, los actos reclamados no encuadran en alguno de los casos de excepción mencionados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no se combate la constitucionalidad de una ley con motivo de entrada en vigor, ni la sentencia definitiva en un proceso penal que condena a una pena privativa de libertad, ni se dirimen cuestiones de un núcleo de población ejidal o comunal y tampoco se reclaman actos que pongan en peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En tal contexto, si la parte quejosa se ostenta como tercero extraño por equiparación, tuvo que promover la demanda que dio origen al juicio de amparo en que actúa, dentro de los quince días siguientes al en que tuvo conocimiento de su tramitación. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 6/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Enero de 1998, página 95, registro 196930, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución". Luego, el término de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que se hubiera presentado la demanda de amparo, porque como se aprecia del sello de recepción, así como de la papeleta de turno, ambos de la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, la demanda de amparo se presentó hasta el tres de agosto de dos mil veintiuno, esto es, con posterioridad a los quince días que el agraviado tuvo para impugnar por medio del juicio constitucional los actos reclamados. Lo anterior es así, pues como se advierte de lo relatado en su demanda, precisamente en el punto 6, de los antecedentes del acto reclamado que narró bajo protesta de decir verdad, el aquí quejoso Enrique Antonio González Malerva, afirmó que el catorce de mayo de dos mil veintiuno, se le requirió con un segundo citatorio para la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución de trece créditos discales, sin embargo afirma que eso ya lo aclaró ante la autoridad responsable con el escrito presentado ante la misma el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, mismo que acompañó como anexo tres a su demanda. De dicho anexo se advierte que el ahora quejoso presentó aclaración de los créditos fiscales, que motivaron el aseguramiento de la cuenta bancaria de que se duele. Ahora, de las constancias remitidas por la Jefa de la Oficina para Cobros de la Subdelegación Tlalnepantla de Baz de la Delegación Regional Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social, al rendir su informe justificado, obra el acta de requerimiento de pago y embargo del veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en la que se embargó cualquier deposito, inversión, ahorro o cualquier tipo de cuenta a nombre del quejoso Enrique Antonio González Malerva, que tuviera ante cualquier institución bancaria, a efecto de garantizar el pago de los créditos fiscales a su cargo (foja 170). Documentales con las que se dio vista a la parte quejosa en proveído del uno de septiembre de dos mil veintiuno, sin que realizara manifestación alguna al respecto. Ahora, en los anexos que acompañó a su demanda el quejoso, afirmó ante la responsable que el diez de enero de dos mil dieciocho recibió citatorio para la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución de trece créditos discales, afirmando que esos ya habían sido aclarados y pagados con anterioridad. Asimismo, refirió que el dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, recibió citatorio para la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución de trece créditos discales, afirmando que no lo podía aclarar dado que no contaba con la documentación a la mano, ya que su abogado tenía esa información, pero que falleció el año pasado. Circunstancias por las que a partir del veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, el quejoso estuvo en aptitud de promover el presente juicio, dado que ya tenía conocimiento del procedimiento del que deriva el aseguramiento de la cuenta de que se duele, y no a partir de la fecha que menciona en su escrito inicial de demanda. Por lo tanto, el término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, comenzó a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que reclama, de conformidad con el diverso 18 de la misma ley. Así, el término de quince días transcurrió en exceso, ya que el embargo de sus cuentas bancarias, y en el caso, la que por esta vía defiende, se realizó en la diligencia del veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, por lo que si la demanda se presentó hasta el tres de agosto de dos mil veintiuno, en la oficina de correspondencia a los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es decir, más de dos meses después de que se efectuó la diligencia de embargo de sus cuentas; es inconcuso que la demanda de amparo se presentó fuera del término de quince días. En esas condiciones, si el agraviado consintió de manera tácita los actos reclamados, por no promover juicio de amparo en su contra dentro del término legal, es de estimarse que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, lo que obliga a decretar el sobreseimiento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Aunado a que no le reviste el carácter de tercero extraño al procedimiento del que deriva el aseguramiento de la cuenta que defiende, dado que de sus propias manifestaciones, así como de las documentales que exhibió, se advierte que tenía pleno conocimiento del procedimiento de ejecución de los créditos fiscales a su cargo. Por otra parte, dado que cuando se promueve un amparo en contra de diversas leyes y reglamentos con motivo de su aplicación concreta en perjuicio de la parte quejosa, no pude desvincularse el estudio de las disposiciones impugnadas del que concierne a su acto de aplicación, debe decirse, respecto de las normas reclamadas en esta instancia constitucional, que si el juicio de amparo es improcedente contra los actos donde el quejoso dice se aplicó, entonces el juicio de amparo también es improcedente contra dichas normas. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 71/2000, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, agosto 2000, página 235, con número de registro 191311, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN". Sobreseimiento que se hace extensivo respecto a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades señaladas como ejecutoras, al no impugnarse por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI. 2o. J/7, visible a foja 690, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". En tal virtud, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E : Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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