Enrique Anastasio Rivera Prado

Expediente 301/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
301/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
25/05/2018

Partes del expediente

  • Enrique Anastasio Rivera Prado

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. I. Tribunal colegiado acepta competencia. Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual se informa que el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, aceptó la competencia para conocer la demanda de amparo promovida por ENRIQUE ANASTASIO RIVERA PRADO. II. Archivo. Al no existir diligencia pendiente, remítase el presente cuadernillo al archivo definitivo. III. Destrucción del expediente. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en su capítulo Quinto, punto Vigésimo, fracción I, el presente cuadernillo es susceptible de destrucción. IV. Información reservada. Para los efectos establecidos en el citado Acuerdo General Conjunto, se hace notar que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. V. Devolución de documento. Conforme lo dispuesto en el capítulo Tercero, punto Décimo Primero, del referido Acuerdo General Conjunto, se destaca que no existen documentos originales que devolver a las partes. VI. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE ONCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, QUE SE FIJE EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE A LA LETRA DICE: Mazatlán, Sinaloa, once de mayo de dos mil dieciocho. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ENRIQUE ANASTASIO RIVERA PRADO, por derecho propio, contra los actos que reclama del Juez de Primera Instancia, con sede en El Rosario, Sinaloa, y de otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 301/2018. III. Precisión de los actos reclamados. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que los actos que la parte quejosa reclama consisten en la sentencia definitiva dictada el doce de abril de dos mil dieciocho, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 440/2017, del índice del Juzgado de Primera Instancia, con sede en El Rosario, Sinaloa, y su ejecución. IV. Incompetencia. En atención a ello, con fundamento en los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se estima, salvo determinación distinta de la superioridad, que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo, por los razonamientos siguientes. El artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo , establece, en lo conducente, que el juicio de amparo en la vía directa procede contra las sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. A su vez, el numeral 34, párrafo primero, de la Ley de la Amparo , establece que los tribunales colegiados de circuito son los competentes para conocer del juicio de amparo directo. Puntualizado lo anterior, toda vez que los actos reclamados consisten en una sentencia definitiva y su ejecución, se puede afirmar que en el presente caso se surte la hipótesis que se establece en los artículos consultados. En ese tenor, con apego al artículo 47 de la Ley de Amparo , este Juzgado de Distrito declara que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en trato; por tanto, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, para los efectos correspondientes. Sirve de apoyo la jurisprudencia de rubro y texto: "Décima Época Registro: 2008791 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 17, Abril de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 6/2015 (10a.) Página: 95 TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, fórmese cuaderno de antecedentes y solicítese acuse de recibo. V. Domicilio procesal y autorizados. Téngase como domicilio procesal el indicado en el escrito de demanda; y, como autorizados con las restricciones del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos, a Víctor Eduardo Castillo García y María Teresa de Jesús Rivera Prado, toda vez que como se advierte de la certificación de cuenta, no existe registro a su favor en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y no acreditan estar facultados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. VI. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. VII. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos, con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a la parte promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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