Enrique Amozorrutia Palomino

Expediente 466/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
466/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
13/01/2022

Partes del expediente

  • Enrique Amozorrutia Palomino

Actuaciones

  1. Principal

    II-Agréguese el oficio del actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, deducido del juicio de amparo 796/2020, de su estadística, con el cual remite certificada del acuerdo de cuatro de enero del año en curso, con el que tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada; lo anterior sin mayor acuerdo, toda vez que el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Cúmplase.

  2. Principal

    II.- Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le remitió el expediente original del juicio de amparo 466/2020-II, derivado de la incompetencia planteada por este Juzgado de Distrito e informa que el mencionado órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo indirecto promovida por Enrique Amozorrutia Palomino, y fue registrada con el expediente 796/2020 de su índice. En consecuencia, previas las anotaciones de Ley en el Libro de Gobierno respectivo, remítase el presente cuaderno de antecedentes al archivo de este Juzgado como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina de que en virtud de que se planteó la incompetencia en el presente juicio de amparo, y fue aceptada por diverso órgano jurisdiccional, este juicio de amparo no fue estudiado por este Juzgado de Distrito, por lo que se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que es ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente cuaderno de antecedentes, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio, de la misma manera, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico.

  3. Principal

    II.- Se da cuenta con la demanda de amparo de cuenta promovida por Luis Raymundo Canché Aquino, apoderado legal de Enrique Amozorrutia Palomino, personalidad que acredita con copia certificada de la escritura pública 3383 (Tres mil trescientos ochenta y tres), pasada ante la fe del Notario Público Suplente de la Notaría 6 (seis) en el Estado, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Tribunal Unitario del Distrito Cuarenta y Cuatro con residencia en esta ciudad, como autoridad ordenadora y al Delegado del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, con residencia en Playa del Carmen Quintana Roo, como autoridad ejecutora; regístrese en el Libro de Gobierno respectivo, bajo el número 466/2020-II. Ahora, resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Ahora, debe decirse que del análisis de la demanda se advierte que la parte promovente del juicio señala como actos reclamados los siguientes: "I.- Del H. Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44[.] 1.- El acuerdo de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, mismo que fue notificado al suscrito en fecha 20 de octubre del presente año, relativo al expediente número 211/2020, promovido por Ramón Isidro Villanueva Martín, en contra del suscrito y de otras personas, radicado en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 44. II.-Del C. Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Playa del Carmen, Quintana Roo, la anotación preventiva en el folio real electrónico 80305." Ahora, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente, en el apartado de antecedentes, manifestó que en el acuerdo de veintitrés de septiembre del año en curso, en su punto quinto, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, con residencia en esta ciudad, en atención a la medida precautoria solicitada en el expediente 211/2020 de su índice, ordenó a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, realizar la anotación preventiva con el folio real electrónico número del inmueble 80305, localizado en la ciudad de Playa del Carmen y la ejecución de esta última. Ahora, resulta pertinente destacar que este juzgado federal advierte que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, ello con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo. Al efecto, los artículos antes citados establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De la lectura de los preceptos legales antes citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En las dos primeras reglas, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, esto no solo es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios jueces de distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una sola jurisdicción; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes, al precisar que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla prevé el caso en el que el acto reclamado no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se aprecia que la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al juez de amparo más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los jueces de distrito con jurisdicción en los distritos, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro. Esto, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En el caso, se reclama el acuerdo de veintitrés de septiembre del año en curso, en su punto quinto, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, con residencia en esta ciudad, en atención a la medida precautoria solicitada en el expediente 211/2020 de su índice, cuya ejecución corresponde a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, con residencia en Playa del Carmen, al realizar la anotación preventiva con el folio real electrónico número 80305, correspondiente al bien inmueble ubicado en la localidad de Playa del Carmen, tal como se advierte del Certificado de Gravamen que adjuntó la parte promovente a su escrito de demanda. Situación que la autoridad registral debe ejecutar en Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, como se desprende de sus manifestaciones que bajo formal protesta de decir verdad, realizó en su escrito de demanda y en el apartado del acto reclamado atribuido a ésta autoridad registral. De lo expuesto se obtiene que para fijar la competencia del juicio de amparo intentado por la parte promovente, debe atenderse a la regla referida en el numeral 1 del presente auto, es decir, que deberá conocer de éste el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde se ejecuten, se estén ejecutando, se hayan ejecutado o deba ejecutarse el acto reclamado. Ahora, como ya se señaló el acto reclamado se tendrá ejecución fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, esto es, en la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo, por tanto, cabe concluir que, en el caso concreto, para determinar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido, debe atenderse al lugar donde ésta tuvo, tiene o tendrá ejecución, lo que en la especie ocurriría en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial que comprende un axioma compatible con la Nueva Ley de Amparo, de la Séptima Época, Volumen 217-228, Séptima Parte, Página 88, consultable bajo el número de registro 245025, cuyo y texto refieren lo siguiente: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de derechos fundamentales se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, quien por razón de territorio ejerce jurisdicción en esa ciudad en que tendrá lugar la ejecución del acto reclamado, por lo que este órgano de distrito carece de competencia legal en términos del primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo. Previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, de conformidad con el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio con las copias de la demanda y sus anexos, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, se solicita al que le corresponda conocer, informe a este órgano jurisdiccional el trámite que se sirva dar a lo anterior, a fin de integrar debidamente el presente expediente. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto de la suspensión del acto reclamado, toda vez que éste no se encuentra entre los previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo ni es de aquéllos de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se tiene por señalado como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito de demanda y como autorizados únicamente para los fines que expresamente manifestó el promovente en su escrito de demanda, a las personas que señaló en el mismo. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Con fundamento en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. De lo anterior, sin que haya que lugar a notificar personalmente la presente determinación al promovente, en atención a la Jurisprudencia 12/96, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página cincuenta y cinco, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMUN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCION. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE", que en lo conducente establece: ".es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término, a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existe oficina de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado".

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