Enrique Amaya Hernández
Expediente 649/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 649/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 17/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Enrique Amaya Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede se advierte, ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que el quejoso Enrique Amaya Hernández (único afectado), haya recurrido la sentencia de treinta y uno de julio de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este órgano jurisdiccional determina por analogía, la valoración respectiva en términos del artículo 17, fracción III, inciso b) (al haberse concedido la suspensión de oficio y de plano en este juicio), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es conservable. c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, transfiérase al depósito documental que, para tal efecto designe el Área coordinadora de archivos. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Calificador del Primer Turno del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, mediante el cual remite copia certificada de la boleta de libertad a nombre del quejoso Enrique Amaya Hernández; sin que haya lugar a dictar mayor providencia, toda vez que en audiencia constitucional de treinta y uno de julio del año en curso, se tuvo por recibida dicha documental, la cual fue tomada en consideración en sentencia de esa propia fecha, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 649/2023; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Pedro Ramírez Barrios mediante escrito presentado el dos de julio del año en curso, con la secretaria de guardia de este órgano jurisdiccional, solicitó amparo y protección de la Justifica Federal a favor de Enrique Amaya Hernández, contra actos de Juez Calificador en turno y Director de la Policía Vial, ambos del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, que más adelante se precisarán. SEGUNDO. En proveído de dos de julio de dos mil veintitrés, se radicó el juicio de amparo con el número 649/2023, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados a favor del quejoso Enrique Amaya Hernández. TERCERO. Previa ratificación de demanda, el cuatro de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 6º, 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; toda vez que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen en el territorio en que este juzgado tiene jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlo o no por demostrado. Así del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La detención con motivo del operativo alcoholímetro. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad señalada como responsable Jueza Calificadora del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le reclama, sin embargo dicha negativa se desvirtúa en razón de que reconoce que el quejoso Enrique Amaya Hernández, fue detenido el dos de julio del año en curso, por elementos adscritos a la Dirección de la Policía Vial de ese municipio, toda vez que incurrió en una falta administrativa. Por tanto, se tiene por cierto el acto que se le atribuye. Por su parte, el Director de la Policía Vial del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, no rindió informe justificado, no obstante estar debidamente emplazado a este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este Juzgado Federal advierta, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; y con base en la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, bajo el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, este órgano jurisdiccional advierte que se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Así, de la constancia agregada en la audiencia constitucional que antecede, y que fue enviada por la Jueza Calificadora del Segundo turno del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, a la que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que el dos de julio de dos mil veintitrés, elementos de Vialidad a cargo del Director de la Policía Vial de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, pusieron a disposición del Juez Calificador en turno del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, al quejoso Enrique Amaya Hernández, mediante el parte informativo de esa fecha, por haber incurrido en una falta administrativa, consistente en conducir en estado de ebriedad; posteriormente a las diecinueve horas con cuarenta minutos de esa misma fecha, fue puesto en libertad. Por tanto, al haber obtenido el quejoso su libertad personal, a las diecinueve horas con cuarenta minutos del dos de julio del año en curso, lo que aconteció con posterioridad a la presentación a la demanda de amparo (trece horas del dos de julio del año en curso); es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado. En ese contexto, al hacerse patente la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, febrero 1998, con número de registro digital 196820, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 649/2023 promovido por Enrique Amaya Hernández. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por la Jueza Calificadora del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca; mediante el cual rinde su informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Documental. Con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley, se admite como prueba documental la que anexa la citada autoridad, la cual será tomada en consideración en el momento procesal oportuno. Requerimiento de constancias. Ahora, toda vez que la autoridad oficiante manifiesta que el quejoso Enrique Amaya Hernández, fue puesto en libertad el dos de julio del año en curso, y al respecto remite copia simple de la boleta de libertad correspondiente, sin embargo, la misma carece de valor probatorio, al no contener la certificación a que se refiere el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por tanto, a efecto de estar en aptitud de resolver la presente litis constitucional como en derecho proceda, con apoyo en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad oficiante, para que dentro del término de tres días, siguientes a su notificación, remita copia certificada de la boleta de libertad a nombre del citado quejoso; apercibida que de no hacerlo, se le impondrá de cincuenta unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la tesis VI.1o.P.10 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Novena Época, tomo XIV, Julio de 2001, consultable a página 1135, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ TIENE OBLIGACIÓN DE RECABARLAS CUANDO SEAN NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. Si de la lectura de las constancias que remitió la autoridad responsable como justificación del acto reclamado, se advierte que valoró pruebas que no se encuentran glosadas en el expediente remitido, el Juez Federal, en términos de lo dispuesto por el artículo 78, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, tiene la obligación de requerir a la autoridad responsable para que remita las constancias aludidas, y poder apreciar el acto reclamado tal y como se probó ante la responsable; de tal forma que si el Juez de amparo emite su sentencia sin contar con esas pruebas que eran necesarias para resolver el fondo del asunto, actúa violando las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y procede ordenar su reposición, en términos de la fracción IV del artículo 91 de la ley de la materia". NOTIFÍQUESE.
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