Enrique Alvarado Saucillo
Expediente 440/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 440/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Enrique Alvarado Saucillo
- Edwin Daniel Guerra Cordova
- Juan Manuel Esponiosa González
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí con residencia en Ciudad Valles, atendiendo a su contenido se le tiene acusando de recibo del juicio de amparo 440/2022-4, promovido por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, del índice de este Juzgado, así mismo informa que acepta la competencia planteada y se avoca a su conocimiento, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción, por haberse aceptado la competencia planteada . Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a veinte de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con residencia en Apizaco, a través del cual informa que no acepta la competencia planteada en el presente juicio, debido a que dicho juzgado fue señalado como responsable. En atención a lo anterior, este juzgado no insiste en la incompetencia planteada por los motivos expuestos en el auto de veintinueve de marzo del presente; circunstancia que deberá informársele para los efectos legales a que haya lugar. Expuesto lo anterior, se procede a proveer lo siguiente: Vista la demanda de amparo promovida por ************, por propio derecho, contra actos que reclaman del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 440/2022-4, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E- INCOMPETENCIA Una vez analizada la demanda de amparo, esta juzgadora federal determina declinar la competencia para conocer de este asunto, pues los quejosos señalan a este juzgado de distrito como autoridad responsable, respecto de los actos consistentes en el traslado del centro penitenciario de la Ciudad de México en el que se encuentran internos a uno diverso con sede en los Estados en los cuales tienen jurisdicción los juzgados de Distrito señalados como autoridades responsables, así como la reubicación o cambio de dormitorio En efecto, los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. De lo anterior se colige que, si bien es cierto el artículo 37 de la Ley de Amparo establece como regla general, que tratándose de juicios de amparo indirecto la competencia para conocer de ellos se surte a favor del juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, también es verídico que el numeral 38 de la citada ley establece una excepción a dicha regla, conforme a la cual la competencia para conocer de un juicio de amparo promovido contra actos de un juez de distrito recae en otro de la misma categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere; o, en caso contrario, en el más inmediato dentro del circuito a que pertenezca el juez. Cabe señalar que el numeral 38 de la Ley de Amparo no establece expresamente quién debe ser competente cuando todos los jueces de distrito de un mismo circuito se encuentren impedidos por haber sido señalados como autoridades responsables, como en el caso acontece; sin embargo, es evidente que dicha omisión legislativa debe subsanarse siguiendo los lineamientos establecidos por el legislador en ese mismo precepto; es decir, atendiendo al juez de distrito más cercano que está señalado como autoridad responsable. Luego, el juez de amparo competente es el que, sin estar en el circuito a que pertenece la autoridad responsable, se encuentre más próximo a la localidad en que resida ésta, atendiendo a la distancia y a las vías de comunicación. Entonces, es dable concluir que la competencia para avocarse al conocimiento del asunto se surte a favor de cualquiera de los Jueces de Distrito en el Estado de San Luis, con residencia en Ciudad Valles, ya que atendiendo a la distancia y a las vías de comunicación, resulta ser el más inmediato a esta ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo; máxime si tienen competencia conforme al artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para conocer de juicios de amparo del orden penal (como el promovido por los quejosos). En efecto, el juzgador federal más cercano a la residencia de esta autoridad declinante es el que ejerce jurisdicción en el Noveno Circuito del Poder Judicial de la Federación, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, de conformidad con el artículo cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que dice: CUARTO. La jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito es la siguiente: (.) X. NOVENO CIRCUITO: 1. Tres tribunales colegiados con residencia en San Luis Potosí. 2. Un tribunal unitario con sede en San Luis Potosí. 3. Siete juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí: cinco con residencia en la ciudad del mismo nombre y dos con sede en Ciudad Valles. La lectura del precepto que antecede conduce a estimar que los juzgados de amparo en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, ejercen jurisdicción territorial en la demarcación de dicha entidad federativa, los cuales están más cercanos a la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. Ello es así, porque los promoventes del amparo señalaron como responsables a: "los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México; Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa de la Ciudad de México del Primero al Décimo Séptimo; Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro Quintana Roo, San Luis Potosí a excepción de los Jueces de Distrito en Ciudad Valles, Sinaloa, Sonora Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas." Por ello, la competencia para conocer de la demanda promovida por Carlos Roberto Angelino Barrón y otros, debe decidirse a favor del Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en turno, perteneciente al Noveno Circuito del Poder Judicial de la Federación, por ser el más cercano. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P.J/. 44/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, del Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN." En esas condiciones, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, 38 y 48 de la Ley de Amparo; fracción IX, punto 3, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, declara carecer de competencia para conocer este juicio de amparo indirecto. Por ello, se ordena remitir la demanda de amparo al Juez de Distrito en el Estado de San Luis, con residencia en Ciudad Valles, a quien se estima competente para su trámite y definición. Se solicita atentamente al Juez de Distrito a quien corresponda el conocimiento del asunto, se sirva acusar de recibo y, dentro del término previsto en el precepto 48, segundo párrafo, informe si acepta o no la competencia declinada a su favor. Suspensión de plano. Se considera que en el presente asunto no se actualiza el supuesto comprendido en el artículo 48, párrafo primero, en relación con el 15, ambos de la Ley de Amparo, por lo que este Juzgado de Distrito no se pronunciará en torno a la medida suspensional. Para afirmar lo anterior, primeramente se debe tomar en consideración el contenido de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. [.] Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." Estos preceptos enuncian los actos reclamados respecto de los cuales la tramitación de la demanda de amparo puede ser promovida por cualquier tercero a favor del directo quejoso, y de los que procede la suspensión de oficio y de plano por tratarse de actos inconstitucionales en sí mismos, en razón de que conllevan una directa transgresión a derechos sustantivos y a la dignidad de la persona que los resiente. Como puede apreciarse, en su texto no están previstos los traslados y la reubicación o cambio de dormitorio, como actos respecto de los cuales procede conceder la medida cautelar de referencia. Y es que dichos actos, por sí mismos, no pueden estimarse inconstitucionales, pues son figuras jurídicas instauradas en las leyes y en todo caso, su inconstitucionalidad derivará del examen de legalidad pormenorizado que en lo particular se haga sobre de ellos. En ese sentido, para determinar si respecto al acto de traslado y la reubicación o cambio de dormitorio resulta o no asequible otorgar la suspensión de oficio y de plano, debe acudirse a su naturaleza jurídica y no a las razones que al efecto aduzca la parte quejosa por las que considera que procede esa medida cautelar. Es aplicable la tesis VI.1o.A.19 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, con registro digital 179731, que señala: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO." En el caso, como se precisó con anterioridad, los actos aquí reclamados los constituyen el traslado del centro penitenciario en el que se encuentran los directos quejosos en la Ciudad de México, a uno diverso, así como la reubicación o cambio de dormitorio. Actos que no encuadran en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, pues para la procedencia de la suspensión de oficio y de plano, aun y cuando hayan sido dictados por autoridades administrativas sin la intervención de la autoridad judicial, no se puede considerar como un ataque a la libertad fuera de procedimiento, sino que se trataría de un acto que afecta la libertad dentro de procedimiento. Se destaca que con anterioridad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había emitido la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.), en donde estableció que procedía la suspensión de oficio y de plano cuando se combatiera la orden de traslado de un centro penitenciario a otro. Sin embargo, dicho criterio fue abandonado y sustituido por la tesis 1a. XXI/2021 (10a.), para ahora establecer como criterio que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin intervención judicial previa, al contar con una regulación específica en la Ley Nacional de Ejecución Penal, constituye un acto dictado dentro del procedimiento. Por lo que, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tiene que agotar los medios de defensa que dispone la ley especializada referida, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento. Misma circunstancia que acontece con el diverso acto reclamado consistente en la reubicación o cambio de dormitorio, pues teniendo como parámetro los argumentos que utilizó la Primera Sala de la Corte para hacer el abandono de criterio que se refirió con antelación, en el caso también se advierte que los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión. Además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones u omisiones de la autoridad penitenciaria, por medio de la controversia que se plantee ante el Juez de Ejecución, incluso, prevén que los internos tienen a su alcance los recursos de revocación y apelación para el caso de estar inconformes con alguna decisión de la autoridad judicial. En este sentido, cabe mencionar que el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, en sesión pública de tres de diciembre de dos mil diecinueve, resolvió la contradicción de tesis 8/2019, que versó sobre una resolución del Comité Técnico de un Centro de Reclusión en torno a la reubicación del reo a un módulo de máxima seguridad. Entre otras cuestiones, en la ejecutoria de dicha contradicción se dijo que cuando el acto reclamado versaba sobre una determinación disciplinaria contenida en una resolución emitida por el Comité Técnico de un centro de reclusión, la Ley Nacional de Ejecución Penal proporcionaba el medio de impugnación regulado por el artículo 48, que prevé las características siguientes: 1. Procede su interposición contra las resoluciones provenientes del Comité Técnico del centro de reclusión. 2. Es un recurso por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones administrativas. 3. Con la sola interposición de ese recurso, la ley del acto prevé la suspensión de los efectos de la resolución materia de impugnación, es decir, paraliza los efectos sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo. Esto último, señaló el Pleno de este Circuito, porque se advertía que el citado numeral 48 disponía que cuando se impugnaban resoluciones administrativas por faltas disciplinarias, sin exigir algún otro requisito por satisfacer se suspenderá la aplicación de las sanciones impuestas, hasta que el juzgador respectivo resolviera en definitiva. Indicó que de lo anterior se obtenía que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de impugnación diseñado para combatir las determinaciones de autoridades de índole penitenciario (administrativas) referentes a las condiciones de internamiento de toda persona ahí privada de libertad. Condiciones de internamiento que, de acuerdo con el dispositivo 30, con relación a los arábigos 31, 34 y 37 entre otros, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se encontraban relacionadas no solamente con los temas inherentes a la salud, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, sino también con los temas relacionados con el centro de reclusión, el cambio de módulos, estancias y dormitorios de las personas privadas de la libertad y otros, pues estaban relacionadas con hechos, actos u omisiones, respecto de las cuales se afectaba la seguridad y vida digna en internamiento o reclusión, inclusive, entre otras cuestiones, por la aplicación de medidas correspondientes al régimen disciplinario. Actos entre los que emergía toda disposición de libertad personal del interno. A la luz de lo anterior, la reubicación o cambio de dormitorio reclamado en la demanda, consiste en una condición de internamiento que por sí mismo, no puede estimarse inconstitucional, y que al regirse por un procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, no se puede considerar como un ataque a la libertad fuera de procedimiento, sino que -al igual como se dijo en lo relativo a la orden de traslado- se trata de un acto que afecta la libertad dentro de procedimiento. Se cita en apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) de la Primera Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de la Décima Época, con registro digital 2018548, que establece: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Y aunque los quejosos en la demanda refieren que la reubicación pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico y psicoemocional; lo cierto es que no abonan en señalar las condiciones o los hechos por las que acontecerían dichos menoscabos, pues su reclamo es escueto y no se transmiten parámetros para determinar que, en el caso concreto, el acto reclamado pudiese tener la trascendencia que aseveran. En este sentido, la reubicación o cambio de dormitorio, que como se dijo, alude a aspectos inherentes a las condiciones de internamiento, por regla general, no puede ser considerado como un acto que ponga -por sí mismo- en riesgo la vida o la salud del interno, por lo que en todo caso, su análisis procede conforme a las reglas relativas a la suspensión a petición de parte, lo cual no es materia del presente recurso. Resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 26/2018 (10a.) de la Primera Sala, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de la Décima Época, con registro 2017718, que señala: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. POR REGLA GENERAL, NO ES PROCEDENTE CONCEDERLA DE PLANO Y DE OFICIO TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA DE PROVEER A LOS INTERNOS ROPA Y ZAPATOS EN BUEN ESTADO." De igual modo, la diversa jurisprudencia 1a./J. 35/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de la Décima Época, con registro 2017717, de contenido: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE, ES PROCEDENTE CONCEDERLA DE PLANO Y DE OFICIO TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA DE PROVEER A LOS INTERNOS ROPA Y ZAPATOS EN BUEN ESTADO." Por último, se precisa que si bien los quejosos también señalan como actos reclamados los prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, lo cierto es que no señalan que actos de los previstos en dichos artículos están siendo objeto, a efecto de que este Juzgado pudiera estar en aptitud legal de determinar los efectos de la suspensión de plano solicitada. Cabe mencionar, que lo aquí expuesto, así fue sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja *****. Por otra parte, tomando en consideración que los quejosos ************, se encuentran recluidos en la penitenciaría de la Ciudad de México, sin embargo, no especificaron en cuál de ellos; por tanto, procédase a notificarles el presente proveído en los estrados de este juzgado. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones, así como las diligencias correspondientes, para el adecuado despacho de los asuntos. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obran en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presente las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda la información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de promociones y documentos presentados electrónicamente, proceda a su impresión e incorporación al expediente físico. Medios electrónicos. Conforme a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de medios electrónicos en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio enviado de manera electrónica por el Juez Mixto de la Civil y Familiar del Primera Instancia del Décimo primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León, por el cual acusa recibo del oficio 10536/2022 de veinticuatro de febrero del año en curso, dictado en el juicio en que se actúa, circunstancia de lo cual se toma conocimiento. Notifíquese.
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