Enrique Alvarado Saucillo

Expediente 136/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
136/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
22/05/2017

Partes del expediente

  • Enrique Alvarado Saucillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de mayo de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo en el juicio, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Por otra parte, dado que no es necesaria la retención de los anexos remitidos por las autoridades responsables en apoyo al informe de ley y al comunicado recibido el veintinueve de marzo pasado (fojas 36, 108 y 111), devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 136/2017, promovido por Enrique Alvarado Saucillo, contra actos de la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, y otra autoridad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el catorce de febrero de este año en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, remitido por cuestión de turno a este juzgado, el promovente del juicio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia (fojas 2 a 8). II. El demandante del amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló transgredidos en su perjuicio, los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por auto del día siguiente se registró la demanda bajo el orden 136/2017, y se previno al justiciable a efecto de que al momento de la notificación manifestara si reconocía como propia la firma que calzaba la demanda, y si ratificaba el contenido de la misma, así como para que precisara de forma concreta el acto o actos reclamados de cada una de las autoridades responsables, en razón de que no se advertía esa información. IV. Desahogada la mencionada prevención, mediante proveído de tres de marzo pasado se admitió la demanda; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio intervención a la representación social de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional; se corrió traslado a los agentes del Ministerio Público adscritos a los órganos jurisdiccionales responsables; y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que en su oportunidad, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; así como 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el orden 169 en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden de ideas, del análisis integral de la demanda y constancias de autos, se aprecia y precisa que los actos reclamados en este juicio son, la resolución de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete emitida en el toca penal 945/2016, en que se confirmó la diversa determinación incidental de tres de noviembre de dos mil dieciséis, así como su ejecución. Actos que fueron atribuidos a las siguientes autoridades: a) Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (en su carácter de ordenadora); y b) Juez Quincuagésimo Sexto Penal de esta ciudad (en su carácter de ejecutora). TERCERO. Son ciertos los actos reclamados, pues así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir informe justificado (fojas 36 y 41), lo que se corrobora con la copia certificada que remitieron en apoyo a dicho comunicado, entre cuyas constancias se advierte la resolución descrita en el considerando anterior (fojas 75 a 100); documental que adquiere valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que no advierte este juzgado de Distrito que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de los conceptos de violación contenidos en la demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son infundados los conceptos de violación que formuló el quejoso, sin que exista materia para suplir su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, en razón de que el acto reclamado, que constituye un acto de molestia, se ajusta a las exigencias descritas en el primer párrafo del artículo 16 constitucional. Dicho precepto dispone lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". De la interpretación del segmento transcrito, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que la impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla con los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Asentado lo anterior, para mejor comprensión del asunto es necesario relatar los antecedentes de la resolución reclamada. El diez de julio de dos mil dos, la entonces juez Quincuagésimo Sexto Penal de esta ciudad, dictó sentencia condenatoria contra el quejoso por su plena responsabilidad en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad agravada, imponiéndole dieciocho años un mes quince días de prisión (fojas 431 a 604, anexo 4). Inconformes con dicha determinación, tanto el justiciable como su defensa, entre otros, interpusieron el correspondiente recurso de apelación, que por cuestión de turno le tocó conocer a la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, quien confirmó la sentencia recurrida al resolver los autos del toca penal 1007/2002 (fojas 2 a 176, anexo 5). Así, el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, el quejoso planteó incidente no especificado, relativo a la "individualización de la pena y estudio de personalidad así como aplicación de la ley más favorable", sustancialmente, porque en la sentencia definitiva incorrectamente se había tomado en consideración el estudio de personalidad que se le practicó (fojas 1 a 6, anexo 7). Aquí es pertinente destacar que en el planteamiento del sentenciado, la expresión empleada como "aplicación de la ley más favorable" en modo alguno implicaba la traslación del tipo penal y adecuación de la pena que le fue impuesta, sino que estaba dirigida a que la autoridad responsable, en un primer contexto, la juez de la causa, y posteriormente, la sala responsable, aplicaran un criterio novedoso emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entonces sí, adecuaran la pena impuesta bajo la exclusión del estudio criminológico; de ahí que en lo que resta del desarrollo de esta sentencia, el pronunciamiento de este órgano de control constitucional se enfocará en la cuestión efectivamente planteada por el inconforme, pues atendiendo al principio de congruencia externa inmerso en el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que se pronuncie en un juicio de amparo debe limitarse al caso especial sobre el que verse la demanda, que además es congruente con la incidencia planteada. Retomando las constancias de la causa de origen, se aprecia que fue señalada fecha para la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo el tres de noviembre del año pasado, y se procedió a emitir la resolución correspondiente en esa misma fecha, declarándose infundado el incidente de referencia, bajo el argumento toral de que constituía cosa juzgada (fojas 8 a 11, anexo 7). Recurrida tal determinación por el demandante del amparo, el treinta y uno de enero de este año se resolvió dicho medio de impugnación, en que la sala responsable determinó confirmar la resolución incidental impugnada (fojas 75 a 100). En ese contexto, se advierte que de manera acertada, la sala responsable hizo del conocimiento del amparista -al margen de que el estudio de personalidad hubiese sido determinante o no-, que la individualización de la pena realizada en la sentencia condenatoria dictada en su contra, constituía cosa juzgada. Así, quedó bien establecido en el acto reclamado, desde luego en vinculación con el aspecto en que el amparista pretendió se realizara un nuevo pronunciamiento al respecto, que ya había sido materia de decisión por parte, tanto del juzgado responsable, como del propio Tribunal de Alzada, por lo que no resultaba válido volver a plantear su discusión, como lo pretendió hacer el amparista. Por tanto, si el grado de culpabilidad y la penalidad impuesta al justiciable en la causa de origen ya fueron materia de análisis, resulta incuestionable que el juzgador no puede atender la petición relativa, ya que transgrediría el binomio fundamental de cosa juzgada y de seguridad jurídica, que es de orden público, de estudio oficioso y de aplicación general, que además no puede ser superado o inobservado por el diverso principio de interpretación más favorable a la persona. Conclusión anterior a la que llegó el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la jurisprudencia por contradicción publicada en la página 1631 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo III, que en su rubro dice "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE COSA JUZGADA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA, ES INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 20/2014 (10a.) DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PARA REINDIVIDUALIZAR LA SANCIÓN, SI YA EXISTE SENTENCIA EJECUTORIA". Por último conviene puntualizar que no es obstáculo para concluir como se hace, que el quejoso tenga carácter de sentenciado por la comisión de un delito y, por tanto, tenga derecho a la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, conforme al artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, puesto que como se dijo al inicio de este considerando, no se advierte materia para ello, además de que conforme al criterio aislado que enseguida se reproduce, tal suplencia no debe llegar al extremo de violentar el principio de "cosa juzgada" en que se sustentó la responsable. Fue orientadora, dadas las razones que la integran, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 289 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, junio de 2009, que en su rubro dice "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN AMPARO DIRECTO. NO DEBE LLEGAR AL EXTREMO DE VIOLENTAR O INAPLICAR LOS PRINCIPIOS DE CONTINENCIA DE LA CAUSA Y DE COSA JUZGADA". En razón de lo expuesto, al resultar infundados los conceptos de violación planteados por el amparista, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó contra la resolución de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete emitida en el toca penal 946/2016, en que se confirmó la diversa incidental de tres de noviembre de dos mil dieciséis. Negativa de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido a la juez Quincuagésimo Sexto Penal de esta ciudad, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expuestas en la última consideración de esta sentencia, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó Enrique Alvarado Saucillo, contra la resolución de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, emitida en el toca penal 946/2016 por la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en que confirmó la diversa incidental de tres de noviembre de dos mil dieciséis, así como contra su ejecución atribuida a la juez Quincuagésimo Sexto Penal de esta ciudad.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte que están señaladas las once horas con cuarenta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, es procedente diferirla, dado que se otorgó licencia al titular de este órgano de control constitucional, aunado a que el secretario Encargado del Despacho designado sólo está autorizado para practicar diligencias y dictar providencias de mero trámite, así como resoluciones de carácter urgente, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en ese sentido, para tal efecto, se fija el veintiocho de abril de dos mil diecisiete a las once horas con treinta minutos.

  4. Principal

    Ciudad de México, a treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte que está transcurriendo el plazo concedido a las partes, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; por tanto, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy se difiere y se señala como nueva fecha para celebrarse el veintiuno de abril de dos mil diecisiete, a las once horas con cuarenta minutos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".

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