ENRIQUE ALVARADO SAUCILLO y Otros.

Expediente 123/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
123/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
02/08/2022

Partes del expediente

  • ENRIQUE ALVARADO SAUCILLO y Otros.
  • JOSÉ OTHON RAMIRO HERNÁNDEZ LIMA y Otros.
  • EDUARDO FLORES CASTRO y Otros.
  • JUAN MANUEL ESPINOSA GONZÁLEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos del cuadernillo auxiliar derivado del juicio de amparo indirecto 123/2022, para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio número 15942/2022, signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con sede en Tampico, Tamaulipas, a través del cual informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este juzgado para conocer de la demanda de amparo que dio al referido sumario, quedando registrado bajo el número 300/2022-III-9 de su índice administrativo; por tanto, SE ORDENA ARCHIVAR el presente cuadernillo como asunto concluido. Hecho lo anterior, de conformidad con el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este cuadernillo es DESTRUIBLE, transcurridos seis meses.

  2. Principal

    Visto el oficio 6270/2022, remitido vía juicio en línea y firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, residente en aquella ciudad, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto E-038/2022-III-A, con número de orden 53/2022, por el que se le encomendó hacer del conocimiento de los agraviados Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othon Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta, Hugo Melchor Nieto, Luis Arturo Zavala Rosas y Francisco Payán Monrroy, los proveídos de dieciocho y veinticinco de febrero de dos mil veintidós; memorial y anexos que se ordena agregar en autos para que obren como corresponda. Sin necesidad de acusar recibo a la autoridad oficiante, en virtud de que el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), lo genera al momento de ser enviado. Hágase la anotación que corresponda en el libro de gobierno relativo, respecto a la diligenciación del exhorto preindicado.

  3. Principal

    Visto el oficio 933/2022, firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual devuelve sin diligenciar el exhorto E-029/2022-III-A, con número de orden 39/2022, por los motivos expuestos en el oficio de cuenta; comunicado que se ordena agregar en autos para que obre como corresponda. Sin necesidad de acusar recibo a la autoridad oficiante, en virtud de que el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), lo genera al momento de ser enviado. Hágase la anotación que corresponda en el libro de gobierno relativo, respecto a la no diligenciación del exhorto preindicado. Ahora bien, atento a lo referido por la autoridad ocursante, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 al 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, de acuerdo con el numeral 2°de la Ley de la Materia, así como en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, envíese nuevamente atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno, con sede en la Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este juzgado con copia de este proveído y del diverso de dieciocho de los cursantes, se sirva notificar dichos autos a los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa, González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othon Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta, Hugo Melchor Nieto, Luis Arturo Zavala Rosas y Francisco Payán Monrroy, en las instalaciones de la penitenciaria de la Ciudad de México.

  4. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othon Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta, Hugo Melchor Nieto, Luis Arturo Zavala Rosas y Francisco Payán Monrroy en contra de actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades. REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 123/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, constitucionales; 1º, fracción I, 15, 20, 37, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se tiene presentada la demanda en sus términos. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La orden de traslado del centro penitenciario en el que se encuentran recluidos a uno diverso y el cambio de dormitorio. INCOMPETENCIA. De la lectura de la demanda de amparo, en específico, del apartado de autoridades responsables, se obtiene que el quejoso señala como tales, entre otras, a los jueces de Distrito en el Estado de Sinaloa, entre los cuales se encuentra este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán. Ahora, a fin de motivar claramente esta determinación, conviene mencionar que la competencia es la suma de atribuciones de un órgano del Estado. En el ámbito jurisdiccional, se traduce en la facultad de un órgano para desempeñar su potestad en el conocimiento y la resolución de determinados asuntos sometidos a su decisión. En ese contexto, la competencia constituye la primera categoría procesal de validez de todo proceso o procedimiento (incluyendo el juicio de amparo), cuyo análisis es preponderante y de orden público, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante diversos criterios. Como muestra de lo anterior, resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 21/2009 del Pleno del alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, abril del 2009, página 5, que dice: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas." En el juicio de amparo, la competencia se fija a través de diversos criterios, entre ellos, el sustentado con el axioma jurídico de "nadie pues ser juez y parte" y que reconoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este aserto se orienta con el criterio de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 181-186, Cuarta Parte, página 108, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ELLA UN JUEZ DE DISTRITO, CUANDO ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE Si en un juicio de amparo el Juez de Distrito ante el que se presentó la demanda figura en ésta como autoridad responsable, el mismo carece de competencia para conocer del negocio, pues no se puede tener el carácter de Juez y parte. Además, en los términos del artículo 42 de la Ley de Amparo, "es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, otro de la misma categoría dentro del mismo Distrito, si lo hubiere, o, en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito a que pertenezca dicho Juez." Este supuesto de competencia, para el caso de los juzgados de Distrito que son los órganos competentes para conocer, entre otros asuntos, de los juicios de amparo indirecto, está previsto en el artículo 38 de la ley, que dice: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." De la interpretación del precepto se obtiene que cuando se promueva demanda de amparo indirecto y se designe como autoridad responsable a un juez de Distrito, es competente otro del mismo Distrito y especialización; si no lo hay, entonces, será competente el más cercano, de ser posible, dentro de la jurisdicción del Circuito al que pertenezca. Pues bien, como se expuso con antelación, los quejosos designaron como autoridades responsables, además de otros, al suscrito en su carácter de Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa [en virtud de haber señalado a los Jueces de Distrito en el Estado de Sinaloa], por lo que en términos del artículo 38 de la ley, éste órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la ley, quien suscribe declara carecer de competencia para conocer de la demanda y ordena que se remita junto con sus copias al Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, que por turno corresponda, por resultar ser el más cercano a la Ciudad de México [lugar donde se ejecutan los actos reclamados], descartando a aquellos que fueron señalados como responsables [Jueces de Distrito en todos los Estados de la República, con excepción de los que tienen residencia en Baja California, Baja California Sur, Jalisco y Tampico]. Por tanto, se solicita atentamente al Juez de Distrito, en favor de quien se declina la competencia, informe si la acepta o no. Incompetencia sin proveer sobre la suspensión de plano en términos del artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Al respecto, debe indicarse que la calificación de la urgencia de los actos reclamados es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto de los establecidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del numeral 15 de la Ley de la Materia. Ahora, analizada la demanda de derechos fundamentales y atendiendo a la narrativa de la misma, se advierte que lo que los promoventes atribuyen a las autoridades responsables lo es el de trasladar a los directos quejosos de su actual centro de reclusión a uno diverso, así como la reubicación de dormitorio; ante tales reclamos debe decirse que su demanda de amparo no se encuentra en alguno de los supuestos para otorgarle la calidad de urgente que prevé el artículo 48,fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, por las consideraciones siguientes: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir de los cual se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario, por lo que las autoridades de ese ramo, ya no pueden decidir discrecionalmente sobre las medidas de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Esa facultad le corresponde ahora a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los jueces de ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y sean efectivos. En ese orden de ideas, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional, se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación, finalmente la califica un Juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Lo que se corrobora con lo dispuesto por el citado artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. Del mismo precepto legal, también se desprende una facultad legal expresa a favor de la autoridad administrativa penitenciaria para emitir y ejecutar la orden de traslado en los casos de excepción anunciados; es decir, se trata de una actuación realizada por autoridad competente para tales efectos. No se soslaya que la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 461/2012, determinó que la orden de traslado de un procesado o de un sentenciado, si bien no entraña por sí misma una afectación a la libertad personal, porque ese menoscabo es producto de un acto que directamente mantiene restringido ese derecho, es decir, una sentencia condenatoria; sin embargo, es posible argumentar que no se afecta de forma indirecta ese derecho. En efecto, el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; por que conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las cuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Además, el artículo 117, fracción III, y último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite advertir que ahora se encuentra con un medio ordinario de defensa denominado controversia judicial, a través del cual, la actuación de la autoridad administrativa puede ser confrontada con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, sin perjuicio de que también se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan el dictado de una orden de traslado urgente o excepcional. Lo que significa que será el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. Incluso, de resultar que la decisión judicial dictada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación que procede conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal3, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial, pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada Lo que lleva a concluir que la orden de traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la constitución federal, pues erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. De ahí que conforme a las explicaciones dadas al ser los actos reclamados la orden de traslado de la penitenciaria de la Ciudad de México a diverso centro de reclusión, así como el cambio de dormitorio a un distinto modulo o área, actos que se encuentran dentro de un procedimiento que revisa el juez de control o ejecución, estos no pueden ser considerados dentro de los actos prohibitivos previstos en el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, respecto de los cuales procede conceder la suspensión de plano al afectarse la libertad fuera de procedimiento, supuesto que en el caso no se actualiza. Consecuentemente, no procede proveer sobre la suspensión de plano por no actualizase el supuesto de excepción del artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Motivo por el cual no resulta aplicable la jurisprudencia 1ª/J.58/2016(10a) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENINTENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSION DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCION DE LA AUTORIDADE JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SOLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA DIRECTA. De igual forma, tampoco, se ubica en la hipótesis normativa a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo; lo anterior, puesto que de su escrito de demanda se advierte que los directos quejosos no están incomunicados, tampoco reclama actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ello, puesto que refiere que los directos quejosos se encuentran en el interior de su centro de reclusión. Precisado lo anterior, en razón de que como se explicó, la demanda de amparo que se provee no se encuentra en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo; por tanto, este juzgador no se pronuncia sobre la suspensión de plano, ni es procedente girar los oficios a las autoridades señaladas como responsable, sino únicamente remitir este asunto al Juez de Distrito a favor del cual se declina su competencia. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO. Con la finalidad de lograr la notificación de los quejosos, mismos que tienen su domicilio en la Ciudad de México, esto es, fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional; con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 al 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, de acuerdo con el numeral 2°de la Ley de la Materia, así como en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, envíese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno, con sede en la Ciudad de México, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, para que en auxilio de las labores de este juzgado con copia de este proveído, se sirva notificar el presente proveído a los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othon Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta, Hugo Melchor Nieto, Luis Arturo Zavala Rosas y Francisco Payán Monrroy, en las instalaciones de la penitenciaria de la Ciudad de México. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que Ileguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. JUICIO EN LINEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los Artículo 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). INGRESO A LAS INSTALACIONES. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3º y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.

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