Enrique Alvarado Lara

Expediente 1102/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1102/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
07/09/2016

Partes del expediente

  • Enrique Alvarado Lara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    II. La certificación de cuenta evidencia que la quejosa no interpuso recurso de revisión dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo contra la sentencia de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, en el cual se sobreseyó el presente juicio; por tanto, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la legislación citada por disposición expresa de su ordinal 2º, para todos los efectos procedentes, se declara que la misma ha adquirido firmeza procesal. Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III), pues se sobreseyó en el presente asunto. 2. El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, inciso III). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    II) V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1102/2016-II, promovido por Enrique Alvarado Lara, contra actos del Juez de Control y de Juicio Penal del Distrito Judicial de Toluca México; y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Enrique Alvarado Lara, promovió juicio de amparo contra las autoridades y acto siguientes: ""AUTORIDADES RESPONSABLES: A.- Se señalan como autoridades responsables ordenadoras a: I) JUEZ DE CONTROL Y DE JUICIO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO. B.- C. COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE MEXICO. ACTO RECLAMADO: LA ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD QUE SEÑALÓ, COMO ORDENADORA Y QUE TRATA DE LLEVAR ACABO LA AUTORIDAD QUE SEÑALO COMO AUTORIDAD EJECUTORA. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS VULNERADOS. La parte quejosa estimó violados en su perjuicio los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO. Por auto de veinte de julio de dos mil dieciséis (fojas 07 a 09), se admitió a trámite la demanda de amparo, se formó por duplicado el incidente de suspensión de los actos reclamados, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. AUTORIDAD INEXISTENTE. Dado que en proveído de veintiséis de julio de dos mil dieciséis (fojas 14 y 15), se hizo efectivo el percibimiento decretado en auto de veinte de julio pasado, y se dejó de tener con el carácter de responsable a la autoridad denominada por el quejoso como: "Juez De Control Y De Juicio Penal Del Distrito Judicial De Toluca, México", por tanto se hará pronunciamiento respecto de esta en la sentencia que se emite. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 51 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el quejoso señaló que el acto reclamado se está ejecutando en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción (Toluca, Estado de México). SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados en esta instancia constitucional consiste en: LA ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD QUE SEÑALÓ, COMO ORDENADORA Y QUE TRATA DE LLEVAR ACABO LA AUTORIDAD QUE SEÑALO COMO AUTORIDAD EJECUTORA. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del juicio, incluyendo la intencionalidad del quejoso, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Se estima aplicable, la tesis VI/2004, publicada en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." La autoridad responsable siguiente: A.- C. COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE MEXICO. Al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado y la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, razón por la cual debe sobreseerse en este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo tenor es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis VI.2º.A.4 K, publicada en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero 2002, Tomo XV, Novena Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En ese orden, procede sobreseer, en virtud de que el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, establece la obligación de la quejosa de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia del acto reclamado a las autoridades en cita correspondía a la impetrante del amparo. En efecto, pues la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables al rendir sus informes justificados para explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio, y sobre todo de acompañar, (en caso de que el acto reclamado sea cierto), copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo tiene lugar cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron categóricamente el acto que se les imputa, porque en tal supuesto, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba necesarios para demostrar la certeza del acto de que se trata, lo que en el caso concreto no aconteció. A lo anterior es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/308, publicada en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, Materia Común, Octava Época, de contenido: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 76, 78, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Enrique Alvarado Lara, por el acto, autoridad, motivos y razones descritas en el considerando tercero de este fallo. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/2966/2016, quien actúa con el Secretario Nicolás de Luna González, que autoriza, firma y da fe. lgr

  3. Principal

    II. Vista la razón de cuenta se advierte la imposibilidad de entregar el oficio 33206/2016, dirigido a las autoridad "Juez de Control y de Juicio Penal del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México", por las consideraciones expuestas en la razón de imposibilidad suscrita por el actuario judiciales de la adscripción. A las aseveraciones insertas en la razón de cuenta, se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, pues la fe pública dada por el funcionario judicial, como lo es el actuario, en ejercicio de su encargo, conserva su valor probatorio para tener por cierto lo ahí asentado, al encontrarse investido legalmente de ella. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis publicada en la página 202, del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 1993, Tomo XI, cuyos rubro y texto son: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso, por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto admisorio de veinte de julio anterior y se deja de tener con el carácter de autoridad responsable a la señalada con antelación para los efectos del presente juicio de amparo, debido a su inexistencia. En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda con el informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público, adscrito a La Dirección General Jarcia y Consultiva, en representación del Comisario General de la Policía Ministerial, sin perjuicio de relacionarlo en la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas indicadas por la responsable para tales efectos en el oficio de cuenta.

  4. Incidental

    II. VISTOS, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1102/2016-II, R E S U E L V E ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a Enrique Alvarado Lara, por las razones descritas en el considerando segundo de esta resolución.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano