Enrique Alonso Plascencia
Expediente 1227/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1227/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Presidente Municipal de Tlaquiltenango, Morelos.
- Enrique Alonso Plascencia
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente, hubiese recurrido el auto de diez de agosto de dos mil dieciséis, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, en acatamiento a lo ordenado en los puntos cuarto, décimo cuarto, vigésimo al vigésimo tercero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el manual -dos mil diez-, para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de conformidad con el acuerdo antes mencionado se aprobó, manual que en su apartado IV, punto 4., refiere, que en los expedientes en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido, deberán ser destruidos, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, sin embargo, toda vez que obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, a fin de acatar lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, del Acuerdo General en consulta, requiérase a la quejosa, para que en cualquier día y hora hábiles, se presente por conducto de quien legalmente la represente, debidamente identificado con credencial vigente, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, ubicadas en Boulevard del Lago, número 103, Edificio B, primer piso, Colonia Villas Deportivas, de esta ciudad, a fin de que se le haga la devolución de dicho documento. En la inteligencia que de no presentarse dentro de un plazo de noventa días a recoger el documento original exhibido, los mismos podrán ser destruidos junto con el presente expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que la parte quejosa no subsanó la prevención que se le formuló mediante acuerdo de veintiocho de julio de dos mil dieciséis, y toda vez que de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término que se le concedió para que diera cumplimiento al requerimiento de mérito, en consecuencia, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia y, por ende, se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de julio de dos mil dieciséis. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida ***, por propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1227/2016-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. De la personalidad del promovente. Por otra parte, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, este juzgado reconoce la personalidad con que se ostenta Enrique Alonso Plascencia, puesto que con la copia certificada que anexa a su escrito de cuenta, acredita ser Presidente Municipal de Tlaquiltenango, Prevención. Ahora bien, para estar en condiciones de proveer sobre el contenido del libelo de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación con el numeral 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se previene a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente día al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: PRIMERO.- Tomando en consideración que en el escrito de demanda la parte quejosa señala como acto reclamado: "Es la denegación de justicia por parte de la autoridad responsable al no dictar y notificar personalmente los acuerdos correspondientes de los escritos presentados con fecha dos de junio del dos mil dieciséis registrados en la oficialía de parte de la misma autoridad responsable bajo los números de folio 009318 y 009320, dentro del juicio laboral de origen ***." Y por otro lado, en su capítulo de antecedentes refiere lo siguiente: "2.- Con fecha treinta y uno de mayo de la anualidad, se presentó el actuario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, acompañado del abogado del actor, con el fin de notificarme el acuerdo de fecha siete de marzo del dos mil dieciséis, en el cual se me apercibe con destitución de cargo como Presidente Municipal, esto por no dar cumplimiento a diversos requerimientos de pago dentro del juicio laboral en el que se actúa cosa que es totalmente incorrecta." Finalmente, en el capítulo de suspensión del acto reclamado refiere que: ".solicito la suspensión provisional y en su oportunidad la definitiva de la ejecución de los actos reclamados, en forma especial de LA ORDEN DE DESTITUCIÓN DEL CARGO QUE OSTENTO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAQUILTENANGO, MORELOS." (Énfasis añadido) En consecuencia, deberá indicar en forma concreta, cuál es la norma general, el acto u omisión que de las autoridades responsables reclama y que pretende impugnar en el presente juicio. Tiene aplicación al caso por analogía jurídica, la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, página ochocientos setenta y uno, cuyo rubro es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA". SEGUNDO.- Asimismo, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, la fecha en la que tuvo conocimiento pleno o se hizo sabedora del acto que se pide aclare. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, de las penas en que incurren los falsos declarantes ante autoridad judicial, tal como lo establece la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y" (Énfasis añadido). TERCERO.- Deberá exhibir cinco copias de su escrito aclaratorio, las cuales son para distribuirse de la siguiente manera: a) Una para las autoridades señaladas como responsables; b) Una para el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional; y, c) Una para los terceros interesados. d) dos para la apertura del incidente de suspensión Tiene aplicación al caso por analogía, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Página 79, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir íntegramente con lo requerido en el cuerpo de este proveído, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 114, de la Ley de la Materia, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata. En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. También, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas para oír notificaciones e imponerse a las personas que indica. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese personalmente.
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