Enrique Alonso Plascencia

Expediente 377/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
377/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
18/05/2018

Partes del expediente

  • Tribunal Estatal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Morelos
  • Enrique Alonso Plascencia

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, mediante el cual, remite el testimonio de la ejecutoria de diez de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el aludido Tribunal Colegiado en el recurso de queja **, en cuyo punto resolutivo se determinó: **** ..archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. .. se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica... Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil quince, se tuvo por interpuesto recurso de queja por la autoridad responsable Tesorero Municipal de Xochitepec, Morelos, respecto del acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil quince, sin que a la fecha se haya recibido resolución en este órgano jurisdiccional, por parte del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo circuito, que tocó conocer del citado medio de impugnación registrado con el número de toca ***; en consecuencia, y a fin de no conculcar derechos adjetivos de las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos copia del escrito firmado por el quejoso, mediante el cual interpone recurso de queja, en términos del numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del acuerdo de dos de marzo de dos mil dieciocho, dictado por este órgano jurisdiccional, por el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el precepto antes citado y los diversos 100 y 101, párrafo primero, de la ley de la materia, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. En consecuencia, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito en turno, el escrito del recurso, copia del auto recurrido y demás constancias que se estimen pertinentes, así como el informe sobre la materia de la queja. En ese tenor, se hace del conocimiento de la Superioridad que es cierto el acto que se atribuye, toda vez que este Juzgado de Distrito determinó desechar de plano la presente demanda de amparo promovida por por ***, por propio derecho, y en su carácter de Presidente Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, en atención a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, y el artículo 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dos de marzo de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Enrique Alonso Plascencia, por propio derecho, y en su carácter de Presidente Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, contra los actos que reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y otras autoridades, consistentes en el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se le requiere de pago bajo el apercibimiento de destitución, así como su inminente ejecución y la falta de emplazamiento en el expediente laboral * Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número *, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento de demanda. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo presentada por Enrique Alonso Plascencia, por propio derecho, y en su carácter de Presidente Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, contra los actos que reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y otras autoridades, consistentes en el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se le requiere de pago bajo el apercibimiento de destitución, así como su inminente ejecución y la falta de emplazamiento en el expediente laboral *. Para arribar a la citada determinación, deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; así, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible llegar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Asentado lo anterior, este Juzgado Federal advierte que en relación con los actos reclamados consistentes en el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete mediante el cual se le requiere de pago bajo el apercibimiento de destitución, así como su inminente ejecución y la falta de emplazamiento en el expediente laboral *, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXIII, y el artículo 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no se afecta la esfera jurídica de derechos del quejoso. En efecto, los citados preceptos, establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: * XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no se ubican en ninguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, del artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo que a la letra se dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:* I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En efecto, el artículo 5 de la Ley de Amparo, define las partes en el juicio de amparo y establece que el quejoso es aquél quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por ello, quien ejerza la acción constitucional y no reúna tales características, el juicio será improcedente al tenor de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XII, de la Ley de la Materia, al disponer la improcedencia del juicio de amparo: "Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;."., lo cual es acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, que establece, como principio esencial del juicio de amparo, que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada. Ese lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, ya que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso, el peticionario de amparo reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y otras autoridades, el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete mediante el cual se le requiere de pago bajo el apercibimiento de destitución, así como su inminente ejecución y la falta de emplazamiento en el expediente laboral **. En el caso concreto, en relación con los actos reclamados consistentes en el acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se requiere de pago bajo el apercibimiento de destitución, así como su inminente ejecución, no son susceptibles de combatirse en esta instancia constitucional, al no producir por el momento una afectación actual, real y directa, por ser un acto futuro e incierto que está condicionada a que el obligado, en este caso, el inconforme con la calidad de servidor público municipal, cumpla o no con la medida, así como de que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado en cuanto a imponer efectivamente la multa con que se le requirió en diligencia de nueve de febrero del año en curso, por lo que tal acto no es inminente, y por ende, resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta, en términos de los numerales antes invocados, en relación con la fracción XXIII, del ordinal 61 de la Ley de la Materia, dicho de otro modo, es incierto que se haga efectivo el apercibimiento y se aplique una multa; pues tal evento depende, a saber: 1.-De la actividad previa del propio peticionario frente al mandato judicial, es decir, cuando el Actuario adscrito a la autoridad responsable, le requiera del cumplimiento de pago y éste se niegue a dicho pago. 2.- El Actuario de cuenta al Presidente Ejecutor de dicha contumacia. 3.- Que el Presidente Ejecutor determine que sí es procedente aplicar alguna de las fracciones del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y, en su caso, convoque al Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para que en sesión determinen hacer efectivo el apercibimiento consistente en la aplicación de una multa. 4.- En sesión de Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos, decidan ejercer o no las atribuciones que les confiere la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y hagan efectivo dicho apercibimiento y ordenen se destituya al infractor. Al respecto, se invoca la jurisprudencia número PC.I.L. , emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 2321, del Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "*** Por otra parte, el restante acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento como tercero interesado en el juicio laboral 01/1237/13, tampoco le depara perjuicio alguno, ya que de la propia documental que anexa la cual si bien fue exhibida en copia simple hace prueba plena en contra de su oferente, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: "CERTIFICA: Que la parte demandada el H. Ayuntamiento Constitucional de TLAQUILTENANGO, Morelos; no ha dado voluntariamente cumplimiento al convenio de fecha trece de noviembre del año dos mil quince; y después de haber realizado una minuciosa búsqueda en los libros de Gobierno en la sección de amparos de este H. Tribunal, se desprende que hasta la presente fecha no existe juicio de garantías que impida la ejecución, del convenio, ni promoción pendiente por acordar, distinta a la del presente acuerdo.- CONSTE. POR LO QUE SE COMISIONA AL C. ACTUARIO ADSCRITO A ESTE H. TRIBUNAL CON EL OBJETO DE QUE ACOMPAÑADO POR EL CIUDADANO FERNANDO ORTIZ BARBA, SE CONSTITUYAN EN EL DOMICILIO DE LA DEMANDADA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALQUITENANGO, MORELOS (.)". De lo transcrito, se advierte que la parte demandada en el juicio laboral **, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, lo es el Ayuntamiento de Tlalquitenango, Morelos, no así el quejoso en el presente juicio, quien además no cuenta con la representación en controversias jurisdiccionales en las que dicho Ayuntamiento sea parte, pues de conformidad con el artículo 45 fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, esta le corresponde a los Síndicos. También se advierte que el trece de noviembre de dos mil quince, se celebró un acuerdo voluntario en el juicio laboral **, al que la parte demandada no ha dado cumplimiento. Cabe destacar que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad en su escrito inicial, que ocupa el cargo de Presidente Municipal a partir del uno de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, es evidente que el acto reclamado no le depara perjuicio al no haber sido emplazada en el juicio laboral, ya que no fue la autoridad demandada quien acudió al juicio y celebró convenio ni tiene la representación de la misma, así como tampoco le depara perjuicio en su persona, pues el cargo lo asumió y contrajo las obligaciones inherentes al mismo con posterioridad a la celebración del convenio de trece de noviembre de dos mil quince, por lo que no le depara perjuicio la falta de su llamamiento al juicio, máxime que el perjuicio de no haber sido emplazado lo concreta en la afectación que en su persona puede causar el auto de requerimiento reclamado, el cual como se demostró antelación, su ejecución es de realización futura e incierta. Debe destacarse, por último, que el afirmar que no fue emplazado a juicio al haber asumido el cargo el primero de enero de dos mil dieciséis, no le otorga, contrariamente a lo afirmado en la demanda, el carácter de tercero extraño, ni el de tercero extraño por equiparación, a juicio, en virtud de que, como se demostró, el ayuntamiento es la parte demandada en el juicio laboral de origen y no la persona física que, en este momento, ostenta el carácter de presidente municipal. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, y el artículo 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo promovida por Enrique Alonso Plascencia, por propio derecho, y en su carácter de Presidente Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, contra los actos que reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y otras autoridades, consistentes en el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete mediante el cual se le requiere de pago bajo el apercibimiento de destitución, así como su inminente ejecución y la falta de emplazamiento en el expediente laboral **. Transparencia y acceso a la información pública. La parte quejosa no hizo uso del derecho previsto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, abrogada, conforme al artículo 2 transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, relativo a la oposición de sus datos personales. No obstante que se abstuvo de ejercer ese derecho, suprímanse los datos sensibles que contenga el acuerdo o la sentencia que resuelva el presente asunto, a efecto de que este a disposición del público para su consulta, una vez que haya causado estado o ejecutoria, conforme al procedimiento de acceso a la información, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada. Domicilio procesal y autorizados. En otro aspecto, con base en el arábigo 26, fracción III, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en lugar visible de este juzgado, toda vez que del escrito inicial de demanda no se desprende que señalara el mismo. Tiene aplicación al caso, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, página un mil sesenta y siete, cuyo rubro establece: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". Por último, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que indica así como a ***, en razón de que demuestran tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese personalmente.

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