Enrique Alejandro Hernández González

Expediente 824/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
824/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • Enrique Alejandro Hernández González
  • Tribunal de Arbitraje Y Escalafón.

Actuaciones

  1. Principal

    interpone recurso de revisión. Ténganse por recibido el escrito signado por la quejosa, mediante el cual, cumple el requerimiento realizado en auto de treinta de noviembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra el auto de quince de octubre de dos mil veinte. Distribución de escrito de agravios a las partes. Distribúyanse las copias de los agravios respectivos a las partes y dentro de los tres días sucesivos, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, póngase a disposición del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, el escrito de cuenta. En el entendido de que a efecto de que la superioridad conozca lo actuado en él, hágase disponible el expediente en que se actúa para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), razón por la cual no se ordena la remisión física de constancia alguna. Lo anterior, una vez que se tenga conocimiento del tribunal colegiado al que corresponda el conocimiento del recurso de que se trata.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 824/2020, promovido por Enrique Alejandro Hernández González, por conducto de su apoderado especial Raúl Arellano Guzmán, contra actos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el once de septiembre de dos mil veinte, y turnada a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, promovido por Enrique Alejandro Hernández González, por conducto de su apoderado especial Raúl Arellano Guzmán, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 1º y 17 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El dieciséis de septiembre de dos mil veinte, se admitió la demanda, se registró con el número 824/2020; se ordenó requerir a la autoridad responsable por su informe de ley; se estimó innecesaria la designación de terceros interesados por las razones plasmadas en dicho acuerdo; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y acuerdo 41/2018 emitido por dicho Pleno, en virtud de que se reclama un acto atribuido a un tribunal laboral con residencia en el territorio en el cual este Juzgado Federal ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda, se advierte que lo es: Al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco: > La omisión de cumplir con los plazos para la reinstalación del trabajador Enrique Alejandro Hernández González, en los autos del juicio laboral 2741/2018-F1. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, al rendir el informe justificado, allegó diversas constancias certificadas del expediente de origen; documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las cuales se aprecia el contenido del acuerdo de uno de octubre del presente año, en el que se indicó que era parcialmente cierto el acto reclamado, Empero, del contenido de las constancias aludidas no se aprecia que se haya materializado la reinstalación del trabajador, aquí quejoso; de ahí que se deba tener por cierto el acto reclamado. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por la promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese orden, no se advierte causa de improcedencia del juicio constitucional, ni alguna invocada por las partes qué analizar, por lo que se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Es innecesario transcribir los motivos de inconformidad formulados por la parte quejosa, pues no existe disposición que obligue a ello, ya que lo importante es que no se dejen de analizar en su integridad. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Tomo XXXI, Novena Época, bajo la voz y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En el caso, son fundados pero inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, sin que se advierta motivo alguno para suplir su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Medularmente alega el peticionario, que la responsable viola en su perjuicio el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia consagrado en el artículo 17 de la constitución federal, en virtud de que no se ha materializado la reinstalación en el puesto que venía desempeñando como Encargado de Comunicación Social adscrito a la Oficialía Mayor del Ayuntamiento Constitucional de Villa Purificación, Jalisco, ello, derivado de lo ordenado en acuerdo de ocho de septiembre de dos mil diecinueve, en los autos del juicio laboral 2741/2018-F1, pues refiere que la responsable no ha respetados los términos procesales para tal fin. En efecto, tal argumento resulta fundado en cuanto a que la responsable soslayó en perjuicio de la parte quejosa del derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual en su párrafo segundo, establece: "Artículo 17.- [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales [.]." Ello es así, toda vez que el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, fue garantizado por el Constituyente a fin de que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la imposibilidad de que los particulares se hagan justicia por sí mismos; mandato constitucional que no admite la circunstancia de que las autoridades encargadas de la administración de justicia pongan trabas o trámites innecesarios que se traduzcan en obstáculos para el buen desempeño en los mecanismos tendientes a hacerla pronta y expedita. Estos lineamientos no se cumplieron en el caso concreto, pues se dejó de observar lo estipulado en los ordinales 685, 686, 735 y 771 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente a la Ley Para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, los cuales disponen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. [.]." "Artículo 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales, se substanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley. (.)." "Artículo 735.- Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles." "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario." Del contenido sistemático de los preceptos transcritos, se desprende que los tribunales laborales tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr, en los juicios que ante ellas se tramiten, la mayor economía, concentración y sencillez de los mismos. Dicho lo anterior, se pone de manifiesto que la responsable en términos del artículo 17 Constitucional, tiene la obligación de actuar dentro de los términos y plazos que fijen las leyes, de una manera pronta, completa e imparcial Pues bien, como se señaló anteriormente, se revela que dicho Tribunal de Arbitraje y Escalafón, no ha verificado que se lleve a cabo la diligencia de reinstalación en el juicio de origen. De esta forma, la obligación que le impone el artículo 17 Constitucional a las autoridades encargadas de la impartición de justicia, es la de ajustarse a los términos establecidos por las leyes respectivas; sin embargo, de la lectura del acuerdo plenario de veintinueve de mayo de dos mil veinte, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, señaló las trece horas con treinta minutos del cuatro de diciembre de dos mil veinte, para que tuviera lugar la diligencia de reinstalación, en los términos y condiciones en que se había desempeñado el aquí quejoso. Lo anteriormente expuesto, pone en relieve que la fecha para esa diligencia, tal y como lo refiere la parte quejosa, fue fijada excediendo el plazo de tres días hábiles, previsto en el ordinal 735 de la Ley Federal del Trabajo, lo cual atenta con lo dispuesto por el diverso 685 del mismo ordenamiento, y por ende, contra el artículo 17 de la Carta Magna. Por lo tanto, la consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta, en razón de que con tal actuar se provoca que el procedimiento laboral no se resuelva en los plazos y términos establecidos en la ley, ya que aun cuando el fallo definitivo que se dictara fuera favorable a la parte quejosa, se trataría de una violación consumada irreparablemente al no poder restituirla en el goce de tal derecho, por el tiempo transcurrido hasta que se falle el asunto y de ahí lo fundado de los conceptos de violación esgrimidos por el promovente. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en la página 373, del Tomo XI, Marzo de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SEÑALAMIENTO DE LA FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES Y OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, EXCEDIÉNDOSE DEL TÉRMINO LEGAL. NATURALEZA IRREPARABLE. El auto en que se admite la demanda laboral y se señala una fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, excediéndose del término establecido por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, es un acto que tiene carácter de irreparable, conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo y deja al quejoso en estado de indefensión, de acuerdo al artículo 17 constitucional, y en consecuencia, el auto que desechó la demanda de garantías interpuesta en su contra, es ilegal y debe revocarse." Sin embargo, los argumentos vertidos en contra de esa omisión, aunque fundados como se ha expuesto con anterioridad, se tornan inoperantes dadas las circunstancias que mediaron durante la tramitación del presente juicio, toda vez que hasta esta fecha en que se resuelve el presente juicio (veinticinco de noviembre de dos mil veinte), y considerando que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, señaló las trece horas con treinta minutos del cuatro de diciembre de dos mil veinte, para que tuviera lugar la diligencia de reinstalación, en los términos y condiciones en que se había desempeñado el aquí quejoso, a nada práctico ni benéfico para la parte quejosa llevaría que se concediera el amparo en contra de la dilación procesal respecto de la fecha señalada para tal efecto, toda vez, que lejos de lograr acatar el imperativo constitucional de lograr la administración de justicia de manera pronta y expedita, se ocasionaría, un retraso en este aspecto, y una falta de concreción práctica en los efectos del amparo, lo que es del todo contrario a la naturaleza misma del juicio de amparo, pues, en el caso, sería perjudicial indicar que se deje sin efecto la fecha señalada por la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, si llegase a materializarse en sus términos, con lo cual se colmaría la expeditez en la administración de la justicia, siendo que, además, al tener que dejar transcurrir diez días para que cause ejecutoria la resolución que concediera el amparo, para solicitar el cumplimiento a la ejecutoria, alcanzaría a transcurrir la fecha de cuatro de diciembre de dos mil veinte, señalada, al tomar en consideración, que la notificación de la presente resolución se haría al día siguiente de su dictado, esto es, el veintiséis de noviembre del presente año, surtiría efectos dicha notificación el veintisiete siguiente, transcurriendo el plazo de diez días para ejecutarla si es que no se recurre, el once de diciembre de dos mil veinte, descontándose sábados y domingos, por ser inhábiles entonces, existiría imposibilidad jurídica para señalar una fecha anterior a la ya señalada, haciéndose nugatoria la protección que se concediese, al quedarse presumiblemente sin materia el cumplimiento de la misma, por lo que en las anteriores condiciones, procede negar el amparo solicitado, y así evitar que este Órgano Jurisdiccional contribuya al retardo en el procedimiento de origen. Sirve de apoyo, por analogía, la Jurisprudencia emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 114, Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 1995, Materia Común, con rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, contra el acto reclamado del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, precisado en el considerando segundo, acorde con lo resuelto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Informe justificado. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para los efectos legales conducentes, acorde a lo establecido en el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme al numeral 2 de esta última norma. Hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Lorena Guadalupe Frías Oviedo, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/LGFO/Rina

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que en sesión ordinaria de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción del Juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, a este juzgado de Distrito, con efectos a partir del dieciséis de octubre siguiente. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes la adscripción del titular de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. En el entendido de que la notificación correspondiente se realizará a las partes por medio de lista de acuerdos. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de tema: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." II. Autoridad informa gestiones realizadas respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el comunicado que signan el juez y los secretarios ejecutores adscritos al Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, anexa copia certificada de la resolución de nueve de octubre de dos mil veinte, dictada dentro de los autos del juicio de origen 862/2008, en el cual se resuelve el incidente de ejecución de sentencia promovido por la parte actora y se valora el dictamen realizado por el perito auxiliar. II. Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesado debiendo correrles traslado con el comunicado de cuenta y el diverso presentado el veinticinco de septiembre del año en curso, así como de las constancias que adjuntó la responsable a fin de dar cumplimiento al fallo protector, para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella, transcurrido dicho plazo, se proveerá lo conducente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y tercero interesado.

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