Enrique Alejandro Guhse

Expediente 642/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
642/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
30/05/2019

Partes del expediente

  • Enrique Alejandro Guhse

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que remite el Encargado del Despacho de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con residencia en la Ciudad de México; mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remite copia certificada de la resolución que pronunció en el expediente administrativo CEAV/CIE/083/2017, en diez de mayo de dos mil diecinueve. Ahora, es oportuno precisar que en el fallo protector pronunciado en autos, se concedió para los efectos siguientes: "Instruya al Comité Interdisciplinario evaluador para que en el término de cuatro días a partir de que cause ejecutoria la presente resolución, concluya la integración del expediente, en estricto cumplimiento de los requisitos establecidos para ello en la Ley General de Víctimas y su Reglamento. Emita la resolución sobre la procedencia de la solicitud de acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación presentadas por los quejosos, en un plazo no mayor a veinte días a partir de la fecha en que cause ejecutoria el presente fallo y la notifique en un plazo no mayor a cinco días hábiles después de su emisión." Así entonces, toda vez que de las documentales que remite, no se advierte la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa respecto de la resolución de diez de mayo en curso, a que se refiere el segundo efecto del fallo protector, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con residencia en la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días, remita copia certificada de las constancias de notificación practicadas respecto de la resolución emitida sobre la procedencia de la solicitud de acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación presentada por la parte quejosa. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, precisamente en el término concedido, se le impondrá multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, según lo dispuesto en el artículo 258 de la invocada normatividad; medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir con el mandato judicial establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento; sin perjuicio de que en su oportunidad, de ser procedente, se remita el expediente al tribunal colegiado de circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el invocado ordinal 192, tercer párrafo de la Ley de Amparo, requiérase al Comisionado Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con residencia en la Ciudad de México, para que en su carácter de superior jerárquico del Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ordene a esta última dar cumplimiento al fallo protector pronunciado en el presente juicio de amparo, e informe a este órgano de control constitucional, los actos que haya realizado para tal efecto, con el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, con fundamento en el artículo 258, de la referida ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad de referencia. En la inteligencia de que el amparo y la protección de la Justicia Federal, impone a la autoridad antes señalada, acatar con toda diligencia la misma, de ahí que deberá atender de manera inmediata todas las eventualidades que se presenten, para cuidar que se observe la concesión que se otorga al impetrante, en el entendido de que si a fin de observar el debido cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, es menester la intervención de una diversa autoridad ligada por cualquier motivo a la autoridad responsable, ésta deberá, dentro del término que le ha sido concedido, dictar las providencias necesarias, para que dentro del mismo plazo, la parte quejosa pueda obtener de manera eficaz, los efectos de la protección de la Justicia Federal. Finalmente, toda vez que la autoridad oficiante comunica que la información remitida por dicha dependencia referente al expediente CEAV/CIE/083/2017, es clasificada como confidencial y reservada en los término de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; entonces, se destaca que el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho a la información que debe ser garantizado por el Estado, el cual a su vez, está regido por diversos principios y bases establecidas en la propia Ley Fundamental, entre los que se encuentra que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes de la Unión, órganos autónomos, entre otros, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por las razones de interés público y seguridad social, en los términos que fijen las leyes, precisando que en la interpretación de ese derecho debe prevalecer el principio de máxima publicidad. Es decir, el Constituyente permanente delegó en el legislador ordinario la precisión de los casos en que la información puede ser reservada, estableciendo sólo directrices generales que deben regir dicho derecho fundamental. Ahora, cabe señalar los artículos 110, 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra dicen: "Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional; IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal; V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; X. Afecte los derechos del debido proceso; XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y esta Ley y no las contravengan; así como las previstas en tratados internacionales." "Artículo 113. Se considera información confidencial: I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; II. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello." De los numerales antes transcritos se desprende en lo que aquí interesa que es información confidencial la que concierne al interés de los particulares, a sus datos personales y que de publicarse afectarían injustificadamente sus derechos individuales o su vida privada, y por información reservada, se entiende los datos públicos cuyo acceso se encuentra temporalmente restringido por la normatividad en comento, respecto de lo cual, se encuentran obligados, entre otros, los ayuntamientos, incluyendo a los organismos descentralizados, empresas de participación municipal y los fideicomisos públicos municipales. El acceso a la información pública podrá reservarse temporalmente por causas de interés público y conforme a las modalidades establecidas en la ley en comento, considerándose dicha información, en el caso, de aquellas que pueden causar un serio riesgo a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes. Dicha información clasificada como reservada, puede permanecer con ese carácter hasta por un periodo de cinco años, contados a partir de que se genere la información, misma que debe ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a ella o cuando transcurra el periodo de reserva, el cual, puede ser ampliado, siempre y cuando subsistan tales causas. Las personas definidas como sujetos obligados, son responsables del cuidado y confidencialidad de los datos personales, y por ello, deberán adoptar las medidas de índole técnico y organizativas necesarias, que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado; las que serán adoptadas con el menor o mayor grado de protección que ameriten los datos personales. Por tanto, guárdense las constancias de cuenta en la caja de valores de este juzgado para su debida protección; ello, tomando en consideración que su divulgación puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de los quejosos.

  2. Incidental

    dese cuenta en la audiencia incidental con los informes previos.

  3. Principal

    dese vista a las partes con los informes justificados,

  4. Incidental

    dese cuenta en la audiencia incidental con el informe previo, glósese el oficio devuelto por el Actuario de la adscripción, con el razonamiento de que no existen en esta ciudad, las autoridades responsables denominadas por el quejoso, toda vez que no existen con tal denominación; por tanto, se declaran inexistentes ordenándose suspender toda comunicación con las mismas.

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