Enrique Alejandro González Toscano
Expediente 789/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 789/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Enrique Alejandro González Toscano
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el seis de septiembre de dos mil diecisiete, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueven******************** y José de Jesús Gómez Salamanca, por propio derecho contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre y otras autoridades, el Juez acuerda: Regístrese en el libro de gobierno bajo el número que legalmente le corresponda y fórmese el expediente respectivo. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción V este último aplicado en sentido contrario ambos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten de materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano se parte;" La parte quejosa reclama en este juicio de amparo: ". el auto de fecha (28) veintiocho de agosto del año (2017) dos mil diecisiete, donde señala que de acuerdo a los artículos 25 y 26 del último párrafo y 27 del Código Nacional de Procedimientos Penales se fijan las DOCE HORAS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE tenga verificativo la Audiencia Pública para Resolver sobre la Competencia planteada por la Juez Declinante y, en su caso, la Convalidación de las Actuaciones realizadas por ésta autoridad Jurisdiccional, dentro de la causa penal 135/2017, iniciada en contra de los suscritos JOSÉ DE JESÚS GÓMEZ SALAMANCA Y ENRIQUE ALEJANDRO GONZÁLEZ TOSCANO como probables participantes en el delito de PORTACION DE ARMAS PROHIBIDAS. Toda vez que es contrario al artículo 25 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su último párrafo al ordenar quienes son las partes que pueden solicitar la incompetencia y entre esas partes no le faculta a la Administradora del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Jalpa, Zacatecas, como lo hizo en el presente Proceso Penal Digital en el que comparecemos. . la resolución emitida en la audiencia celebrada el (15) quince de agosto de (2017) dos mil diecisiete declino la competencia en favor del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas; sin que se encuentre debidamente facultado por el artículo 25 último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales; ya que no es parte que deba solicitar la incompetencia por declinatoria o inhibitoria y de hacerlo así viola en nuestro perjuicios nuestros derechos humanos y garantes contemplados en la Carta Magna." De lo antes transcrito, puede concluirse que los actos que reclama la parte quejosa, no tienen una ejecución de imposible reparación, porque los efectos de los mismos no son susceptibles de producir afectación de manera directa e inmediata a alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución General de la República. Se afirma lo anterior, toda vez que de los antecedentes de la demanda de garantías, se advierte que: El siete de agosto de dos mil diecisiete, fueron privados de su libertad personal por elementos de la Policía Ministerial del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas, ********************y********************, por su probable participación en el delito de Portación de Arma Prohibida, y puestos a disposición de la autoridad. Por lo hechos antes señalados el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación Mixta, en Jalpa, Zacatecas, inicio la Carpeta Única de Investigación 199/UEI- MIX/JALPA/2017. Una vez que fueron puestos a disposición del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas, calificó de legal la detención y en audiencia celebrada el quince de agosto de dos mil diecisiete, determinó que era legalmente incompetente para conocer del asunto al ser el delito de Portación de Armas Prohibidas un delito federal, decretando a solicitud del Ministerio Público, como medida cautelar la prisión preventiva; lo que constituye uno de los actos reclamados. Planteada la incompetencia, mediante auto del veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, señaló las doce horas del trece de septiembre de dos mil diecisiete, para llevar a cabo la audiencia pública y resolver lo relativo a la competencia planteada por el Juez declinante; lo que constituye el diverso acto reclamado. De lo anterior se corrobora que, la resolución y auto que constituyen los actos reclamados no son una determinación que vulnere los derechos fundamentales previstos en las garantías individuales, dado que no se trata de una resolución definitiva; por lo que, aun cuando se estimen inexactas las mismas, al no ser de carácter irreparable, por no afectar como ya se indicó, de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto, pues que el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas, haya declarado que carece de incompetente para continuar conociendo de la causa penal 135/2017 iniciada contra ********************y********************, por su probable participación en el delito de Portación de Arma Prohibida y que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas, haya señalado fecha para la celebración de la audiencia pública en la cual determinara sobre la competencia planteada, no les causan un perjuicio de imposible reparación, ya que dicha determinación y auto, únicamente pueden constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al juicio. Es decir, la afectación que dice sufrir la parte quejosa, podría quedar sin efectos, si obtiene una resolución favorable a sus intereses en los autos de la causa penal de la que deriva el acto reclamado, ya que éstos constituyen una violación al procedimiento que no causa un gravamen irreparable, en los términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues ello sucede sólo cuando se afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa violación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable a sus intereses, en el supuesto que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas, decida aceptar la competencia que le es declinada por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues por su naturaleza jurídica sólo producen efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene una resolución favorable y en el supuesto de que no lo fuera estaría la parte aquí quejosa en aptitud de interponer el recurso ordinario en caso de proceder éste o bien acudir al juicio de amparo, donde podría delatar las violaciones procesales, por lo que con el acto reclamado no hay duda de que no se está en presencia de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Es aplicable al respecto, la tesis de jurisprudencia publicada en la página once de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación número cincuenta y seis, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE SE PRESENTA, PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo, ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que solo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Así como la Tesis de Jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), con registro 2009721, visible en la página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia Común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." El énfasis (subrayado) es propio. En estas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis, ha lugar a desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************y********************, por su probable participación en el delito de Portación de Arma Prohibida y que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas, con fundamento en el artículo 113 de la ley reglamentaria en consulta. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ********************y como domicilio para tal efecto el ubicado en la avenida ********************, número ********************, zona centro en la ciudad de Zacatecas.
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