Enrique Alejandro Avila García
Expediente 855/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 855/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 21/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Enrique Alejandro Avila García
- Enrique Alejandro Avila García y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal, se advierte que feneció a la parte quejosa le ha trascurrido el término de diez días previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio ha causado estado. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario el tomo de constancias formado con motivo de las copias certificadas que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, devuélvanse dichas constancias para los efectos legales conducentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para el efecto de que dentro del plazo de noventa días hábiles, acuda a este órgano jurisdiccional, a recuperar los documentos originales que exhibió en su demanda de amparo, apercibido que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos junto con el presente cuaderno, tal y como lo señala el segundo párrafo, del artículo 21 del referido acuerdo. En la inteligencia de que deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios jurisdiccionales", a efecto de recoger los referidos documentos, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 6, último párrafo del referido Acuerdo General 21/2020. Además, se exhorta a dicha parte que adopte las medida necesarias para atender los lineamientos de higiene previstos en el artículo 2, fracción VII, del Acuerdo General 17/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, a partir de las indicaciones que le proporcione el personal de seguridad del inmueble. Notifíquese por lista.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual la autoridad responsable Juez Segundo Mixto Familiar y Civil con residencia en Manzanillo, Colima, en alcance a su informe justificado, remite copia certificada de una constancia de notificación; por tanto, este juzgador ordena que dicho comunicado debe de obrar como constancia en virtud de que la misma ya obra agregada en autos. Por otra parte, glósese a los autos la constancia actuarial de cuenta, a través de la cual el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asienta que la parte tercera interesada no fue emplazada a juicio, así como que no obra constancia del domicilio en el que ésta pueda ser notificada del auto emitido el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. No obstante lo anterior, la circunstancia de que no se haya realizado el emplazamiento al presente juicio de la parte actora en el juicio de origen, a quien le resultar el carácter de tercera interesada, ello no trasciende al proveído por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente contradictorio federal, en virtud de que con la misma no se genera perjuicio alguno para dicha parte. Apoya a la anterior consideración, por el espíritu que le rige, la tesis P. V/98 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 196912, de rubro y texto: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." En tales circunstancias, notifíquese por lista el citado proveído de sobreseimiento fuera de audiencia, así mismo las subsecuentes que se emitan en el presente juicio de amparo, aun las de carácter personal.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual Juzgado Segundo Mixto Familiar y Civil del Tercer Partido Judicial, con sede en Manzanillo, Colima, en alcance a su informe justificado, remite copia certificada de la notificación al quejoso del auto emitido el doce de enero de dos mil veintiuno en los autos del expediente judicial 20-0708-124F, del índice del juzgado en cita; por tanto, de conformidad con el artículo 119 se le tiene por admitida y desahogada, en virtud de su propia y especial naturaleza, la documental en cita. Análisis del juicio. Ahora bien, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La omisión de acordar el escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil veinte, con número de folio 207139, en los autos del expediente judicial 20-0708-124F, del índice del Juzgado Segundo Mixto Familiar y Civil del Tercer Partido Judicial, con sede en Manzanillo, Colima. En ese sentido, de las constancias que obran en este juicio y de las remitidas por la autoridad oficiante en el oficio de cuenta se obtiene que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que debe decretarse el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia; en virtud de la siguientes consideraciones. Causal de improcedencia. A fin de demostrar este aserto, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V, de la ley, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando, durante su sustanciación, se materialice un supuesto de improcedencia y que, conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que en el presente juicio de amparo, federal se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El artículo en cita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, se requiere que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, o bien, que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo y protección de la justicia federal. En otras palabras, es como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. La hipótesis de improcedencia en cuestión se actualiza en razón de que, como se señaló, la parte quejosa reclama al Juzgado Segundo Mixto Familiar y Civil del Tercer Partido Judicial, con sede en Manzanillo, Colima, la omisión de acordar el escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil veinte, con número de folio 207139, en los autos del expediente judicial 20-0708-124F, del índice de juzgado antes citado. Al respecto, del contenido de las constancias anexas al informe justificado rendido por la autoridad responsable, se acredita que mediante proveído de doce de enero de dos mil veintiuno, emitido en los autos del expediente número 20-0708-124F, el Juez responsable acordó la promoción con número de folio 207139, presentada ante su potestad por la parte quejosa; asimismo, del escrito de cuenta se acredita que dicho acuerdo fue notificado a la parte quejosa el catorce de enero siguiente. Constancias judiciales 20-0708-124F, que este órgano jurisdiccional les reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; lo anterior, por ser documental pública. Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 226, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, Materia: Común, Tesis: 226, página: 153, registro 394182, que dice: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Entonces, las premisas apuntadas permiten a este juzgado concluir, como se anunció, que ha cesado la conducta omisiva de la autoridad responsable, ya que, si bien es cierto al momento de la promoción del amparo no lo habían hecho, la realidad es que el doce de enero del año en curso se pronunció sobre el escrito presentado por el aquí quejoso. Lo anterior permite estimar que los efectos de las omisiones reclamadas cesaron en su totalidad y, por tal motivo, desaparecieron, de tal manera que las cosas regresaron al estado que guardaban antes de la violación alegada por el peticionario de garantías, sin dejar huella alguna. Esto encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En este orden de ideas, al satisfacerse todos los requisitos para la materialización de la hipótesis de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXI, de la ley, debe concluirse que resulta manifiesta e indudablemente improcedente el juicio de amparo contra las omisiones reclamadas; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley, se sobresee en el juicio de amparo. Audiencia constitucional. Dado lo expuesto en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese la circunstancia anterior a las autoridades señaladas como responsable para su conocimiento y efectos legales consiguientes.
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los autos, se advierte que hoy está señalada la celebración de la audiencia constitucional, misma que no es posible llevar a cabo, en razón de que no obra el acuse del oficio con el que se informó a la autoridad responsable, Juez Segundo Mixto Familiar y Civil de Manzanillo, Colima, de la reanudación de labores y la prosecución de procedimiento, en virtud de que, si bien es cierto que mediante acuerdo emitido el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno se ordenó envío del oficio 3375/2021; sin embargo, tras una búsqueda en los registros de la carpeta digital compartida denominada "lista de facturas", relativa a la captura de las comunicaciones oficiales enviadas por la oficialía de partes de este juzgado de distrito, se advierte que el memorándum mencionado no fue enviado a su destinatario. En razón de lo anterior, se ordena la reexpedición del oficio 3375/2021 dirigido a la autoridad responsable aludida a fin de que se le notifique de la reanudación de labores. Por lo antes expuesto, a efecto de que el juicio se encuentre debidamente integrado; procede diferirla la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, y en su lugar, señalar las nueve horas con treinta y tres minutos del treinta de marzo de dos mil veintiuno para su verificativo.
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