Enrique Alejandro Alvarez León
Expediente 96/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 1 actuación registrada, la última del 6 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 96/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 06/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Enrique Alejandro Alvarez León
Actuaciones
- Principal
AVISO. Chetumal, Quintana Roo, seis de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo presentada por ****, se manda formar expediente y registrarla en el Libro de Gobierno bajo el número 96/2019-III. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Toda vez que el numeral transcrito impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, por lo que se procede al análisis respectivo. El artículo en mención señala que para desechar de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Cabe precisar que de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: ***** Esto es, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, la audiencia pública de demanda y excepciones de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, dictado en autos del expediente ****, en el cual se tuvo por contestada la demanda interpuesta por el quejoso. Asentado lo anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en relación con los artículos 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo; esto es, resulta improcedente el juicio de amparo contra actos en juicio que no sean de imposible reparación. Causa de improcedencia que se actualiza, toda vez que la audiencia pública de demanda y excepciones de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, dictada por la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, en el expediente ***, en el cual se tuvo por contestada la demanda interpuesta por el quejoso, no constituye un acto dentro de juicio considerado como de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto, toda vez que con el mismo no se afecta materialmente un derecho sustantivo en perjuicio de la parte quejosa. Inicialmente, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: **** Del precepto citado, se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos llevados a cabo dentro de un juicio; sin embargo, la procedencia de este medio de control constitucional se encuentra restringida a que los actos que se reclamen dentro de un procedimiento judicial sean de imposible reparación. En torno a los actos denominados como de imposible reparación, el legislador introdujo que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas que tutela la Carta Magna, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. En otras palabras, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado de fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Así, los actos procedimentales que no tienen una ejecución irreparable, no tocan o lesionan por sí mismos los citados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, sino que únicamente originan la posibilidad de que tales violaciones trasciendan al resultado del fallo definitivo y ocasionen que éste resulte adverso a los intereses de la parte agraviada, caso en el cual, puede reclamar tales violaciones con el medio de defensa que resulte procedente, pero únicamente hasta que dicha resolución final se dicte. Por lo que efectivamente no existe la posibilidad de considerar que dentro del concepto de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación se incluyan los actos que producen efectos meramente formales. Ahora, en el caso concreto, el juicio de amparo deviene improcedente, toda vez que, se insiste, el acto reclamado consistente en la audiencia pública de demanda y excepciones de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, dictado en autos del expediente ***, en el cual se tuvo por contestada la demanda interpuesta por el solicitante de la tutela constitucional, misma que no afecta derechos sustantivos tutelados por el Pacto Federal. Así las cosas, se colige que tal acto reclamado no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues tal determinación no afecta de manera directa e inmediata los derechos sustantivos del quejoso contenidos en la Constitución General de la República, por tanto, no es una acto de imposible reparación, toda vez que sólo entraña posibles infracciones a sus derechos adjetivos que, únicamente, producen efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales. Ahora, ya que dicho acto no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues la determinación decretada por la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, en audiencia pública de demanda y excepciones de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, dictado en autos del expediente ***, en el cual se tuvo por contestada la demanda interpuesta en contra del quejoso, no vulnera alguno de los derechos sustantivos del promovente contenidos en la Constitución General de la República. En consecuencia, si el acto reclamado no satisface la condición para que sean considerados como acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, resulta inconcuso que el juicio de amparo indirecto es improcedente, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; y por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo que se analiza. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Atento a la solicitud de la parte quejosa en su escrito de demanda mediante el cual solicita la devolución de los documentos que adjunta a dicho libelo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia hágase la devolución de los documentos que nos ocupa, dejando copia certificada de los mismos en el presente expediente, previa constancia de recibo que se deje en autos.
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