Enrique Acosta Fregoso
Expediente 413/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 45 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 413/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 45
- Última actuación
- 03/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Enrique Acosta Fregoso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 45.
- Principal
...SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO DE FECHA SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE... EN CONSECUENCIA, ARCHIVESE ESTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO... CON LA INDICACION DE QUE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACION...
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa sin que al efecto haya hecho manifestación alguna sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de dieciséis de febrero del año actual, y este juzgado procede a pronunciarse al respecto. La parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra todo lo actuado en la auditoría practicada en el expediente 3/2014 a la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano en Baja California, en específico los actos administrativos contenidos en los oficios 000001, 000003, 000005, 000007, 000010, 000012, 000015, 000017, 000019, 000021, 000023 y 000025 a través de los cuales se requirió al quejoso para informara, aclarara, comprobara y justificara aspectos derivados de las observaciones resultantes del procedimiento administrativo 3/2014; luego, mediante sentencia de dos de febrero de dos mil dieciséis, se determinó el sobreseimiento del juicio en parte, y en otro aspecto la concesión del amparo solicitado, sin embargo, las partes quejosa, representante social y la Secretaría de la Función Pública, por conducto de su delegado, interpusieron recurso de revisión. Mediante ejecutoria de quince de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en el amparo en revisión administrativo 314/2016, el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito modificó la sentencia de primera instancia por lo que sobreseyó el sumario respecto de los actos reclamados al Secretario de la Función Pública y, por otro lado, concedió la protección de la Justicia Federal para el efecto de que se dejaran insubsistentes los oficios reclamados, y de no existir impedimento legal, emitiera otros fundados y motivados conforme formalidades del procedimiento administrativo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos. En cumplimiento, por oficio agregado mediante auto de veinte de enero de dos mil diecisiete, el Delegado Estatal en Baja California de la Secretaría del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano informó dejar insubsistentes los oficios reclamados; asimismo, que de conformidad con los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que la emisión de los nuevos oficios conforme lo indicado en la ejecutoria de amparo, era competencia de los Titulares de las Áreas de Auditoría y de Quejas y Responsabilidades del Órgano de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al encontrarse dentro de sus atribuciones por lo que solicitó requerir a éstas. Por su parte, mediante oficios agregados por auto de dieciséis de febrero de la anualidad, el Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en la Secretaría del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por sí y en suplencia del titular del Órgano Interno de Control de la propia secretaría de Estado, comunicó que de las constancias existentes en sus archivos no existía registro sobre orden dada a la Delegación estatal de dicha Secretaría a fin de girar los oficios que quedaron sin efecto por virtud de la ejecutoria de amparo, al que adjuntaron copia certificada de las constancias del inicio del procedimiento PA-182/2016; documento que cuenta con valor demostrativo pleno al tratarse de actuación certificada por autoridad en ejercicio de sus facultades, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Conforme con lo relatado, es dable aseverar que la los efectos de la concesión de amparo se encuentran colmados en la medida que, en cuanto al primero, el Delegado Estatal en Baja California de la Secretaría del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano acreditó que dejó insubsistentes los oficios 000001, 000003, 000005, 000007, 000010, 000012, 000015, 000017, 000019, 000021, 000023 y 000025. En cuanto al segundo, es decir, atinente a la emisión de diversos oficio que en su caso revistieran las formalidades necesarias, igualmente procede estimarlo cumplido aun a pesar de que no hayan sido generados por las autoridades facultadas para ello. Es decir, si bien se estableció la potestad de las autoridades responsables para expedir distintos instrumentos en caso de no existir impedimento para ello, sin más limitación que la de observar su fundamentación y motivación conforme formalidades del procedimiento administrativo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, en el caso, la entidad competente para emitirlos comunicó que si bien substanció auditoría de la que derivó procedimiento administrativo contra el quejoso, no instruyó la emisión de los actos declarados inconstitucionales, con independencia de que el trámite de auditoría permanecía incólume. De ese modo, aun cuando las autoridades responsables no emitieron diversos oficios a fin de sustituir a los declarados inconstitucionales, tal condición no es óbice para no considerar cumplida la ejecutoria de amparo dado que ello es plena potestad de las autoridades responsables, por lo que el segundo efecto del amparo solo requeriría constatación en caso de que la propia autoridad facultada para ello, hubiese estimado necesario la emisión de nuevos instrumentos siempre y cuando, desde luego, no se advirtiera impedimento legal para ello. De ahí que lo realizado por las autoridades responsables permite colegir que se restituyó al aquí quejoso en el goce de su derecho vulnerado tal como lo exige el artículo 77, fracción I, en relación con el 196, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo. Por tanto, se considera que la sentencia de amparo está cumplida en su totalidad y que no existe defecto o exceso en el cumplimiento. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.
- Principal
Intégrese el oficio signado por el Delegado Estatal en Baja California de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en esta ciudad, a través del cual manifiesta que dejó insubsistentes los oficios 000001, 000003, 000005, 000007, 000010, 000012, 000015, 000017, 000019, 000021, 000023, y 000025, todos de veintiocho de mayo de dos mil catorce, así mismo informa que conforme a lo dispuesto por los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, quien tiene la facultad de emitir nuevos oficios son las autoridades precisadas en el artículo 20 de la misma Ley; atento a su contenido, téngase en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Delegado Estatal en Baja California de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en esta ciudad, a través del cual manifiesta que se encuentra realizando las gestiones correspondientes para el cumplimiento al fallo protector, solicitando una prórroga ya que la Delegación se ha quedado sin personal del área respectiva, aunado a que es necesario realizar diligencias e investigación del expediente de que se trata. Ahora, respecto a la solicitud de una prórroga, dígase a la autoridad responsable que se concede el término de tres días, previsto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, sin que sea el caso señalar un plazo más amplio toda vez que no justifica la causa del retraso, ni demuestra con documentales los actos tendientes a su cumplimiento; por tanto, persisten los apercibimientos decretados por acuerdo de trece de enero de la anualidad.
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