Enrica Mariz Molinari
Expediente 145/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 145/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 30/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Enrica Mariz Molinari
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 145/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Enrica Mariz Molinari, para los efectos siguientes: "[.] En consecuencia, ante lo fundado de los conceptos de violación anteriormente atendidos, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la justicia de la unión a Enrica Mariz Molinari, respecto del acto reclamado consistente en el emplazamiento realizado en los autos del juicio laboral 637/X/2019, para el efecto de que la Junta responsable deje sin efecto todo lo actuado en dicho juicio, a partir del emplazamiento reclamado. Lo anterior, debido a que tales actuaciones son consecuencia del emplazamiento, y por ende, también son actos viciados. Hecho lo anterior, ordene nuevamente el emplazamiento a juicio de la citada demandada (aquí quejosa) siguiendo los lineamientos vertidos en la presente sentencia respecto a lo establecido en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, y continúe con la secuela procesal conforme a derecho proceda. Al efecto se cita la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, cuyo rubro y rubro, establecen: "ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal" [.]". En proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de referencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Posteriormente, en auto de diecisiete de diecisiete de septiembre de la presente anualidad, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Por una parte, mediante oficio 752/2021 la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, informó que en proveído de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente laboral 637/X/2019 de su índice, a partir del emplazamiento realizado a Enrica Mariz Molinari. Asimismo, en términos de lo dispuesto por los artículos 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880 y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo, citó a audiencia de conciliación, demanda y excepciones, a las ocho horas con treinta minutos del diez de noviembre de dos mil veintiuno. De igual forma, ordenó la notificación personal de la actora de conformidad con lo dispuesto por el artículo 744 de la Ley Federal del Trabajo, así como el emplazamiento a los demandados, corriéndoles traslado con copia del auto de ocho de septiembre de la presente anualidad y copia de la demanda inicial debidamente cotejada con su original, en términos del numeral 743 de la citada Ley. Por tanto, las actuaciones descritas con anterioridad cumplen cabalmente con los efectos del fallo amparador, ya que en acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente laboral de origen, a partir de la diligencia de emplazamiento combatida, ordenando nuevamente el emplazamiento a juicio de la demandada (aquí quejosa) de conformidad a lo establecido en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, y continúo con la secuela procesal conforme a derecho procede. Sirve de apoyo a lo anterior, las razones expresadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 451/2016, de la que emanó la Jurisprudencia de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que, por una parte, se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Boca del Río, Veracruz, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Enrica Mariz Molinari, para los efectos siguientes: "[.] En consecuencia, ante lo fundado de los conceptos de violación anteriormente atendidos, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la justicia de la unión a Enrica Mariz Molinari, respecto del acto reclamado consistente en el emplazamiento realizado en los autos del juicio laboral 637/X/2019, para el efecto de que la Junta responsable deje sin efecto todo lo actuado en dicho juicio, a partir del emplazamiento reclamado. Lo anterior, debido a que tales actuaciones son consecuencia del emplazamiento, y por ende, también son actos viciados. Hecho lo anterior, ordene nuevamente el emplazamiento a juicio de la citada demandada (aquí quejosa) siguiendo los lineamientos vertidos en la presente sentencia respecto a lo establecido en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, y continúe con la secuela procesal conforme a derecho proceda. Al efecto se cita la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, cuyo rubro y rubro, establecen: "ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal" [.]". En proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de referencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Posteriormente, en auto de diecisiete de diecisiete de septiembre de la presente anualidad, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Por una parte, mediante oficio 752/2021 la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, informó que en proveído de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente laboral 637/X/2019 de su índice, a partir del emplazamiento realizado a Enrica Mariz Molinari. Asimismo, en términos de lo dispuesto por los artículos 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880 y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo, citó a audiencia de conciliación, demanda y excepciones, a las ocho horas con treinta minutos del diez de noviembre de dos mil veintiuno. De igual forma, ordenó la notificación personal de la actora de conformidad con lo dispuesto por el artículo 744 de la Ley Federal del Trabajo, así como el emplazamiento a los demandados, corriéndoles traslado con copia del auto de ocho de septiembre de la presente anualidad y copia de la demanda inicial debidamente cotejada con su original, en términos del numeral 743 de la citada Ley. Por tanto, las actuaciones descritas con anterioridad cumplen cabalmente con los efectos del fallo amparador, ya que en acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente laboral de origen, a partir de la diligencia de emplazamiento combatida, ordenando nuevamente el emplazamiento a juicio de la demandada (aquí quejosa) de conformidad a lo establecido en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, y continúo con la secuela procesal conforme a derecho procede. Sirve de apoyo a lo anterior, las razones expresadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 451/2016, de la que emanó la Jurisprudencia de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que, por una parte, se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Enrica Mariz Molinari, para los efectos siguientes: "[.] En consecuencia, ante lo fundado de los conceptos de violación anteriormente atendidos, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la justicia de la unión a Enrica Mariz Molinari, respecto del acto reclamado consistente en el emplazamiento realizado en los autos del juicio laboral 637/X/2019, para el efecto de que la Junta responsable deje sin efecto todo lo actuado en dicho juicio, a partir del emplazamiento reclamado. Lo anterior, debido a que tales actuaciones son consecuencia del emplazamiento, y por ende, también son actos viciados. Hecho lo anterior, ordene nuevamente el emplazamiento a juicio de la citada demandada (aquí quejosa) siguiendo los lineamientos vertidos en la presente sentencia respecto a lo establecido en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, y continúe con la secuela procesal conforme a derecho proceda. Al efecto se cita la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, cuyo rubro y rubro, establecen: "ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal" [.]". En proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de referencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Posteriormente, en auto de diecisiete de diecisiete de septiembre de la presente anualidad, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Por una parte, mediante oficio 752/2021 la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, informó que en proveído de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente laboral 637/X/2019 de su índice, a partir del emplazamiento realizado a Enrica Mariz Molinari. Asimismo, en términos de lo dispuesto por los artículos 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880 y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo, citó a audiencia de conciliación, demanda y excepciones, a las ocho horas con treinta minutos del diez de noviembre de dos mil veintiuno. De igual forma, ordenó la notificación personal de la actora de conformidad con lo dispuesto por el artículo 744 de la Ley Federal del Trabajo, así como el emplazamiento a los demandados, corriéndoles traslado con copia del auto de ocho de septiembre de la presente anualidad y copia de la demanda inicial debidamente cotejada con su original, en términos del numeral 743 de la citada Ley. Por tanto, las actuaciones descritas con anterioridad cumplen cabalmente con los efectos del fallo amparador, ya que en acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente laboral de origen, a partir de la diligencia de emplazamiento combatida, ordenando nuevamente el emplazamiento a juicio de la demandada (aquí quejosa) de conformidad a lo establecido en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, y continúo con la secuela procesal conforme a derecho procede. Sirve de apoyo a lo anterior, las razones expresadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 451/2016, de la que emanó la Jurisprudencia de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que, por una parte, se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
En esta fecha de seis de octubre de dos mil veintiuno, se notifica, por lista de acuerdos, a la parte tercero interesada el provceído de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, que dice: "Boca del Río, Veracruz, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 145/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Enrica Mariz Molinari, para los efectos siguientes: "[.] En consecuencia, ante lo fundado de los conceptos de violación anteriormente atendidos, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la justicia de la unión a Enrica Mariz Molinari, respecto del acto reclamado consistente en el emplazamiento realizado en los autos del juicio laboral 637/X/2019, para el efecto de que la Junta responsable deje sin efecto todo lo actuado en dicho juicio, a partir del emplazamiento reclamado. Lo anterior, debido a que tales actuaciones son consecuencia del emplazamiento, y por ende, también son actos viciados. Hecho lo anterior, ordene nuevamente el emplazamiento a juicio de la citada demandada (aquí quejosa) siguiendo los lineamientos vertidos en la presente sentencia respecto a lo establecido en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, y continúe con la secuela procesal conforme a derecho proceda. Al efecto se cita la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, cuyo rubro y rubro, establecen: "ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal" [.]". En proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de referencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Posteriormente, en auto de diecisiete de diecisiete de septiembre de la presente anualidad, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Por una parte, mediante oficio 752/2021 la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, informó que en proveído de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente laboral 637/X/2019 de su índice, a partir del emplazamiento realizado a Enrica Mariz Molinari. Asimismo, en términos de lo dispuesto por los artículos 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880 y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo, citó a audiencia de conciliación, demanda y excepciones, a las ocho horas con treinta minutos del diez de noviembre de dos mil veintiuno. De igual forma, ordenó la notificación personal de la actora de conformidad con lo dispuesto por el artículo 744 de la Ley Federal del Trabajo, así como el emplazamiento a los demandados, corriéndoles traslado con copia del auto de ocho de septiembre de la presente anualidad y copia de la demanda inicial debidamente cotejada con su original, en términos del numeral 743 de la citada Ley. Por tanto, las actuaciones descritas con anterioridad cumplen cabalmente con los efectos del fallo amparador, ya que en acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente laboral de origen, a partir de la diligencia de emplazamiento combatida, ordenando nuevamente el emplazamiento a juicio de la demandada (aquí quejosa) de conformidad a lo establecido en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, y continúo con la secuela procesal conforme a derecho procede. Sirve de apoyo a lo anterior, las razones expresadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 451/2016, de la que emanó la Jurisprudencia de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que, por una parte, se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Boca del Río, Veracruz, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Enrica Mariz Molinari, para los efectos siguientes: "[.] En consecuencia, ante lo fundado de los conceptos de violación anteriormente atendidos, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la justicia de la unión a Enrica Mariz Molinari, respecto del acto reclamado consistente en el emplazamiento realizado en los autos del juicio laboral 637/X/2019, para el efecto de que la Junta responsable deje sin efecto todo lo actuado en dicho juicio, a partir del emplazamiento reclamado. Lo anterior, debido a que tales actuaciones son consecuencia del emplazamiento, y por ende, también son actos viciados. Hecho lo anterior, ordene nuevamente el emplazamiento a juicio de la citada demandada (aquí quejosa) siguiendo los lineamientos vertidos en la presente sentencia respecto a lo establecido en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, y continúe con la secuela procesal conforme a derecho proceda. Al efecto se cita la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, cuyo rubro y rubro, establecen: "ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal" [.]". En proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de referencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Posteriormente, en auto de diecisiete de diecisiete de septiembre de la presente anualidad, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Por una parte, mediante oficio 752/2021 la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, informó que en proveído de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente laboral 637/X/2019 de su índice, a partir del emplazamiento realizado a Enrica Mariz Molinari. Asimismo, en términos de lo dispuesto por los artículos 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880 y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo, citó a audiencia de conciliación, demanda y excepciones, a las ocho horas con treinta minutos del diez de noviembre de dos mil veintiuno. De igual forma, ordenó la notificación personal de la actora de conformidad con lo dispuesto por el artículo 744 de la Ley Federal del Trabajo, así como el emplazamiento a los demandados, corriéndoles traslado con copia del auto de ocho de septiembre de la presente anualidad y copia de la demanda inicial debidamente cotejada con su original, en términos del numeral 743 de la citada Ley. Por tanto, las actuaciones descritas con anterioridad cumplen cabalmente con los efectos del fallo amparador, ya que en acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente laboral de origen, a partir de la diligencia de emplazamiento combatida, ordenando nuevamente el emplazamiento a juicio de la demandada (aquí quejosa) de conformidad a lo establecido en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, y continúo con la secuela procesal conforme a derecho procede. Sirve de apoyo a lo anterior, las razones expresadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 451/2016, de la que emanó la Jurisprudencia de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que, por una parte, se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe...."
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio y anexo signado por el Presidente de la Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo de los oficios 16024, 16025, 16026, 17859, 17860 y 17861 de veintiocho de junio y veinte de julio de dos mil veintiuno, por medio de los cuales se le notificó la sentencia dictada en el presente asunto, así como el auto con el que se le causó ejecutoria a la misma. Asimismo, remitiendo las constancias con las considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas las partes que de no hacer manifestación alguna al respecto, transcurrido el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese en términos de ley.
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