Enoe Peña Fernández

Expediente 316/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
316/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
17/05/2023

Partes del expediente

  • Enoe Peña Fernández

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, de conformidad con el artículo 21, inciso a) de esa normatividad. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Secretario General de Acuerdos de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, al que adjunta copia certificada de la sentencia de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revisión 646/2022 y su acumulado 714/2022. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales que adjunta a su oficio de cuenta consistente en la copia certificada de la sentencia de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revisión 646/2022 y su acumulado 714/2022. Ahora bien, se destaca que la responsable ya emitió una determinación respecto a la omisión que aquí reclamó la parte quejosa; por lo tanto, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Lo anterior, pues cabe precisar que ninguna afectación le causa a la parte quejosa la circunstancia de que en este caso se decrete el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, pues su actualización es indudable; y, de la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional". Además, la presente determinación, abona a la impartición de justicia pronta, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El criterio referido está contenido en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Así, del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado: la omisión de dictar sentencia en el recurso de revisión 646/2022 y su acumulado 714/2022 del índice de la autoridad responsable. Ahora bien, de acuerdo a las constancias remitas por la autoridad en cita, dicho acto dejó de existir al pronunciarse respecto de ello en la determinación de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, por la que se resolvieron los recursos de revisión 646/2022 y su acumulado 714/2022, de la que se advierte que confirmó la sentencia de seis de abril de dos mil veintidós, dictada por la Quinta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el juicio administrativo 618/2021. En ese sentido, se advierte que cesaron los efectos de dicho acto reclamado; por tanto, se actualiza la causal prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del numeral 63, de ese mismo ordenamiento legal, numerales que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Al respecto, cabe mencionar que para que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que la autoridad responsable deje sin efectos los actos reclamados, desapareciendo así la materia de la litis constitucional, porque la cesación implica que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de derechos fundamentales, como si los actos reclamados no hubieran trastocado la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, sus efectos quedaran destruidos como si nunca hubiesen existido. Desde esa óptica, la cesación de efectos de del acto reclamado significa que la autoridad que los emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que se debe entender que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de esos actos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia de dichos actos, pues, es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización de los actos de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de unos actos que ya no están surtiendo sus efectos, ni los surtirán, y que no dejaron huella en la esfera jurídica de la quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando los actos reclamados sean de carácter positivo, y cuando sean de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, cuando no pueda alcanzarse su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado. Luego entonces, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, para el caso de que a la parte quejosa se le concediera la protección constitucional solicitada respecto del referido acto, sus efectos serían para que la autoridad dictara la sentencia en los recursos de revisión, de ahí que, si en el presente caso ya hay un pronunciamiento que impera, se debe estimar que tal acto omisivo cesó y, por tanto, ya no agravia a la parte quejosa, pues la violación que en determinado momento se pudo cometer contra sus derechos fundamentales (omisión de dictar la sentencia en los recursos de revisión), ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo solicitado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2A./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, (febrero de 1998), con número de registro 196820, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción xvi, de la ley de amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de amparo". Asimismo, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI (noviembre de 1997), visible en la página 71, con número de registro 197367, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." De ahí que se esté en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos del acto que motivó el amparo, por lo que es evidente que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada y se restituyó al gobernado en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquella. No es óbice a lo anterior, que no se cuente con la notificación de la citada sentencia de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, pues tal circunstancia no fue señalada como acto reclamado y, tampoco se advierte que en los conceptos de violación hubiera sido cuestionada a través del presente juicio de amparo, por lo que la manifestación que realiza en torno a que no se le ha notificado la resolución correspondiente, la hace depender del acto reclamado destacado que es de los de naturaleza omisiva; no obstante lo anterior, hágase del conocimiento de la parte aquí quejosa la presente resolución, a efecto de que tenga certeza de la actuación emitida por la responsable, a través de la cual cesó la omisión reclamada en la demanda de amparo. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la ley reglamentaria. De modo que continuar con la tramitación de este juicio de amparo en nada abonaría a la pretensión de la promovente, porque se llegaría a la misma conclusión a la que ahora se arriba y tampoco podrían concretarse los efectos que demanda, sin obviar que se retardaría la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que impera en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe señalar que es innecesario dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por la responsable a efecto de que realice sus manifestaciones respectivas, en tanto que dicha actuación se encuentra regulada por los artículos 14 y 17 Constitucionales, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria; de ahí que, no se pueda reclamar de forma autónoma como una violación al derecho de petición conforme al artículo 8° de la Carta Magna y, por ende, este órgano jurisdiccional no se encuentra obligado a otorgar la posibilidad de que desahogue dicha vista respecto de la determinación asumida por la autoridad responsable al derivar de un procedimiento jurisdiccional. Afirma lo relatado, la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), registro 2008884, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 480, que señala: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." En consecuencia, atendiendo a los motivos expuestos con anterioridad, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las diez horas con quince minutos del veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa, personalmente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el informe justificado rendido por la Magistrada Presidenta de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales que adjunta, consistentes en el legajo de copias certificadas de diversas constancias relativas al expediente 646/2022 y su acumulado 714/2022 de su índice, sin perjuicio de hacer nueva relación en la audiencia constitucional. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que menciona en su informe. Con relación al correo electrónico que proporciona, se tiene por señalado a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. En ese sentido, para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de abril de dos mil veintitrés y en su lugar, se señalan las diez horas con quince minutos del veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda signada por ***, por derecho propio, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo; fórmese el expediente relativo con el número 316/2023-VII, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No ha lugar a tramitar incidente de suspensión por no haberlo solicitado. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dése intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para lo cual en la actuaría se deja copia simple de la demanda. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes su derecho a comparecer a la audiencia constitucional a través de videoconferencia, para lo cual es necesario que manifiesten su voluntad de manera previa, por lo menos con tres días de anticipación, a la fecha señalada para tal efecto. REQUERIMIENTO A AUTORIDAD Con apoyo en los artículos 61, 64, 115 y 117 de la ley de la materia, se requiere a la autoridad responsable lo siguiente: 1) Rinda su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio por el que se le solicita, debiendo acompañar copia certificada, legible, completa y ordenada en forma cronológica de las constancias necesarias para apoyarlo. 2) Exprese si se ha promovido algún juicio de amparo contra los mismo actos reclamados que son materia de este asunto o contra cualquier otro que haya derivado del mismo expediente o procedimiento, para lo cual, en caso de ser afirmativa su respuesta, deberá proporcionar el número de expediente, el estado procesal que guarda y el órgano jurisdiccional ante quien se instauró; lo anterior, de conformidad con el precepto 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 3) En caso de que tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberá informarlo de inmediato y de ser posible acompañar las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento que de ser omisa, se le impondrá una multa de cien y treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 260, fracción II y 251, del ordenamiento invocado. NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, en términos de los artículos 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se le notificaran por lista, ya que la facultad de ordenar que se haga personalmente no comprende a la autoridad responsable. En apoyo se invoca la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Asimismo, no obstante que señala un domicilio, por así solicitarlo de manera expresa, en términos de lo dispuesto en los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la ley de la materia, con relación en el artículo 9 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ésta y las subsecuentes notificaciones consideradas de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del usuario "***"; en el entendido que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Asimismo, por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, asimismo se tiene únicamente para oír y recibir notificaciones a las persona que indica. CONSULTA VÍA INTERNET Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio al usuario "blaest"; y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Con relación al correo electrónico y número telefónico que proporciona, se tienen por señalados a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. TERCERO INTERESADO Se reserva a proveer respecto a quien le asiste tal carácter, así como lo relativo a su emplazamiento, hasta en tanto se cuente con el informe justificado de la autoridad responsable. PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las que ofreció consistentes en: La instrumental de actuaciones. La presuncional en su doble aspecto legal y humana. Por cuanto hace a la documental púbica consistente en todo lo en el expediente contencioso administrativo 618/2021 del índice de la Quinta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, así como del posterior recurso de revisión 646/2022 y su acumulado 714/2022 presentado ante la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, una vez que la responsable rinda su informe con justificación y envíe las constancias relativas al acto reclamado, se acordará lo conducente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de medios electrnicos, tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintiuno de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa, personalmente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y por oficio a la autoridad responsable.

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