Enoch Santos Pimentel

Expediente 749/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
749/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
28/06/2021

Partes del expediente

  • Enoch Santos Pimentel
  • Enoch Santos Pimentel y Otros.
  • Jueza Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    EJECUTORIA. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; ...... se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ...... archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, ........ Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, .......

  2. Incidental

    Visto el estado procesal de los presentes autos, y tomando en consideración que en esta misma fecha causó ejecutoria la resolución dictada en el cuaderno principal de donde deriva esta incidencia; en consecuencia, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción ......

  3. Principal

    Resolución Constitucional TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 749/2020, promovido por Enoch Santos Pimentel, por propio derecho y en representación de los menores, contra actos de la Jueza Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia esta ciudad, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ESCRITO DE DEMANDA. Por escrito recibido el trece de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de Procesos Penales Federales en Cintalapa de Figueroa, Chiapas y remitido el catorce de ese mismo mes y año, a la oficialía de partes del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Enoch Santos Pimentel, por propio derecho y en representación de los menores, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que a continuación se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Lo son en este caso:. A). C. JUEZA SEGUNDO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS quien puede ser notificado en el EDIFICIO B DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIAPAS ubicado en LIBRAMIENTO NORTE BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO SIN NUMERO, COLONIA EL BOSQUE, CODIGO POSTAL 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. A). C JUEZA QUINTO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS quien puede ser notificado en el EDIFICIO B DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIAPAS ubicado en LIBRAMIENTO NORTE BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO SIN NUMERO, COLONIA EL BOSQUE, CODIGO POSTAL 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. IV. OMISIONES RECLAMADAS: LA OMISION DE DECRETAR UN REGIMEN DE CONVIVENCIA ENTRE EL SUSCRITO Y MIS HIJOS G.S.V. Y R.S.V. LA OMISION DE SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE MIS HIJOS G.S.V. Y R.S.V. LA OMISION DE SALVAGUARDAR LOS BIENES DE MIS HIJOS G.S.V. Y R.S.V.".(Sic) La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos transgredidos, los reconocidos en los artículos 1, 4, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. ADMISION DE DEMANDA Y TRÁMITE. Mediante proveído de quince de octubre de dos mil veinte, el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, a quien por razón de turno le tocó conocer de la demanda planteada, la tuvo por recibida, la registró en el Libro de Gobierno bajo el número 569/2020, y la admitió a trámite; se solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables, y se dio la intervención que por ley corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a ese Juzgado. Seguida la secuela del procedimiento, en auto de diez de diciembre de dos mil veinte, ese juzgado decretó la separación de juicios de dicho expediente, por existir diversos actos reclamados, desvinculados entre sí. Por razón de turno, tocó conocer a este juzgado del juicio emancipado relacionado con los actos reclamados consistentes en: El procedimiento de régimen de convivencia tramitado bajo el expediente 413/2020, del índice del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Así, en acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se radicó en este juzgado el indicado asunto bajo el expediente 749/2020, y se requirió al Juzgado remitente, copias certificadas del juicio de amparo de origen, para que se estuviera en condiciones de pronunciarse sobre dicho asunto; por lo que, en diverso auto de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite, se dio intervención a la representante social y se ordenó la designación del representante especial de los menores, se notificó a las partes de dicha circunstancia, además, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; misma que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para resolver el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48, 51 y 5° transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en concordancia con el artículo 36 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. PRECISION DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la cuestión efectivamente planteada en esta instancia lo constituye: La omisión de decretar un régimen de convivencia entre el progenitor (aquí quejoso), y sus menores hijos. La omisión de pronunciarse respecto a la posible dilapidación de las pertenencias de sus menores hijos. Tiene aplicación por identidad jurídica, la tesis que adelante se trascribe: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO.- INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Secretario del Juzgado Segundo de lo Familiar, en funciones de Juez, con residencia en esta ciudad, negó categóricamente la existencia del acto que la parte quejosa le reclama en esta vía, consistente en la omisión de pronunciarse respecto a la posible dilapidación de las pertenencias de sus menores hijos. Al efecto, adujo que mediante proveído de trece de octubre de dos mil veinte, dictó como medida de protección tendiente a garantizar el interés superior de los niños involucrados en el juicio natural, la prevención a la madre de éstos (aquí tercera interesada), para que de forma inmediata se abstuviera de enajenar o vender los bienes pertenecientes a dichos menores, con el apercibimiento que de no hacerlo, daría vista a la Fiscal del Ministerio Público adscrita, para que proveyera conforme a sus atribuciones. Lo que efectivamente se puede corroborar con las documentales remitidas por la autoridad responsable, relativas a las copias certificadas del expediente 413/2020, mismas que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, según su numeral 2, segundo párrafo. Pues efectivamente de dichas constancias, se desprende el citado proveído de trece de octubre de dos mil veinte, el cual obra a fojas 110 a 111. De lo anterior, se evidencia que, efectivamente, el Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, proveyó sobre la posible dilapidación de los bienes de los aquí menores; por tanto, no se evidencia por el momento la omisión que le reclama la parte quejosa. Por ende, resulta evidente que la autoridad responsable, a la fecha de la presentación de la demanda, no había incurrido en omisión de pronunciarse respecto a la posible dilapidación de las pertenencias de sus menores hijos. Además, que el juicio de amparo procede contra actos existentes (positivos o negativos) y concretos, lo que en la especie no aconteció. Cobra aplicación, la jurisprudencia, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." De ahí que, deviene inexistente el acto omisivo que le reclaman los quejosos, al Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, en esta instancia constitucional; además, la parte quejosa no aportó elementos de prueba con los que desvirtuara la negativa de la autoridad responsable. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la Jurisprudencia que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como, la tesis que a continuación se transcribe: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO.- La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En razón de las anteriores consideraciones, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio de amparo, ya que de las constancias de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado consistente en la omisión de pronunciarse respecto a la posible dilapidación de las pertenencias o bienes de los menores quejosos, a la autoridad señalada como responsable Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, residente en esta ciudad, lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de decretar un régimen de convivencia entre el progenitor (aquí quejoso), y sus menores hijos, pues no obstante el Secretario en Funciones de Juez del juzgado en mención, al rendir su informe con justificación lo haya negado; sin embargo, de las propias manifestaciones que realiza se evidencia la existencia de dicho acto, ya que precisó que efectivamente el régimen de convivencia en el juicio 413/2020, se encuentra suspendido por las razones jurídicas que ahí expuso. Es aplicable, la tesis, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Circunstancia que además, se ve corroborada con las constancias remitidas por la responsable de referencia consistentes en copias certificadas del expediente 413/2020, de su índice, mismas que anexó a su informe con justificación; a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones judiciales emitidas por una autoridad en el ejercicio de sus facultades. Tiene aplicación la Jurisprudencia que es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO.- IMPROCEDENCIA. Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, previamente al análisis de fondo de la cuestión debatida se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, según lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo vigente, así como la jurisprudencia que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Toda vez que no se actualiza causa de improcedencia alguna y tampoco, las partes alegaron la existencia de alguna, se procede el estudio del fondo del asunto. SEXTO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa en el escrito de demanda no se transcriben por economía procesal, pero se tienen por reproducidos en este considerando, como si se insertasen a la letra, en virtud que tal omisión no infringe disposición legal alguna, ya que dicha circunstancia no la deja en estado de indefensión, en tanto no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estima pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad; además serán estudiados de forma exhaustiva y congruente al resolver el fondo del asunto de acuerdo con la jurisprudencia que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa en su demanda de garantías se estiman jurídicamente infundados, conforme a las consideraciones que este órgano de control constitucional precisará al respecto, sin que se advierta motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto en el artículo 79, de la Ley de Amparo vigente. El impetrante del amparo, a guisa de concepto de violación, de manera sintetizada argumenta que la responsable transgrede en su perjuicio las garantías señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Convención sobre los Derechos Humanos, el Protocolo Adicional, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, toda vez que al no decretar las medidas de convivencia con sus menores hijos, no se encuentra velando por el interés superior de dichos infantes, lo cual es prioritario en el Sistema Jurídico Mexicano. El motivo de inconformidad anteriormente descrito, como se dijo, deviene infundado, atento a las siguientes consideraciones: El Juzgado responsable, al momento de rendir su informe con justificación, remitió copias debidamente certificadas del expediente 413/2020, del cual se advierten los siguientes antecedentes del acto reclamado: El cinco de agosto de dos mil veinte, Enoch Santos Pimentel, ante el Juzgado en Materia Familiar en turno, en esta ciudad, demandó a Jennifer Guillermina Vázquez Liévano, el régimen de convivencia de sus menores hijos. (fojas 1 a 8 del tomo de pruebas). En proveído de seis de agosto de dos mil veinte, el Juzgado Segundo de lo Familiar, con sede en esta ciudad, admitió la demanda en cuestión, ordenando emplazar a la demandada (madre de los menores), y entre otras cosas, decretó el derecho de convivencia del actor con sus menores hijos, ordenando a la demandada otorgara todas las facilidades para ello, estableciendo los días y horarios en que se llevaría a cabo dicha convivencia (fojas 19 a 24 del tomo de pruebas). Posteriormente, en diverso auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte, el Juzgado responsable, ante la petición de la parte actora, en el sentido que la demandada había sido contumaz en acatar el régimen de convivencia decretado en dicho asunto, ordenó dar vista a la Fiscal del Ministerio Público adscrita, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera (fojas 76 y 77). Así, una vez que la Fiscal realizó sus manifestaciones, en acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veinte, el juzgado responsable, ordenó girar oficio a la Oficialía de Partes Común, a efecto que informara si existía un diverso registro de Juicios en Materia Familiar en contra del actor Enoch Santos Pimentel, o promovido por el mismo (foja 79 del tomo de pruebas). En auto de dos de septiembre de dos mil veinte, una vez recibido el informe requerido, solicitó al Juzgado Quinto Familiar, en esta ciudad, le informara el estado procesal que guardaba el diverso asunto 360/2020 (violencia familiar, promovido por el mismo actor), de su índice; asimismo, le indicara si se encontraban dictadas medidas cautelares de violencia en dicho asunto. Finalmente, en proveído de ocho de octubre de dos mil veinte, el Juzgado responsable suspendió el régimen de convivencia que había decretado en proveído de seis de agosto de dos mil veinte; ello, ya que en el informe que remitió su similar del Juzgado Quinto Familiar, advirtió que en el diverso expediente 360/2020, se emitieron entre otras medidas, la prohibición de que la demandada causara molestias de forma personal o vía telefónica al actor, lo que implicaba que no podía existir un enlace de comunicación entre ellos, lo que traía efectos jurídicos en cuanto al régimen dictado por el juzgado responsable. Además, que en dicho asunto 360/2020, también se encontraba litigando lo relativo a la guarda y custodia de los infantes, siendo dicha acción la causa sustantiva para dictar lo correlativo al régimen de convivencia; de ahí que, con fundamento en el artículo 982 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Chiapas, y rigiendo el interés superior de los menores, a fin de evitar resoluciones contradictorias y garantizar que las medidas de protección puedan ejecutarse, sobre todo cuando el asunto 360/2020, del índice del Juzgado Quinto del Ramo Familiar, en esta ciudad, fue iniciado primeramente por el mismo actor, razón, por lo que como se dijo, se suspendió el régimen de convivencia que había decretado. De los antecedentes del juicio natural descritos en párrafos precedentes, se puede advertir con claridad, que en el procedimiento familiar de origen, se suspendió el régimen de convivencia que se había decretado en un principio. En ese contexto, debe decirse que el hecho que el Juzgado responsable haya sido "omisa", en decretar un régimen de convivencia, no es violatorio de garantías, como lo pretende el solicitante de amparo. Es así, ya que de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe con justificación, no se evidencia una dilación como tal; por el contrario, se advierte con meridiana claridad, una imposibilidad jurídica que tuvo la responsable, para continuar con el régimen de convivencia que había decretado con anterioridad. Ello, ya que como se pudo advertir de los antecedentes descritos; en principio, el juzgado responsable, había emitido un régimen de convivencia a favor del aquí quejoso y sus menores hijos; sin embargo, al advertir la existencia de un diverso juicio 360/2020, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar, con sede en esta ciudad, en el que se encuentra dirimiendo la guarda y custodia por los mismos menores, determinó suspender el citado régimen de convivencia. Lo anterior, ya que como se observó en el diverso juicio 360/2020, habían dictado como medida, la prohibición para que la madre demandada no realizara actos de molestia contra el actor, aquí quejoso; además, primordialmente, suspendió el régimen de convivencia, ya que se encontraban en trámite dos juicios en los cuales se estaba tratando precisamente el régimen de convivencia; por tanto, a fin de evitar dictar resoluciones contradictorias, en específico por el multicitado régimen de convivencia, señaló que debía ser en el más antiguo en el que se dirimiera dicha situación; por lo que, le reiteró al aquí quejoso, que en aquél asunto debería solicitar la modificación de las medidas, así como el régimen de convivencia. Razones las anteriores, por las cuales se insiste, el Juzgado responsable determinó suspender el régimen de convivencia, destacando que ese proveído no fue combatido por el aquí quejoso, ni promovió diverso juicio de amparo. Además, cabe destacar que el aquí quejoso, también promovió juicio de garantías, contra la supuesta dilación de dictar régimen de convivencia en ese otro juicio 360/2020, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar, con sede en esta ciudad, del que tocó conocer al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales, con residencia en esta ciudad, con el número 590/2020, en el que determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para efecto que dejara insubsistente un proveído de quince de septiembre de dos mil veinte, únicamente en la porción correspondiente en la que determinó no acordar favorable la medida provisional de visitas del progenitor con sus menores hijos, y con libertad de jurisdicción, tomando en consideración el interés superior de los menores, emitiera uno nuevo debidamente fundado y motivado. Lo anterior, refuerza lo señalado por el Juez responsable en el presente juicio de garantías, en el sentido que en dos asuntos se encuentra ventilando el mismo tema de régimen de convivencia entre el aquí quejoso y sus menores hijos; y que por ello, dicha circunstancia se debe ventilar en un solo asunto, para evitar resoluciones contradictorias, ya que de seguir actuando en dos juicios distintos, inclusive podría resultar contrario a los intereses primordiales de los infantes involucrados. En ese orden de ideas, no le asiste la razón a la parte quejosa, al aducir que existe una dilación por parte de la autoridad responsable en señalar o continuar con el régimen de convivencia con sus menores hijos que había señalado; ello, ya que es evidente que actualmente existe una imposibilidad jurídica para hacerlo y por el momento justificada legalmente, puesto que como quedó asentado en párrafos precedente, el juez responsable decretó la suspensión del régimen de convivencia por las razones que se expuso anteriormente; lo cual, correcto o no -ya que no puede ser analizado en el presente asunto, puesto que no fue combatido por el aquí quejoso-, le imposibilita material y jurídicamente al juez responsable, continuar con el régimen de convivencia; por, tanto, es inconcuso que el actuar del juzgado responsable, está apegado a la norma que rige el acto reclamado y se insiste, no existe una dilación injustificada por parte de la responsable. Sobre la base de lo antes expuesto, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal impetrado por Enoch Santos Pimentel, por propio derecho y en representación de los menores, en contra del acto atribuido al Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, por las consideraciones vertidas con anterioridad. OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y motivado, y, además, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Enoch Santos Pimentel, por propio derecho y en representación de los menores, contra el acto que reclamó de la Jueza Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Enoch Santos Pimentel, por propio derecho y en representación de los menores, contra el acto que reclamó de la Jueza Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando séptimo del presente fallo. TERCERO. La presente resolución será publicable conforme lo dispuesto en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, REPRESENTANTE ESPECIAL DE LOS MENORES Y TERCERO INTERESADA, POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Así lo resuelve y firman de manera electrónica, con fundamento en lo previsto por el artículo 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el licenciado Felipe Sifuentes Servín, Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, quien actúa con Omar Maldonado Villafuerte, Secretario que autoriza y certifica que la presente resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico, hasta el día de hoy cuatro de junio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Enoch Santos Pimentel, por propio derecho y en representación de los menores, contra el acto que reclamó de la Jueza Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Enoch Santos Pimentel, por propio derecho y en representación de los menores, contra el acto que reclamó de la Jueza Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando séptimo del presente fallo. TERCERO. La presente resolución será publicable conforme lo dispuesto en el considerando último de esta sentencia.

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