Enoc Saldaña González

Expediente 425/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
425/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
13/12/2019

Partes del expediente

  • Enoc Saldaña González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso *** , interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado federal no haya realizado el computo a la autoridad responsable, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de Amparo, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer el presente juicio; por tanto, dicha resolución no le irroga perjuicio alguno. Por otra parte, devuélvase a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa II de Tramitación Común de esta ciudad, las constancias que sirvió acompañar a su informe justificado consistentes en copias certificadas de la carpeta de investigación********************, de su índice, en un tomo; solicitando el acuse respectivo. Por lo que una vez que el presente cuaderno de amparo se encuentre debidamente integrado, se acordará lo conducente al archivo del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa II de Tramitación Común de esta ciudad, mediante el cual, rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, la responsable oficiante, en apoyo de su informe justificado exhibe copia certificada de la carpeta de investigación CDI/FGE/VII/D06/01685/19, de su índice; documentales que se tienen desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. Dada la voluminosidad de las constancias que exhibe la autoridad responsable de referencia, fórmese el anexo uno de pruebas. En otro contexto, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que existen elementos probatorios que acreditan la actualización de una causa de improcedencia que jurídicamente permite sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En efecto, para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo no es necesario esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional y al dictado de la sentencia, sino que puede decretarse durante su tramitación y antes de la celebración de dicha audiencia, siempre que la actualización de la causa de improcedencia sea manifiesta e indudable, de suerte tal que, aun cuando la parte quejosa exhiba mayores pruebas, sea imposible desvirtuar la causa de improcedencia, o aun cuando no se haya dado vista a las partes del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues estimar lo contrario, dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de dicho informe justificado, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el caso. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, pues a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en el justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. *** Del contenido del artículo transcrito, se advierte que el juicio de amparo será improcedente, entre otros casos, cuando hayan cesado los efectos jurídicos del acto reclamado. Conforme a los criterios jurisprudenciales sustentados por nuestro máximo Tribunal, se entiende que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éste es suspendido o acabado, esto es, cuando se revoca o deroga el acto combatido de manera que no produce efecto alguno en la esfera de derechos del gobernado, como si el acto jamás hubiera nacido. Para que se actualice la cesación de efectos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino es necesario que, aun sin hacerlo, destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. *** Del análisis de las constancias que obra en el juicio de amparo, se advierte que en la demanda de amparo, el quejoso reclamó el acto siguiente (foja 2): La omisión de proveer lo relativo a lo peticionado mediante comparecencia en el acta de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/VII/D06/01685/19, en la que solicita el no ejercicio de la acción penal. Cabe precisar que de las actuaciones remitidas por la fiscal responsable se desprende que dicha comparecencia se llevó a cabo el veintiséis de junio del año en curso (fojas 6 y 7 del anexo uno), no así el veintiocho de junio de este año, como lo señala el quejoso en su escrito de demanda, por lo que en la citada fecha fue cuando su abogado defensor, mediante comparecencia, solicitó a la Agente del Ministerio Público de la Unidad Dos de Tramitación Común de esta ciudad, el no ejercicio de la acción penal y tenerse por prescrito el supuesto de falso testimonio previsto en el numeral 284, fracción I de la Ley Penal vigente en el Estado y demás relativos, por considerar que se actualizan las hipótesis de prescripción y excluyente de responsabilidad. Por otro lado, se observa que mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (fojas 7 a 10), se admitió a trámite la demanda de amparo y se requirió a la autoridad responsable para que rindiera su informe justificado y acompañara las constancias correspondientes. Igualmente, se obtiene que mediante el oficio de cuenta, la Agente del Ministerio Público responsable rindió su informe justificado, manifestando que no es cierto el acto reclamado, toda vez que en la carpeta de investigación de origen, mediante determinación de doce de noviembre del año en curso (fojas 234 a 236 del anexo uno), decretó el no ejercicio de la acción penal en favor del quejoso Enoc Saldaña González, por los hechos que la ley señala como el delito de falso testimonio, previsto y sancionado por el artículo 284 del Código Penal vigente en el Estado de San Luis Potosí, dando contestación a lo solicitado por el abogado defensor del peticionario de amparo, como se advierte del resultando segundo de dicha determinación; adjuntando al efecto las constancias respectivas. Del contenido de las documentales que la autoridad responsable en comento remitió para sustentar su informe justificado, consistentes en copias certificadas de la carpeta de investigación CDI/FGE/VII/D06/01685/19 de su índice, se desprende que mediante comparecencia de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, al rendir su declaración ministerial su abogado defensor solicitó el no ejercicio de la acción penal a su favor por considerar que se actualizaban las hipótesis de prescripción y excluyente de responsabilidad, lo cual quedó asentado en el resultando segundo de la determinación de doce de noviembre de dos mil diecinueve, la cual por un error mecanográfico se asentó de dos mil dieciséis, empero resulta un hecho notorio que en el mes de mayo de dos mil diecinueve, se inició la carpeta de investigación de mérito, por lo que tal resolución no pudo ser emitida en aquél año; tan es así que la fiscal responsable relacionó, dentro del resultando segundo, la referida comparecencia, y resolvió lo que estimó conducente, como puede advertirse de la transcripción relativa: ...SEGUNDO.- Obra comparecencia de fecha 26 de junio del año 2019, mediante el cual rinde su declaración ministerial el indiciado ENOC SALDAÑA GONZALEZ en presencia de su abogado defensor LICENCIADO IVAN ANTONIO RIVERA MEDINA, reservándose el derecho a rendir declaración y en uso de la voz de su abogado defensor solicita de esta representación social, el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL a favor de su defendido, por considerar se actualiza la hipótesis de prescripción y excluyente de responsabilidad. En este contexto, resulta evidente establecer que se actualiza una de las hipótesis de excluyente de responsabilidad penal, prevista por el numeral 28 Fracción II de la ley sustantiva penal y no así una causa de extinción de la acción penal como es la prescripción como lo alude el abogado defensor de ENOC SALDAÑA GONZÁLEZ, toda vez que las hipótesis del tipo penal no se encuentran plenamente acreditadas por las consideraciones vertidas con antelación. En tal virtud y con apoyo en lo señalado por los numerales 127, 131 fracción XII, 255, 258 y 327 fracción VI del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo procedente es determinar el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, en favor de *** , por el delito de FALSO TESTIMONIO Como puede observarse de la transcripción anterior, la Agente del Ministerio Público responsable ya se pronunció respecto de la petición del abogado defensor del peticionario de amparo, pues determinó no ejercitar acción penal en contra de Enoc Saldaña González, aquí quejoso. Lo anterior, permite constatar que ya cesaron los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, pues dejó de existir la omisión de proveer respecto a lo peticionado mediante comparecencia de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, en el sentido de no ejercer acción penal en favor del solicitante del amparo; puesto que la representante social responsable en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya se pronunció en relación a dicha petición; y por lo tanto, las cosas volvieron al estado en que estaban antes de la violación reclamada en la demanda de amparo, como si el acto nunca hubiese existido, lo que implica que ésta desapareció en forma total e incondicional, sin que exista la posibilidad de cambiar esa situación jurídica, al menos, por lo que respecta a la reclamación que originó el presente juicio de amparo. En tales condiciones, al haber cesado los efectos del acto reclamado, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, quedando sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas del cinco de diciembre de dos mil diecinueve. *** Finalmente, cabe precisar que atento a las constancias remitidas por las responsables, se advierte que en el presente juicio de amparo el carácter de tercera interesada correspondería a la ofendida Juana Sánchez Rodríguez; sin embargo, dado que la conclusión establecida en párrafos precedentes, resulta contraria a los intereses del quejoso, tal determinación no le reporta perjuicio alguno, y como tal resulta innecesario su llamamiento a esta instancia constitucional. Notifíquese y personalmente al quejoso. ...

  3. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE FECHA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO AL QUEJOSO, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa II de Tramitación Común de esta ciudad, mediante el cual, rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, la responsable oficiante, en apoyo de su informe justificado exhibe copia certificada de la carpeta de investigación ***, de su índice; documentales que se tienen desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. Dada la voluminosidad de las constancias que exhibe la autoridad responsable de referencia, fórmese el anexo uno de pruebas. En otro contexto, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que existen elementos probatorios que acreditan la actualización de una causa de improcedencia que jurídicamente permite sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En efecto, para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo no es necesario esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional y al dictado de la sentencia, sino que puede decretarse durante su tramitación y antes de la celebración de dicha audiencia, siempre que la actualización de la causa de improcedencia sea manifiesta e indudable, de suerte tal que, aun cuando la parte quejosa exhiba mayores pruebas, sea imposible desvirtuar la causa de improcedencia, o aun cuando no se haya dado vista a las partes del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues estimar lo contrario, dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de dicho informe justificado, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el caso. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, pues a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en el justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. *** Del contenido del artículo transcrito, se advierte que el juicio de amparo será improcedente, entre otros casos, cuando hayan cesado los efectos jurídicos del acto reclamado. Conforme a los criterios jurisprudenciales sustentados por nuestro máximo Tribunal, se entiende que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éste es suspendido o acabado, esto es, cuando se revoca o deroga el acto combatido de manera que no produce efecto alguno en la esfera de derechos del gobernado, como si el acto jamás hubiera nacido. Para que se actualice la cesación de efectos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino es necesario que, aun sin hacerlo, destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. *** Del análisis de las constancias que obra en el juicio de amparo, se advierte que en la demanda de amparo, el quejoso reclamó el acto siguiente (foja 2): La omisión de proveer lo relativo a lo peticionado mediante comparecencia en el acta de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de investigación ***, en la que solicita el no ejercicio de la acción penal. Cabe precisar que de las actuaciones remitidas por la fiscal responsable se desprende que dicha comparecencia se llevó a cabo el veintiséis de junio del año en curso (fojas 6 y 7 del anexo uno), no así el veintiocho de junio de este año, como lo señala el quejoso en su escrito de demanda, por lo que en la citada fecha fue cuando su abogado defensor, mediante comparecencia, solicitó a la Agente del Ministerio Público de la Unidad Dos de Tramitación Común de esta ciudad, el no ejercicio de la acción penal y tenerse por prescrito el supuesto de falso testimonio previsto en el numeral 284, fracción I de la Ley Penal vigente en el Estado y demás relativos, por considerar que se actualizan las hipótesis de prescripción y excluyente de responsabilidad. Por otro lado, se observa que mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (fojas 7 a 10), se admitió a trámite la demanda de amparo y se requirió a la autoridad responsable para que rindiera su informe justificado y acompañara las constancias correspondientes. Igualmente, se obtiene que mediante el oficio de cuenta, la Agente del Ministerio Público responsable rindió su informe justificado, manifestando que no es cierto el acto reclamado, toda vez que en la carpeta de investigación de origen, mediante determinación de doce de noviembre del año en curso (fojas 234 a 236 del anexo uno), decretó el no ejercicio de la acción penal en favor del quejoso Enoc Saldaña González, por los hechos que la ley señala como el delito de falso testimonio, previsto y sancionado por el artículo 284 del Código Penal vigente en el Estado de San Luis Potosí, dando contestación a lo solicitado por el abogado defensor del peticionario de amparo, como se advierte del resultando segundo de dicha determinación; adjuntando al efecto las constancias respectivas. Del contenido de las documentales que la autoridad responsable en comento remitió para sustentar su informe justificado, consistentes en copias certificadas de la carpeta de investigación ***de su índice, se desprende que mediante comparecencia de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, al rendir su declaración ministerial su abogado defensor solicitó el no ejercicio de la acción penal a su favor por considerar que se actualizaban las hipótesis de prescripción y excluyente de responsabilidad, lo cual quedó asentado en el resultando segundo de la determinación de doce de noviembre de dos mil diecinueve, la cual por un error mecanográfico se asentó de dos mil dieciséis, empero resulta un hecho notorio que en el mes de mayo de dos mil diecinueve, se inició la carpeta de investigación de mérito, por lo que tal resolución no pudo ser emitida en aquél año; tan es así que la fiscal responsable relacionó, dentro del resultando segundo, la referida comparecencia, y resolvió lo que estimó conducente, como puede advertirse de la transcripción relativa: ...SEGUNDO.- Obra comparecencia de fecha 26 de junio del año 2019, mediante el cual rinde su declaración ministerial el indiciado *** en presencia de su abogado defensor ***, reservándose el derecho a rendir declaración y en uso de la voz de su abogado defensor solicita de esta representación social, el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL a favor de su defendido, por considerar se actualiza la hipótesis de prescripción y excluyente de responsabilidad. En este contexto, resulta evidente establecer que se actualiza una de las hipótesis de excluyente de responsabilidad penal, prevista por el numeral 28 Fracción II de la ley sustantiva penal y no así una causa de extinción de la acción penal como es la prescripción como lo alude el abogado defensor de ***, toda vez que las hipótesis del tipo penal no se encuentran plenamente acreditadas por las consideraciones vertidas con antelación. En tal virtud y con apoyo en lo señalado por los numerales 127, 131 fracción XII, 255, 258 y 327 fracción VI del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo procedente es determinar el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, en favor de *** , por el delito de FALSO TESTIMONIO Como puede observarse de la transcripción anterior, la Agente del Ministerio Público responsable ya se pronunció respecto de la petición del abogado defensor del peticionario de amparo, pues determinó no ejercitar acción penal en contra de Enoc Saldaña González, aquí quejoso. Lo anterior, permite constatar que ya cesaron los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, pues dejó de existir la omisión de proveer respecto a lo peticionado mediante comparecencia de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, en el sentido de no ejercer acción penal en favor del solicitante del amparo; puesto que la representante social responsable en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya se pronunció en relación a dicha petición; y por lo tanto, las cosas volvieron al estado en que estaban antes de la violación reclamada en la demanda de amparo, como si el acto nunca hubiese existido, lo que implica que ésta desapareció en forma total e incondicional, sin que exista la posibilidad de cambiar esa situación jurídica, al menos, por lo que respecta a la reclamación que originó el presente juicio de amparo. En tales condiciones, al haber cesado los efectos del acto reclamado, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, quedando sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas del cinco de diciembre de dos mil diecinueve. *** Finalmente, cabe precisar que atento a las constancias remitidas por las responsables, se advierte que en el presente juicio de amparo el carácter de tercera interesada correspondería a la ofendida Juana Sánchez Rodríguez; sin embargo, dado que la conclusión establecida en párrafos precedentes, resulta contraria a los intereses del quejoso, tal determinación no le reporta perjuicio alguno, y como tal resulta innecesario su llamamiento a esta instancia constitucional. Notifíquese y personalmente al quejoso. ...

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el pedimento de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, mediante el cual formula alegatos en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, los que en su caso, serán tomados en consideración en la etapa correspondiente de la audiencia constitucional. Notifíquese.

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