Enoc Celis Carrera
Expediente 480/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 480/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/02/2022
Partes del expediente
- Enoc Celis Carrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de uno de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo; sin embargo, obra en el juzgado el anexo I, de dicho expediente, lo cual resulta innecesario que dichas documentales continúen a disposición de éste juzgado federal; por tanto, devuélvase el referido anexo a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar; sin que haya necesidad a solicitar el acuse del anexo, tomando en consideración que el sello que se estampe en el oficio respectivo, servirá para acreditar que se recibió la constancia de que se habla. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Julio César Sarmiento Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
...RESOLUCIÓN: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio, promovido por Enoc Celis Carrera y Hugo Celis Carrera, contra la autoridad JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9a.05 13/07/23 12:40:27 Juicio de Amparo Indirecto 480/2021-XII [9] Amparo indirecto 480/2021-XII responsable y por el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese; y, procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma Rosalio Aguilar Cañedo, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio de autorización CCJ/ST/2539/2021, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Julio César Sarmiento Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
"VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 281/2020-I, promovido por Jessica Yoseline Pérez Barreto, por propio derecho. ANTECEDENTES: PRIMERO. DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El catorce de julio de dos mil veinte, 17 la autoridad responsable Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Santiago Ixcuintla, Nayarit, admitió las controversias del orden familiar 173/2020, respecto a la pensión alimenticia provisional y en su momento la definitiva que demanda Lucio Rodríguez Castañeda, en representación de sus menores hijos A.Y.R.P., L.A.R.P. y N.G.R.P., contra la quejosa Jessica Yoseline Pérez Barreto y, entre otras cosas, fijó como pensión alimenticia provisional a cargo de la aquí quejosa, la cantidad equivalente al 100% cien por ciento de un salario mínimo diario,18 correspondiente al pago quincenal de $1,848.30 (mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 30/100 moneda nacional). Esto constituye el acto reclamado. SEGUNDO. DEL TRÁMITE. Presentación de la demanda: Cuatro de agosto de dos mil veinte (fojas 3 a 11). Admisión sin incidente de suspensión: Seis de agosto de dos mil veinte (fojas 21 a 25). Emplazamiento al Ministerio Público adscrito: Siete de agosto de dos mil veinte, quien no formuló pedimento (foja 33 vuelta). Emplazamiento de la parte tercero interesada Lucio Rodríguez Castañeda, en representación de sus menores hijos A.Y.R.P., L.A.R.P. y N.G.R.P.: Once de septiembre de dos mil veinte (foja 63). Aceptación cargo representante especial de menores A.Y.R.P., L.A.R.P. y N.G.R.P.: Dos de diciembre de dos mil veinte (foja 84). Celebración de audiencia constitucional: Ocho de marzo de dos mil veintiuno (foja 89). CONSIDERANDOS: 17 Fojas de la 63 a 291 de anexo I. 18 $123.22 (ciento veintitrés pesos 22/100 moneda nacional). 07/01/23 13:31:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR Juicio de Amparo Indirecto 281/2020-I [26] PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza civil, el presente juicio de amparo fue radicado después de la entrada en vigor del Acuerdo General 3/2020, mediante el cual, entre otras cosas, se determinó la transformación del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; a su vez, la autoridad responsable reside en el lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción.19 SEGUNDO. FIJACIÓN DE LITIS. Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Santiago Ixcuintla, Nayarit. El proveído de catorce de julio de dos mil veinte, emitido dentro de las controversias del orden familiar 173/2020 de su índice, en las que el tercero interesado Lucio Rodríguez Castañeda, en representación de sus menores hijos A.Y.R.P., L.A.R.P. y N.G.R.P., demandó pensión alimenticia provisional y en su momento la definitiva, a la quejosa Jessica Yoseline Pérez Barreto y, en consecuencia, se fijó como pensión alimenticia provisional a cargo de la quejosa, la cantidad equivalente al 100% cien por ciento de un salario mínimo diario,20 correspondiente al pago quincenal de $1,848.30 (mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 30/100 moneda nacional). Autoridad Responsable Acto Reclamado Certeza Foja JUEZ SEGUNDO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. El citado Acepta parcialmente 34 TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable manifestó que es parcialmente cierto el acto que se le atribuye, consistente en la resolución de catorce de julio de dos mil veinte, emitida dentro del dentro de las controversias del orden familiar 173/2020 de su índice, en las que fijó como pensión provisional a cargo de la quejosa, la cantidad equivalente al 100% cien por ciento de un salario mínimo diario,21 correspondiente al pago quincenal de $1,848.30 (mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 30/100 moneda nacional); no obstante, se tiene plenamente probada la certeza del acto reclamado, aun y cuando el juez responsable haya manifestado que es "parcialmente cierto". Lo anterior, toda vez que la existencia de dicho acto se corrobora con las documentales que el juez responsable allegó al presente juicio de amparo, consistentes en copia certificada de las controversias del orden familiar 173/2020, las que, al no haber sido objetadas, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o. CUARTO. PROCEDENCIA. No se advierte causa de improcedencia que hagan valer las partes ni este órgano federal la advierte de oficio de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, por ende, se procede a efectuar el análisis del acto reclamado. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. 19 Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdos Generales 19/2009, en el que se creó el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales; el 17/2019 en el que se estableció la competencia para conocer de procesos penales federales y de amparo en materia penal y 3/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura, éste último aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual, en su artículo 1, estableció que este órgano jurisdiccional, además de conocer de los asuntos a que se refieren los artículos 52, 53, 53 bis, 54 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mantendrá su competencia para continuar conociendo de los asuntos de amparo en materia penal que se hubiese recibido bajo la anterior denominación de este Juzgado de Distrito. 20 $123.22 (ciento veintitrés pesos 22/100 moneda nacional). 21 $123.22 (ciento veintitrés pesos 22/100 moneda nacional). 07/01/23 13:31:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR Juicio de Amparo Indirecto 281/2020-I [27] Juicio de amparo indirecto 281/2020-I Se estima necesario reseñar algunos antecedentes del expediente de controversias del orden familiar, del que emana el acto reclamado: 1. Mediante escrito presentado el ocho de julio de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, Lucio Rodríguez Castañeda, en representación de sus menores hijos A.Y.R.P., L.A.R.P. y N.G.R.P., en la vía de controversias del orden familiar, demandó a Jessica Yoseline Pérez Barreto -aquí quejosa- el pago de una pensión provisional y en su momento definitiva, a favor de sus menores hijos de iniciales antes citadas (fojas 2 a 6 de anexo I). 2. Mediante proveído de catorce de julio de dos mil veinte, la autoridad responsable Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Santiago Ixcuintla, Nayarit, admitió la demanda de controversias del orden familiar 173/2020 promovidas contra la quejosa y, entre otras cosas, fijó como pensión alimenticia provisional a cargo de la quejosa Jessica Yoseline Pérez Barreto, una cantidad equivalente al 100% cien por ciento de un salario mínimo diario, correspondiente al pago quincenal de $1,848.30 (mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 30/100 moneda nacional) a favor de Lucio Rodríguez Castañeda, como representante de sus menores hijos A.Y.R.P., L.A.R.P. y N.G.R.P. (fojas 63 a 68 de anexo I). Dicha fijación de pensión alimenticia provisional constituye el acto reclamado. Luego, como conceptos de violación,22 la parte quejosa hizo valer, en síntesis, que la autoridad responsable transgredió sus derechos fundamentales establecidos en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente: 1. Que la autoridad responsable transgrede el artículo 305 del Código Civil para el Estado de Nayarit, que establece que si fueran varios los que deben de dar alimentos y todos tuvieran posibilidad de hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos, en proporción de sus haberes. 2. Que la autoridad responsable no fundó ni motivó en que se basó para fijar el porcentaje de pensión provisional a cargo de la quejosa pues no existe prueba suficiente para ello y que no cumplió con las formalidades del procedimiento, actuando en beneficio de la parte acreedora alimentaria, pues la cantidad que se fijó como pensión provisional sobre pasa la capacidad económica de la quejosa. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, aun suplidos en su deficiencia de la queja,23 los cuales se estudiaran en su conjunto, por encontrarse relacionados entre sí. Ahora, sobre el particular, cabe resaltar, que en la situación especial, se trata de una controversia en donde se pone en juego el interés superior del niño, por lo que debe darse una valoración preponderante a los derechos de las menores, como el de recibir alimentos. Por lo anterior, es oportuno transcribir, en lo que al caso interesa, los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal, en relación con los arábigos 3o. y 27 de la Convención Sobre los Derechos del Niño y 4o., 7o. y 11, apartado A, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que disponen lo siguiente: 22 Resulta necesario señalar que no se transcribirán los conceptos de violación formulados por la parte quejosa porque no existe disposición legal que imponga tal obligación y el no hacerlo no conlleva transgresión alguna a los principios de congruencia y exhaustividad contenidos en los artículos 74 y 75 de la ley de la materia. 23 Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 24/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2022087, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas.." 07/01/23 13:31:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR Juicio de Amparo Indirecto 281/2020-I [28] Constitución Federal "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia." "Artículo 4o. [.] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez." Convención Sobre los Derechos del Niño "Artículo 3o. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño." "Artículo 27. [.] 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados." Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes "Artículo 4o. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 7o. Corresponde a las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres, y demás ascendientes, tutores y custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos. De igual manera y sin prejuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos." "Artículo 11. Son obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes: A. Proporcionarles una vida digna, garantizarles la satisfacción de alimentación, así como el pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. Para los efectos de este precepto, la alimentación comprende esencialmente la satisfacción de las necesidades de comida, habitación, educación, vestido, asistencia en caso de enfermedad y recreación. 07/01/23 13:31:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR Juicio de Amparo Indirecto 281/2020-I [29] Juicio de amparo indirecto 281/2020-I (Subrayado añadido) La Constitución Federal, establece diversas garantías de orden personal y social a favor de los menores, precisamente, dispone que es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental; que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos, y el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, otorgando facilidades a los particulares para que se coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Consecuentemente, cabe destacar que el Estado Mexicano es parte firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, con base en esa declaración de principios de los niños, el sistema jurídico mexicano adopta el concepto "interés superior de la niñez", el cual implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones en esta etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de modo tal que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas. En este panorama, la aparición del concepto interés superior de la niñez supedita, con mayor claridad, los derechos que las personas adultas pudieran tener sobre un niño o niña, al deber de atenderlos y cuidarlos, buscando siempre el mayor beneficio posible para ellos, como un imperativo de la comunidad hacia las personas que ejercen la patria potestad, con ello, la función social es ahora explícitamente de orden público e interés social. Derivado de la adopción de la referida Convención Internacional, se publicó en nuestro país la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de desarrollar los lineamientos que derivan del numeral 4o. Constitucional, y así atender la necesidad de establecer principios básicos conforme a los cuales el orden jurídico mexicano habrá de proteger que niñas, niños y adolescentes ejerzan sus garantías y sus derechos, estableciendo para tal efecto, como principio central el "interés superior de la infancia", que tal como se encuentra dispuesto en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, implica que las políticas, las acciones y la toma de decisiones relacionadas con ese periodo de la vida, tienen que darse de tal manera que, en primer término y antes de cualquier otra consideración, se busque el beneficio directo de los infantes y adolescentes a quien van dirigidas, señalándose en esa convención que las instituciones de bienestar social, tanto públicas como privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos deben corresponder a ese interés superior del menor, de modo y manera tales que quien pretenda fundamentar una decisión o medida en el interés superior del niño, deberá regirse por la interpretación que se desprende del conjunto de las disposiciones de esa convención. Bajo tales lineamientos, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes consagró en su arábigo 4o., que las normas aplicables a los menores se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo pleno, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social y que para atender a ese principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni bajo ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El precepto 7o. de la citada ley, a su vez estableció como obligación para las autoridades federales, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a los menores la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar, tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres, demás ascendientes, tutores y custodios u otras personas que sean responsables de los mismos, siendo deber y obligación de la comunidad y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos. En las condiciones apuntadas, debe concluirse que toda contienda judicial en que se vean involucrados derechos inherentes a los menores, debe resolverse atendiendo al interés superior del niño, conforme lo disponen la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.24 24 Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 25/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, página 334, registro digital 159897, cuyo rubro y texto disponen: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio 07/01/23 13:31:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR Juicio de Amparo Indirecto 281/2020-I [30] Ahora, bajo esa perspectiva, se dice que son infundados los motivos de queja expresados por la quejosa, pues la obligación de pagar alimentos provisionales es de naturaleza especial, puesto que tiende a satisfacer una necesidad apremiante, por ello, aun cuando dichos alimentos se pueden decretar incluso sin oír al que deba ministrarlos, ello no implica que haya sido condenado en franca violación al principio de proporcionalidad de conformidad con el artículo 305 del Código Civil para el Estado de Nayarit,25 sino que esa condena se sustenta en el carácter provisional y urgente de la necesidad de alimentos, cuya obligación de ministrarlos es de orden público e interés social, pero es susceptible de modificarse durante el juicio o al resolverse en definitiva sobre la petición planteada.26 Ahora bien, conviene transcribir el contenido de los artículos 301 y 304, del Código Civil para el Estado de Nayarit, así como los numerales 494 a 498, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit, que a la letra dicen: "Artículo 301. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales." "Artículo 304. Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos. Determinados por convenio, o sentencia, los alimentos tendrán un incremento automático mínimo equivalente al monto de recuperación del salario mínimo general, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiere obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente." "Artículo 494. Podrá el Juez decretar alimentos a quienes tengan derecho de exigirlos y contra quienes deban pagarlos, observándose las disposiciones del capítulo I de este título y, en su caso, las siguientes." "Artículo 495. A petición de parte o de oficio el Juez podrá ordenar a quien corresponda, informe sobre los bienes inscritos a nombre del deudor alimentista o ingresos que perciba." "Artículo 496. En la demanda de alimentos podrá pedirse que se acuerden provisionalmente éstos." "Artículo 497. Para los efectos del artículo anterior se necesita: I. Que se exhiban documentos comprobantes del parentesco o en que conste la obligación de dar alimento; y II. Que se justifique la posibilidad económica del demandado con cualquier medio de prueba. El que demanda alimentos tiene a su favor la presunción de necesitarlos." "Artículo 498. Satisfechos los requisitos de los artículos que preceden, el Juez fijará prudentemente una pensión provisional que comunicará de inmediato a la persona física o moral de quien perciba ingresos el deudor alimentista, para que se haga entrega de la misma al acreedor, con el apercibimiento de doble pago en caso de desobediencia. Lo mismo se observará respecto de cualquier otro emolumento o crédito que exista en favor del demandado. Fuera de los casos anteriores, se ordenará requerir al deudor sobre el pago de dicha pensión provisional o la constitución de una caución garante de su pago por tres años cuando menos, embargando en su caso, bienes de su propiedad que la garanticen. La pensión provisional subsistirá mientras no se cumpla la sentencia que en su caso, fije la pensión definitiva." Como se puede apreciar de la transcripción anterior, el juez podrá decretar alimentos a quienes tengan derecho de exigirlos y contra quienes deban pagarlos, los cuales serán proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos, aquel que los solicite deberá exhibir documentos que comprueben el parentesco o en que conste la obligación de dar alimento, así como justificar la posibilidad económica del demandado con cualquier medio de prueba, con la finalidad de que se fije prudentemente una pensión provisional. Asimismo, que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad, respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. En ese sentido, no se comparten los razonamientos expuestos por la promovente del amparo, en el sentido de que la autoridad responsable transgredió lo establecido en el artículo 305 del Código Civil para el Estado de Nayarit, que dispone que si fueran varios los que deben de dar alimentos y todos tuvieran posibilidad de hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos, en pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño." 25 "Artículo 305. Si fueren varios los que deben dar los alimentos y todos tuvieren posibilidad para hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos, en proporción a sus haberes.". 26 Apoya lo anterior, la Tesis 1a. CXXXVI/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 788, registro digital 2006163, cuyo rubro y texto disponen: "ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL. La procuración de alimentos trasciende de los integrantes del grupo familiar, al ser su cumplimiento de interés social y orden público. Así, el Estado tiene el deber de vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia, se procuren de los medios y recursos suficientes cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en la imposibilidad real de obtenerlos. Por lo tanto, los alimentos gozan de ciertas características que se deben privilegiar dado el fin social que se protege a través de los mismos, esto es, la satisfacción de las necesidades del integrante del grupo familiar que no tiene los medios para allegarse de los recursos necesarios para su subsistencia." 07/01/23 13:31:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR Juicio de Amparo Indirecto 281/2020-I [31] Juicio de amparo indirecto 281/2020-I proporción de sus haberes, así como que la resolución reclamada carezca de fundamentación y motivación, al no existir prueba plena para fijar el porcentaje de pensión alimenticia provisional a cargo de la quejosa y que no se hayan cumplido las formalidades del procedimiento. Lo anterior, toda vez que la obligación que le impone el juez responsable de pagar una pensión alimenticia de manera provisional $1,848.30 (mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 30/100 moneda nacional), quincenalmente, a favor de por mes a favor de Lucio Rodríguez Castañeda, en su carácter de representante de sus menores hijos A.Y.R.P., L.A.R.P. y N.G.R.P., correspondiente a un salario mínimo diario que de una operación aritmética resultó dicha cantidad, en modo alguno transgrede sus derechos humanos previstos en la Constitución Federal. Ello es así, pues si bien es cierto, que del examen de las constancias que conforman el juicio natural -previamente valoradas-, no se aprecia que la parte acreedora alimentaria hubiere ofrecido los elementos de convicción pertinentes para justificar la posibilidad económica de la deudora; también es verídico, que el desconocimiento del ingreso exacto del deudor no lo exime de su obligación de otorgar alimentos provisionales a sus menores hijos, pues en esta cuestión, como correctamente procedió el juez responsable, es conveniente determinar, previo análisis, el monto de la pensión con base a las circunstancias especiales del caso y como ocurre, de forma proporcional, de acuerdo al salario mínimo general vigente, que es la cantidad apenas suficiente para la subsistencia de una persona.27 En efecto, la circunstancia consistente en que los ingresos que percibe la deudora alimentaria aquí quejosa, no hayan sido acreditados, no conduce a que el juzgador la absuelva de dicha obligación, toda vez que el acreditamiento del monto de ingresos de la obligada a proporcionar alimentos no es elemento de la acción. Asimismo, la finalidad de la pensión alimenticia provisional es resolver momentáneamente un problema urgente, como es el de obtener recursos para sufragar la necesidad alimentaria de los menores, lo que debía resolverse atendiendo al interés superior del niño, conforme lo disponen la Convención sobre los Derechos del Niño, tal y como como correctamente lo fundamentó y motivó el juez responsable, al fijar la pensión alimenticia provisional aquí reclamada, sin que ello signifique, como lo manifiesta la quejosa, que el juez responsable se haya apartado de su independencia e imparcialidad como juzgador, si no que fue atendiendo a ese interés superior de la niñez y la urgencia de proporcionarles alimentos provisionales, que determinó fijar la pensión alimenticia provisional reclamada. Así, la afectación provisional del patrimonio de la quejosa como deudora alimentaria, se justifica plenamente si se tiene en cuenta que la necesidad que tienen sus menores hijos de percibir alimentos, por su propia naturaleza, tiene un rango especial dentro del derecho familiar, y por tanto, requiere de disposiciones adecuadas que permitan su pronta satisfacción, se itera, en atención al intereses superior de los menores involucrados y no así, con el afán de beneficiar arbitrariamente a una de las partes dentro del juicio natural. En ese sentido, carecería de sentido condicionar en todo caso su otorgamiento a un procedimiento previo, en el que la deudora pudiera hacer valer recursos o medios legales de defensa que por su tramitación, en muchos casos prolongada, harían inoportuna la atención de esa necesidad urgente, que en sí misma implica la subsistencia de los menores, sin que esto signifique, como lo manifiesta la quejosa en sus conceptos de violación, que el juez responsable se haya apartado de su independencia e imparcialidad, pues como ya se dijo, el interés superior del menor se erige como la consideración primordial que debe de atenderse en cualquier decisión que les afecte, como correctamente lo realizó el juez responsable al emitir el acto reclamado. 27 Apoya lo anterior, la Tesis III.1o.C.184 C (9a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 2, página 796, registro digital 160094, cuyo rubro y texto disponen: "ALIMENTOS PROVISIONALES. AL TRATARSE DE UNA MEDIDA PRECAUTORIA, LA URGENCIA Y NECESIDAD DE AQUÉLLOS NO REQUIEREN PRUEBA PLENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 694 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco regula, entre otras cuestiones, la fijación de los alimentos que han de otorgarse en forma provisional, para lo cual estatuye que en caso de que hubiese necesidad de fijar y asegurar una pensión por concepto de alimentos provisionales, el Juez, sin correr traslado a la contraparte, verificará que el demandante acredite, la urgencia y necesidad de dicha medida y que justifique, cuando menos, la posibilidad del que debe darlos. Luego, es evidente que esas diligencias provisionales tienen como finalidad resolver momentáneamente respecto de una necesidad urgente, como es la de obtener recursos para sufragar la necesidad alimentaria; por lo que el tipo de pruebas que se exigen para que el Juez pueda decretar esa medida girará en torno a dos aspectos: a) su necesidad y urgencia; y, b) la posibilidad de satisfacerla por parte del deudor alimentario. Así, la prueba relativa a la posibilidad económica del deudor alimentario debe dar idea al juzgador sobre el alcance económico de quien ha de pagar esa prestación, y la relativa a la necesidad y urgencia de la medida también debe ser suficiente para demostrar el estado de necesidad de los alimentos y de la urgencia de recibirlos, puesto que se trata de una medida provisional, y todavía está por tramitarse el juicio en donde habrán de probarse plenamente esos dos aspectos para fijar una pensión alimenticia definitiva; de ahí que es ilegal exigir una prueba plena, de carácter indubitable, porque entonces dejaría de tener justificación el juicio que se llevará para debatir sobre el derecho, necesidad de percibirlos y capacidad para pagar los alimentos en definitiva. Por tanto, es en el juicio en donde deben quedar plenamente probadas esa necesidad y esa urgencia, y en la medida precautoria deberá desahogarse prueba que racionalmente convenza al juzgador de la necesidad de percibir alimentos, de su urgencia y de la capacidad económica del deudor alimentario." 07/01/23 13:31:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR Juicio de Amparo Indirecto 281/2020-I [32] Además, al tratarse de una medida precautoria y de carácter urgente, únicamente deben aportarse elementos que presuman la necesidad y urgencia de quien deberá percibir los alimentos, por lo que resulta incuestionable que su fijación no requiere de una valoración profunda de las pruebas ofrecidas por el deudor alimentario, quien tendrá la oportunidad de ofrecer los medios de convicción que estime convenientes para contradecir el derecho del acreedor a percibir alimentos, o en su caso, reclamar su reducción, en la fijación de la pensión alimenticia definitiva. En tales condiciones, son infundadas las manifestaciones de la quejosa, en el sentido de que se transgredió su derecho humano al debido proceso y que carece de fundamentación y motivación la resolución reclamada porque el juez responsable debió allegarse de más elementos probatorios para fijar el monto de la pensión alimenticia provisional y la capacidad económica de la deudora, pues, se itera, la fijación de los alimentos provisionales atiende al estado de necesidad del acreedor, de manera que el juez fijará los alimentos provisionales a petición del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante la información que estime necesaria o la que incluso tenga a la vista, mientras se resuelve el juicio; de ahí que resultan infundadas las manifestaciones de la quejosa.28 En ilación con lo narrado, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 30, visible en la página 21 del Tomo IV del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, determinó que el procedimiento sobre alimentos provisionales establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco (disposiciones análogas al Código de Procedimientos Civiles para Nayarit), no es contrario a la Constitución, porque el otorgamiento de esa medida precautoria, sin darse previamente intervención al deudor alimentario, se justifica sustancialmente en la necesidad ineludible e inaplazable del acreedor alimentista de obtener los recursos económicos indispensables para su subsistencia, determinación que al no ser definitiva (no constituye cosa juzgada), es susceptible de combatir por el obligado alimentista en juicio, donde podrá ofrecer las pruebas que estime conducentes para desvirtuar la acción intentada en su contra.29 Así las cosas, no hay violación de derechos fundamentales, como lo alega la quejosa, en virtud que el monto que se le fijó como pensión alimenticia provisional, tiene el carácter de resolución provisional, la que por su naturaleza se tramita en plazos breves, y tiene por objeto proveer interinamente los alimentos de los acreedores alimentarios, cuya atención es urgente e inaplazable; en la inteligencia de que la medida provisional únicamente garantizará el mantenimiento de la situación de hecho en aras de que no se vea frustrada la preservación, en forma urgente, del derecho de la parte que la solicita. Máxime que durante la secuela del juicio la quejosa, en su calidad de deudora alimentaria, podrá, en su caso, manifestar lo que a su derecho convenga, así como ofrecer pruebas para acreditar circunstancias de hecho o de derecho que impidan que pueda adoptarse, reconocerse y ejecutarse, la providencia cautelar y, contrario a lo alegado por la quejosa, será al momento de resolver respecto a la pensión alimenticia definitiva demandada, cuando se atienda lo dispuesto en el artículo 305 del Código Civil para el Estado de Nayarit, para determinar, en caso de ser varios los que deben de dar alimentos, en qué proporción deberán otorgarlos los obligados. 28 Apoya lo anterior, la Tesis VII.3o.C.66 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, página 1133, registro digital 174804, cuyo rubro y texto disponen: "ALIMENTOS. CUANDO NO EXISTE MEDIO DE CONVICCIÓN QUE EVIDENCIE A CUÁNTO ASCIENDEN LOS INGRESOS DEL OBLIGADO A PROPORCIONARLOS, LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE FIJAR DISCRECIONALMENTE EL MONTO DE LA PENSIÓN TOMANDO COMO BASE, POR LO MENOS, UN SALARIO MÍNIMO DIARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). La circunstancia de que en autos del juicio natural, no haya quedado demostrada la capacidad económica del deudor alimentista, ante la falta de justificación por parte de la acreedora alimentaria de que aquél es propietario de un negocio, si bien es verdad que no constituye motivo suficiente para relevarlo de su obligación alimentaria, no menos lo es que, de conformidad con el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz que prevé que los alimentos han de ser proporcionados de acuerdo a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, para que esta medida resulte justa y equitativa, al no existir en el sumario medio de convicción alguno que evidencie a cuánto ascienden los ingresos del obligado a proporcionar alimentos, la autoridad responsable, actuando dentro de los límites de la lógica y la razón, debe fijar discrecionalmente el monto de la pensión tomando como base, por lo menos, un salario mínimo diario, ya que en esas condiciones es el que se considera suficiente para sufragar los gastos elementales que comprende el concepto de alimentos." 29 Tesis de la literalidad siguiente: "ALIMENTOS PROVISIONALES. EL PROCEDIMIENTO PARA OBTENERLOS NO ES ANTICONSTITUCIONAL (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y DE JALISCO).- El procedimiento sobre alimentos provisionales establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas -en el fondo igual al de Jalisco- no es contrario a la Constitución. Los artículos 694 y siguientes del código de Jalisco establecen la forma de dictar con urgencia medidas para fijar una pensión alimenticia provisional, simplemente precautoria y fuera de juicio, sin que la resolución que la establezca sea definitiva ni de ejecución irreparable; si el deudor alimentista estima que se le afecta su patrimonio sin motivo legal, puede combatir esta afectación en el juicio contencioso respectivo; por otra parte, como la resolución que decreta la pensión de alimentos provisionales no puede dictarse sino cuando quien la exige, haya acreditado previamente el título en cuya virtud la pide, aportando, si es por razón de parentesco, las actas del Registro Civil que demuestren el matrimonio, el nacimiento, etcétera, o bien la sentencia ejecutiva, el testamento o el contrato en que conste la obligación de dar alimentos, es claro que se está frente a normas jurídicas análogas a las que regulan las providencias preparatorias, las precautorias y aun las ejecutivas, en que para decretarlas no se oye previamente al deudor y que, no obstante esta circunstancia, no son inconstitucionales porque se le oye en el juicio; y por último, la petición de alimentos provisionales se basa sustancialmente en la necesidad ineludible e inaplazable de obtener los alimentos. En consecuencia, no son anticonstitucionales las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco contenidas en el capítulo quinto del título undécimo relativo a los juicios sobre alimentos y al procedimiento sobre alimentos provisionales". 07/01/23 13:31:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR Juicio de Amparo Indirecto 281/2020-I [33] Juicio de amparo indirecto 281/2020-I A su vez, no pasa inadvertido, que la quejosa manifiesta que actualmente se encuentra desempleada, motivo por el cual el salario mínimo diario que se le fijó sobrepasa su capacidad económica; no obstante, además de tener la obligación de otorgar alimentos a sus menores hijos A.Y.R.P., L.A.R.P. y N.G.R.P., lo cierto es que de las constancias que integran el presente sumario constitucional, no se aprecia medio de convicción que acredite en principio, que exista imposibilidad de la quejosa de trabajar en cualquier oficio o profesión que mejor le acomode o, en su caso, que si venga proporcionando alimentos a sus menores hijos desde antes de la demanda instaurada en su contra; máxime que, el monto que se impone a la quejosa no contraviene sus derechos fundamentales, toda vez que la cantidad a que fue sujeta por el juez responsable, apenas es suficiente para sufragar los gastos elementales que comprende el concepto de alimentación: Comida, vestido, habitación, atención médica y hospitalaria, pues fue el salario mínimo diario el que se fijó como pensión alimenticia provisional, es decir $123.22 (ciento veintitrés pesos 22/100 moneda nacional) diarios.30 En ese orden de ideas, resulta inexacto lo alegado por la parte quejosa, en el sentido de que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, por el solo hecho de desconocerse el monto que la demandada percibe como ingresos, pues la falta de prueba no quiere decir que tenga que ser absuelta, sino que la autoridad jurisdiccional puede analizar las circunstancias y razonar el importe de la pensión, así como sus motivos para indicar la cantidad que estime suficiente para cubrir las necesidades de la actora, como acertadamente lo realizó el juez responsable, al velar por el interés superior de los menores involucrados, con fundamento en la Constitución Federal y la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, en el caso particular, el Estado deberá velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, en virtud de que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, debido a que el interés superior de la niñez, es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de los menores previstos en el artículo 4o., Constitucional; máxime que, es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño.31 Sustenta las consideraciones anteriores, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo 30 Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1988, página 79, registro digital 229756, cuyo rubro y texto disponen: "ALIMENTOS. SALARIO MINIMO COMO BASE PARA FIJAR SU MONTO. Cuando se pruebe que el deudor alimentario no tiene un trabajo permanente, sino eventual, entonces la condena al pago de alimentos fijada en un porcentaje con base en el salario mínimo de los días trabajados no es violatoria de garantías." 31 Sustenta lo anterior, la Tesis 1a. LXXXV/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, página 1379, registro digital 2008539, cuyo rubro y texto disponen: "ALIMENTOS. EL DERECHO A PERCIBIRLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TIENE UN CONTENIDO ECONÓMICO. El derecho a percibir alimentos alcanza un conjunto de prestaciones cuya finalidad no sólo es la estricta supervivencia, sino que también busca una mejor reinserción en la sociedad. De ahí que los elementos de la obligación alimentaria deriven del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el hecho de que determine que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, implica delinear los elementos esenciales del derecho de alimentos que, además, tiene como objetivo central el desarrollo integral de los menores. Sin menoscabo de lo anterior, el contenido último de la obligación alimentaria es económico, pues consiste en un pago en dinero o en la incorporación a la familia, pero la finalidad a que se atiende es personal, pues aunque es patrimonial el objeto de la prestación, la obligación se encuentra en conexión con la defensa de la vida del acreedor y el desarrollo de su personalidad; esto es, tiene un contenido económico que permite al ser humano obtener su sustento en los ámbitos biológico, psicológico, social, etcétera. Así, el objeto de la obligación alimentaria está formado tanto por la cantidad de dinero asignada mediante una pensión, como por los medios necesarios para satisfacer los requerimientos del acreedor alimentista." 07/01/23 13:31:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR Juicio de Amparo Indirecto 281/2020-I [34] primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate." 32 En ese contexto, al haber resultado infundados los conceptos de violación esgrimidos en contra del acto reclamado, al no demostrarse, ni advertirse directamente por este juzgador, la transgresión a los derechos previstos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales invocados, ni que las disposiciones legales aplicadas contravengan algún derecho humano reconocido en la Constitución, en los tratados y convenciones internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se demanda. SÉXTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado en los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se emite la siguiente: RESOLUCIÓN: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a la quejosa Jessica Yoseline Pérez Barreto, contra la autoridad responsable y por el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso quinto considerando de esta resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese personalmente a las partes; al tercero interesado por lista por no señalar domicilio para tal efecto y al representante especial por los medios electrónicos proporcionados; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, hasta el día de hoy veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado; ante Carlos Alberto Alcántar Béjar, s
- Principal
...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación y cuenta que antecede, se advierte que para esta fecha está señalada la audiencia constitucional en el presente juicio; sin embargo, de las constancias que obran en autos, no se aprecia la constancia de notificación correspondiente a la autoridad responsable Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en la que se le solicitó rinda su informe justificado, la cual, le fue remitida vía correo. En tal virtud, para dar margen a que transcurra dicho plazo, se difiere la aludida audiencia constitucional y, para su verificativo, se señalan las nueve horas con doce minutos del cinco de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese. JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.80 18/07/21 13:58:54 Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Julio César Sarmiento Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
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