Enma Fajardo Reyes
Expediente 222/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 222/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Enma Fajardo Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a trece de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede se advierte que transcurrió el plazo de cinco días, que el artículo 98 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de queja contra el auto dictado en el juicio de amparo en que se actúa, el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, por las consideraciones que en él se precisan, sin que se haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356 y 357, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo ROSA PATRICIA CORDOVA RANGEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.38.38.39.36.31.33 23/06/25 09:21:58 2º, se declara que CAUSA ESTADO el auto de referencia para todos los efectos legales correspondientes. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales; publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo; asimismo, que no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en la caratula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, procédase a transferirse este juicio de amparo, previo aviso a la ROSA PATRICIA CORDOVA RANGEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.38.38.39.36.31.33 23/06/25 09:21:58 Dirección General de General de Archivo y Documentación. Posterior, procédase a la destrucción del presente juicio de amparo, debiéndose generar previamente los documentos por duplicado que establece el artículo 29 del Acuerdo General de mérito, a efecto de tener plena identificación del expediente destruido.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la diligencia de ratificación de veinticinco de junio del año en curso, en la cual la parte quejosa Enma Fajardo Reyes, ratificó el contenido del escrito agregado en proveído de veintidós de junio de dos mil veintiuno; atento a ello, se le tiene dando cumplimiento a la prevenciones formuladas en auto de once de junio de dos mil veintiuno. Seguidamente, vista la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que se actualiza una causa indudable de improcedencia, que motiva a desechar de plano la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Cobra aplicación la tesis V.2o.J/75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 68, , página 77, registro 215188 cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Así como la Jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, Página 648, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.". En la especie el suscrito juzgador en funciones advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, motivo por el cual se debe desecharse la demanda de amparo, dado que se justifica que los actos fueron consentidos tácitamente al no promoverse el amparo dentro del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la legislación en comento, dicha causal de improcedencia es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. A fin de corroborar lo anterior, se hace necesario precisar, en lo que interesa, el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, el cual establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Quince días, por regla general; b) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición: c) Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; d) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Dicho plazo se computará a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; e) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días, plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I, del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Precisado lo anterior, se toma en cuenta que en el presente asunto, la quejosa reclama: 1) El cobro verbal que considera excesivo, por concepto de arrastre y encierro del automotor Toyota, Tipo Pick Up, color azul, modelo 1996, con placas de circulación MEV6037, del servicio particular del Estado de Chiapas, con sede JT4TN12DXT0020961; y 2) La detención del vehículo antes descrito, realizada mediante boleta de inventario de nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, de las propias manifestaciones que bajo protesta de decir suscribió la parte quejosa en su demanda de amparo, así como también del escrito aclaratorio que fue ratificado bajo la protesta de ley, se advierte que: ? Respecto del acto precisado en el numeral 1), tuvo conocimiento el DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. ? En lo que concierne al acto precisado en el numeral 2), la quejosa tuvo conocimiento en el acto de ejecución, esto es el NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Tales manifestaciones, entrañan una confesión espontánea, que tienen eficacia convictica suficiente para demostrar una causal de improcedencia; por lo tanto, en esas fechas, la parte quejosa se hizo sabedora de los actos que tilda de inconstitucionales. En ese sentido, el plazo de quince días para promover la demanda que dio origen a este asunto transcurrió en demasía, toda vez que los hechos ocurrieron en dos mil diecinueve así como dos mil veinte y la quejosa promovió la demanda de amparo hasta el nueve de junio de dos mil veintiuno, según se advierte del sello impuesto por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. Sin que dicho plazo fuese interrumpido por motivo del fenómeno de salud pública derivada del virus Sars.CoV2 (covid19), en virtud que la suspensión de labores estipulado por el Acuerdo General 4/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comenzó a partir del diecisiete de marzo de dos mil veinte y concluyo o se levantaron los plazos para promover demanda de amparo el tres de agosto de ese año; así mismo no se encuentra excepcionada en la segunda suspensión de actividades decretada mediante la circular CAP/3/2020, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, ya que ésta fue a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y concluyo el doce de enero de dos mil veintiuno, motivo por el cual el plazo que le feneció fue integró, al no trascurrir en esa fechas. De lo antes mencionado, es inconcuso que la interposición de la demanda, se hizo con posterioridad a la fecha en que había concluido el término para instar el juicio de amparo, en virtud de que dicho plazo transcurrió en exceso. Por lo tanto, este resolutor constitucional determina que el juicio de amparo promovido deviene improcedente, por haberse presentado fuera del término de ley. No debe soslayarse que aún en tratándose de cuestiones relacionadas con la transgresión a derechos humanos, los impetrantes queden eximidos de cumplir con los requisitos de admisibilidad y procedencia de la acción de amparo intentada, ya que el derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no es absoluto e ilimitado, pues implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos y el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Lo anterior tiene apoyo en la tesis 1a. CCLXXV/2012, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 525, que dice: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En esa condición, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, y ante los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Enma Fajardo Reyes, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal, puesto que a nada práctico se llegaría con admitirla, para que posteriormente se sobresea en el juicio por las causas de improcedencia que han quedado establecidas; además, con la tramitación del juicio se obligaría a las autoridades responsables a actuar en un juicio que jurídicamente resulta ocioso, lo que iría en contra de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, al no impartirse una justicia pronta y expedita. Máxime que de dicho precepto también se desprende el principio de economía procesal. Cobra aplicación, la tesis I.13o.A. J/6, consultable en la página 1631, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Septiembre de 2004, con el rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. Texto: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". También, es aplicable al caso, la tesis consultable en la página 202, Tomo XIII, Enero, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del Juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar la resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determina fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda."
- Principal
Vistos; agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, aparentemente firmado por la quejosa Enma Fajardo Reyes; para que en el término de tres días legalmente computado ratifique ante la presencia judicial el contenido y firma del ocurso de cuenta, en atención a que existe notoria discrepancia entre la firma que calza el presente escrito con la que aparece estampada en su escrito de demanda de amparo; apercibida que en caso de no cumplir en el término señalado, se tendrá por no presentado su escrito y por ende, no satisfecho el auto aclaratorio de once de junio del año en curso. Tiene aplicación al caso la Tesis de Jurisprudencia número doscientos dos, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible a página 165, que es del tenor literal siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo a la ocursante de los delitos que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." En consecuencia, no ha lugar a tener por cumplida dicha prevención, por lo que deberá estarse a lo ordenado en el citado proveído de once de junio del año en curso, en la inteligencia de que el plazo de cinco días concedido para aclarar su demanda, se interrumpe por una sola vez, con la presentación del escrito presentado y se reanuda hasta el día siguiente al en que surte efectos la notificación que se le practique del presente acuerdo. Es aplicable el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, del mes de abril de 2005, cuyo rubro y contenido son los siguientes: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA."
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a once de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Enma Fajardo Reyes, contra actos de la Policía Estatal de Tránsito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y otra autoridad; ahora bien, de la integridad de la demanda de amparo se advierte que esencialmente los actos reclamados consisten en: 1) El cobro verbal que considera excesivo, por concepto de arrastre y encierro del automotor Toyota, TIPO Pick Up, color azul, modelo 1996, con placas de circulación MEV6037, del servicio particular del estado de Chiapas, con número de serie JT4TN12DXT0020961; y 2) La detención del vehículo antes descrito, realizada mediante boleta de inventario de nueve de diciembre de dos mil diecinueve. La anterior determinación se precisa con apoyo en la tesis jurisprudencial 565, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 628, tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Quinta CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 Sección, Novena Época, del Apéndice 1917- septiembre 2011, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Con el original de la demanda de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 222/2021. Ahora bien, a fin de proveer sobre la admisión, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V así como 114 fracción II, de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que, dentro de los cinco días siguientes contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente proveído, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, por escrito, cumpla con lo siguiente: 1.- En referencia al primer acto precisado en el numeral 1), se advierte que el quejoso en el capítulo de hechos realizó la siguiente manifestación que a continuación se transcribe: "...En varias ocasiones me he presentado a las instalaciones de grúas MARANT, para que se me hiciera la entrega de mi vehículo, pero resulta ser que me negaron la entrega, hasta que al final CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 me dijeron que necesitaba pagar la cuota correspondiente, pero me percate que la cantidad que me estaban cobrando es un cobro excesivo, que va más allá de mis posibilidades económicas, manifestando bajo protesta de decir verdad, que no se me hace justo cubrir esa cantidad toda vez que no está dentro de mis posibilidades económicas ya que es un cobro excesivo..." En ese sentido, toda vez que el quejoso no expone cuando tuvo conocimiento del referido hecho jurídico, se le requiere: ? Precise la fecha en que tuvo conocimiento o fue sabedor del acto relativo al cobro verbal por concepto de arrastre y encierro, del automotor descrito. 2.- Por otra parte, también de la manifestación transcrita y anexos, se advierte la participación de un particular con carácter de autoridad, esto es, el "Encargado y/o Propietario del encierro oficial de Grúas MARANT", misma que pudiera tener implicación en el primer acto reclamado por lo que se requiere al quejoso: ? Manifieste si señala o no como responsable al particular con carácter de autoridad denominada "Encargado y/o Propietario del encierro oficial de Grúas MARANT." CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 Es aplicable a esta consideración la jurisprudencia 2ª./J.30/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Junio de 1996, página 250, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." 3.- Asimismo exhiba las copias necesarias del escrito con el que desahoguen esta prevención, tal como lo refiere el artículo 110 de la Ley de Amparo. Escrito y copias que deberán ser completamente legibles y comprensibles para en su caso, poder estudiar la constitucionalidad del acto. CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 Sirve de apoyo a lo anterior por similitud, la jurisprudencia P.J.36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, del Tomo XIII, Abril 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de Amparo". APERCIBIMIENTO: Se apercibe a la promovente de no cumplir con las anteriores prevenciones, dentro del plazo concedido para tal efecto, no se tendrá como acto reclamado el cobro verbal que considera excesivo por concepto de arrastre y encierro del automotor descrito, por lo que únicamente se proveerá sobre el segundo acto precisado en el numeral 2); así también respectivamente no se tendrá al particular con carácter de autoridad. Se hace del conocimiento de la quejosa, que, si de autos se advierta que la aseveración del desahogo es falsa, de conformidad con el numeral 261 de la Ley de Amparo, se dará vista al Agente del Ministerio CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 Público de la Federación de la adscripción para los efectos legales correspondientes, precepto que a la letra indica: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;". Por otra partes, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en la demanda de amparo y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, toda vez que ninguno de ellos tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales días y horas inhábiles, para que, de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 Se exhorta a la promovente de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 copia digital para conservar y difundir su contenido, excepción hecha de las constancias que debido a su voluminosidad, dificulten su manejo en los sistemas electrónicos de captura con que cuenta este tribunal, y en uso de la facultad discrecional que le otorga el artículo 22 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las cuales, en su caso, quedarán a disposición de las partes en esta secretaría, para su consulta, hasta en tanto llegue el momento de proveer sobre su destino final. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Carrasco Rodríguez, Secretario en Funciones de
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 6,126 expedientes
- Endri Díaz Miguez1450/2019
- Enedino Ledezma Recinos1301/2022
- Eneyda Ríos Grimaldo557/2023
- Enio López Guerra1405/2019
- Enly Rafael Matos Feliz1494/2022
- Enma Adela Herrera Méndez947/2023
- Enmanuel Cepero Peña1359/2023
- Enmy Karina Zuniga Sabillon y Otros.2442/2019
- Enoc Velásquez Montenegro y Otros.782/2019
- Enrai Jiménez Díaz609/2019
- Enrique Alvaro Díaz1242/2022
- Enrique Bautista Colunga724/2021