Engracia Benitez Flores
Expediente 1837/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1837/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Engracia Benitez Flores
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.
- Principal
AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del de quince de noviembre del dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, quince de noviembre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el escrito presentado por ENGRACIA BENÍTEZ FLORES, contra actos del Juez Menor Mixto de la Segunda Demarcación Territorial en el Estado de Morelos; fórmese el expediente respectivo y regístrese bajo el número de orden que lo corresponde 1837/2018-V. Desechamiento. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, ya que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: La parte quejosa reclama el auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de interdicto de retener la posesión número 150/2018-2, por el cual se desechó de plano el recurso de revocación. A mayor abundamiento, de lo narrado por la parte impetrante se advierte lo siguiente: 1.- Bajo el índice del Juez Menor Mixto de la Segunda Demarcación Territorial en el Estado, con sede en Puente de Ixtla, Morelos, se encuentra radicado de interdicto de retener la posesión 150/2018-2, promovido por MATILDE DOMÍNGUEZ PAREDES contra la aquí quejosa ENGRACIA BENÍTEZ FLORES. 2.- El doce de octubre de dos mil dieciocho, se señaló para que tuviera verificativo el desahogo de la prueba de declaración de parte a cargo de la parte actora MATILDE DOMÍNGUEZ PAREDES, que no fue posible desahogar en virtud de la incomparecencia de ésta, por lo que su apoderado legal y abogado patrono exhibieron una receta médica expedida por el doctor Carlos Guillermo Araujo Jiménez, a fin de justificar su falta. 3.- La parte demanda ENGRACIA BENÍTEZ FLORES, inconforme con dicha incomparecencia, a través de su abogado patrono solicitó se negara todo valor probatorio o efectos a la receta médica y se hiciera efectivo el apercibimiento decretado en auto de ocho de agosto del año en curso, esto es, se impusiera una multa a la parte actora en el juicio de origen por diez unidades de mediada de actualización y se requiriera de nueva cuenta a la actora en su comparecencia para permitir el desahogo de dicha probanza. 4.- A dicha petición recayó de la autoridad responsable el acuerdo por el cual concedió un plazo de tres días a la parte actora MATILDE DOMÍNGUEZ PAREDES, a fin de que presentara ante la autoridad judicial al médico que expidió la constancia médica y las recetas médicas en audiencia. 5.- El dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, la parte demanda ENGRACIA BENÍTEZ FLORES, interpuso recurso de revocación en contra de dicho auto, el cual se desechó de plano por considerarlo la responsable notoriamente improcedente. De lo anterior se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, éste interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, tenemos que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas contra el promovente de amparo, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Cobra vigencia en lo que interesa, la tesis jurisprudencial 2a. XLVIII/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, de la Décima Época, página 1070, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, cuyo rubro es "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO.". Así, el acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio de interdicto de retener la posesión 150/2018-2 del índice del Juez Menor Mixto de la Segunda Demarcación Territorial en el Estado de Morelos que combate la impetrante, no produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, pues en todo caso, sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, aunado a ello, únicamente recae sobre derechos puramente procesales, sin lesionar bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas, ello es así, al advertirse que la consecuencia legal del acto impugnado consistente en el desechamiento de un recurso de revocación interpuesto contra un acuerdo emitido en el juicio de origen, que niega imponer una multa a la contraparte de la quejosa y que le concede la oportunidad para que justifique su inasistencia al desahogo de la prueba de declaración de parte, no tiene la afectación que se requiere para ser combatido en amparo indirecto. Por lo tanto, tal acto tiene efectos procesales que podrían no trascender al resultando de la sentencia correspondiente, la que en el caso, de no ser favorable a la quejosa podrá recurrir en apelación y/o en su caso mediante el amparo en vía directa, haciendo valer como violación procesal la emisión de la resolución que hoy reclama, pues se insiste, el acuerdo dictado no afecta derechos sustantivos sino meramente procesales. Máxime que de acuerdo al artículo 172 de la Ley de Amparo, en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, en términos de la fracción III, cuando se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; ya que en el caso, precisamente la quejosa se duele del ilegal desahogo de la prueba de declaración de parte a cargo de su adversario en el juicio natural, al no imponerle multa ante su insistencia y concederle oportunidad de justificar esta. Se afirma lo anterior tomando en consideración que el actual texto de la Ley de Amparo dispone que para que un acto dentro de juicio fuera reclamable en el amparo indirecto, de conformidad con el ordinal 107 fracción V, de la ley de la materia, es necesario que afecte de manera directa, actual y real derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, trascendiendo a la persona o bienes de las partes, de tal modo que el perjuicio resentido no pudiera repararse ni en la sentencia definitiva, ni por medio del juicio de amparo directo; lo que en el particular no acontece, por las razones ya expuestas. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, éste interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por ENGRACIA BENÍTEZ FLORES. Medios electrónicos. Por lo que respecta a la solicitud en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos para copiar y reproducir las constancias procesales y autos que se decreten en el presente juicio de amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al respecto se acuerda: En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, se le autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escaners, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; no obstante a ello, dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, encuentra sustento en lo conducente, en la tesis I.3o.C.725C, localizada en la novena época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 2847. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de demanda, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados a las personas propuestas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
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