Eneyda Yazmin Marmolejo Analco

Expediente 519/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 30 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
519/2022
Año
2022
Actuaciones
30
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Eneyda Yazmin Marmolejo Analco
  • ENEYDA YAZMIN MARMOLEJO ANALCO y Otros.
  • H.G. M. A.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. FIRME FALLO. Visto el estado de los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. ... BILLETE. De igual manera, se hace la aclaración que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. ... NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. ACUSA RECIBO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ténganse por recibido el correo electrónico de cuenta, mismo que contiene el oficio número 718/2023, firmado por el Jueza Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coahuayana, Michoacán de Ocampo; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del comunicado 18713/2023, por el que le fue notificada la sentencia terminada de engrosar el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictada dentro de los autos del presente juicio de amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. CÚMPLASE.

  3. Principal

    Primero. Protección de datos personales de la menor de edad. De inicio, es importante destacar que en el caso se encuentra involucrada una persona menor de edad, con calidad de parte quejosa. 1). Por ello, es pertinente referir que en marzo de dos mil doce, la Suprema Corte de Justicia de la Nación elaboró el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes; lo anterior, atento a la reforma constitucional de derechos humanos que introdujo entre otros aspectos, la obligación de todas las autoridades, algunas de ellas el Poder Judicial de la Federación y los Poderes Judiciales Locales, de garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano y también el principio pro persona como guía en las decisiones que se tomen. De ahí que, a efecto de elaborar el citado protocolo, el alto tribunal consideró que instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, debe normar la actuación del Juzgador y la Judicatura respetando los derechos ahí reconocidos. 2). Luego, con sustento en los artículos 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 19 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 8, incisos a), c), e i); 12, 27 y 28 de las Directrices sobre la Justicia para los niños víctimas y testigos de delitos; 3 A, 13 A de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 19 de los Derechos a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo Psicofísico; la Suprema Corte, emitió en el multireferido protocolo, las medidas para proteger la intimidad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes, de las cuales (en lo que interesa) se advierte: "MEDIDAS PARA PROTEGER LA INTIMIDAD Y EL BIENESTAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ---A petición del niño, niña o adolescente, sus padres o tutor, su abogado, la persona de apoyo, cualquier otra persona pertinente designada para prestar asistencia, o de oficio, el tribunal podrá dictar, teniendo en cuenta el interés superior del niño, niña o adolescente, una o más de las medidas siguientes para proteger la intimidad y el bienestar físico y mental de la persona menor de 18 años, y evitar todo sufrimiento injustificado y victimización secundaria: --- a) Suprimir de las actas del juicio todo nombre, dirección, lugar de trabajo, profesión o cualquier otra información que pudiera servir para identificar al niño, niña o adolescente; --- [.] --- d) Asignar un seudónimo o un número al niño, niña o adolescente si es necesario.". 3). Por ello, de oficio, este órgano de control constitucional estima procedente suprimir cualquier dato que permita identificar a la persona menor de edad, que en este juicio tiene el carácter de quejosa, de quien se hará referencia (quejosa menor de edad) o bien, de iniciales ******************** 4). Justificación del uso del concepto menor de edad. Este Tribunal Constitucional considera pertinente apuntar que en esta sentencia se emplearán diversos términos para referirse a la persona que no alcanza la mayoría de edad, cuyos derechos se ventilan en esta contienda, entre dichos conceptos se encuentra también el de -menor de edad-. El uso de la expresión «menor de edad» pretende identificar a la niña que se menciona en esta sentencia y describirla como persona que no ha alcanzado la mayoría de edad en términos de la legislación civil, por lo que no debe ser entendida como un juicio valorativo a través del cual se demerite su dignidad humana. El significado descriptivo [y no valorativo] que se concede a la expresión «menor de edad» para identificar a una persona que no ha alcanzado la mayoría de edad, se respalda en la definición que aparece en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, así como en el Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ese sentido, no es intención de este Tribunal Federal colocar subjetivamente a la niña en una situación jerárquica inferior con respecto a los adultos, sino solo describir la situación en que se ubica en razón de su edad y en función de las etapas que la legislación civil reconoce para el goce y ejercicio de sus derechos, así como para la aplicación de instituciones procesales que la Ley de Amparo contempla, tales como la suplencia de la queja deficiente. Con todo ello, el lenguaje que se utiliza en esta sentencia, debe ser entendido como un vehículo siempre perfectible para que el órgano jurisdiccional comunique su veredicto a las partes, de modo que no pretende de algún modo emitir juicios valorativos acerca de la individualidad de las personas que en este asunto participan. Segundo. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado a través del buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, ********************, por su propio derecho y en cuanto representante de su hija menor de edad de identidad reservada identificada con las iniciales ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad responsable y acto reclamado: Autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coahuayana, Michoacán. Acto reclamado "Auto de fecha 15 de julio de 2022, por el que se determina que la suscrita sí tiene capacidad económica para solventar los honorarios del PERITO EN GENÉTICA MOLECULAR DEL ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLÉICO (ADN), el cual fue solicitado por la suscrita que se desahogue a costa del presupuesto del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en términos del artículo 1028 del Código Familiar del Estado de Michoacán" Tercero. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima transgredidos. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1º, 4º, 14º, 16º y 17º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuarto. Turno del asunto. Por auto de uno de septiembre dos mil veintidós, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, registró la demanda con el número ********************. Quinto. Admisión y trámite de la demanda de amparo. En auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el que previo cumplimiento de la prevención realizada, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y finalmente, se señaló fecha hora para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia constitucional. Sexto. Emplazamiento a las partes terceras interesadas. Proveídos de veinticuatro de mayo y veintidós de junio de dos mil veintitrés, en los que se tuvieron por emplazados tanto al tercero interesado ********************; como al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado responsable; en lo tocante a la licenciada ********************, se le tuvo por notificada de la tramitación del presente juicio, en su calidad de tutora especial de la niña menor de edad identificada con las iniciales ********************, no obstante que a la citada menor se encuentra representada en esta vía constitucional por el profesionista que este Tribunal le designó. Séptimo. Celebración de la audiencia constitucional. Sustanciado el trámite relativo al juicio, se celebró la audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la cual se llevó a cabo sin la asistencia de las partes, al tenor de lo asentado en el acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33 fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito'; en virtud que se reclama un acto de autoridad con residencia en el lugar que ejerce jurisdicción este Juzgado Federal, en el caso, Apatzingán, Michoacán. Segundo. Fijación del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En cumplimiento a tal disposición, con sustento en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y tesis P. VI/2004, se procede a fijar en forma clara y precisa el acto reclamado en la presente litis Constitucional, el cual se advierte del análisis integral del escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Así, considerada la demanda de amparo como un todo, y analizadas que fueron las constancias que obran en autos, se precisa que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, esencialmente lo constituye: El auto de quince de julio de dos mil veintidós, en el que, el Juez responsable determinó que la quejosa cuenta con capacidad económica suficiente para solventar los honorarios del perito que practique la prueba en materia de genética molecular de ácido desoxirribonucleico (ADN) a su hija menor de edad de iniciales ********************; honorarios que solicitó la agraviada, sean cubiertos a través del presupuesto asignado al Poder Judicial del Estado de Michoacán, en términos del artículo 1028 del Código Familiar del Estado de Michoacán. Tercero. Certeza o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, estudiar las causas de improcedencia y, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Lo anterior tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." También es aplicable la jurisprudencia número XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Cuarto. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coahuayana, Michoacán, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado (fojas 47-48); lo anterior, lejos de estar desvirtuado o contradicho en el juicio de amparo, se encuentra plenamente corroborado con el testimonio del juicio ordinario familiar oral ******************** que sobre reconocimiento de paternidad y otras prestaciones promovió la aquí quejosa, a las que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación y sirve de apoyo, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTUACIONES JUDICIALES. Las actuaciones judiciales, lo mismo que las copias certificadas de ellas, hacen prueba plena." Así como la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, que dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." También la número 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Novena Época, página 206, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Quinto. Improcedencia. Previo al estudio del fondo de las cuestiones planteadas, procede analizar si en el caso se actualiza alguna de las hipótesis que hagan improcedente el juicio de garantías, por ser su estudio preferente y de orden público, atento al contenido del artículo 62, de la Ley de Amparo. Ello, dado que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto cuyo análisis es preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio. Lo anterior, en base a la jurisprudencia VI.2o. J/323, Sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así como la tesis II.1o. J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente asunto, la autoridad responsable hizo valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que aduce que la demanda de amparo, fue presentada de forma extemporánea, esto es, fuera del plazo de quince días que establece la Ley, para ejercer ese derecho. En el caso, la causal de improcedencia planteada por la autoridad responsable se estima fundada, en atención a los siguientes razonamientos. En primer término, conviene establecer lo que disponen los artículos 61, 17, 18 y 19, de la Ley de la Materia, mismos que son de la literalidad siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.];". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". Como se ve, la fracción XIV, del artículo 61, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, previene, que el amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, entre otros, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término que señala el artículo 17 de la misma ley. En el diverso dispositivo 18 de la Ley de Amparo, el legislador estableció expresamente tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo que prevé para interponer o promover el juicio de garantías, que son: a) Quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acto, de conformidad con la ley que lo rige. b) O a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Salvo el caso de la fracción I del artículo 17 en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor (cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días). Las referidas hipótesis se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", que "indica diferencia, separación o alternativa", de lo que válidamente se concluye, que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia entre ellos, pues de haberlo querido así, el legislador hubiese señalado su orden de prelación. En ese sentido, si el acto reclamado se hizo consistir en la emisión del proveído de quince de julio de dos mil veintidós, en el que, el Juez responsable determinó que la quejosa cuenta con capacidad económica suficiente para solventar los honorarios del perito que practique la prueba en materia de genética molecular de ácido desoxirribonucleico (ADN) a su hija menor de edad de iniciales ********************, mismos que solicitó la agraviada, fueran cubiertos a través del presupuesto asignado al Poder Judicial del Estado de Michoacán, en términos del artículo 1028 del Código Familiar del Estado de Michoacán, dicho acto, está inmerso en el término genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Se arriba a tal convencimiento, puesto que no se trata de un acto que ataque al derecho fundamental de libertad fuera de procedimiento judicial. Además, tampoco se ubica en algunos de los casos de excepción contemplados en las fracciones I, II, III, y IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no deriva de un procedimiento de extradición, no priva total o parciamente, en forma temporal o definitiva, la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; tampoco se trata de incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada o de los prohibidos por el numeral 22 Constitucional. Es importante destacar, que el conocimiento del acto reclamado, para iniciar el cómputo de los quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para interponer el juicio de garantías, debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse a base de presunciones, según lo establecido en la tesis aislada de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL. De acuerdo con el espíritu que informa el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del juicio de Amparo, el conocimiento del acto reclamado por el quejoso, que sirve de base para el cómputo del término que establece dicho precepto, para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo, y no inferirse a base de presunciones". Por tanto, resulta claro que no basta con afirmar que se tuvo conocimiento del acto reclamado en una fecha posterior a la de la notificación que del mismo practicó la autoridad responsable o de la que el propio peticionario del amparo indirecto manifiesta, para considerar aquélla como punto de partida para iniciar el cómputo de los quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para la interposición del juicio de garantías, sino que es necesario que el referido conocimiento se encuentre debidamente acreditado. En el caso particular, la quejosa en su demanda de amparo, manifestó bajo protesta de decir verdad, que el acto reclamado fue de su mayor conocimiento el once de agosto de dos mil veintidós; sin embargo, de las diversas constancias que la autoridad responsable remitió como complemento a su informe justificado, específicamente de las listas de acuerdos que se publicaron en los estrados del Juzgado responsable el quince de agosto de dos mil veintidós (fojas 557-559), a las cuales se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su precepto 2°, se demuestra lo contrario; es decir, dichas documentales acreditan que la quejosa fue notificada en la misma fecha de la emisión del acto que tilda de inconstitucional -quince de agosto de dos mil veintidós.- Para mejor comprensión del tema, se realiza la siguiente captura ilustrativa: Máxime que el proveído que se le notificó, fue en respuesta a su escrito presentado ante el Juzgado responsable, el doce de julio del citado mes y año, en el que solicitó: "tomando en consideración que la parte demandada no compareció a la audiencia de conciliación de fecha 01 de julio de 2022, pido respetuosamente a Su Señoría tenga a bien dar continuidad al procedimiento, señalando fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar en términos de los artículos 984, 985 y demás aplicables del Código Familiar del Estado de Michoacán" Luego, si la notificación es un acto procesal a cargo del órgano jurisdiccional que se encuentra revestido de formalidades legales, dicha documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia IV.2o. J/4, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, de la Novena Época, del rubro y texto: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Por lo tanto, la legalidad de esa notificación no puede ser analizada oficiosamente por este Juzgado de Distrito para determinar la oportunidad de la demanda de amparo, en tanto que se rige por el Código Familiar para el Estado de Michoacán, y conforme a este debe ser impugnado en su caso, mediante la forma y vía correspondiente prevista en los artículos 758 y 759 de ese ordenamiento legal, aunado a que el quejoso tampoco cuestionó tal legalidad a través de la presente vía constitucional. Por otra parte, respecto a las notificaciones, los artículos 741 y 748, del Código Familiar para el Estado de Michoacán, señalan: "Artículo 741. La primera notificación se hará en el domicilio designado al efecto y en la persona misma del que deba ser notificado, de no encontrarlo el notificador y cerciorado por el informe de dos vecinos, de que ese es su domicilio y está en la población, le dejará citatorio para hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes, y si no espera, se le hará la notificación por instructivo, en el que se expresará el nombre y apellido del promovente, el tribunal o juez que mande practicarla, la determinación que se notifique, la fecha y la hora en que se deje y el nombre y apellido de la persona que lo reciba, de todo ello se levantará acta pormenorizada suscribiéndola los que intervinieron en ella, incluyendo a los vecinos, si supieren y quisieren hacerlo." "Artículo 748. También se harán personalmente las notificaciones de: I. Los autos en que se deseche una demanda, reconvención o solicitud de jurisdicción voluntaria; II. El requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo; III. Cuando por cualquier causa se deje de actuar más de dos meses; IV. El primer auto emitido por el juez que conozca del negocio en caso de una recusación o excusa; V. Cuando el juez o magistrado lo estime necesario; y, VI. Las demás que este Código expresamente determine." Los preceptos transcritos, establecen los casos en que el fedatario debe realizar las notificaciones de manera personal a las partes en materia familiar. Por otra parte, el artículo 762 de la misma codificación de la entidad federativa, establece: "Artículo 762. Los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente hábil a aquel en que se hubiere hecho el emplazamiento, citación o cualquiera otra notificación, y no podrán suspenderse por ningún motivo cuando estuvieren en curso. Se contará en ellos el día del vencimiento, salvo el caso en que la ley disponga expresamente otra cosa. El precepto en cita estatuye que los términos judiciales empiezan a correr desde el día siguiente a aquel en que hubiera hecho el emplazamiento, citación o cualquiera otra notificación. En ese sentido, para que una notificación pueda considerarse legalmente hecha es necesario que esta surta sus efectos, pues precisamente el surtir efectos forma parte de su perfeccionamiento, por lo que cuando esto no haya sucedido no pueden legalmente computarse en los términos que la ley conceda para la interposición de los recursos o medios de defensa con que cuentan las partes. Es decir, una notificación se tiene por legalmente hecha cuando ha surtido efectos, y es a partir de entonces que el notificado está en aptitud de intentar contra la resolución mandada a notificar, los recursos o medios de defensa que la ley autorice. Por tanto, debe concluirse que conforme al transcrito numeral 762 del código procesal familiar de la entidad, la notificación surte efectos desde el momento en que se efectúa y, por ende, que los términos a que se refiere dicha codificación deben computarse a partir del día siguiente al en que se realiza Entonces, el cómputo para la presentación de la demanda de amparo que originó el presente expediente, debe realizarse a partir del día siguiente hábil en que surtió efectos la notificación al peticionario de amparo de la resolución que reclama, esto es, el dos de agosto de dos mil veintitrés, es así, porque como ya se adelantó, la notificación del auto reclamado se efectuó a las partes a través de las listas de acuerdos publicadas el quince de agosto de dos mil veintidós, habiendo mediado un periodo vacacional del cual gozó órgano jurisdiccional responsable, mismo que comprendió del dieciocho al veintinueve de julio de dos mil veintidós, por lo que, resulta palpable que la notificación practicada, se tuvo por realizada hasta el uno de agosto de ese mismo año (primer día hábil posterior a la notificación); en ese sentido, la perentoria de quince días para promover el juicio de amparo inició el dos y feneció el veintidós de agosto del año pasado (dos mil veintidós); sin contar, entre ambas datas, los días seis, siete, trece, catorce y veintiuno del citado mes y año -agosto de la anualidad pasada-, por ser sábados y domingos, consecuentemente inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si el escrito por el que se promovió el juicio de amparo fue presentado hasta el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, a través del Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, como se aprecia de la boleta de turno emitida por dicha oficina y los sellos estampados en el escrito inicial (fojas 1-3), es evidente que su presentación se realizó con exceso fuera del término de quince días que contempla el primer párrafo, del artículo 17 de la Ley de Amparo, resultando, por ende, su presentación extemporánea. Sostiene lo anterior, por similitud jurídica la jurisprudencia X.1o. J/15, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de rubro y texto: "TERMINO PARA LA INTERPOSICION DE LA DEMANDA DE AMPARO. COMPUTO DEL. CUANDO SE PROMUEVE EN CONTRA DE UNA RESOLUCION EMITIDA EN UN JUICIO MERCANTIL. Cuando se promueve demanda de amparo en contra de una resolución dictada en un juicio de naturaleza mercantil, el término para su interposición se inicia el día siguiente de que se practicó su notificación al quejoso, ya que el artículo 1075 del Código de Comercio, de un modo implícito determina que las notificaciones surtan efectos desde el día en que éstas se practiquen, al establecer que los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquél en que se hubiera hecho la notificación." De igual forma es aplicable en lo conducente la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, CUANDO SE INICIA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN. De la lectura del artículo 21 de la Ley de Amparo, se advierte que para iniciar el computo del término previsto para la interposición de la demanda de garantías, deberá tomarse en consideración cuando surte efectos la notificación que se haga el quejoso, según la ley del acto. En el caso, la Ley que regula el acto reclamado, es el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; sin embargo en dicho ordenamiento legal no existe ningún artículo que establezca cuando deben surtir sus efectos las notificaciones de carácter personal lo que si ocurre en otras leyes que establecen un medio artificial o no natural para determinar cuando surte efectos una notificación, como es el caso de la Ley de Amparo (artículo 34, fracciones I y II). Ante la aludida admisión del Código adjetivo citado, es evidente que debe estarse a la manera lógica y natural en que surte sus efectos una notificación personal, es decir al momento que se haya tenido conocimiento del acto así notificado". También Apoya lo considerado, por analogía jurídica la jurisprudencia I.2o.P.23 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. TRATÁNDOSE DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DEBE PRESENTARSE DENTRO DEL PLAZO DE 15 DÍAS, CONFORME A LA NUEVA LEY DE AMPARO, AUN CUANDO SU DICTADO SE HAYA REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA DE LA ANTERIOR. De acuerdo con el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, el proceso penal inicia con el auto de vinculación a proceso o con el auto de formal prisión; en tanto, los artículos primero, tercero, quinto, párrafo segundo y décimo transitorios de esta ley, disponen que los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la ley, que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda conforme a legislación abrogada, les serán aplicables los plazos de la vigente contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame. De ahí que, si la formal prisión se emitió con anterioridad a la entrada de la nueva Ley de Amparo, y que a su inicio en vigor no había fenecido el término para instar el juicio de garantías conforme a la ley abrogada, la cual preveía que en tratándose de actos restrictivos de libertad, el juicio de amparo se podía promover en cualquier tiempo, es incuestionable que de acuerdo al quinto transitorio, debe atenderse al plazo de quince días que prevé el numeral 17 de la ley de la materia vigente, por no ubicarse en alguno de los casos de excepción que éste contempla; por ende, si la demanda de garantías se presenta durante la vigencia de la actual ley de la materia y fuera del plazo que la misma prevé, aun cuando la resolución reclamada se haya emitido con anterioridad, es incontrovertible su extemporaneidad. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista por la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, a la luz del precepto 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal, se sobresee en el presente juicio de amparo, por haber sido presentada la demanda de manera extemporánea. Es aplicable la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS. La fracción XII de artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, previene, que el amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la misma ley; y el artículo 21 establece, que el término de quince días para la interposición de la demanda de garantías, se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismo. De acuerdo con lo expuesto, es evidentes que cuando no se reclaman los actos que afecten a determinada persona, dentro de aquel término legal, estamos frente a actos tácitamente consentidos, si es que como se dijo, no obstante que el quejoso tuvo conocimiento de ellos, no los reclamó con la debida oportunidad. Ahora bien, respecto a actos derivados de otros consentidos, también cabe decir que el juicio constitucional no procede, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte." También es aplicable, por los motivos que la informan la jurisprudencia XI.1º.A.T.J/1(10ª) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, de rubro y texto: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo." Sin que la anterior determinación se considere negación de justicia, porque aun cuando en nuestro orden jurídico se reconoce el derecho de tutela judicial efectiva a favor de las personas, no implica que los órganos jurisdiccionales deban estimar que en todos los casos se acreditan las pretensiones de quienes acuden a instar la protección de la Justicia de la Unión, pues ello sería tanto como dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso. Aunado a que las causas de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Orienta lo anterior, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías." Tampoco constituye obstáculo a lo determinado, que al momento de su presentación haya sido admitida la demanda de amparo y que se hubiese seguido el trámite de este juicio hasta culminar con la audiencia constitucional respectiva, toda vez que por ser las causas de improcedencia una cuestión de orden público, deben estudiarse preferentemente en cualquier etapa del juicio, si éstas se encuentran plenamente probadas de las constancias que obren en el expediente, sea que la aleguen o no las partes. Tiene sustento a lo indicado, en la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. PUEDEN EXAMINARSE EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO DE AMPARO. La circunstancia de que se admita una demanda de garantías, por no advertirse una causal de notoria improcedencia, no impide que el Juez Federal con posterioridad, en la audiencia constitucional, advierta una causal de improcedencia que quede plenamente demostrada de acuerdo a las probanzas y actuaciones que integran el expediente, ya que la causa de improcedencia bien pudo pasar desapercibida al momento de admitirse la demanda, por no ser clara su notoriedad de acuerdo con los elementos que en ese momento tuvo a su alcance el Juez y, posteriormente, ya para dictarse sentencia el referido juzgador advierta claramente la causal de improcedencia que conlleve al sobreseimiento en el juicio de amparo, el que a mayor abundamiento, podrá ser examinado en cuanto a su procedencia por el Tribunal Colegiado en términos de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo que evidencia la posibilidad legal de que las causales de improcedencia sean examinadas por el juzgador en cualquier momento de las dos instancias del juicio constitucional". Se precisa que resulta innecesario el estudio de las diversas causales de improcedencia, que en su caso llegasen a actualizarse, dado que, en el presente asunto, como ya quedó establecido, se actualizó la ya indicada y por tanto el que opere o no, alguna otra causa de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Al respecto, se cita la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Por consiguiente, también se precisa, que la causal de sobreseimiento mencionada, impide realizar el análisis de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, ya que el sentido del fallo no solo no obliga a ello, sino que veda la posibilidad para realizarlo, pues de lo contrario tal proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Son aplicables sobre el particular las tesis de jurisprudencia de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. En el entendido que los diversos criterios contenidos en la presente resolución, resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Sexto. Publicidad. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. Séptimo. Se requiere acuse de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedó debidamente notificada de esta sentencia. Se apercibe a dicha autoridad que, de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Octavo. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 61, fracción XIV, 63, fracción V, 65, 73, 75, 107, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por su propio derecho y en cuanto representante de su hija menor de edad de identidad reservada identificada con las iniciales ********************, respecto de la autoridad responsable y acto reclamado precisado en el resultando segundo y por las razones expuestas en el decisorio quinto del presente fallo. Segundo. En términos del sexto considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. Tercero. En términos del séptimo considerando de la presente resolución, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedó debidamente notificada de esta sentencia. Cuarto. En términos del octavo considerando de la presente resolución, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE; POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  4. Principal

    A lo que la Jueza acuerda: Téngase por efectuada la relación de constancias existentes en autos y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable y por emplazados a juicio a las partes. En el periodo de pruebas: El Secretario hace constar que la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coahuayana, Michoacán de Ocampo, para justificar el acto reclamado, remitió copia certificada de las constancias que conforman el expediente ********************, de donde deriva el acto reclamado (están agregadas al juicio en que se actúa); asimismo, mediante oficio con registro 12180, remitió las diversas solicitadas por este Juzgado, las cuales obran glosadas en autos (fojas 49-329 y 558-559). Finalmente el representante especial de la niña de identidad reservada, identificada con las iniciales ********************, a través del escrito con registro 17312 (fojas 354-357), ofreció como medio de prueba, el informe justificado y anexos, rendido por la autoridad responsable, así como la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones. A lo que la Jueza provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, las pruebas con las que se ha dado cuenta, mismas que de ser el caso, serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio. Por lo que al no existir probanzas pendientes de desahogar, se da por concluido el presente periodo. En la etapa de alegatos. El Secretario hace constar que el representante especial de la niña de identidad reservada, identificada con las iniciales ********************, los formuló a través del escrito con registro 17312 (fojas 354-357). Mientras que el tercero interesado ********************, los formuló mediante el escrito con registro 9451 (foja 510) La Jueza acuerda: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos como si a la letra se insertasen en obvio de repeticiones innecesarias, las manifestaciones vertidas por la mencionada parte, las cuales, de ser el caso, serán tomadas en consideración en el momento de resolver el presente asunto, por lo que se procede a declarar cerrada tal fase. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia y se pasan los autos para el dictado de la sentencia correspondiente. Doy fe.LIC. MÓNICA MONTES MANRIQUE JUEZA QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON RESIDENCIA EN URUAPAN. (FIRMA ELECTRÓNICA) LIC. JUAN ALFREDO JIMÉNEZ VERA EL SECRETARIO (FIRMA ELECTRÓNICA)

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