Eneyda Prado Martínez
Expediente 260/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 260/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Eneyda Prado Martínez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió la resolución de catorce de febrero del año en curso, en la que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Eneyda Prado Martínez; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó. Notifíquese.
- Principal
Agréguese para que obre en autos la boleta y anexo con el registrado de cuenta, mediante el cual el Técnico de enlace Administrativo de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, da cumplimiento al requerimiento formulado en oficio *** y remite la boleta de turno relativa al presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Vistos los presentes autos, de los que se advierte que le está transcurriendo el término de veinte días a la quejosa ********************, para que recoja los edictos ordenados en autos y compruebe haberlos entregado para su publicación; por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO PARTE PROMOVENTE. ACUERDO DE 14/02/2023, I. Radicación. Téngase por recibido el oficio de cuenta que contiene la demanda promovida **** en su carácter de apoderado legal de ****, personalidad que acredita con la copia certificad del poder para pleitos y cobranzas que adjunta; contra actos de la Segunda Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Justicia en el Estado y otras autoridades. Este Juzgado de Distrito acepta la competencia declina por el homologo. Acúsese de recibo al Juzgado Primero de Distrito en el Estado. Gírese atento oficio a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, a fin de que realice el registro correspondiente para equilibrar las cargas de trabajo. II. Creación del expediente. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 260/2023. III. Decisión sobre la instancia. 1. Desechamiento. Luego, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y debe desecharse. La demanda que se provee es notoriamente improcedente, por las siguientes consideraciones: Al respecto, el artículo 112 de la Ley de Amparo dispone: "Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." Por su parte el numeral 113 de la propia legislación establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura integral de la demanda se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la sentencia interlocutoria de doce de enero de dos mil veintitrés, dictado en los autos del toca de apelación ***, relativo al juicio ordinario civil ***, en contra del auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, pronunciado por el Juez del Ramo Civil del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Santiago Papasquiaro, Durango, en el que se estimó procedente el diferimiento de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada; respecto de lo cual el juicio de amparo es improcedente por actualizarse la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu; y, por tanto, deberá desecharse como se explica a continuación. Así, analizado el acto reclamado descrito en la demanda en forma exhaustiva, se resuelve que carece de la característica material y formal de imposible reparación, y por ello, no procede su estudio conforme al texto actual de la Ley de Amparo. Para demostrar esta conclusión, los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, señalan. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Se consideran actos de imposible reparación aquellos que impliquen o afecten un derecho sustantivo del gobernado, previsto en el texto supremo de nuestro país, o en un instrumento internacional obligatorio para México. Esta conclusión es acorde con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y .". Así, han sido interpretados o catalogados como de imposible reparación, aquellos actos por los que excepcionalmente procede el amparo, y que tienen origen en los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; también, se ha sostenido que la imposible reparación se traduce en consecuencias susceptibles de afectar de forma inmediata algún derecho fundamental, y sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por exclusión, los actos de procesales reparable no tocan directamente los núcleos esenciales de los derechos fundamentales, sino que trasgreden normas secundarias de desarrollo normativo, como las del orden procesal que hacen efectivo el debido proceso bajo un segundo plano de desarrollo. Las afectaciones que producen el tipo de actos reparables son transitorios y desaparecen al resolverse la controversia judicial; y sólo en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa, y afecten en forma trascendente la defensa son susceptibles de control constitucional. Puede decirse entonces que la diferencia entre los actos de imposible reparación y los que no tienen esta cualidad, se reduce al tipo de implicación o afectación material respecto a los derechos fundamentales del gobernado (orden normativo primario) o bien, su afectación por infracción a normas reglamentarias procesales (orden normativo secundario o de desarrollo); sirviendo como guía para ubicar su categoría, en la reparabilidad al dictarse sentencia y su transitoriedad en el proceso donde se actualizan. En ese orden de ideas, el supuesto de los actos reparables se actualiza de manera esencial respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias (de los actos reclamados) se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Dentro del esquema general de derechos con rango fundamental, se encuentran el debido proceso, la seguridad jurídica y la legalidad; sin embargo, estos derechos de rango constitucional, sólo pueden ser examinados inmediatamente en el juicio de amparo indirecto, cuando su violación es directa, y no por mera infracción a normas secundarias procesales, por lo que, cuando el legislador ocupa la categoría conceptual de derecho sustantivo, lo hace para diferenciarlo de las normas adjetivas o procesales, las cuales sin duda conforman esquemas jurídicos que hacen efectiva la tutela judicial efectiva, pero en un grado operativo casuístico, mientras que las normas sustantivas representan expresiones absolutas del derecho, que obligatoriamente debe cumplir el Estado, con independencia de la posición procesal de las partes y rigen su proceder en forma permanente, y por ello, su violación es ipso facto irreparable, procediendo el control constitucional ciudadano, a través del juicio de amparo. Sobre este tema, pueden consultarse los criterios del Pleno y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 189 y 175, localizables en las páginas 154 y 144 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubros: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS."; y, "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." De igual forma, este juzgador atiende lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada el seis de junio de dos mil catorce, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que emitió al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En consecuencia, el acto que reclama ante esta instancia constitucional la parte quejosa, de ninguna manera es reclamable a través del amparo indirecto, puesto que no constituye un acto que sea de imposible reparación, toda vez que dicha determinación solo puede implicar una infracción que produce únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si la parte impetrante obtiene resolución favorable a sus intereses. En efecto, de obtener una sentencia favorable, la violación procesal, de existir, no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, pero en caso de que si le fuera desfavorable, podría combatirla en amparo directo como violación procesal, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 172, fracción III de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: .III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley.". Por los razonamientos que han sido expuestos, se resuelve que en este caso la acción constitucional es notoriamente improcedente al actualizarse el motivo de improcedencia en comento; en tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. IV. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda y autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados *** y ***. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VII. Firma. El presente acuerdo, así como las determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
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