Energía Compartida, S.A.P.I. de C.V.

Expediente 577/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
577/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
23/05/2022

Partes del expediente

  • Energía Compartida, S.A.P.I. de C.V.

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, con firma electrónica del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, mediante el cual informa que dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda de amparo interpuesta por JUAN DE LEÓN GÓNGORA en su carácter de apoderado legal de la persona moral Energía Compartida, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, la cual se registró con el número 8354/2021 de su de su índice. En consecuencia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a) del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se tuvo por no interpuesto, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. NOTIFIQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por Aída Jazmín De León Delgadillo, en su carácter de Titular de la Dirección de Recursos Humanos, del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, con sede en esta ciudad, y en atención a su contenido, téngaseles informando el seguimiento que está dando a fin de dar cabal cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, lo que justifica con las documentales que para tal efecto acompaña. Asimismo, dígasele que subsiste el apercibimiento hecho por este Juzgado mediante proveído de cuatro de junio del año en curso, en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en dicho auto. Finalmente, dado el volumen del presente expediente, a partir del siguiente acuerdo que se emita, fórmese un segundo tomo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo promovida por JUAN DE LEÓN GÓNGORA en su carácter de apoderado legal de la persona moral Energía Compartida, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, personalidad que acredita en términos el instrumento público diez mil seiscientos ochenta y uno, pasado ante la fe de la licenciada María de Lourdes Yerena Galeana Titular de la notaria publica número veintiuno de la Primera Demarcación Notarial, con residencia en Tepic, Nayarit, contra actos del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 577/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama de las autoridades que señala como responsables los siguientes actos: "a) De las autoridades señaladas como ORDENADORAS, reclamo: la aprobación, promulgación, refrendo y publicación, del artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que entró en vigor en cuatro de junio de mil novecientos noventa y cinco, con las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, el diecinueve de abril de dos mil, y el treinta de mayo del mismo año, con motivo de su primer acto de aplicación, todo ello, en virtud de que el artículo 4 del citado ordenamiento legal, es inconstitucional, ya que otorga a los actos administrativos de carácter general, entre los que figuran los "Acuerdos", efectos coma si se trataran de leyes en sentido material, cuando fueren expedidas por las Dependencias y los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Federal, y con la sola condición de su publicación en el Diana Oficial de la Federación, para que produzcan efectos jurídicos, lo que es propio de las leyes que expida el Honorable Congreso de la Unión, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 73 fracci6n X de la Constitución General de la República Mexicana y de los Reglamentos y demás Normas emitidos por el Titular del Poder Ejecutivo, en uso de la facultad que le confiere el contenido de la fracción I del artículo 89 de nuestro Máximo Ordenamiento Legal. También se reclama de las autoridades ORDENADORAS: la aprobación, promulgación, refrendo y publicación, respecto del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, que se publicó el Diario Oficial de Federación en cuatro de mayo de dos mil veintiuno, y entra en vigor al día cinco siguiente, decreto que se considera inconstitucional, en específico, los artículos 59 Bis, 86, así como sus transitorios cuarto, quinto y sexto. b) De las autoridades EJECUTORAS Titular de la Secretaria de Energía y Titular de la Comisión Reguladora de Energía, se reclama la ejecución de las porciones normativas tildadas de inconstitucionales, ello a través de la emisión del acuerdo número A/011/2021 consistente en el Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se declara la caducidad de 125 (ciento veinticinco) permisos de comercialización de petrolíferos de supuesta conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, fracción I, inciso b) de la Ley de Hidrocarburos. Aclarando que, dentro de esos permisos, fue cancelado el que corresponde a mi mandante, aquí quejosa, el cual fue expedido en función a la resolución número RES/1249/2019 de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, emitida Por la autoridad ahora señalada como responsable Comisión Reguladora de Energía, consistente en el Titulo de Permiso numero H/22704/COM/2019 otorgado a mi mandante para la actividad de comercialización de petrolíferos, en cuyo punto número 2, se estableció el objeto de dicho permiso, insisto, que consiste en la autorización conferida a mi poderdante para realizar la actividad de comercialización de los productos autorizados a usuarios o usuarios finales, en los términos y bajo las condiciones establecidas en dicho permiso. c) De la Autoridad Ejecutora Pemex Transformación Industrial reclamo: La emisión y notificación realizada a ml representada, respecto del oficio: DGTRI-SC-CCCT-GVCT-SVRO-392- 2021, suscrito en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco; en diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, por el C.P. Roberto Martínez Ruiz en su calidad de Apoderado Legal de Pemex Transformación Industrial, el cual contiene, el inicio de terminación del contrato de comercialización folio COM-18896, así como el inicio de rescisión del contrato de intermediación comercial folio COI-60, ambos celebrados con mi mandante, supuestamente emitido en función a la expedición del acuerdo numero A/011/2021 consistente en el Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se declara la caducidad de 125 (ciento veinticinco) permisos de comercialización de petrolíferos de supuesta conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, fracción I, inciso b) de la Ley de Hidrocarburos." Precisado lo anterior, conviene destacar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica; respecto a lo cual, el artículo transitorio Décimo Segundo de dicho Decreto indica que el Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Derivado de lo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 22/2013, Relativo a la Conclusión de Funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su Transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil trece, el cual en su artículo sexto, establece: "SEXTO.- Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones". Por otra parte, es pertinente citar el contenido del artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales". El precepto legal citado, autoriza al juzgador a remitir de plano la demanda de amparo al juez que considere competente, sin que sea el caso decidir sobre la admisión, ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por otro lado, en relación con la competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, conviene conocer el contenido de la ejecutoria derivada de la contradicción de tesis 5/2014 pronunciada por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes seis de marzo de dos mil quince, donde el referido Pleno de Circuito determinó los elementos que deben tomarse en consideración para determinar la competencia de esos juzgados especializados. Así, de la citada contradicción de tesis se destaca que corresponde conocer a los juzgados de Distrito especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones los actos que están vinculados con un tema de competencia económica, y no con la administrativa genérica. Ahora bien, en el caso, como se dijo, la parte quejosa reclama de las autoridades que señala como responsables el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, publicado el cuatro de mayo de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, en específico, los artículos 59 Bis y 86, así como los transitorios cuarto y sexto y su aplicación -entre otros actos-. En ese sentido, el tema energético -hidrocarburosinvolucra un sector de interés general y prioritario, que exige imponer una regulación especial para al efecto de garantizar y lograr a la postre la competencia efectiva en el mercado; de ahí´ que al estar relacionada la naturaleza de la Ley reclamada con la especialidad en competencia económica, y no con la administrativa genérica, el conocimiento de esos juicios de amparo corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México Al caso, resulta ilustrativa la jurisprudencia por contradicción emitida en la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, Julio de 2018, Tomo I, página: 535, del contenido siguiente: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS PROMOVIDOS CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EXPIDE LA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS MÁXIMOS DE GAS NATURAL OBJETO DE VENTA DE PRIMERA MANO, IDENTIFICADA CON EL NÚMERO RES/998/2015: La reforma constitucional en materia de energía contenida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 y la legislación que de ésta derivó tienen, entre otros objetivos, crear las condiciones que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados en ese sector. En consecuencia, de los juicios de amparo o sus recursos promovidos contra la resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide la metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano, identificada con el número RES/998/2015, publicada en el medio de difusión oficial indicado el 15 de febrero de 2016, deben conocer los órganos jurisdiccionales especializados en competencia económica, pues contiene una regulación de carácter asimétrico que es la forma en la que se pretende asegurar una competencia efectiva en el mercado del gas natural, la cual debe prevalecer hasta en tanto se logra una mayor participación de los agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de ese mercado; máxime que el sector energético es de interés general y prioritario para el Estado Mexicano. Cabe agregar que este criterio no implica que deje de tener aplicación el Acuerdo General 2/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que, entre otros, se señale como acto reclamado la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017; la Ley de Hidrocarburos; el Acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina, y el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos en mención, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2017". En tal virtud, tomando en cuenta el derecho humano que manifiesta la parte quejosa que se transgredió en su perjuicio, y la creación de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, se declara que el suscrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, se ordena remitir la demanda de amparo que se provee, al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, en turno, por vía de mensajería autorizada, para que resuelva lo que estime procedente, esto es, si acepta la competencia declinada a su favor, solicitándole el acuse de recibo respectivo; fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. En la inteligencia de que este Juzgador no se pronuncia con relación a cuestiones relativas al incidente de suspensión, pues corresponderá hacerlo al Juez que se considera competente; lo anterior, en acatamiento a lo que establece el artículo 48 de la legislación antes invocada, ya que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuera Aérea nacionales. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda, y por autorizado en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jaime Alberto Ibarra Ocampo, Alejandro Casillas Hidalgo, Lorena Mireya Moscoso Sánchez, Alma Rosa Rosales Saldaña, Iván de Jesús Yepiz de Santiago y en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de referencia, en relación con el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de la Materia a Karen Tiznado Mojarro, a Jessica Lizbeth Lechuga Constantino, a Harol Guadalupe Jacobo Romero, a Alicia Mayte Gutiérrez Trejo, a Angélica Peña Nungaray, a Mario Rodríguez Casillas y a José Antonio Villarreal Ramírez, toda vez que dichos autorizados no tienen registrada cédula alguna que los faculte para ejercer la profesión de Abogados o Licenciados en Derecho, en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, en atención a lo diverso que peticiona el amparista, respecto de que se le tenga señalando el correo electrónico ibarraconsorciolegal@gmail.com para recibir notificaciones, dígasele que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, no ha lugar a acordar de conformidad, dado que para la autorización de dichas notificaciones es necesario contar con firma electrónica y nombre de usuario, lo cual no proporciona. Sin embargo, téngase a la parte quejosa proporcionando cuenta de correo electrónico para establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios. Luego, en aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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