Eneida De la Peña Rivera

Expediente 237/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
237/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
11/08/2021

Partes del expediente

  • Eneida De la Peña Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Vistos los presentes autos, se advierte que no había sido posible actuar en el presente juicio de amparo, con motivo de que este juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, regresó al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, especialmente en lo relativo a la suspensión de plazos y términos procesales a que se refiere la fracción IV del artículo 1. Ahora bien, se levanta la suspensión de plazos y términos, por lo que se continúa el trámite del presente asunto. TRAMITACIÓN Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días para las partes, interpusieran recurso de inconformidad en contra del auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en el que se tuvo puntualmente cumplida la ejecutoria de amparo, transcurrió sin que lo hubieran hecho; por tanto, se tiene por consentida dicha determinación para los efectos legales, por lo que se ordena el archivo de las actuaciones al tratarse de un asunto concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y captúrense los datos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, al haberse concedido el amparo y protección de la justicia federal; asimismo, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá depurarse con posterioridad al ONCE DE AGOSTO DOS MIL VEINTICUATRO y pasados noventa días de la citada fecha. En relación a los cuadernos incidentales, en cumplimiento al artículo 21, inciso c), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, toda vez que se negó a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto con posterioridad al ONCE DE AGOSTO DOS MIL VEINTICUATRO y pasados noventa días de la citada fecha. Por otro lado, en cumplimiento al artículo 20, fracción II, inciso a), y su penúltimo párrafo, del citado Acuerdo General, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses, y pasados treinta días de este plazo, se procederá a la destrucción del mismo; por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Finalmente, de autos se advierte que se cuenta con dos tomos de pruebas que remitieron el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial, con sede en la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz, Fiscal Quinta Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas en la Fiscalía Coordinadora Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, y de la delegada de la autoridad responsable del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, como justificación de sus actos, así como dos discos versátiles, relativos al proceso penal 255/2019, y de la Carpeta de Investigación bajo el número UIPJ-1/DXI/ESP5/2231/2018, de sus índices, respectivamente; sin embargo, toda vez que resulta innecesaria la conservación de dichas constancias, devuélvanse a las citadas responsables, solicitándoles el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, a la tercero interesada Mayra Minerva Méndez Anota; por lista de acuerdos a las demás partes y por oficios a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos al tercero interesado, la determinación que dice: ...Al comparar los efectos del amparo y las actuaciones realizadas por la autoridad responsable, se estima que acató con exactitud las obligaciones impuestas en el fallo protector, sin que se advierta algún exceso o defecto en su cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara puntualmente cumplida la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos...

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b) y c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos al representante especial y tercero interesado,la determinación que dice: ...Al comparar los efectos del amparo y las actuaciones realizadas por la autoridad responsable, se estima que acató con exactitud las obligaciones impuestas en el fallo protector, sin que se advierta algún exceso o defecto en su cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara puntualmente cumplida la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos.

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de tres días para que las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del informe de cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, rendido por la autoridad responsable Saray Hernández Pérez, Juez de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, desahogando la vista únicamente Enrique Acosta Ramírez, en su carácter de Representa Especial del Menor, sin que las demás partes lo hayan hecho. Ahora bien, conforme a lo dispuesto por los artículos 77, 192, 193, 196, 213 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, por lo que ningún juicio de derechos fundamentales puede archivarse sin que se haya cumplido el fallo protector o sin que se determine que no existe materia para su ejecución. Por tanto, enseguida se dilucidará si la sentencia protectora está puntualmente cumplida, cuestión que requiere esclarecer si los deberes impuestos en la ejecutoria están satisfechos sin excesos ni defectos, como lo exige el artículo 196, párrafo tercero, de la ley de la materia. Obligaciones derivadas de la sentencia de amparo. Conforme al análisis de los efectos del amparo precisados en el considerando noveno de la ejecutoria constitucional, así como las consideraciones y lineamientos que justifican, precisan y determinan el alcance y sentido de esos efectos, se advierte que el fallo protector obliga a la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, del XI Distrito Judicial, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, a realizar lo siguiente "I.- Cite a las partes a una audiencia en la que deberá dejar insubsistente la audiencia de veintinueve de mayo de dos mil veinte, celebrada en los autos del proceso penal 225/2019, del índice del Juzgado a su cargo, y los acuerdos adoptados en la misma. II.- Previo a realizar el trámite previsto en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá determinar si es necesario o no, escuchar lo que el menor quejoso tenga que manifestar en relación al cambio de guarda y custodia y el cambio de domicilio que podría avalarse, o si con los datos que obran en el expediente de origen sería suficiente y, en caso que considere que no son suficientes estos datos, deberá ceñirse a las directrices que se establecen en el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en casos que afecten a Niñas, Niños y Adolescentes para llevar a cabo el desahogo de la entrevista que en derecho corresponda; así como en los lineamientos determinados en la jurisprudencia 1a./J. 12/2017 (10a.), que a la letra dice: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO. Las niñas y los niños, como titulares de derechos humanos, ejercen sus derechos progresivamente, a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía, lo que se denomina "adquisición progresiva de la autonomía de los niños", lo cual conlleva que actúen durante su primera infancia por conducto de otras personas -idealmente, de sus familiares-. Así, el derecho de las niñas y los niños a participar en procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar su esfera jurídica se ejerce, también, progresivamente, sin que su ejercicio dependa de una edad que pueda predeterminarse en una regla fija, incluso de índole legal, ni aplicarse en forma generalizada a todos los menores de edad, sino que el grado de autonomía debe analizarse en cada caso. Ahora bien, la participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues, al reconocerlos como sujetos de derecho, logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, se permite que el juzgador se allegue de todos los elementos que necesite para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que resulta fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia. En este sentido, los lineamientos que deben observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica son: (1) para la admisión de la prueba debe considerarse que: (a) la edad biológica de los niños no es el criterio determinante para llegar a una decisión respecto a su participación dentro de un procedimiento jurisdiccional, sino su madurez, es decir, su capacidad de comprender el asunto, sus consecuencias y de formarse un juicio o criterio propio; (b) debe evitarse la práctica desconsiderada del ejercicio de este derecho; y, (c) debe evitarse entrevistar a los niños en más ocasiones de las necesarias; (2) para preparar la entrevista en la que participarán, se requiere que sean informados en un lenguaje accesible y amigable sobre el procedimiento y su derecho a participar, y que se garantice que su participación es voluntaria; (3) para el desahogo de la prueba, la declaración o testimonio del niño debe llevarse a cabo en una diligencia seguida en forma de entrevista o conversación, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: (a) es conveniente que previamente a la entrevista el juzgador se reúna con un especialista en temas de niñez, ya sea psiquiatra o psicólogo, para aclarar los términos de lo que se pretende conversar con el niño, para que a éste le resulte más sencillo de comprender y continuar la conversación; (b) la entrevista debe desarrollarse, en la medida de lo posible, en un lugar que no represente un ambiente hostil para los intereses del niño, esto es, donde pueda sentirse respetado y seguro para expresar libremente sus opiniones; (c) además de estar presentes el juzgador o funcionario que tome la decisión, durante la diligencia deben comparecer el especialista en temas de niñez que se haya reunido con el juzgador y, siempre que el niño lo solicite o se estime conveniente para proteger su superior interés, una persona de su confianza, siempre que ello no genere un conflicto de intereses; (d) en la medida de lo posible, debe registrarse la declaración o testimonio de las niñas y niños íntegramente, ya sea mediante la transcripción de toda la diligencia o con los medios tecnológicos al alcance del juzgado o tribunal que permitan el registro del audio; (4) los niños deben intervenir directamente en las entrevistas, sin que ello implique que no puedan tener representación durante el juicio, la cual recaerá en quienes legalmente estén llamados a ejercerla, salvo que se genere un conflicto de intereses, en cuyo caso debe analizarse la necesidad de nombrar un tutor interino; y (5) debe consultarse a los niños sobre la confidencialidad de sus declaraciones, aunque la decisión final sea del juzgador, para evitarles algún conflicto que pueda afectar su salud mental o, en general, su bienestar. Finalmente, es importante enfatizar que en cada una de estas medidas siempre debe tenerse en cuenta el interés superior de la infancia por lo que no debe adoptarse alguna determinación que implique perjuicio para los niños, más allá de los efectos normales inherentes a su participación dentro del procedimiento jurisdiccional". III. Realizado lo anterior, deberá realizar las acciones necesarias en términos de lo previsto por los artículos 161, 162 y 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales y resolverá lo conducente a la revisión de la medida cautelar que le fue solicitada por el vinculado y su defensor, con plenitud de jurisdicción." Conducta realizada por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo. Para acreditar el cumplimiento del fallo protector, la autoridad responsable remitió las siguientes constancias: El oficio número 6203, de uno de junio del año en curso, dictado en autos del proceso penal 255/2019, a través del cual hizo saber que señaló las doce horas del siete de junio del año en curso, a efecto de llevar a cabo la audiencia de revisión de la medida cautelar. De la actuación enunciada se advierte que la potestad común realizó estas acciones: Señaló fecha para llevar a cabo la audiencia de revisión de la medida cautelar. De igual manera, exhibió el diverso oficio 6445, de ocho de junio de dos mil veintiuno, en el que remitió el disco versátil digital con folio C14952021, en el que consta el desarrollo de la audiencia referida previamente, de la que se advierte lo siguiente: La juez responsable, dejó insubsistente la audiencia de veintinueve de mayo de dos mil veinte, en cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. De igual forma, previo a realizar el trámite que establece el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, determinó que era necesario escuchar al menor aquí quejoso en lo relativo al cambio de guarda y custodia y el cambio de domicilio que podría avalarse, entonces al estar presente el menor quejoso de identidad reservada con su representante especial adscrito a la Procuraduría de Atención Jurídica a Niñas, Niños y Adolescentes, así como de la Psicóloga Leticia Rebolledo Rojas, se les explicó el motivo de su presencia, así como el área en que estos se encontrarían al momento de llevar a cabo la mencionada audiencia, también que el menor se encontraría en área de testigo protegido en donde nadie podría verlo y su voz se escucharía distorsionada por las demás personas, en atención al Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que afecten, niños, niñas y adolescentes. Por igual, procedió a entrevistar al menor de identidad resguardada, y una vez que concluyó tal entrevista, se tuvieron por hechas sus manifestaciones, ello en cumplimiento al presente juicio de amparo, por lo que la juez procedió a dar un receso a fin de que se retirará el menor de identidad reservada. Una vez concluido el receso decretado por la juez, procedió a dar cumplimiento con el punto tercero de la sentencia, procedió a resolver lo conducente a la revisión de la medida cautelar, imponiéndole al aquí tercero interesado Sergio Arturo García de la Peña, la medida cautelar consistente en la presentación periódica de manera mensual los siete de cada mes ante la UMECA, así como, la de no salir del estado sin autorización y finalmente el no acercarse a la progenitora del menor por la temporalidad de todo lo que dure el proceso penal. Conclusión. Al comparar los efectos del amparo y las actuaciones realizadas por la autoridad responsable, se estima que acató con exactitud las obligaciones impuestas en el fallo protector, sin que se advierta algún exceso o defecto en su cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara puntualmente cumplida la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos. De igual forma, se desprende que Enrique Acosta Ramírez, en su carácter de Representante Especial del Menor, en su desahogo de vista manifiesta que, a su criterio con las constancias, que remitió la responsable denominado Juez de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Xalapa, ha cumplido con la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, por lo que no ha lugar a efectuar mayor pronunciamiento en relación a las aludidas manifestaciones, en razón a lo determinado en párrafos precedentes. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, a la tercero interesada Mayra Minerva Méndez Anota, personalmente al tercero interesado Sergio Arturo García Peña, y al licenciado Enrique Acosta Ramírez, representante especial del menor y por lista de acuerdos a las demás partes.

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