Eneida Aviles Calva

Expediente 1994/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1994/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • Eneida Aviles Calva

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE QUEJA. Agréguense el oficio y anexo de cuenta. Acúsese recibo. Hágase saber a las partes que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, en el recurso de queja civil ***, resolvió: ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ***, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales ***., contra la resolución de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, dictada por la Jueza Primera de Distrito en el Estado de Hidalgo; en el juicio de amparo indirecto *** Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Por otro lado, visto el estado de los autos, se advierte que en el presente expediente no existe actuación alguna que realizar, promoción pendiente por acordar o documento original por devolver, además de que el expediente electrónico coincide fiel e íntegramente con el expediente físico, por lo que con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, con esta fecha se archiva el presente asunto como concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace constar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse desechado la demanda....M-VII

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; doce de enero de dos mil veintitrés. ACUSE DE QUEJA. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con sede en esta ciudad, acusa recibo del diverso mediante el que se remitieron las constancias necesarias para la substanciación del recurso de queja interpuesto por la quejosa ***, contra el proveído de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós; asimismo, informa que se admitió a trámite el citado medio de impugnación y fue radicado bajo el número ***, de su índice.VII

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; cinco de enero de dos mil veintitrés. RECURSO DE QUEJA. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, a través del cual la quejosa ***, por propio derecho, y en representación del menor de iniciales ***., interpone recurso de queja contra el proveído de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo: 1. Se tiene a la parte quejosa promoviendo recurso de queja contra el auto que desechó la demanda interpuesta; 2. Una vez que se notifique a la recurrente el presente auto, y sin necesidad de acuerdo previo, envíense a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Noveno Circuito, con sede en esta ciudad, para que turne al órgano jurisdiccional que corresponda las siguientes constancias: * Informe sobre la materia de la queja; * El original del escrito de agravios; y, * Copia certificada del expediente en que se actúa.VII

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. ... RADICACIÓN DE LA DEMANDA Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Vista la demanda de amparo signada por ***, por propio derecho, y en representación del menor de iniciales ***, contra actos de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia, y Juez Segundo Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, ambos del Estado de Hidalgo. Fórmese el cuaderno respectivo, regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 1994/2022-VII-A y hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En la especie, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la resolución reclamada no causa un perjuicio de imposible reparación a la promovente del amparo, por las siguientes consideraciones. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De la lectura de los preceptos transcritos, se aprecia que, tratándose de actos dictados dentro de un juicio, el amparo biinstancial únicamente procede cuando sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afectan materialmente y de manera actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando lo dispuesto en las fracciones III, inciso b), y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, consideró que el legislador, mediante una definición legal, reiteró su propósito de que los actos dictados en juicio, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; esto es, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio a un derecho y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. De ello, se obtienen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos; esto es, en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, se refiere a que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos; expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, atendiendo al texto de la ley, se ha considerado por regla general, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba confesional ofrecida por la contraparte, etcétera. Así, de no actualizarse alguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Las ideas expuestas fueron extraídas, en lo conducente, de la Jurisprudencia P./J.37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En ese contexto, este órgano de control constitucional estima aplicable en el caso, en la idea conducente, los lineamientos expuestos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la citada jurisprudencia P./J. 37/2014. En ese orden de ideas, debe destacarse que las violaciones cometidas en un procedimiento que no sean de imposible reparación pueden impugnarse en el momento de promover amparo directo en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, como lo dispone el artículo 170 de la Ley de Amparo; asimismo, tratándose de un juicio sucesorio, procede el juicio de amparo indirecto en contra de las resoluciones que deciden el fondo de cada una de las tres primeras etapas que comprenden el mismo (declaración de herederos, inventario y avalúo, así como administración), en términos del numeral 107, fracción V, del ordenamiento antes citado. Ahora bien, una vez examinado el escrito inicial de demanda, se advierte que la quejos ***, por sí y en representación del menor de iniciales ***, es parte dentro del juicio sucesorio intestamentario ***, a bienes de *** y/o *** (antes *** y su acumulado ***), del índice del Juzgado Segundo Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo. Asimismo, se advierte que la quejosa reclama la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós, pronunciada en el toca civil ***, por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en la cual resolvió los recursos de apelación interpuestos por ***, contra los autos de nueve (dos proveídos) y treinta de julio, los tres de dos mil veintiuno, dictados por el Juez Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, quién en su momento conoció de los expedientes *** y su acumulado *** (ahora ***). En dicha resolución reclamada, la sala responsable determinó confirmar los tres autos aludidos con antelación, al estimar infundados e inoperantes los agravios esgrimidos en su momento por la quejosa aducida con antelación. En ese sentido, cabe destacar que los proveídos en su momento recurridos por la hoy promovente del amparo, son del tenor siguiente: 1. En el primero de los autos emitidos, el nueve de julio de dos mil veintiuno, pronunciado en el juicio sucesorio de origen, se acordó una promoción en la cual *** solicitó al juez natural que señalara nueva fecha y hora para el desahogo de un testimonio desahogado en la audiencia de información testimonial, al advertir un error por parte del personal adscrito al juzgado de origen en la captura de su deposado; no obstante, el juez natural no acordó de conformidad su petición. 2. Luego, en el segundo de los proveídos emitidos en la data aducida en el punto que precede, el juez natural no admitió a trámite el incidente de tacha de los testigos ofrecidos por *** y ***, ambos de apellidos ***, dentro de la información testimonial de veinticinco de julio de dos mil veintiuno. 3. Finalmente, en el auto de treinta de julio de dos mil veintiuno, el juez del orden común tuvo al heredero *** solicitando la emisión del auto declarativo de herederos; para lo cual, previo a acordar de conformidad dicha petición, dio vista por el término de tres días al Agente del Ministerio Público, para que manifestara lo que a su representación social correspondiera. Así, se asume que la naturaleza de la resolución reclamada es meramente de carácter intraprocesal, ya que es de aquéllas que tienen efectos que repercuten sólo en el procedimiento, lo cual no implica una afectación en algún derecho sustantivo que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como a guisa de ejemplo son: la libertad, la propiedad, la posesión, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, entre otros; hipótesis que resulta necesaria para la procedencia del juicio de amparo en su modalidad indirecta. Lo que es así, en tanto que, por regla general, no procede el juicio de amparo en su modalidad indirecta, contra las violaciones procesales suscitadas a lo largo del juicio, ya que éstas son susceptibles de impugnación -como tales, cuando hubieren trascendido al resultado del fallo- en el juicio de amparo directo en que se señale la resolución como acto reclamado. Tal es el espíritu de la fracción III, inciso b, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reglamentado en el 170 de la Ley de Amparo, el cual se constituye como reflejo de la voluntad legislativa que ha querido que los procedimientos comunes no se vean interrumpidos con la constante interposición de juicios de amparo, consagrando además a la instancia constitucional como un medio de defensa extraordinario. Sirve de apoyo la tesis: VI. 2o. J/49, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 426, Tomo VI, Julio Diciembre de 1990, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, AMPARO CONTRA (ANALISIS DE LOS ARTICULOS 158 Y 159 DE LA LEY DE AMPARO). Si en el curso del procedimiento se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la sentencia definitiva (o laudo o resolución según sea el caso) y se impugne a través del juicio constitucional en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado al promovente en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Los artículos 158 y 159 de la Ley de Amparo se apoyan en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de garantías con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. El propio legislador pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos." En ese tenor, es evidente que la resolución reclamada no representa una limitación o impedimento en el libre ejercicio de los derechos sustantivos de la quejosa y, por esa razón, no involucra su afectación material, en virtud de que tiene efectos que repercuten sólo en el juicio sucesorio intestamentario de origen, concretamente en lo relativo a los actos controvertidos y prestaciones reclamadas que serán materia de análisis en la sentencia. De ahí que no implica una afectación en algún derecho sustantivo que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que su única consecuencia jurídica es que el juicio de origen siga su secuela y que, en su momento, se resuelva mediante la sentencia definitiva que corresponda. Al caso encuentra apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 3a./J. 58 8/90, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en la Parte V, Primera Parte, pagina 236, que por igualdad de razón, sostiene: "PRUEBAS. SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la Jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis. (Gaceta No. 25, página 52)." De la misma manera, se cita solo en la idea jurídica y sustancialmente conducente, la jurisprudencia P./J.6/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." En ese contexto, sustentado lo anterior, se determina que la resolución que la promovente pretende reclamar en la presente instancia constitucional no tiene la naturaleza de un acto de imposible reparación, susceptible de impugnación a través del juicio de amparo indirecto. En todo caso, podrá ser combatida como una violación procesal en la vía de amparo directo contra la sentencia, de resultar adversa a los intereses de la quejosa, debido a que sus consecuencias jurídicas producen efectos que son de carácter meramente formal. Cabe decir que diversos criterios jurisprudenciales establecen que, dentro de los juicios sucesorios, procede el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden el fondo de las tres primeras etapas (declaración de herederos, inventario y avalúo, así como administración), o en contra de aquellas determinaciones que sean un obstáculo para su conclusión; ello, al considerar tales actos como una violación adjetiva o procesal, reclamables como excepción a la regla general, porque afecta al recurrente en grado predominante o superior. Sin embargo, conforme a la redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, actualmente el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos de imposible reparación dentro de juicio, siempre que se produzca una afectación material a derechos sustantivos, que sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no trascienda al sentido del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. De tal modo que, dada la connotación que el legislador aportó a la ley de la materia respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no resulta procedente el juicio de amparo indirecto cuando se impugnen violaciones procesales consideradas de afectación en grado predominante o exorbitante. Lo anterior es así, dado que el acto que se reclama no se ajusta a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues como se dijo, no se trata de actos que afecten materialmente derechos ni la prerrogativa posiblemente afectada reviste la categoría de sustantiva; es así porque aquella resolución es un acto de naturaleza procesal, por lo que la única consecuencia que genera la improcedencia del amparo indirecto, es que continúe la secuela procesal del juicio de origen hasta el dictado de la sentencia definitiva, por lo que no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que no pueda considerarse que dicho acto sea de imposible reparación. Además, no puede estimarse que exista un perjuicio a derechos sustantivos, con efectos inmediatos, toda vez que la violación procesal que se pretende combatir a través del juicio de amparo indirecto, como también se dijo, puede resolverse en sentido favorable a la parte interesada en la sentencia definitiva, por lo que no habrá trascendido en su perjuicio aunado a que el hecho de que no proceda el juicio de amparo indirecto, no significa que el inconforme quede sin defensa, sino que tiene que sujetarse a los requisitos, términos, plazos y límites establecidos en el sistema jurídico mexicano, máxime que al tratarse de un derecho procesal, éste se encuentra dentro de la categoría de garantías judiciales que proporcionan el debido acceso a la justicia, el cual, en su caso, puede llegar a analizarse y restituirse a través del juicio de amparo directo. Estas afirmaciones encuentran sustento en lo narrado por la jurisprudencia VI.2o.C.J/316, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1311, del tenor literal siguiente: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo". De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3o.C.439, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1546, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, cuyos rubro y texto son los siguientes: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente". En razón de lo anterior, como el acto reclamado referido no tiene efectos de imposible reparación, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; de ahí que procede desechar de plano la demanda presentada por ***, por propio derecho, y en representación del menor de iniciales ***, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. LUGAR PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como tal, las listas que se publican diariamente en el tablero notificador de este órgano jurisdiccional. AUTORIZADOS. Como refiere la promovente, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, con número cédula profesional ***. LA PARTE QUEJOSA PROPORCIONA CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO. Se tiene a la promovente proporcionando la cuenta de correo electrónico ***, así como el número telefónico ***, para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y d) solicitud de copias. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA REPRODUCCIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes a transitar hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. Conviene hacer la aclaración de que la expedición de las copias autorizadas depende de la disponibilidad del servicio de fotocopias, en los días y horarios en que se encuentre brindando atención, mismo que constituye un área independiente de este Juzgado de Distrito.VII

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