Enedina Mayo de la Cruz
Expediente 1004/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1004/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 17/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Enedina Mayo de la Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que hicieran manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. Se comunica lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los términos siguientes: 1. De conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, como en este expediente obran documentos exhibidos por la parte quejosa, y como el presente se trata de un juicio que no tiene relevancia documental, se requiere a aquélla para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a recoger esos documentos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente. Ello, con fundamento en el segundo párrafo del articulo 21 del citado acuerdo general. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE TIENE POR DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE DIECISIETE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO QUE EN SINTESIS DICE: San Francisco de Campeche, Campeche, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que hicieran manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. Se comunica lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los términos siguientes: 1. De conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, como en este expediente obran documentos exhibidos por la parte quejosa, y como el presente se trata de un juicio que no tiene relevancia documental, se requiere a aquélla para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a recoger esos documentos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente. Ello, con fundamento en el segundo párrafo del articulo 21 del citado acuerdo general. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, mediante el cual la actuaria interina del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, remite copia certificada de las constancias de notificación practicadas a las partes relativa a la sentencia pronunciada el treinta de noviembre de dos mil veinte, dentro de los autos del expediente XXX/XX- 20XX/XX-X. Ahora bien, visto el estado de autos, se observa que el veintiséis de octubre de dos mil veinte, la parte quejosa presentó demanda de amparo por el acto reclamado que se hace consistir en: "A) La omisión de dictar la sentencia definitiva dentro del expediente XXX/XX-20XX/XX, no obstante de que han transcurrido todas las etapas procesales correspondientes y se citó para el dictado de la misma. B) La omisión del actuario de notificar la sentencia definitiva." Dicho acto, lo atribuyó a la Juez Tercero del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y actuario adscrito a ese órgano jurisdiccional. Así, tomando en consideración que las documentales enviadas por la autoridad responsable, tienen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su ordinal 2, resulta indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio, dado que el acto reclamado en este asunto, es la omisión de emitir sentencia definitiva dentro del juicio sumario civil de guarda y custodia XXX/XX-20XX/XXX-X , y su falta de notificación. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente a los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo en vigor, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En el caso particular, XXXXXXXXXXXXX, medularmente reclama: La omisión de pronunciar sentencia definitiva dentro del juicio sumario civil de guarda y custodia XXX/XX-20XX/XX-X, y su falta notificación; por lo tanto, al haberse emitido la sentencia definitiva el treinta de noviembre de dos mil veinte, y notificada el veintisiete de enero de este año, por conducto de XXXXXXXXXXXXXXX (autorizada de la parte quejosa en este juicio constitucional), resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado en esta vía, ya que cualquier violación que pudo haberse ocasionado a los derechos públicos subjetivos de la impetrante con motivo de la omisión aquí reclamada, han quedado destruidos de manera total e incondicional; de forma que las cosas han vuelto al estado que guardaban antes del acto reclamado, sin que haya dejado huella alguna en la esfera jurídica de la promovente que amerite ser compensada con la concesión de la protección constitucional. Por tanto, ante la notoria, manifiesta e indudable actualización de la causa de improcedencia antes invocada, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, ya que hacer lo contrario, contravendría el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la Jurisprudencia 10/2003, publicada en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulado: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional programada para las diez horas con diez minutos del nueve de marzo de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro relativo al registro de juicios de amparo. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, mediante el cual la actuaria interina del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, remite copia certificada de las constancias de notificación practicadas a las partes relativa a la sentencia pronunciada el treinta de noviembre de dos mil veinte, dentro de los autos del expediente XXX/XX- 20XX/XX-X. Ahora bien, visto el estado de autos, se observa que el veintiséis de octubre de dos mil veinte, la parte quejosa presentó demanda de amparo por el acto reclamado que se hace consistir en: "A) La omisión de dictar la sentencia definitiva dentro del expediente XXX/XX-20XX/XX, no obstante de que han transcurrido todas las etapas procesales correspondientes y se citó para el dictado de la misma. B) La omisión del actuario de notificar la sentencia definitiva." Dicho acto, lo atribuyó a la Juez Tercero del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y actuario adscrito a ese órgano jurisdiccional. Así, tomando en consideración que las documentales enviadas por la autoridad responsable, tienen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su ordinal 2, resulta indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio, dado que el acto reclamado en este asunto, es la omisión de emitir sentencia definitiva dentro del juicio sumario civil de guarda y custodia XXX/XX-20XX/XXX-X , y su falta de notificación. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente a los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo en vigor, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En el caso particular, XXXXXXXXXXXXX, medularmente reclama: La omisión de pronunciar sentencia definitiva dentro del juicio sumario civil de guarda y custodia XXX/XX-20XX/XX-X, y su falta notificación; por lo tanto, al haberse emitido la sentencia definitiva el treinta de noviembre de dos mil veinte, y notificada el veintisiete de enero de este año, por conducto de XXXXXXXXXXXXXXX (autorizada de la parte quejosa en este juicio constitucional), resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado en esta vía, ya que cualquier violación que pudo haberse ocasionado a los derechos públicos subjetivos de la impetrante con motivo de la omisión aquí reclamada, han quedado destruidos de manera total e incondicional; de forma que las cosas han vuelto al estado que guardaban antes del acto reclamado, sin que haya dejado huella alguna en la esfera jurídica de la promovente que amerite ser compensada con la concesión de la protección constitucional. Por tanto, ante la notoria, manifiesta e indudable actualización de la causa de improcedencia antes invocada, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, ya que hacer lo contrario, contravendría el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la Jurisprudencia 10/2003, publicada en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulado: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional programada para las diez horas con diez minutos del nueve de marzo de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro relativo al registro de juicios de amparo. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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