Enedina Acosta Arguello
Expediente 707/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 707/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Enedina Acosta Arguello
- Miguel Ángel Acvosta Montiel
- ENEDINA ACOSTA ARGUELLO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en términos de los artículos 3, fracción III y 22 del "Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", intégrese en formato impreso. Atento a su contenido, como lo solicita la superioridad se informa que este órgano jurisdiccional con el oficio 1500 de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, relativo al conflicto competencial ********** de su estadística y registrado con el número de control interno **********; tuvo por recibido los autos originales del juicio de amparo ********** del índice de este juzgado, así como el diverso derivado de la competencia planteada en el expediente **********, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencian en San Andrés Cholula; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Para mayor celeridad, se ordena su remisión vía interconexión. Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Cúmplase.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, once de febrero de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en términos de los artículos 3, fracción III y 22 del "Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", intégrese en formato impreso. Atento a su contenido, con el que la superioridad informa que no ha recibido el oficio 34081/2021, en el que se ordenó notificarle el acuerdo de dos de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se acordó la recepción del testimonio de la resolución dictada en el conflicto competencial 15/2021 de su estadística; por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales, reexpídase nuevamente el citado oficio, para los fines legales correspondientes. Para mayor celeridad, se ordena su remisión vía interconexión. Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo de dos de diciembre del año en curso, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), así como en la carátula del expediente y archívese este expediente como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda que le dio origen y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, por cuanto hace a las documentales en original que obran en autos exhibidas por la parte quejosa, déjese a su disposición en la Secretaría de este juzgado, previa identificación y firma que por su recepción otorgue para debida constancia, con el apercibimiento que de no acudir a recogerla en un plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil ante este Juzgado, podrá ser destruida junto con el expediente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo aplicado. En el entendido que para acudir a este recinto judicial deberá agendar una cita en el programa "Agenda OJ", a través de la página: www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/citas, acorde con lo establecido en el artículo 3 del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19", reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, debiendo exhibir el día y hora que corresponda su código "QR" para el ingreso a las instalaciones. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, provenientes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, con el que remite testimonio de la resolución dictada en el conflicto competencial 15/2021 de su estadística, cuyos puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. El Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, es competente para conocer del juicio de amparo formado con motivo de la demanda promovida por *** y otros, a que se refiere este conflicto competencial.(.) Acúsese recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E)., y glósense a los autos las actuaciones originales que existan en el cuaderno de antecedentes relativo a este asunto. Ahora bien, vista nuevamente la demanda promovida por: ****** Al respecto, se emite el pronunciamiento siguiente: DESECHAMIENTO HIPOTESIS NORMATIVA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Se advierte que en el caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que se configura a partir del artículo 61, fracción XXIII en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general Del análisis sistemático de los artículos 61, fracción XXIII y 5º, fracción II, transcritos con antelación, se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. Cabe mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, y al respecto aprobó la siguiente tesis: Época: Novena Época Registro: 161133 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Página: 1089 "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." De la tesis invocada se obtienen las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, que son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. De acuerdo a ello, existen diferencias entre las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, pues las primeras (coordinación) corresponden a las entabladas entre particulares, en un mismo nivel, por lo que para dirimir sus controversias existen en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, debiendo acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas o contempladas por la ley. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y, los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio están regulados por el derecho público, de manera que este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro, por lo que la Constitución Federal establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los Tribunales. Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De ahí que, la procedencia del juicio de amparo se encuentre supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquélla que, con fundamento en una norma legal, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado. HECHOS En la especie, de un análisis integral de la demanda de amparo promovida por los quejosos, se advierte que los actos que reclaman son: La modificación, limitación, alteración, sustitución, suspensión o cancelación del Sistema de Servicio Médico Autoadministrado; la cancelación, extinción, modificación o reducción del fideicomiso; la sustitución, cancelación, reducción o modificación de los contratos celebrados con hospitales, médicos especialistas, enfermeras y demás personal; y, la omisión de las autoridades responsables de informar amplia, debida y particularmente a los aquí quejosos en su calidad de jubilados del Banco de Crédito Rural del Pacífico Sur , S.N.C., y en cuanto fideicomisarios del Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (FOPESIBAN); así como a los pensionados y derechohabientes del Sistema Banrural, los cambios que pretenden hacer las responsables a través de la licitación pública nacional electrónica con reducción de plazos respecto a la prestación de servicios médicos que a la fecha tiene contratados para proporcionales la atención médica. Ahora bien, la parte quejosa se duele de diversos actos estrechamente relacionados con el cumplimiento de un contrato de fideicomiso y convenios de transacción y colaboración que impactan en diversas prestaciones que aducen tener como personas jubiladas del Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) y que derivan del "Fondo de Protección Mutua", que se creó como un beneficio (prestación extralegal) de dicho Banco, en favor de sus integrantes. CONCLUSIÓN Se concluye respetuosamente que el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud que los quejosos promovieron su demanda de amparo con la calidad de jubilados del Banco de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, en contra de los actos que se apuntaron en párrafos que anteceden, sin embargo, es evidente que esos actos tuvieron como fuente la relación de trabajo establecida entre los peticionarios del amparo y el organismo en el que laboraron directamente o son beneficiarios, identificado como "SISTEMA BANRURAL", como los propios quejosos lo refieren, y que la pensión jubilatoria de la que gozan no se otorgó con motivo de una nueva relación surgida entre las partes, después de concluida la de trabajo, por los motivos especificados en la ley y bajo el cumplimiento estricto de los requisitos legales, sino en virtud de los derechos generados justamente por la relación laboral. Así, tales actos no son de los que se consideran como de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que versan sobre actos u omisiones atribuibles a la autoridad responsable en su carácter de patrón, en un plano de coordinación, al ser la jubilación y las prestaciones que de ella derivan una cuestión de índole laboral, que tiene su origen en un contrato de trabajo. En apoyo se cita la tesis sustentada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 244571 Instancia: Cuarta Sala Séptima Época Materias(s): Laboral Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 35, Quinta Parte, página 25 Tipo: Aislada JUBILACION Y RETIRO, PENSIONES DE. Los pagos de las pensiones de retiro y de jubilación, son prestaciones extralegales, por lo que para establecerse el derecho de un trabajador a recibirlas, debe estarse al contrato en que el patrón aceptó la obligación de otorgarlas, si éste no se aporta como prueba en autos, ni se demuestra en alguna otra forma la obligación relativa del patrón, no resulta violatoria de garantías la resolución que absuelve a éste de los pagos." En ese sentido, aun cuando los actos reclamados se atribuya al ente moral público, ello no indica que sean actos de autoridad, puesto que como se dijo, derivan de la prestación extralegal de jubilación del "FONDO DE PENSIONES DEL SISTEMA BANRURAL", estipulada en las respectivas condiciones generales de trabajo, cuya fuente es la relación laboral que existió entre los peticionarios del amparo y el organismo o institución en la que laboraron, en un plano de coordinación, en razón de que el beneficio de esa jubilación constituye una prestación extralegal, fundada en el acuerdo de voluntades entre patrones y trabajadores, cuya extensión persiste aún después de haber terminado esa relación y es exigible al propio patrón con el cual se acordó en un mismo nivel, a diferencia de las prestaciones de seguridad social previstas en la ley, exigibles a un ente del estado, quien está obligado a otorgarlas, por disposición de la propia ley. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 113/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 180949 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Laboral Tesis: 2a./J. 113/2004 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Agosto de 2004, página 347 Tipo: Jurisprudencia BANRURAL. CONFORME AL ARTÍCULO DECIMOQUINTO TRANSITORIO, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA RURAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE DICIEMBRE DE 2002, LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE DICHO SISTEMA CONTINUARÁN RECIBIENDO LAS PRESTACIONES EN LA MISMA FORMA Y CIRCUNSTANCIAS EN QUE LO HACÍAN DURANTE LA VIGENCIA DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO. El citado precepto dispone que los jubilados y pensionados de las sociedades de crédito que se liquidan seguirán recibiendo sus pensiones y jubilaciones de conformidad con las Condiciones Generales de Trabajo y convenios jubilatorios respectivos; sin embargo, aun cuando únicamente se refiera a "pensiones y jubilaciones", dichas expresiones deben interpretarse de acuerdo con las disposiciones contenidas en las citadas Condiciones, de ahí que los pensionados y jubilados del sistema Banrural deben seguir recibiendo todas sus prestaciones de la misma manera y bajo las mismas circunstancias en que lo hacían cuando aquéllas se encontraban vigentes." Bajo tales premisas, si los actos reclamados por los quejosos están relacionados con la exigencia de los derechos previstos en el pacto que efectuaron con el patrón en las condiciones generales de trabajo ya citadas, mismos que inciden en los derechos de la clase trabajadora y jubilados que repercuten de forma directa en lo previamente pactado, entonces, como alegan los promoventes, constituyen cuestiones que deben dirimirse ante la potestad de la autoridad jurisdiccional en materia laboral, al derivar de una relación de coordinación (empleador-jubilado) subsistente entre los sujetos implicados. En apoyo se cita la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal de Justicia del País, que dice: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 194006 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Laboral Tesis: 2a./J. 39/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo de 1999, página 458 Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE EL BANCO DE CRÉDITO RURAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO Y SUS TRABAJADORES. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. De los artículos 123, apartado B, fracción XIII bis, de la Constitución Federal, 1o. y 5o. de la ley reglamentaria de la fracción del precepto invocado, 1o. y 5o. de la Ley Orgánica del Sistema Banrural y 1o. y 3o. de la Ley de Instituciones de Crédito, se desprende que el Banco de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito es una institución bancaria de desarrollo, por lo que es una entidad de la administración pública federal que forma parte del sistema bancario mexicano. Por lo tanto, aunque no existe disposición que de manera expresa determine la autoridad competente para dirimir los conflictos laborales que se susciten entre las instituciones que forman parte del sistema bancario mexicano y sus trabajadores, de conformidad con el artículo 124 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que no representa oposición alguna a la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 Constitucional, corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje conocer de los conflictos que se susciten entre el banco y sus trabajadores." Lo anterior, aunque haya terminado la citada relación de trabajo entre los quejosos y el "SISTEMA BANRURAL", pues ello no determina la naturaleza de los actos reclamados, ni torna la relación de coordinación preexistente entre el trabajador y el empleador en una de supra a subordinación, pues se insiste, se sustentan en la relación laboral que existió entre los promoventes en su carácter de trabajadores y el citado sistema, no obstante que el ente encargado como liquidador representante y responsable de las obligaciones en materia de trabajo a cargo de aquél, pueda modificar o emitir determinados actos unilaterales con relación a la jubilación en cuestión, pues lo hace en su calidad de parte patronal en el nexo laboral, como ente de derecho privado, en virtud que el beneficio de la jubilación es derivado de la relación laboral, lo que los mantiene en un plano de igualdad respecto de dicho beneficio, no susceptible de combatirse a través del juicio constitucional. Es ilustrativo de lo anterior, por analogía, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2021563 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Laboral, Común Tesis: 2a./J. 2/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 75, Febrero de 2020, Tomo I, página 953 Tipo: Jurisprudencia CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. EL PLANTEAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD O INCONVENCIONALIDAD DE SUS CLÁUSULAS PUEDE INTRODUCIRSE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN SE HAYA DEMANDADO SU NULIDAD. Tanto la reforma constitucional en materia de derechos humanos como en la de amparo -ambas de junio de 2011- tienen como finalidad reforzar la posición jurídica de los derechos humanos desde la perspectiva sustantiva y adjetiva, respectivamente, lo que define la interpretación que debe darse a las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Así, si bien las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo no constituyen disposiciones generales en cuya creación haya intervenido un órgano del Estado, lo cierto es que tienen una naturaleza materialmente normativa, por lo que para efectos exclusivos del juicio de amparo directo, basta que se señale como acto reclamado el laudo dictado en un juicio laboral en el que, a su vez, se haya planteado alguna pretensión con base en una de esas cláusulas contractuales, para que su oposición con la Constitución Federal o con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte pueda introducirse en el juicio de amparo, independientemente de que en el juicio ordinario se haya demandado la nulidad respectiva. Lo anterior, en el entendido de que para que proceda el estudio de esos temas, es indispensable que el quejoso haga un planteamiento efectivo, cuando menos como causa de pedir advertida de los argumentos opuestos en la demanda de amparo, pues sólo así surgirá la actualización de un problema de constitucionalidad." En este orden de ideas, si los actos reclamados al Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (FOPESIBAN), por conducto de la Fiduciaria Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, y resto de las autoridades señaladas como ejecutoras, no tienen como fuente una potestad de naturaleza pública, sino que derivan de un vínculo laboral, el juicio de amparo resulta improcedente, pues la conducta de que se duelen los quejosos, contrario a lo que sostienen, no reúnen las características de imperio para que se considere como de autoridad, según lo previsto en el artículo 103, fracción I, constitucional. Por lo tanto, atendiendo a lo aquí analizado, es dable concluir que los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que solo constituyen actos entre particulares, por más que se alegue como premisa fundamental la infracción a diversos derechos humanos, pues, ello se da con motivo de una relación de coordinación o en un plano de igualdad, que no puede considerarse originado en una relación de supra a subordinación. Por lo anterior, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, con fundamento además en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. AUTORIZADOS Asimismo, se autorizan en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******toda vez que cuentan con cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República; asimismo, se autoriza en términos restringidos del citado artículo a las restantes personas que enuncian, por así haberlo solicitado expresamente. AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Con apoyo en lo dispuesto en los artículo 3 de la Ley de Amparo; 14 y 16 del "ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, se autoriza a ***** con clave de usuario "****", la consulta del expediente electrónico, y la posibilidad de recibir notificaciones, así como de presentar promociones vía electrónica; lo anterior, con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas, sin perjuicio que el expediente físico estará a disposición de las partes en este órgano jurisdiccional los días y horas hábiles, para su consulta, en el entendido para esto último, deberá programar una cita en el programa "Agenda OJ", acorde con lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Atento a lo anterior, se instruye a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.IS.E.), para que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. Adicionalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios de la adscripción para que en lo subsecuente dentro del plazo legal impriman, digitalicen y agreguen tanto al expediente impreso, como al electrónico, las constancias de notificación que se generen con motivo de las notificaciones que se practiquen a la parte quejosa durante la tramitación del presente juicio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe judicial del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes para que se sirvan proporcionar un correo electrónico y/o servicio de mensajería instantánea, tanto de ellas como de sus autorizados, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. FIRMAS ELECTRÓNICAS En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo
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