ENEDELIA TORRES AYALA y Otros.

Expediente 1317/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1317/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • ENEDELIA TORRES AYALA y Otros.
  • Enedelia Torres Ayala

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Causa estado determinación Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para hacer valer el recurso de queja contra el proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dese cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme al artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    (notificación por lista a la parte quejosa)San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Registro de demanda Agréguese el oficio 27110/2022, signado por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, al que acompaña la demanda de amparo que promovió * * * * * *, y otros, por propio derecho, y en calidad de posesionarios de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 21, y otra autoridad; oficio mediante el cual declina competencia, a este órgano jurisdiccional; fórmese expediente físico y electrónico y anótese su ingreso en el libro correspondiente, con el número 1317/2022. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e . firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Se acepta competencia Conviene señalar que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad, declaró carecer de competencia legal, para conocer del juicio de amparo promovido por * * * * * * * * y otros, por propio derecho, y en calidad de posesionarios de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 21, y otra autoridad, en atención a que este juzgado conoció previamente del juicio de amparo 51/2021, cuyos actos reclamados derivaron del expediente agrario * * * * *, del índice de la autoridad responsable. En esa tesitura, este Juzgado comparte el criterio del homólogo declinante y, SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA; acúsese el recibo correspondiente. Envíese atento oficio a la encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, para que este asunto sea contabilizado y realice la compensación correspondiente, por el sistema computarizado; por ello, solicítese la boleta correspondiente. Señalamiento de representante común Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa designando como representante común a * * * * *. Análisis de la demanda y desechamiento En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que se materializa de manera notoria y manifiesta una causal de improcedencia, motivo por el cual debe desecharse la demanda de amparo. En efecto, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: "La orden de ejecución y desalojo, dictada dentro del expediente agrario número * * * * *, radicado en Tribunal Unitario Agrario Distrito 21 con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, por la autoridad señalada en el rubro III, misma que afecta directamente nuestro patrimonio en nuestra calidad de posesionarios de esta población, toda vez desconocíamos la existencia de dicho juicio, asimismo el día lunes diecisiete de octubre del año en curso, a las diez horas, se presentó en nuestros predios el Lic. ****, quien se dijo ser actuario del Tribunal Unitario Agrario Distrito 21 con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en el cual tenía a la mano una sentencia, donde se condenada al Comisariado de bienes Ejidales de San Pedro Ixtlahuaca, para realizar la entrega material, real y jurídica de nuestros lotes, en esos momentos tuvimos conocimiento del procedimiento, ya que el actuario mencionó que debíamos entregar los predios y que estaba un topógrafo para medir, por lo tanto el no habernos notificado personalmente en nuestros domicilios, nos deja en estado de indefensión." Ahora, es pertinente precisar que de la lectura integral de demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa derivan de la sentencia de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente * * * * *, por el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 21, con sede en Oaxaca de Juárez, y su ejecución. Asimismo, los quejosos manifiestan, bajo protesta de decir verdad, que tienen el carácter de posesionarios de tierras en el paraje denominado "Colonia San Pedro", dentro del Ejido de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca; así como que ACUDEN EN REPRESENTACIÓN DEL EJIDO. Para acreditar lo anterior, anexaron a su demanda acta de sesión ordinaria de cabildo de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, las actas de posesión y deslinde expedidas por Comisariado Ejidal de San Pedro Ixtlahuaca, municipio del mismo nombre, a favor de los diversos quejosos. Luego, en el capítulo de antecedentes de su escrito de demanda, refirieron como destacado lo siguiente: Que desconocían del juicio agrario así como de que se les privaría de su legítima posesión; siendo que se enteraron de ello el lunes diecisiete de octubre de dos mil veintidós, cuando el actuario del tribunal responsable les hizo saber de la existencia del expediente agrario * * * * * Que tienen conocimiento de que la ejecución de la sentencia, consiste en entregar sus predios al señor * * * * Que no han sido notificados ni llamados al juicio Agrario * * * * * por lo que los aquí quejosos no han sido oídos y vencidos en juicio; lo que estiman se traduce en una violación a sus derechos fundamentales ya que consideran que el Tribunal Agrario violenta sus derechos, al no haberlos llamado a juicio. Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que los quejosos carecen de interés jurídico para promover el juicio de amparo, motivo por el cual se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Es así, porque los quejosos aducen ser posesionarios de predios en el Ejido de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca y que, por tanto, acuden al juicio de amparo en defensa de dicha entidad agraria colectiva. Sin embargo, a los quejosos no les corresponde la representación del Ejido, pues la representación del ejido demandado en el juicio de origen no recae en sus integrantes en lo individual, sino en el comisariado ejidal conforme a lo establecido en los artículos 32 y 33 y 99, de la Ley Agraria, los que establecen: Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente." "Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido. "Artículo 99.- Los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad son: I. La personalidad jurídica del núcleo de población y su propiedad sobre la tierra; II. La existencia del Comisariado de Bienes Comunales como órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros en los términos que establezca el estatuto comunal y la costumbre; III. La protección especial a las tierras comunales que las hace inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo que se aporten a una sociedad en los términos del artículo 100 de esta ley; y IV. Los derechos y las obligaciones de los comuneros conforme a la ley y el estatuto comunal." Como puede advertirse, el legislador fue puntual al prever que la representación del ejido, incluso con facultades propias de un apoderado general para pleitos y cobranzas, recae única y exclusivamente en el comisariado ejidal, no así en algún otro órgano del ejido ni en los integrantes del núcleo agrario en lo particular. Pues estimar lo contrario, implicaría restarle al comisariado ejidal sus funciones y facultades, y tratar a las tierras comunales, sobre las que ejerce el dominio, con lo que se podría fragmentar la institución de la comunidad4. De modo que si los artículos 31, 32, y 99, de la Ley Agraria disponen que la representación del ejido recae en el comisariado ejidal, que es el que ostenta el carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del ejido, resulta inconcuso que dicho órgano del núcleo agrario es genuinamente el ente legitimado para promover el juicio de derechos fundamentales. Sin que en el caso sea válido considerar que los promoventes acuden al juicio de derechos fundamentales ostentando la representación sustituta del ejido, pues la Ley de Amparo que se encuentra en vigor desde hace casi diez años dejó de considerar la figura de la representación sustituta y, por ende, cuando se reclamen actos que afecten al ejido de manera colectiva, el juicio de amparo deberá ser instado por su comisariado, no por los ejidatarios en particular. Además, es un hecho notorio5 para este juzgador que ante este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca se radicó el juicio de amparo 51/2021, en el cual se admitió la demanda de amparo que promovieron * * * * * * (en su calidad de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal de San Pedro Ixtlahuaca), contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Veintiuno, Oaxaca, consistente en el acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en el que se les requiere que cumplan de manera voluntaria con la sentencia emitida el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, en el expediente agrario * * * * * * de la estadística del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Juicio en el cual, se emitió la sentencia correspondiente el treinta de julio de dos mil veintiuno en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo. Resolución que fue recurrida, y respecto de la cual, en sesión de diecisiete de junio de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 405/2021, determinó revocar la resolución recurrida y negar el amparo al Ejido de San Pedro Ixtlahuaca, municipio del mismo nombre a través de los integrantes del comisariado ejidal, en contra de la notificación del acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Cabe hacer mención que de las constancias que integran el diverso juicio de amparo 51/2021, que se tiene a la vista, es posible apreciar que en el juicio agrario de origen, el actor en lo principal demandó del * * * * *, la reivindicación de una superficie de tierras; es decir, se trató de un juicio agrario en que se ventilaron derechos colectivos del núcleo ejidal y no derechos individuales. Lo anterior evidencia que los promoventes estuvieron representados por el Comisariado Ejidal del Poblado de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca, quienes tenían la obligación de procurar defender el derecho de propiedad del cual es titular el núcleo agrario, tal como disponen los artículos 27, fracción VII, de la Constitución Federal y 9 de la Ley Agraria. Por lo que, aun cuando se deseche esta demanda de amparo, no genera perjuicio a la parte quejosa, ya que, quien constitucionalmente debe representar los derechos colectivos (como es el derecho de propiedad del núcleo agrario) es el Comisariado Ejidal, que como ya se estableció anteriormente, fue parte del juicio agrario * * * * *, del índice del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Veintiuno. Tampoco pudiera verse el asunto desde un enfoque del derecho legítimo de los quejosos, pues de acuerdo a lo previsto en el artículo 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se reclaman actos o resoluciones emitidas por autoridades jurisdiccionales, la parte quejosa debe acreditar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; por lo que no es viable oponer un interés legítimo. En esas condiciones, al quedar actualizada de manera notoria e indudable la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en los artículos 61, fracción XII, 5, fracción I, párrafo cuarto, a contrario sentido, de la legislación invocada, puesto la parte quejosa no acreditó afectación a su interés jurídico, SE DESECHA DE PLANO la demanda origen de este juicio, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Es aplicable, la jurisprudencia I . 13 o . A . J / 6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX del Septiembre de 2004, página 1631, Materia(s): Común, con registro digital 180663, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis aislada 2 a . CLVII / 2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 324, Materia(s): Común, con registro digital 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA"6. Domicilio, autorizados y consulta de expediente. Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, y por autorizados para tal efecto a las personas que señala en el proemio de su escrito de demanda, en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por no encontrarse registrada cédula profesional a su favor, en el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito ni proporcionarse el número de la misma. Además, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a * * * * * * por encontrarse registrada su cédula profesional ante el "sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", y por así haberse solicitado. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Asimismo, se toma nota del correo electrónico proporcionado, del que se hace saber a la parte quejosa, que sólo será necesario para entablar comunicación no procesal; no así para practicar notificaciones, toda vez que no se contempla en la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I . 3 . C . 725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Protección de datos personales Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese personalmente y por oficio a la autoridad correspondiente.

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