Encarnación Muñoz López
Expediente 593/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 593/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Encarnación Muñoz López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, en el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIACiudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 593/2018-VI, promovido por *******, contra actos de la Junta Especial número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y otra autoridad. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, turnado a este órgano jurisdiccional en esa misma data, *******, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y otra autoridad. SEGUNDO. Derecho constitucional que la parte quejosa estimó violado. La parte quejosa considera que con la emisión de los actos reclamados se violaron en su perjuicio los artículos 1º,14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, se radicó la demanda como amparo indirecto 593/2018-VI, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó al tercero interesado; y, por último, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que después de diferirse, se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de actos que son susceptibles de ejecutarse por autoridades que tienen su sede dentro del territorio en el que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama: 1. A la Junta Especial número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, la omisión de proveer lo conducente para la diligenciación del exhorto girado el quince de marzo de dos mil dieciocho, en el expediente laboral *******. 2. Al Junta Especial número 26 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la capital de esta entidad federativa, la falta de diligenciación y devolución de la citada comunicación oficial a la junta de origen. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes y de los cuales se procederá a su examen. TERCERO. Inexistencia.- El presidente de Junta Especial número 26 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al rendir informe justificado, negó la existencia del acto reclamado. Por tanto, al no haber aportado la parte quejosa pruebas para desvirtuar tales negativas, se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO.- -Certeza del acto reclamado. La Junta Especial número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante que fue debidamente requerida para tal efecto (foja 14 y 18). Por tanto, en términos de lo dispuesto por el artículo 117, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado a la referida autoridad, consistente en la omisión de proveer lo conducente para la diligenciación del exhorto girado el quince de marzo de dos mil dieciocho, en el expediente laboral *******. QUINTO.- Causal de improcedencia actualizada. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, por ser una cuestión de orden público, procede a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece lo siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Atento a lo anterior, el suscrito advierte que respecto al acto reclamado a la Junta Especial número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en la omisión de proveer lo conducente para la diligenciación del exhorto girado el quince de marzo de dos mil dieciocho, en el expediente laboral *******, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de amparo, mismos que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. De lo anterior se desprende que el artículo 5o., fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo prevé que el quejoso para acudir a esta instancia, deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; y, el artículo 61, fracción XII, de dicha ley dispone que el amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente, contra los actos que no produzcan una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. En el caso, del análisis de las constancias que obran en autos, se aprecia que la quejosa reclama a la Junta Especial número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de proveer lo conducente para la diligenciación del exhorto girado el quince de marzo de dos mil dieciocho, en el expediente laboral *******. Al respecto, debe precisarse que la impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo. En esas condiciones, si en términos del párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo se presumió cierto el acto reclamado a la Junta Especial número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por falta de informe justificado; la carga de probar su inconstitucionalidad correspondía a la quejosa, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte la quejosa, que se haya girado el exhorto y que haya trascurrido el plazo para su diligenciación. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 117 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.), sustentada en contradicción de tesis por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página: 206, cuyo texto reza lo siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo. Asimismo, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 50/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, página: 304, que dice: LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo. Atento a lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, respecto al acto reclamado a la responsable Junta Especial número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, consistente en la omisión de proveer lo conducente para la diligenciación del exhorto girado el quince de marzo de dos mil dieciocho, en el expediente laboral *******. Por lo expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73 y 74, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 593/2018-VI, promovido por *******, por las consideraciones expuestas en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Junta Especial Número 26 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que obra en autos la constancia de notificación del oficio 26272/2018, en el que se solicitó a la autoridad responsable, Junta Especial Número 26 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, su informe justificado, así como que el día de hoy se encuentra señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Sin embargo, hasta esta fecha no han transcurrido los quince días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, existiendo con ello una imposibilidad jurídica para celebrar la referida audiencia. En consecuencia, con fundamento en el numeral citado en el párrafo que antecede, se difiere la citada audiencia y se señalan las nueve horas con treinta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **************. Doy fe.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Emmanuel García Luna336/2019
- Emmanuel Lopez Gonzalez64/2023
- Emmanuel Morales Vázquez468/2016
- Emmanuel Sosa Guillén387/2017
- Encarnación González Dones y Otros.291/2020
- Encarnación González Dones y Otros.543/2022
- Enedina Ortíz Arviso743/2023
- Enior Daniel Chacón González314/2017
- Enrique Aguilar Orozco322/2015
- Enrique Aguirre Ríos184/2023
- Enrique Alejandro Parra Macías277/2018
- Enrique Alonso Uribe Baeza543/2021